Rafael Garcia Rosete

Expediente 768/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
768/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
10/10/2018

Partes del expediente

  • Rafael Garcia Rosete

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, misma que sobreseyó en el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. No pasa inadvertido, que no obra en autos la constancia de notificación a la autoridad responsable 1. Juez Penal de Huejotzingo, Puebla, de la referida resolución; sin embargo, no es óbice a lo acordado en el párrafo que antecede, pues el aludido acuerdo no perjudica de alguna manera a dicha autoridad, ya que ésta sobreseyó en el presente juicio de amparo y sólo están legitimadas para interponer el recurso de revisión, las partes a quienes resulte desfavorable la determinación definitiva que se emita dentro del juicio de amparo. Apoya a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 6/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las siguientes tesis aisladas: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." "REVISIÓN IMPROCEDENTE. DEBE DESECHARSE LA INTERPUESTA POR QUIEN OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE. Cuando se recurre la sentencia dictada en un juicio de amparo biinstancial por la parte a quien le es favorable, el recurso debe desecharse por improcedente, salvo que se esté en el supuesto previsto en el artículo 83, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que las resoluciones sólo pueden ser impugnadas por aquella a quien le perjudique." "RECURSOS. QUIENES PUEDEN INTERPONERLOS. Sólo una parte puede interponer recursos contra una resolución que le es desfavorable. El juicio de garantías únicamente puede promoverse por aquél a quien perjudique el acto reclamado (artículo 4o. de la Ley de Amparo), y esta norma debe extenderse, en su aplicación, para expresar que sólo puede interponer recursos contra una sentencia la parte a quien aquélla resulte desfavorable. Tratándose de resoluciones que hayan concedido el amparo, no todas las autoridades responsables están legitimadas para recurrirlas, pues sólo podrán hacer valer la revisión las autoridades contra el fallo que afecte de modo directo el acto que de cada una de ellas se hubiere reclamado (artículo 87 de la misma ley)." Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que por una parte se concedió y por otra se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Asimismo, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes que, mediante oficio SEADS/962/2018, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informó que el Pleno del Consejo, por unanimidad de votos, aprobó la propuesta presentada y designó como titular de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla al licenciado HORACIO ÓSCAR ROSETE MENTADO, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho. Resulta aplicable por analogía, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J.104/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

  2. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 768/2018-B, promovido por Rafael García Rosete, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en los considerandos segundo y tercero de esta resolución SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de septiembre de dos mil dieciocho. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos con el oficio signado por el Juez de lo penal de Huejotzingo, Puebla y, atento a su contenido, téngase a la citada autoridad devolviendo sin diligenciar el despacho 634/2018 (orden 938/2018) del índice de este juzgado por los motivos que expone, mediante el cual, se le encomendó que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notificara al quejoso Rafael García Rosete, el acuerdo de veintitrés de agosto pasado, mediante el cual se admitió su demanda; por tanto, estese a lo acordado en proveído de cinco de septiembre pasado y notifíquese por lista el auto de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho y los subsecuentes, aun los de carácter personal. Atento a lo anterior, dese de baja el aludido despacho en el Libro de Gobierno respectivo y háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) AUTO DE 23 DE AGOSTO DE 2018 QUE A LA LETRA DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. CUESTIONES PRELIMINARES. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio signado por el quejoso Rafael García Rosete, por medio del cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de quince de agosto de dos mil dieciocho (fojas 5 a 8); y, al respecto, manifiesta: "(.) manifiesto que no existe juez de control primero, segundo y tercero de la región judicial centro poniente con sede en San Martin Texmelucan, Puebla ni tampoco juez de control primero, segundo, y tercero de la región judicial centro poniente con sede en Cholula, Puebla; y aclaro que la denominación correcta es la siguiente: 1.- Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución, Región Judicial Centro Poniente con sede en San Martin Texmelucan, Puebla. 2.- Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución, Región Judicial Centro Poniente con sede en San Andrés Cholula, Puebla. (.)" Consecuentemente, se provee lo siguiente respecto de la demanda de amparo contra las autoridades y actos que señala la parte quejosa. DESECHAMIENTO. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de garantías, se advierte que el quejoso Rafael García Rosete reclama a la autoridad responsable 1. agente del Ministerio Público Orientador y/o Investigador adscrito a la Unidad de Orientación y Análisis de Resolución Inmediata del Complejo Metropolitano de Seguridad Pública C5, la integración de cualquier carpeta de investigación en su contra. Por tanto, este juzgado estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo vigente, por lo que, se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable 1. agente del Ministerio Público Orientador y/o Investigador adscrito a la Unidad de Orientación y Análisis de Resolución Inmediata del Complejo Metropolitano de Seguridad Pública C5, consistente en la integración de cualquier carpeta de investigación en contra del aquí quejoso, ya que este último tiene a su alcance la prerrogativa constitucional y legal, de impugnar dicho acto ante el Juez de Control competente. Dichos numerales establecen: (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Del primero de los numerales se advierte que el juicio de amparo indirecto será improcedente si el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos o legítimos del quejoso; al respecto para acreditar el interés jurídico se requiere la existencia del perjuicio de un derecho subjetivo del cual es titular el agraviado; y en cambio, para acreditar el interés legítimo se requiere la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, y proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto a la norma que establezca el interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo cual supone que el quejoso pertenece a ella. Luego, en el caso a estudio, la parte quejosa reclama la integración de cualquier carpeta de investigación en su contra, lo que permite advertir que se reclama la afectación a un interés jurídico, dada la protección pretendida al derecho de acceso a la justicia y adecuada defensa al ser, según refieren dichos quejosos, imputados en la carpeta de investigación de origen y, por ende, este juzgado de Distrito se pronuncia en relación con la acreditación o no de su interés jurídico en los siguientes términos. El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclama. Es este principio el que inspira la noción de "interés jurídico", requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, que está conformado en primer lugar por la existencia de un derecho legítimamente tutelado y, por la otra, del perjuicio que el acto reclamado le ocasione a tal derecho. Así pues, hay "interés jurídico" cuando se cuenta con un derecho derivado de alguna disposición legal a exigir de la autoridad una conducta determinada, sea de acción u omisión, es decir, que el interés jurídico reputado como un derecho reconocido por la ley no es sino lo que la doctrina jurídica reconoce con el nombre de derecho subjetivo, o lo que es lo mismo, la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. Aunado a lo anterior, debe decirse que, para que la acción constitucional proceda no basta que exista el acto reclamado, sino que se requiere que el peticionario de garantías acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos tutelados, siendo necesario que tal interés descanse en un derecho reconocido por la ley. Ahora bien, como ya se dijo, la parte quejosa reclama la integración de cualquier carpeta de investigación en su contra al 1. agente del Ministerio Público Orientador y/o Investigador adscrito a la Unidad de Orientación y Análisis de Resolución Inmediata del Complejo Metropolitano de Seguridad Pública C5. Lo anterior no irroga perjuicio a la parte promovente dado que la autoridad responsable señalada, al emitir el acto tildado de inconstitucional, actúa en virtud de las facultades que tiene conferidas en el artículo 21 Constitucional en su texto vigente a partir del dieciocho de junio de dos mil ocho y en los numerales 127, 212, y 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales que dicen: "Artículo. 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. (.)". "Artículo 127. Competencia del Ministerio Público Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 212. Deber de investigación penal Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 213. Objeto de la investigación La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño." En efecto, del texto constitucional se desprende que el Ministerio Público conduce la investigación de los delitos y coordina a la Policía, así las actuaciones tendientes a la integración de la carpeta de investigación no causa daño al gobernado, pues son de orden público, esto es, estamos ante un derecho social, donde, de conformidad con los diversos numerales transcritos, al Ministerio Público le asisten el deber de investigar cuando tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, investigación penal orientada para el esclarecimiento de tal hecho y la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión y, así, poder sustentar, ya sea, el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño; de ahí que, sólo se materializa el perjuicio personal y directo en caso de que el ministerio público, atento al nuevo sistema penal acusatorio que rige el acto reclamado, formule imputación en contra del imputado ante el juez de control y dicho juez se pronuncie en el sentido de vincular a proceso al imputado. En efecto, la orden de investigación o integración de una carpeta de investigación, sólo es un requisito previo a la formulación de la imputación, pues no puede haber formulación de la imputación y menos vinculación a proceso contra personas indeterminadas, lo que hace menester que primero se recaben los datos de identificación del imputado, como son el nombre y apellidos, edad, domicilio, estado civil, grado de instrucción, centro de trabajo, la presencia de algún alias o sobrenombre, la existencia de algún rasgo o seña física que lo individualice de otro persona, pero tal actuar, como ya se dijo, no materializa un perjuicio personal y directo en contra de la parte quejosa, pues esto acontecerá si, en principio, se le identificada como el imputado y luego se formula la imputación en su contra y el juez se pronuncia en el sentido de vincularlo a proceso. Tienen aplicación, al caso, por analogía, las tesis sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila; así como por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACION DE UNA AVERIGUACION PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso." Todo lo anterior, siempre y cuando, no se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es que, la autoridad ministerial o la policía realicen conductas fuera de todo cauce Constitucional o legal, lo que en el caso no acontece, pues, como se ha visto actúan de conformidad con la Constitución y ley aplicable. En consecuencia, se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo respecto del acto reclamado a la autoridad responsable 1. agente del Ministerio Público Orientador y/o Investigador adscrito a la Unidad de Orientación y Análisis de Resolución Inmediata del Complejo Metropolitano de Seguridad Pública C5, consistente en la integración de cualquier carpeta de investigación en contra del aquí quejoso, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. ADMISIÓN. Por otra parte, respecto a los actos reclamados consistentes en la orden aprehensión y presentación, dictada en contra del quejoso y su ejecución, con fundamento en los artículos 1° fracción I, 2, 3, 5, 6, 17, 18, 33 fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y 119 de la Ley de Amparo reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite la demanda de amparo promovida por Rafael García Rosete, contra actos del 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 14 y 16 Constitucionales. VISTA MINISTERIAL. Dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional a que alude el artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Con apoyo en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días, a fin de dar vista a las partes. En dicho informe justificado deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y remitirán, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, o en su caso, el registro audiovisual de las audiencias en las que se hubieren dictado los actos reclamados, acompañando el índice cronológico de su desarrollo, en el que precise el momento de intervención de cada una de las partes. En el entendido que el referido informe con justificación deberá rendirse en dicho plazo, para que entre la fecha de notificación a la parte quejosa del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, medie un plazo de por lo menos ocho días. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir sus informes respectivos a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envió se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a las autoridades responsables, que ante la falta del informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; se precisa que queda a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a las autoridades responsables que al rendir sus informes no podrán variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado, ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, con excepción de los jueces federales, con multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en caso de que no rindan el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias o del índice cronológico del desarrollo de la audiencia relativa, para la solución del juicio constitucional u omitan referirse a la representación que aduzca la parte promovente de la demanda en términos del artículo 11 de la ley de la materia; esto último, en caso de encontrarse en el supuesto. Igualmente, se apercibe a las autoridades responsables que, en caso de que se nieguen a recibir notificación en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se les impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionadora; ello en términos de los numerales 245, en relación con el 238 del citado ordenamiento legal. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. Asimismo, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que al tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que a la parte que tenga conocimiento y no la comunique, se le impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, tal y como lo señala el artículo 251, en relación con el 238 de la citada ley. Sanciones que serán aplicadas en la resolución que se dicte en la audiencia constitucional. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. Se hace saber a las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceros interesados, que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se les ordenen realizar en este expediente, serán por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/ acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". EMPLAZAMIENTO DE TERCERO(S) INTERESADO(S). Resérvese por el momento acordar tener como tercero interesado a persona alguna, hasta en tanto obren en autos los informes de las autoridades responsables, pues hasta ese momento procesal se puede corroborar a quién le asiste tal carácter. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En razón a que se solicita la suspensión del acto reclamado, fórmese por separado y duplicado el incidente de suspensión solicitado. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA. Ahora bien, toda vez que Rafael García Rosete, señala como domicilio la calle Miguel Negrete Número Cuatro, de la Población de San Matias Tlalancaleca, Puebla, y de actuaciones se advierte que aún no obra el despacho 603/2018 dirigido al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, para notificar al quejoso el auto de quince de agosto del año en curso (foja 9); con fundamento en los artículos 27, fracción II, 116 de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento despacho al Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruya al diligenciario de su adscripción para que notifique al quejoso el presente proveído, para lo cual deberá ceñirse a las formalidades establecidas en el artículo 27, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, esto es, el diligenciario única y exclusivamente, realizará lo siguiente: a) Constituirse en el domicilio la calle Miguel Negrete Número Cuatro, de la Población de San Matias Tlalancaleca, Puebla; b) Buscará, al aquí quejoso Rafael García Rosete y se cerciorará de su identidad; c) Realizado lo anterior, le hará saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación (Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla); el número de expediente (juicio de amparo 768/2018-B); y, d) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de dicha diligencia. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación ordenada. Apercibido que de no hacerlo en el término indicado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emita el presente proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo vigente. Queda a cargo de la Secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación.

  4. Incidental

    En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con quince minutos del seis de septiembre de dos mil dieciocho, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 768/2018-B (foja 25 vuelta), Nahieli Avendaño Palacios Secretaria en funciones de jueza de Distrito del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula en funciones de jueza de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; en que se determinó la autorización acordada en sesión de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, celebrada el diez de julio de dos mil dieciocho, según oficio número CCJ/ST/3664/2018, de esa misma fecha, asistida de Ofelia Díaz Acosta, Secretaria con quien actúa, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes ni legítimo representante de ellas, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo. A continuación, la secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la copia de la demanda de amparo presentada por Rafael García Rosete y escrito aclaratorio (fojas 1 a 4), auto de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho (suspensión provisional, fojas 5 a 11), los informes previos que obran en autos y el estado procesal que guardan los presentes autos. Enseguida, se abre el periodo de pruebas, en el que la secretaria hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; y la Secretaria en funciones de jueza acuerda: Toda vez que ninguna de las partes ofreció prueba alguna, se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no exhibió pedimento. A lo anterior, la Secretaria en funciones de jueza acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Enseguida, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente...ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Rafael García Rosete, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables señaladas en el considerando tercero.

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