Rafael Adrian del Angel Chay

Expediente 1037/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1037/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
06/09/2023

Partes del expediente

  • Rafael Adrian del Angel Chay

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que sobreseyó y negó el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diez de mayo de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es CONSERVABLE, al ser un juicio de amparo negado. Asimismo, carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado Acuerdo General. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Resultan infundados los conceptos de violación expresados por el quejoso, por lo que se le negará el amparo y protección de la Justicia federal que solicita. Como ya se dijo, en el presente asunto la parte quejosa reclama del Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Gobierno del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, la respuesta de treinta de junio del año en curso, que ecayó a su solicitud identificada con el número*, dirigida al Secretario de Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la cual solicitó se le informara si existía algún registro laboral en el Gobierno del Estado, y que en caso de que fuese afirmativa la respuesta, se le proporcionara la información correspondiente, así como su número de seguridad social. Respuesta que considera transgrede en su perjuicio el contenido de los artículos 1°, 8º y 17 Constitucionales. Lo anterior, como ya se adelantó, es infundado por las siguientes consideraciones. En primer término, es importante señalar que la autoridad que dio contestación a la solicitud de información hecha por el quejoso, fue el Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Gobierno del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. En dicha contestación, la responsable determinó en esencia, que entre sus funciones se encontraba el recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información que fuesen de su competencia, así como auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y solicitudes de datos personales, así como orientarlos sobre los sujetos obligados competentes para conocer de las mismas, de conformidad con el artículo 45 fracciones II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Yucatán. Que esa Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno, hacía del conocimiento del solicitante, que la información requerida no era competencia de esa Secretaría, ya que no se refería a alguna de sus facultades, competencias o funciones, de conformidad con los artículos 30 del Código de Administración Pública y 37 del Reglamento del Código de Administración Pública, ambos del Estado de Yucatán. También señaló que esa Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno, orientaba al solicitante a dirigir su solicitud de datos personales al Instituto de Seguridad de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), por ser el sujeto obligado competente que pudiera conocer y detentar la información requerida, ingresando a la Plataforma Nacional de Transparencia a través de la dirección electrónica que le indicó, o bien acudiendo personalmente a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado. Lo que hacía con fundamento en el artículo 136 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, así como en el artículo 53 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Yucatán. Ahora bien, en su primer concepto de violación el quejoso realiza diversas manifestaciones en relación a los derechos humanos y a los tratados internacionales reconocidos en la Constitución con motivo de la reforma de diez de junio de dos mil once, y concluye que la responsable con su actitud omisiva, le ha dado un trato discriminatorio, además de que se le ha hecho una humillación a su dignidad humana, ya que no se trata de que la autoridad sea quien determine lo que quiera contestar o de que conteste a medias lo que se le pide, por lo que solicita el amparo a fin de que se respeten sus derechos fundamentales. En su segundo concepto de violación, el promovente señala que el derecho de petición se respeta solamente si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud, la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su inconformidad con ella y en su caso impugnarla. Continua señalando que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8°, en relación con el 1° Constitucional, que manda el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Siendo que considera, en el caso se le ha vulnerado su derecho de petición, dejándole en estado de indefensión. Dichos argumentos, como ya se adelantó, resultan infundados. Sobre el particular, importa destacar que el denominado "derecho de petición", es el derecho fundamental consagrado en el artículo 8º constitucional, en función del cual cualquier gobernado que presente una petición de manera respetuosa y pacífica ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta congruente con su petición, que debe ser emitida en breve término por la autoridad. Así se desprende del texto del precepto 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone lo siguiente: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Muchos han sido los criterios aislados y jurisprudenciales que han emitido distintos Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación por virtud de los cuales, en una interpretación al precepto constitucional transcrito, han determinado cuáles son los requisitos que debe satisfacer la petición que formula el gobernado para que le asista el derecho de respuesta, así como también se han definido las características de la contestación que debe dar la autoridad. Así las cosas, si bien es cierto que el ejercicio del derecho de petición tiene la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, los elementos que deben contener una y otra son los que a continuación se apuntan. La petición ( Debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ( Ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; y, ( El peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. La respuesta ( La autoridad debe emitir un acuerdo; ( Ha de producirse en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; ( Tendrá que ser congruente con la petición; ( La autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; ( No existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quién se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, ( La respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia número 130, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. NO CONSTRIÑE A RESOLVER DE CONFORMIDAD. Las garantías del artículo 8o. constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido." De igual manera sirve de apoyo a lo anterior, la diversa jurisprudencia sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa Del Vigésimo Primer Circuito, que señala lo siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa." Por otra parte, los artículos artículo 6 y 16 Constitucionales consagran los derechos fundamentales del acceso libre a la información pública y de la protección de los datos personales. El acceso a la información pública se refiere a que toda la información en posesión de cualquier autoridad en el ámbito federal es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente en los términos que fija la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La protección de los datos personales se refiere a que éstos, así como la información relativa a la vida privada de las personas físicas, debe ser protegida en los términos que fija la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En ejercicio de esta protección, toda persona tiene derecho al acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales, así como a manifestar su oposición de ciertas finalidades de su uso (derechos ARCO). Ahora bien, del análisis del sumario, en especial de las documentales exhibidas por la responsable, se advierte que el aquí quejoso realizó una solicitud y/o petición a la autoridad responsable el catorce de junio de dos mil veintitrés. Por lo que al haber ejercido su derecho de petición en la forma que prevé la constitución, la autoridad responsable estaba obligada a actuar en consecuencia, es decir, a dicha solicitud debió recaerle una contestación por escrito y hacerla de su conocimiento en breve término al quejoso. Lo que así ocurrió, pues a esa petición recayó el oficio número de treinta de junio del presente año, a través de la cual se dio contestación a la solicitud del quejoso. Contestación que le fue notificada al quejoso el propio treinta de junio de dos mil veintitrés, mediante correo electrónico. Aunado a lo anterior, es importante señalar que por un lado, el quejoso parte de una premisa equivocada al señalar que la autoridad ha sido omisa en darle contestación a su solicitud. En efecto, si bien es cierto que el quejoso no obtuvo una respuesta favorable a su pretensión, también lo es que la autoridad que emitió la respuesta a su solicitud, le informó que no era posible proporcionarle la información requerida, ya que dentro de sus atribuciones o competencia, no estaba el tener un registro laboral del Gobierno del Estado o asignar un número de seguridad. Además, en observancia a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán, le hizo de su conocimiento que la información requerida resultaba competencia del Instituto de Seguridad de los Trabajadores del Estado, por lo que de conformidad con el artículo 34 de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, su petición debía elevarla a esa autoridad. Lo que resulta correcto, pues es dicha autoridad la que tiene entre otras obligaciones, la de integrar un expediente por cada persona servidora pública, de conformidad con los artículos 34 y 35 de la citada Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán. De ahí que lo manifestado por el quejoso resulte infundado, ya que además de que no existió una omisión por parte de la responsable en relación a la solicitud que le hizo el peticionario de amparo, lo orientó señalándole ante que dependencia debía elevar su solicitud de información. Por tanto, es claro que no existen las transgresiones a la constitución que alega el quejoso, en específico un trato discriminatorio y humillante, pues se insiste, la responsable atendió la solicitud del quejoso y le señaló detalladamente los fundamentos y los motivos en los que se apoyó para emitir su respuesta. Además de que contrario a lo aseverado por el quejoso, la responsable no estaba obligada a acordar de conformidad con lo solicitado, pues el derecho de petición consagrado en el artículo 8° constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, sino sólo las obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten. Respuesta que desde luego debe ser fundada y motivada, y debiendo existir coherencia entre la solicitud y la contestación que recaiga a la misma. Lo que así ocurrió, ya que se reitera, la respuesta de la responsable es acorde a derecho, pues ésta hizo de su conocimiento que la información requerida resultaba competencia del Instituto de Seguridad de los Trabajadores del Estado, por lo que de conformidad con el artículo 34 de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, su petición debía elevarla a esa autoridad, orientándolo al efecto respecto de la forma en la que debía realizarlo. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, lo procedente es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó. SÉPTIMO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por en contra del acto que reclamó del Secretario General del Gobierno del Estado de Yucatán, por los motivos señalados en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a en contra del acto que reclamó del Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Gobierno del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando sexto del presente fallo. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de julio de dos mil veintitrés. Visto: agréguese a los autos los informes justificados correspondientes al Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Yucatán y Secretario General de Gobierno del Estado de Yucatán, ambos con sede en Mérida, así como los anexos que a cada uno de ellos se acompaña. Al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas como pruebas de las autoridades responsables, las documentales que se adjuntaros a los informes de ley. Téngase por señalado como domicilio y delegados de las mismas, en términos del artículo 9° de la ley de la materia, los precisados en los informes de mérito. Hágase del conocimiento de las indicadas responsables, que en el acuerdo de radicación de la demanda, se autorizó la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente, de conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de julio de dos mil veintitrés. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por RAFAEL ADRIÁN DEL ÁNGEL CHAY, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Yucatán y del Secretario General de Gobierno del Estado de Yucatán, ambos con sede en Mérida. Que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, como facultad exclusiva del juzgador federal, reclama esencialmente lo siguiente: ACTO RECLAMADO. La determinación de treinta de junio de dos mil veintitrés, que recayó a su escrito de catorce de junio del mismo año, a través del cual le solicitó diversa información. RADICACIÓN Al respecto, fórmese expediente, regístrese con el número 1037/2023-II-A y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda de referencia. NO ES EL CASO APERTURAR INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se tramita el incidente de suspensión, por no solicitarlo la parte quejosa, ni la naturaleza del acto reclamado ameritar su tramitación oficiosa, conforme al artículo 127 de la Ley de Amparo. FIJACIÓN DE LA FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con treinta y dos minutos del once de agosto de dos mil veintitrés. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la citada Ley de Amparo, pídase informe justificado a la(s) autoridad(es) responsable(s), que deberá(n) rendir dentro del término de quince días siguientes a aquél en que reciba(n) el oficio en que se le(s) solicita, en el que se expresarán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que se acompañarán, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la referida ley. Apercibida(s) que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá a la omisa una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. TERCERO INTERESADO Cabe precisar que, en atención al acto reclamado y su naturaleza, por ahora no se advierte la existencia de persona alguna en la que pudiera recaer el carácter de tercero interesado en el presente asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, fracción III de la Ley de Amparo. INTERVENCIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. Dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de copia autorizada del presente acuerdo, así como copia simple de la demanda de amparo. APERCIBIMIENTO A LAS PARTES. Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. Apercibidas que en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa de treinta unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 251 de la citada ley, equivalente a $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos, 20/100 M.N). DOMICILIO. Téngase como domicilio alternativo de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala para tal fin en su demanda de amparo. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Y ACCESO AL EXPEDIENTE Ahora bien, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en el numeral 35, 36, 37 y 40 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, reformado el siete de noviembre de dos mil veintidós, como lo solicita la parte quejosa, se otorga autorización al usuario ********************, para que tenga acceso al expediente electrónico de este juicio y las notificaciones se le realicen vía electrónica, a través de dicho usuario. En consecuencia, proceda la Secretaría a realizar las autorizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se hace saber a la parte interesada que, en términos del artículo 41 Bis del indicado acuerdo plenario, los autorizados para acceder a los expedientes judiciales deberán consultarlo en su versión electrónica y, al efecto, quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado esta modalidad de acceso conforme a lo previsto en los artículos precedentes, podrán hacerlo al acudir presencialmente al órgano jurisdiccional respectivo, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. CORREO ELECTRÓNICO Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 5°, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene por proporcionado el correo electrónico que indica el promovente, para establecer comunicaciones no procesales en caso de ser necesario. EXHORTACION A LAS PARTES PARA LA ACTUACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SERVICIOS EN LÍNEA. Además, en atención a lo indicado en el artículo 263, fracción II, párrafo último, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, a que con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. EN CASO DE DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA DE LEY Por otra parte, no habrá necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm Con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. AUTORIZACIÓN DE REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE VÍA ELECTRONICA Además, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. PRECISIÓN RESPECTO DE LAS COPIAS Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación y regístrese.

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