Rafael Hernandez Cruz (Síndico Municipal)

Expediente 646/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
646/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
29/06/2017

Partes del expediente

  • Rafael Hernandez Cruz (Síndico Municipal)
  • RAFAEL HERNANDEZ CRUZ (SÍNDICO MUNICIPAL) y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se desprende que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este de un expediente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Vista la comparecencia de quince de junio pasado, del quejoso Rafael Hernández Cruz, en la que manifestó que ratifica como suya la huella plasmada en su demanda de amparo recibida en éste órgano jurisdiccional el dos de junio de dos mil diecisiete. Ahora bien, del análisis integral realizado a la demanda de garantías, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, consiste en: "(.) PRIMERO: Lo es, la omisión o la falta de emplazamiento personal, ni llamada a juicio al hoy quejoso; dentro del número de expediente 01/2015 y anteriormente 419/2007, del juicio de amparo indirecto, en la Diligencia de emplazamiento personal o llamamiento a juicio del Ayuntamiento de Hueytlalpan, Puebla; para contestar la demanda de amparo número 419/2007, del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales; y con ello dejaron en completo estado de indefensión a mi representada, y no me permitieron ser oído y vencido a mi representada en esta Litis, no nos permitieron una defensa adecuada, ni de alegar o defendernos en términos de ley, a ser oído y vencido en este juicio dentro del expediente 419/2007, ni presentar contestación, presentar excepciones y defensas, puesto que nunca fuimos emplazados en forma personal, ni llamado a juicio y con ello no se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento como consecuencia de ello, existe un requerimiento judicial hacia mi representada de cumplir con un pago de $18,000,000.00 (dieciocho millones de pesos m.n.) y de no hacerlo, se me destituiría de mi cargo e iniciarse un proceso por desacato o desobediencia a una orden judicial; por lo que en el estado de incertidumbre jurídica acudo ante esta Potestad Federal para que se me restituya de mis derechos humanos y garantías de legalidad y seguridad jurídica, contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concediéndome el Amparo y Protección de la Justicia Federal. (.)" Por tanto, debe concluirse que la acción constitucional ejercida mediante la demanda de garantías que se analiza deviene improcedente, pues se advierte que respecto del acto que se reclama, se actualiza una causa notoria e indudable de improcedencia. En efecto, el artículo 61 fracción IX de la Ley de Amparo establece lo siguiente: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...). IX.- Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;" De conformidad con el precepto mencionado, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. El precepto y fracción citados son claros al establecer la improcedencia del juicio de amparo en contra de resoluciones dictadas en otro juicio de garantías, lo que se traduce en el hecho que, no puede intentarse el juicio de garantías en contra de actos que se reclamen a un Juzgador Federal. Lo anterior obedece a que los órganos de amparo ejercen la facultad de control constitucional de los actos dictados por las autoridades del Estado; por lo que, sus resoluciones o actos al respecto no pueden ser cuestionadas por otro órgano de control constitucional, mediante la promoción del juicio de amparo. En la especie, se surte la causal de improcedencia invocada pues de la demanda de amparo se advierte que el aquí quejoso, reclama la resolución dictada el veintiocho de abril del año en curso, en autos del juicio de Amparo 1/2015 (antes 419/2007) del índice del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, donde el solicitante de amparo tiene el carácter de autoridad responsable. Se sostiene lo anterior, ya que de un análisis integral del escrito inicial de demanda de amparo, Rafael Hernández Cruz, en el capítulo respectivo al acto reclamado, en específico en el marcado como "segundo", transcribió parte del auto impugnado, el cual es del tenor literal siguiente: "(.) 3.- Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, y dado que de actuaciones se advierte que ya ha transcurrido en exceso la falta de cumplimiento al fallo protector de las autoridades responsables Presidenta y Delegada del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Hueytlalpan, Puebla, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las citadas autoridades, para que en el término de tres días, contados a partir de la recepción del oficio en que se les notifique el presente auto, por cualquiera de las formas señaladas en la ley reglamentaria de 105 artículos 103 y 107 de la Constitución Política de 105 Estados Unidos Mexicanos, den cumplimiento a, la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Bajo apercibimiento de que, en caso de no cumplir, se procederá conforme disciplina el numeral 105 del ordenamiento en cita, esto es, una vez que sea declarado por autoridad competente el incumplimiento de la sentencia protectora, se procederá a la separación del cargo que ostentan y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actué en consecuencia. (.)" De lo anteriormente transcrito, se colige que el acto de que se duele el solicitante de amparo, es el cumplimiento a una sentencia de amparo, de la cual el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, tiene a) el deber de vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras este no ocurra; b) en tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad y, en su caso, autoridades responsables a fin de que realicen los actos necesarios para ello (lo que en la especie acontece); c) si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para logarlo; d) sino se consigue, de oficio a instancia de parte, deberá abrir el incidente de inejecución de sentencia acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, a saber, que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penal mente ante el Juez de Distrito que corresponda. De lo que se sigue que la acción constitucional ejercida mediante la demanda de amparo que se analiza es improcedente, pues en ella el inconforme reclama la resolución dictada el veintiocho de abril del año en curso, en autos del juicio de Amparo 1/2015 (antes 419/2007) del índice del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla; lo que sin lugar a dudas trae como consecuencia la actualización del motivo de improcedencia citado, dado que el acto reclamado por la parte quejosa Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, fue emitido en un juicio de amparo; y dicho acto no se encuentra sujeto al control constitucional, debido a que precisamente fueron dictados por un órgano que ejerce dicha función, como órgano de amparo y su ejecución. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo, contra las cuales éste es improcedente, son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea una sentencia, en una aclaración de ésta o en los recursos de revisión, queja o reclamación, inconformidad, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal. Tiene aplicación a lo anterior, por analogía e identidad jurídica en lo sustancial el criterio que a continuación se transcribe. AMPARO INDIRECTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA MULTA IMPUESTA EN LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO DE QUEJA EMITIDA POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DE DICHO JUICIO. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 61, fracción VI y 113 de la Ley de Amparo , se advierte que: a) contra las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito no procede recurso alguno y el juicio de amparo en su contra es improcedente; b) la función de tales órganos es netamente jurisdiccional; y, c) si al examinar el escrito de demanda de amparo se advierte alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. Asimismo, de los numerales reseñados se abstrae que cuando el acto reclamado consista en una multa impuesta en la resolución de un recurso de queja emitida por un Tribunal Colegiado de Circuito, se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia toda vez que dicha resolución es definitiva y no admite recurso alguno, sin que pueda caber una excepción a la regla general prevista en la fracción VI del artículo 61 aludido, toda vez que la improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones emitidas por aquél se delimitó tanto en la Ley de amparo, como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que no es sostenible una interpretación diversa que permita impugnarla, pues de lo contrario, se vaciaría el contenido de la disposición constitucional que le otorga el carácter de definitiva e inatacable; además de que durante el trámite del recurso de queja la autoridad responsable puede contestar la omisión imputada y aportar las pruebas que estime conducentes para justificar su dicho. En consecuencia, es indudable que en la especie se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción IX de la Ley de Amparo, pues los actos reclamados en la presente instancia constitucional fueron emitidos en un juicio de amparo (en este caso el atribuido al Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla), así como derivan del cumplimiento a la sentencia de amparo - fase de ejecución; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo que se analiza, por ser notoria e indudable la causa de improcedencia anotada.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de junio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo presentada por Rafael Hernández Cruz, quien se ostenta como Síndico Municipal de Hueytlalpan, Puebla, contra actos del 1. Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla y otras autoridades, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 646/2017-B. En primer término, se tiene por reconocida la personalidad de Rafael Hernández Cruz, en su carácter de Síndico Municipal de Hueytlalpan, Puebla, respectivamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Amparo vigente, atento a que el promovente anexó a su escrito que se provee copia certificada de la Constancia de Mayoría de la Elección de Miembros de Ayuntamiento, expedida por el Instituto Electoral del Estado el diez de julio de dos mil trece, con folio IEE/038/13, misma que acredita el carácter con que se ostenta al presente controvertido constitucional. Se examina la personalidad con la que se ostenta el promovente en el presente juicio de garantías, en virtud de que ésta es un presupuesto procesal de análisis oficioso que el Juez de Distrito debe hacer al recibir la demanda de amparo lo que se debe hacer constar en el acuerdo admisorio. "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." En consecuencia, téngase por reconocida la personalidad de Rafael Hernández Cruz, en su carácter de Síndico Municipal de Hueytlalpan, Puebla, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo vigente. Una vez satisfecho dicho requisito y, previo a proveer respecto a la admisión, si en el caso procede o no, con apoyo en los artículos 108, fracción I, 112 y 114, fracción I, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente Rafael Hernández Cruz, para que dentro del término de cinco días a que quede notificada, realice lo siguiente: ÚNICO. Comparezca ante este órgano Federal con identificación oficial y vigente, a fin de que manifieste si ratifica o no como suya la huella digital que calza la demanda de amparo junto a su nombre. Lo anterior obedece a que en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma, y cuando la parte interesada no sabe, o no puede firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirá su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad de la parte interesada en el ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, si la demanda de amparo no fue firmada por Rafael Hernández Cruz, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del presente juicio de amparo, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 de la ley de la materia, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de la referida ley, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en dicha Ley; y, cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. No se inadvierte que, de haber firmado otra persona a ruego del promovente Rafael Hernández Cruz, sería innecesario requerirlo para ratificar la demanda de cuenta; sin embargo, ello no aconteció en la especie. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 1/2011 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y contenido, son: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES INNECESARIO REQUERIR SU RATIFICACIÓN PREVIO A SU ADMISIÓN, POR EL HECHO DE CONTENER LA HUELLA DIGITAL DEL PROMOVENTE Y LA RÚBRICA DE QUIEN FIRMA A SU RUEGO. Si de las constancias del juicio de amparo indirecto se advierte que la demanda carece de firma del quejoso, pero aparece su huella digital, así como la rúbrica de quien lo hizo a su ruego, tales elementos son suficientes para demostrar su manifestación de voluntad de instar la acción constitucional, ya que si bien la huella digital únicamente es un elemento de individualización, con la "firma a ruego" se exterioriza el propósito de promoverla al ser un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad del promovente que no sabe o no puede firmar, por lo que el juez de distrito o el tribunal del conocimiento deben admitir el ocurso sin necesidad de prevenirlo para ratificar su contenido. Además, el artículo 12 de la Ley de Amparo, prevé que la personalidad se justifica en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, por lo que al existir en otros cuerpos legales normas que establecen que cuando el interesado no sepa leer o escribir bastará con que imprima su huella digital y alguien firme a su ruego, se concluye que la ley de la materia no puede prever exigencias mayores a las señaladas en éstas, lo que ocasiona que deba admitirse la demanda sin mayores presupuestos o exigencias legales, aunado a que en el citado ordenamiento legal no existe disposición alguna en el sentido de que deba requerirse a la persona que imprimió su huella digital para que la ratifique ante la presencia judicial." Atento a lo anterior, se apercibe al promovente requerido en este auto que, de no dar íntegro cumplimiento a la presente prevención en el término indicado (cinco días), se entenderá que no existe manifestación de voluntad en ejercicio de un derecho (juicio de amparo indirecto) y se procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo número 114 de la Ley de Amparo; esto es, se tendrá por no presentada la demanda de garantías. No pasa inadvertido para la suscrita Juzgadora Federal que de las constancias que anexó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, en específico la consistente en el Acta de Sesión de Toma de Protesta del Ayuntamiento Constitucional de Hueytlalpan, Puebla, celebrada el dieciséis de febrero de dos mil catorce; se colige que en dicho acto, el solicitante de amparo plasmó su firma, no obstante haber manifestado en su demanda de amparo "bajo protesta de decir verdad", ser una persona indígena, de lengua totonaca, que no habla ni entiende el castellano, ofreciendo como prueba para acreditar su dicho la Constancia de identidad expedida el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, por el Secretario General del Municipio de Hueytlalpan, Puebla, a favor de Rafael Hernández Cruz; lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, el que señala en su demanda de amparo y por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, a las personas que menciona en su escrito inicial de demanda, por así haberlo solicitado expresamente la parte promovente. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.

  4. Principal

    CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, cinco de junio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo presentada por Rafael Hernández Cruz, quien se ostenta como Síndico Municipal de Hueytlalpan, Puebla, contra actos del 1. Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla y otras autoridades, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 646/2017-B. En primer término, se tiene por reconocida la personalidad de Rafael Hernández Cruz, en su carácter de Síndico Municipal de Hueytlalpan, Puebla, respectivamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Amparo vigente, atento a que el promovente anexó a su escrito que se provee copia certificada de la Constancia de Mayoría de la Elección de Miembros de Ayuntamiento, expedida por el Instituto Electoral del Estado el diez de julio de dos mil trece, con folio IEE/038/13, misma que acredita el carácter con que se ostenta al presente controvertido constitucional. Se examina la personalidad con la que se ostenta el promovente en el presente juicio de garantías, en virtud de que ésta es un presupuesto procesal de análisis oficioso que el Juez de Distrito debe hacer al recibir la demanda de amparo lo que se debe hacer constar en el acuerdo admisorio. "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." En consecuencia, téngase por reconocida la personalidad de Rafael Hernández Cruz, en su carácter de Síndico Municipal de Hueytlalpan, Puebla, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo vigente. Una vez satisfecho dicho requisito y, previo a proveer respecto a la admisión, si en el caso procede o no, con apoyo en los artículos 108, fracción I, 112 y 114, fracción I, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente Rafael Hernández Cruz, para que dentro del término de cinco días a que quede notificada, realice lo siguiente: ÚNICO. Comparezca ante este órgano Federal con identificación oficial y vigente, a fin de que manifieste si ratifica o no como suya la huella digital que calza la demanda de amparo junto a su nombre. Lo anterior obedece a que en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma, y cuando la parte interesada no sabe, o no puede firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirá su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad de la parte interesada en el ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, si la demanda de amparo no fue firmada por Rafael Hernández Cruz, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del presente juicio de amparo, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 de la ley de la materia, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de la referida ley, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en dicha Ley; y, cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. No se inadvierte que, de haber firmado otra persona a ruego del promovente Rafael Hernández Cruz, sería innecesario requerirlo para ratificar la demanda de cuenta; sin embargo, ello no aconteció en la especie. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 1/2011 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y contenido, son: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES INNECESARIO REQUERIR SU RATIFICACIÓN PREVIO A SU ADMISIÓN, POR EL HECHO DE CONTENER LA HUELLA DIGITAL DEL PROMOVENTE Y LA RÚBRICA DE QUIEN FIRMA A SU RUEGO. Si de las constancias del juicio de amparo indirecto se advierte que la demanda carece de firma del quejoso, pero aparece su huella digital, así como la rúbrica de quien lo hizo a su ruego, tales elementos son suficientes para demostrar su manifestación de voluntad de instar la acción constitucional, ya que si bien la huella digital únicamente es un elemento de individualización, con la "firma a ruego" se exterioriza el propósito de promoverla al ser un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad del promovente que no sabe o no puede firmar, por lo que el juez de distrito o el tribunal del conocimiento deben admitir el ocurso sin necesidad de prevenirlo para ratificar su contenido. Además, el artículo 12 de la Ley de Amparo, prevé que la personalidad se justifica en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, por lo que al existir en otros cuerpos legales normas que establecen que cuando el interesado no sepa leer o escribir bastará con que imprima su huella digital y alguien firme a su ruego, se concluye que la ley de la materia no puede prever exigencias mayores a las señaladas en éstas, lo que ocasiona que deba admitirse la demanda sin mayores presupuestos o exigencias legales, aunado a que en el citado ordenamiento legal no existe disposición alguna en el sentido de que deba requerirse a la persona que imprimió su huella digital para que la ratifique ante la presencia judicial." Atento a lo anterior, se apercibe al promovente requerido en este auto que, de no dar íntegro cumplimiento a la presente prevención en el término indicado (cinco días), se entenderá que no existe manifestación de voluntad en ejercicio de un derecho (juicio de amparo indirecto) y se procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo número 114 de la Ley de Amparo; esto es, se tendrá por no presentada la demanda de garantías. No pasa inadvertido para la suscrita Juzgadora Federal que de las constancias que anexó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, en específico la consistente en el Acta de Sesión de Toma de Protesta del Ayuntamiento Constitucional de Hueytlalpan, Puebla, celebrada el dieciséis de febrero de dos mil catorce; se colige que en dicho acto, el solicitante de amparo plasmó su firma, no obstante haber manifestado en su demanda de amparo "bajo protesta de decir verdad", ser una persona indígena, de lengua totonaca, que no habla ni entiende el castellano, ofreciendo como prueba para acreditar su dicho la Constancia de identidad expedida el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, por el Secretario General del Municipio de Hueytlalpan, Puebla, a favor de Rafael Hernández Cruz; lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, el que señala en su demanda de amparo y por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, a las personas que menciona en su escrito inicial de demanda, por así haberlo solicitado expresamente la parte promovente. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.

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