Rafael Abraham Lafarga Mascarenas
Expediente 2452/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2452/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 16/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Rafael Abraham Lafarga Mascarenas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán; dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan estos autos, se desprende que mediante proveído de seis de enero de esta anualidad, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó personalmente a la parte quejosa el nueve de enero de dos mil veintitrés; sin que a la fecha desahogara la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que fue otorgado para tal efecto, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. Mediante sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y actuario de su adscripción: ".Lleven a cabo las actuaciones correspondientes para que se practique la diligencia de emplazamiento de la parte demandada SERVICIOS UNIDOS DEL SURESTE y/o OPERADORA DE FRANQUICIAS AGN, ambas SOCIEDADES ANÓNIMAS DE CAPITAL VARIBALE, conocidas comercialmente como "KENTUCKY FRIED CHIKEN (KFC)", de conformidad con el artículo 750 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo; o, en su caso, manifiesten la imposibilidad que tengan para ello." Así, por auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la referida sentencia protectora de derechos y se requirió a las responsables su cumplimiento. Ahora bien, a fin de dar cumplimiento a la sentencia concesora, mediante oficios agregados en autos mediante proveído de seis de enero de dos mil veintitrés (promociones 238 y237) y constancias adjuntas a los mismos, la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y actuario de su adscripción, informaron y acreditaron que el nueve de diciembre de dos mil veintidós, se realizó el emplazamiento de la parte demandada SERVICIOS UNIDOS DEL SURESTE y/o OPERADORA DE FRANQUICIAS AGN, ambas SOCIEDADES ANÓNIMAS DE CAPITAL VARIBALE, conocidas comercialmente como "KENTUCKY FRIED CHIKEN (KFC)", al procedimiento laboral de origen. Entonces, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias remitidas, ya que atendió cabalmente a los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices bajo las que debía ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendió en forma correcta. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Previo los registros correspondientes en el Libro de Gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el inciso b) de la fracción l, del artículo 18 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 21 del citado Acuerdo General. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad, hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós. DATOS ADMINISTRATIVOS Fecha del acuerdo en que se da vista a las partes con el cumplimiento: seis de enero de dos mil veintitrés. Fecha de la última notificación realizada a las partes de la vista de cumplimiento: nueve de enero del año en curso. Fecha en que la autoridad responsable comunicó el cumplimiento de la ejecutoria: cinco de enero de dos mil veintitrés. Fecha en que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria: nueve de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán; seis de enero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se ordena agregar los oficios remitidos por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, y actuario de su adscripción, y anexos que acompañan; mediante los cuales informan sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo pronunciada en este asunto. Al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las citadas autoridades. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán; diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintidós, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar, se declara que causa ejecutoria la referida sentencia que en su resolutivo primero concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, para que cumplan con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte agraviada en el goce del derecho humano violado, como dispone el artículo 77, fracción II, del propio ordenamiento legal, lo que deberán informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo. Apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, equivalente a $9,622.00 (nueve mil, seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir esta fecha, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 2452/2022-VI-B, promovido por RAFAEL ABRAHAM LAFARGA MASCAREÑAS, en contra de los actos que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diez de octubre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el once siguiente, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció el referido quejoso, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y actuario de su adscripción. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de trece de octubre de dos mil veintidós, se registró la demanda de que se trata con el número 2452/2022-VI-B, y por los motivos ahí expuestos, se desechó la misma por lo que hace al acto reclamado consistente en el auto de seis de septiembre de dos mil veintidós, en el que se señaló el ocho de febrero de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en autos del juicio laboral 476/2022 de su índice. Por otro lado, se admitió a trámite la misma respecto al restante acto reclamado; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa, fundamentalmente, en: La omisión de emplazar a la parte demandada en el juicio laboral de origen en autos del juicio laboral 762/2020. TERCERO. Certeza de acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y actuario de su adscripción, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, la primera por conducto de su Presidenta. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Resultan fundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, como se verá a continuación. En efecto, la parte impetrante del amparo reclama, en esencia, que las autoridades responsables transgreden en su perjuicio lo preceptuado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo señalado en los artículos 685 y 750 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que han dejado de observar los plazos previstos en los referidos numerales, ya que ha transcurrido en demasía el tiempo y todavía no se ha emplazado a la parte demandada en el juicio laboral de origen. Asiste razón a la parte quejosa y a efecto de evidenciar lo anterior, se estima necesario transcribir el artículo de mérito. El artículo 17 de la Constitución Federal, en lo conducente dispone: "Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. - - - Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Por su parte, el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, establece que todo proceso en materia de trabajo será "inmediato" y, se precisa que las autoridades laborales se encuentran obligadas a "tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso". Asimismo, el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo, establece el término que debe observar la autoridad laboral para realizar las notificaciones y emplazamientos. En ese contexto, es conveniente indicar que de las constancias relativas al juicio laboral de origen, remitidas por la Presidenta de la Junta responsable, se advierte que aún no ha sido emplazada la parte demandada SERVICIOS UNIDOS DEL SURESTE y/o OPERADORA DE FRANQUICIAS AGN, ambas SOCIEDADES ANÓNIMAS DE CAPITAL VARIBALE, conocidas comercialmente como "KENTUCKY FRIED CHIKEN (KFC)", pese a que fue ordenada tal diligencia desde el veintidós de junio de dos mil veintidós, en la que se comisionó al actuario de la adscripción a fin de emplazar a juicio a la parte demandada. Conforme a lo anterior, es inconcuso que el actuario responsable se ha abstenido de llevar a cabo la notificación y emplazamiento que le fue encomendada dentro del término de cinco días a que lo constriñe el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo; de igual forma, la Junta del conocimiento, ha omitido tomar las medidas necesarias para evitar el retraso injustificado del juicio laboral de origen, en contravención con lo dispuesto en los numerales 685 de la Ley Federal del Trabajo. Por otra parte, no obstante lo señalado por las autoridades responsables en su respectivo informe justificado, respecto a los motivos por los cuales no ha sido posible atender los asuntos sujetos a su jurisdicción dentro de los términos y plazos legales; también lo es, que dichas circunstancias tampoco pueden ser una carga que deban soportar las partes y tener que esperar por un tiempo indefinido el dictado de sus resoluciones o laudos. En ese sentido, lo manifestado por la responsable, si bien justifica en cierta forma la dilación en el emplazamiento a la parte demandada en cita, o respecto a la fijación de la fecha de la audiencia de que se trata, no lo hace en cuanto a que sí existe una violación a lo dispuesto en los artículos antes referidos de la Ley Federal del Trabajo y del numeral 17 Constitucional, dado que ha habido una denegación de justicia puesto que no se han observado los términos previstos en la ley que rige el acto reclamado. Por tanto, es evidente que el actuar de las responsables, causa un perjuicio irreparable a las partes en el juicio laboral de referencia, con el subsecuente menoscabo de la impartición rápida y efectiva de la justicia, ya que infringe lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, en cuanto que éste consigna que la impartición de justicia deberá ser de manera pronta, completa y expedita. Razón por la cual y en vista de las precisiones apuntadas, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por RAFAEL ABRAHAM LAFARGA MASCAREÑAS, para el efecto de que las autoridades responsables: Lleven a cabo las actuaciones correspondientes para que se practique la diligencia de emplazamiento de la parte demandada SERVICIOS UNIDOS DEL SURESTE y/o OPERADORA DE FRANQUICIAS AGN, ambas SOCIEDADES ANÓNIMAS DE CAPITAL VARIBALE, conocidas comercialmente como "KENTUCKY FRIED CHIKEN (KFC)", de conformidad con el artículo 750 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo; o, en su caso, manifiesten la imposibilidad que tengan para ello. Por lo que hace a los alcances por los que se otorga la protección constitucional, estos deben delimitarse en función del acto que aquí se reclamó y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro de la propia secuela procesal, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias; de ahí que la presente concesión únicamente opera por lo que hace a la diligencia de emplazamiento a la parte demandada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a.CV/2013(10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respecto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 79, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a RAFAEL ABRAHAM LAFARGA MASCAREÑAS, en contra de los actos que reclama de las autoridades responsables, para los efectos precisados en el considerando quinto de la presente sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.
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