Prudencio Jesús Heredia Gómez
Expediente 470/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 470/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 28/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Prudencio Jesús Heredia Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de la Secretaria que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el proveído de once de junio del presente año, dictado en este juicio de amparo, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la ley de la materia, se declara que el referido proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... Mérida, Yucatán, once de junio de dos mil dieciocho. Visto lo informado por la Secretaria en la cuenta que antecede, en el sentido de que por auto de ocho del actual mes, se puso a la vista de las partes el informe justificado rendido por la Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 3 Tres de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, respecto del acto reclamado por el que se amplió la demanda de amparo; SE ACUERDA: Con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la invocada ley de la materia, por los motivos que a continuación se exponen. La invocada fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, el quejoso Prudencio Jesús Heredia Gómez, reclamó inicialmente de la Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 3 Tres de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, la negativa a dar respuesta al escrito presentado el veinte de enero de dos mil dieciocho, en la carpeta de investigación P3-P3-2653/2016. Asimismo, en vía de ampliación, señaló como nuevo acto reclamado a dicha autoridad, el acuerdo que recayó a esa petición, esto es, de fecha dieciséis de mayo del presente año, en el cual determinó que no era procedente decretar el no ejercicio de la acción penal a su favor. Sin embargo, de las constancias que anexó la responsable a su informe justificado respecto del nuevo acto señalado como reclamado, las cuales obran agregadas en autos y que adquieren el valor probatorio que les confieren los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°; se advierte que mediante resolución de treinta y uno de mayo del presente año, determinó el no ejercicio de la acción penal a favor del peticionario del amparo, en autos de la referida carpeta de investigación; lo cual además le fue notificado en esa misma fecha. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos de los actos reclamados, pues estos se hicieron consistir, precisamente en que la autoridad del conocimiento por una parte, se había abstenido de dar respuesta a la petición que le fue formulada, y por otra, si bien en el acuerdo de dieciséis de mayo del presente año, por el que se amplió la demanda de amparo, había determinado la improcedencia del no ejercicio de la acción penal a favor del quejoso, lo cierto es que a la postre, el treinta y uno del citado mes, resolvió precisamente en ese sentido y lo hizo de su conocimiento en esa misma data; lo cual indudablemente actualiza la causa de improcedencia en comento. Se sostiene lo expuesto, pues al momento en que se provee, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido al impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto, todo lo cual conlleva a concluir que ha desaparecido la violación de que se trata, pues la autoridad responsable ha obrado en el sentido señalado por el artículo 77 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio invocada de manera alguna podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes y el resultado del fallo aun celebrando la audiencia constitucional tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, tampoco se opone a la presente determinación, la circunstancia de que hasta este momento procesal no se haya emplazado a juicio al tercero interesado Roque Mario Flota Yee Ben, dado que en la especie se actualiza una causa de sobreseimiento, lo que redunda en una pronta impartición de justicia que, lejos de perjudicarlo, lo beneficia al permanecer el estado de seguridad jurídica que guardaba antes de la promoción de este juicio. Lo anterior, encuentra sustento, por analogía de razón, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 45, tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 196912, que dice: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÍA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado". En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del seis de julio del año en curso, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese, haciéndolo personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de junio de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el informe justificado rendido por la Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 3 Tres de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, así como el anexo que al mismo se acompaña; con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las demás partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guarda este expediente y la constancia levantada el treinta de mayo del año en curso, por la actuaria adscrita, con la que informa los motivos por los cuales no le fue posible realizar la notificación del presente juicio al tercero interesado Roque Mario Flota Yee Ben, SE ACUERDA: Toda vez que, por una parte, ya se requirió a la parte quejosa que aportara un diverso domicilio como del nombrado tercero interesado a fin de emplazarlo a este asunto, y por otra, se procedió en términos del artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; por tanto, resérvese ordenar lo conducente en cuanto al llamamiento a juicio del aludido tercero interesado hasta que obre en autos la totalidad de las constancias integrantes de la carpeta de investigación de origen, de las que pueda advertirse uno diferente respecto de los cuales se ha comisionado a los actuarios de la adscripción. Mientras tanto, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este día, y se fijan las diez horas con treinta minutos del seis de julio del año en curso, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
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