Rafael Alberto Santamaría Rose

Expediente 477/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
477/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
20/04/2021

Partes del expediente

  • Rafael Alberto Santamaría Rose

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de la Materia, en contra del acuerdo de ocho de abril del presente año, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18, fracciones a) y b), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por analogía de razón, se indica que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, ya que se concedió la suspensión de oficio y de plano; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el expediente al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación en los Libros de Gobierno. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de tres días otorgado al directo quejoso Rafael Alberto Santamaría Rosel, mediante proveído de veintitrés de marzo del año en curso, para que manifestara si ratificaba o no la demanda de amparo promovida a su favor por Omar Gilberto Arispe Balam, sin que lo hiciera; asimismo, de la actuación levantada el día veintinueve de marzo último, relativa a la diligencia de ratificación ordenada por proveído de veinticuatro de marzo pasado, se advierte la inasistencia del referido directo quejoso. Por tanto, haciendo efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de veintitrés de marzo del presente año, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo en cuestión, quedando sin efectos las providencias dictadas en autos. Por otra parte, por cuanto hace a la diversa prevención efectuada en el aludido auto, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación alguna en relación a los autorizados señalados en el escrito de demanda; por tanto, haciendo efectivo el apercibimiento decretado, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, no ha lugar a tener como sus autorizados a Luis Héctor Barrera Huerta y Jorge Antonio Moreno Chulim. Ahora bien, toda vez que mediante acuerdos de veintiséis y treinta de marzo del presente año, el suscrito juzgador se reservó acordar lo conducente, hasta en tanto feneciera el término otorgado a la parte quejosa mediante proveído de veintitrés de marzo de los corrientes, lo cual ya aconteció; en consecuencia, se dejan sin efectos las aludidas reservas. Sin embargo, no es el caso hacer mayor pronunciamiento en relación al contenido de los informes rendidos por el Director Jurídico en representación del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en Progreso del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado y Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Progreso, Yucatán, ambos con sede en Progreso, en virtud de lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del presente juicio de amparo número 711/2020-I-A, promovido por ***, contra actos del Procurador Federal del Consumidor, con sede en la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinte de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció el quejoso ***a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó del Procurador Federal del Consumidor, con sede en la Ciudad de México. SEGUNDO. Admisión de demanda. Por auto de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo interpuesta; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Medida preventiva frente al Coronavirus Covid-19. En fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, partiendo de las mejores prácticas sanitarias frente a la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, emitió la Circular CAP/3/2020, en la que adoptó diversas medidas preventivas, entre ellas, la suspensión de la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte hasta el once de enero de dos mil veintiuno, determinando el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, lo que también implicó que no corrieran plazos procesales. CUARTO. Reanudación de términos. Por auto de doce de enero de dos mil veintiuno, de conformidad con lo establecido en la Circular CAP/3/2020 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se reanudaron los términos en el presente procedimiento y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. QUINTO. Celebración de la audiencia constitucional. Sustanciado el trámite relativo al juicio, previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo previos diferimientos al tenor de lo asentado en el acta correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 52, fracciones IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis visible en la página 255, del Tribunal Pleno, Tomo XIX, abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se tiene que la parte quejosa reclama del Procurador Federal del Consumidor, con sede en la Ciudad de México: El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de mayo de dos mil veinte, por el que se modifica el similar, publicado el cuatro de mayo de dos mil veinte, en el que se dieron a conocer los lineamientos para la operación de casas de empeño durante la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-COV2 (COVID-19). TERCERO. Existencia de actos reclamados. Es cierto el acto que se le reclama al Procurador Federal de Consumidor, con sede en la Ciudad de México, toda vez que así lo manifestó el Director General de lo Contencioso y de Recursos de dicha dependencia con el carácter de representante legal de la autoridad responsable, por las razones que expone en su informe de ley. Además, debido a que la normatividad reclamada fue publicitada en el Diario Oficial de la Federación, se tiene la certeza de su existencia, valorando el principio general de derecho que instituye que las leyes, reglamentos y decretos normativos no son objeto de prueba, con apoyo en los arábigos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en el artículo 2º; así como en la tesis con registro electrónico número 233090, de la autoría del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que reza: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Igualmente, se invoca la tesis de jurisprudencia número 2a./J.65/2000, del Máximo Tribunal de Justicia de la República y que ilustra: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". CUARTO. Causas de improcedencia. Previo a abordar cuestiones de fondo del asunto, procede examinar si en el caso se actualizan las causas de improcedencia del juicio constitucional hechas valer por las autoridades responsables o bien de oficio, pues de ser fundada alguna de ellas, resultaría ocioso estudiar las cuestiones de fondo planteadas en el juicio. Además, que su estudio es de orden público y preferente, según lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia número 814, que literalmente señala: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente asunto, el Procurador Federal del Consumidor, por conducto del Director General de lo Contencioso y de Recursos de la Procuraduría Federal del Consumidor, considera que se actualiza la causa de improcedencia derivada de la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado es el mismo que impugnó el quejoso de la propia autoridad responsable, en los diversos juicios de amparo que promovió ante los Juzgados de Distrito en esta entidad, como son: los juicios de amparo 712/2020 del índice de este juzgado y 744/2020 del Juzgado Cuarto de Distrito; respecto de los cuales se encuentra pendiente de emitir la sentencia correspondiente. Tal motivo de inconformidad es infundado, toda vez que si bien cada uno de esos juicios fue promovido por el aquí quejoso en contra de la misma autoridad responsable, también lo es que en ellos su reclamo lo hizo depender respecto de cada una de las casas de empeño que detenta en los diversos municipios de esta entidad; por lo que dada dicha circunstancia, es que se encuentra legitimado para acudir al juicio constitucional individualmente en defensa de cada una de sus negociaciones, y no sería factible la actualización de la causa de improcedencia, dado que implicaría dejarlo en estado de indefensión respecto a la pretensión que accionó. Por otro lado, la responsable estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción I, inciso g), ambos de la Ley de Amparo, al considerar que el quejoso no hace mención de un acto de aplicación que le cause agravio, ni se ha emitido acto de aplicación por la responsable, esto es, en la que se haya aplicado el acuerdo señalado como acto reclamado. Asimismo, hace valer la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al considerar que no existe un primer acto de aplicación, ni hay una afectación real al interés jurídico del quejoso. Dichas causas de improcedencia resultan infundadas, y se analizan en forma conjunta porque se encuentran estrechamente vinculadas, de la siguiente manera. Los artículos 5 fracción I y 61 fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo, la autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. [.]" "Artículo 61.- El juicio de Amparo es improcedente. [. ] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". De los dispositivos citados se colige que el ejercicio de la acción de amparo está reservada únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por una ley, tratado internacional o reglamento; luego, la noción de perjuicio para que proceda el amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando es afectado por la autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación de garantías en su perjuicio. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico y que la Ley de Amparo considera, en alternancia con el interés legítimo, un requisito sine qua non para la procedencia del juicio de amparo. Por su parte, los diversos numerales 103, fracción I y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalan: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" De dichos numerales se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos reclamados no afecten, en el caso concreto, el interés jurídico del quejoso. En suma, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos constitucionales y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al ordenamiento jurídico. Así, la instancia constitucional resulta inviable respecto de actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, en los términos establecidos en la fracción I del numeral 5 de la propia ley, así como de normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. En ese sentido, conviene tener en cuenta que los arábigos 17, fracción I, 61, fracción XII y 107, fracción I de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio, o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida. En el primer caso, es suficiente con que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, sin condicionar su individualización, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, cuando lleva en sí misma un principio de ejecución inmediata que no requiere un acto intermedio o posterior de autoridad para que se origine la afectación al gobernado, pues los preceptos adquieren, por su sola entrada en vigor, el carácter de inmediatamente obligatorios; en otras palabras, el principio de ejecución se realiza por la existencia misma de la ley sin necesidad de actos posteriores de aplicación concreta. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para determinar si una ley es o no "autoaplicativa", no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza "heteroaplicativa", se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia y, entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías será de quince días a partir del acto de aplicación, atendiendo al plazo genérico dispuesto en el citado precepto 17 de la ley en consulta. En conclusión, una norma es "heteroaplicativa" cuando no es de acción automática, esto es, cuando no causa perjuicio al particular desde el momento de su entrada en vigor, porque dicha vigencia no crea, transforma o extingue situaciones concretas de derecho, sino que para que se configure en el mundo fáctico en perjuicio del gobernado, requiere de la actualización de un acto que condicione su aplicación. La condición puede consistir en actos administrativos o jurisdiccionales de aplicación del ordenamiento controvertido, debiendo tomarse en cuenta que el acto condición de aplicación de una ley también puede traducirse en un hecho jurídico como suceso independiente de la voluntad humana, o bien, en un acto jurídico realizado por el propio particular, pues tal acontecimiento o acto voluntario son los que determinan la colocación de una persona dentro de la hipótesis legal. En este orden, es dable afirmar que para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor la afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos de los propios particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, con registro 198200, de rubro y texto siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En ese tenor, para efectos del juicio de amparo una norma de carácter general puede ser impugnada: a) Con motivo del inicio de su vigencia, cuando las obligaciones derivadas de la ley vinculan a sus destinatarios desde su nacimiento, sin que se requiera la actualización de condición alguna (norma "autoaplicativa" o de individualización incondicionada). b) Con motivo del primer acto de aplicación, cuando las obligaciones impuestas por la norma no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere de un acto que condicione su actualización (disposición "heteroaplicativa" o de individualización condicionada). Desde esa óptica, para determinar la naturaleza de las normas impugnadas en el juicio de amparo y, por tanto, si pueden ser controvertidas con motivo del inicio de su vigencia o de ulterior acto de aplicación, se debe atender al momento en que las obligaciones deducidas de ellas vinculan a sus destinatarios. Si las cargas derivadas de la legislación los obligan con su sola expedición, se estará ante disposiciones conocidas como "autoaplicativas"; no obstante, si se requiere de una actuación diversa con la que se concreten en la esfera de derechos de los gobernados, ya sea de la autoridad, del propio interesado, terceros o, incluso, de actualización fortuita, se entenderá que se está ante una norma "heteroaplicativa". Establecido lo anterior, en el caso la parte quejosa reclama: El Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se dan a conocer los lineamientos para la operación de casas de empeño durante la contingencia sanitaria provocada por el virus sars-cov2 (covid-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2020, el cual es del tenor siguiente: "ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL SIMILAR POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE CASAS DE EMPEÑO DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 4 DE MAYO DE 2020. DOCTOR FRANCISCO RICARDO SHEFFIELD PADILLA, Procurador Federal del Consumidor, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero, fracciones VI y IX, 10 BIS, 20, 24, fracciones I, II y XX, 27, fracciones IX y XI, 128 TER, fracciones III y IV de la Ley Federal de Protección al Consumidor; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y 9, primer y segundo párrafo fracción III del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor, CONSIDERANDO Que la Procuraduría Federal del Consumidor tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Que en los artículos 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6, 65 Bis 7 y 128 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se regula lo relativo a las contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, para lo cual existe el Registro de Casas de Empeño, en el que se autoriza la operación de los proveedores de servicios de mutuo con interés y garantía prendaria, y se registran como Casas de Empeño a los proveedores, personas físicas y morales no reguladas por leyes ni autoridades financieras, que de forma habitual o profesional oferten al público los servicios de mutuo con interés y garantía prendaria. Que la Norma Oficial Mexicana NOM-179-SCFI-2016, Servicios de mutuo con interés y garantía prendaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de agosto de 2017, tiene como objeto establecer los requisitos de información jurídico y comercial, que deben proporcionarse en las operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, así como los elementos de información que debe contener el Contrato de prestación de estos servicios y la metodología para determinar los costos asociados a los que se refiere el artículo 65 Bis 4 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Que en el Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General, declara como emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2020, se establece que todas las acciones que resulten necesarias para atender la emergencia serán determinadas por la Secretaría de Salud; por tal razón, dicha Secretaría emitió el 31 de marzo del 2020, el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, en donde entre otros aspectos, ordena la suspensión inmediata de las actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, del 30 de marzo al 30 de abril del 2020. Que el 21 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020, a fin de extender la suspensión de actividades no esenciales al virus SARS-CoV2 en la comunidad, y como resultado de ello, disminuir la carga de enfermedad, complicaciones y muerte originada por dicho virus. Que el inciso c), fracción II, del artículo PRIMERO del Decreto referido en el párrafo anterior, determinó como actividades esenciales las relacionadas con los sectores fundamentales de la economía, entre otros los de distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados; servicios de transporte de pasajeros y de carga; productos de limpieza; ferreterías, servicios de mensajería; telecomunicaciones y medios de información, mismas que podrán continuar en funcionamiento. Que tomando en consideración que la presente pandemia ha obligado al confinamiento de las personas en sus domicilios, sumado a la larga duración de dicha medida de prevención de contagio, ello invariablemente afectará a la economía de los consumidores y en consecuencia, es probable que se produzca un incremento en la contratación de servicios de mutuo con interés y garantía prendaria. En ese tenor, a efecto de evitar abusos de los proveedores en la prestación de este servicio y poder atender adecuadamente las diversas denuncias que se puedan presentar en contra de las casas de empeño es necesario que la Procuraduría, como autoridad encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, implemente las medidas que sean necesarias para garantizar que los servicios de mutuo con interés y garantía prendaria, contengan los requisitos indispensables que garanticen los aspectos de seguridad e información comercial que permitan la efectiva protección de los consumidores, evitando abusos, tales como incrementos injustificados en los precios por los servicios que prestan dichas Casas de Empeño y considerar condiciones especiales para los consumidores, tomando en consideración la problemática económica que traen consigo las medidas de prevención dictadas a causa de esta contingencia sanitaria. Que tomando en cuenta lo señalado en el párrafo precedente, y siendo que además están íntimamente relacionados los servicios de mutuo con interés y garantía prendaria con las actividades consideradas esenciales en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020, es necesario establecer lineamientos para la operación de las Casas de Empeño que prestan dichos servicios. Resulta claro entonces, el importante papel que tienen en la economía popular las Casas de Empeño, como una actividad de las consideradas esenciales en el Acuerdo citado en el párrafo anterior, al ser fuentes de financiamiento que coadyuvan en el desarrollo de la economía popular, socorriendo financieramente las necesidades más apremiantes al proveer de recursos económicos inmediatos a los sectores de la población más vulnerables, los cuales en su mayoría no tienen acceso a los servicios financieros, por lo que se ven obligados a recurrir a estos servicios. Que la Procuraduría, como única autoridad que se encarga de procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones de consumo, y dado que los servicios de mutuo con interés y garantía prendaria originan esa clase de relaciones, es la encargada de regular las operaciones de las Casas de Empeño, y está facultada para vigilar que las actividades esenciales de las mismas se lleven a cabo, en estricto cumplimiento de la normatividad aplicable, para evitar vulnerar en todo momento los derechos e intereses de los consumidores. Que tomando en consideración los múltiples comunicados que ha realizado el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en las conferencias realizadas diariamente, mediante los cuales ha señalado que el pico de contagio por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) será del 8 al 20 mayo del presente año, y que derivado a que las acciones que genera la enajenación o venta de los bienes o productos empeñados, conllevan a la realización de múltiples actividades de comercialización análogas, que indiscutiblemente darán lugar a aumentar la movilidad en el espacio público por parte de la población, es necesario redoblar esfuerzos en la Jornada Nacional de Sana Distancia, y realizar intervenciones de mitigación, consistentes en el presente caso a detener la venta de las prendas empeñadas, en apego a la implementación de las medidas de distanciamiento social, las cuales resultan necesarias para controlar y mitigar la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), por lo que es necesario modificar el artículo segundo del Acuerdo primigenio en que se señale que no se podrán enajenar las prendas por parte de las Casas de Empeño. Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL SIMILAR POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE CASAS DE EMPEÑO DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 4 DE MAYO DE 2020 ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica el artículo SEGUNDO del Acuerdo por el que se dan a conocer los lineamientos para la operación de casas de empeño durante la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2020, para quedar como sigue: SEGUNDO.- Operación en los establecimientos comerciales de Casas de Empeño. Las Casas de Empeño podrán continuar funcionando exclusivamente para la atención de empeño, refrendo y desempeño de las prendas evitando la enajenación de las mismas; por lo que no podrán enajenar ningún tipo de prenda. Las Casas de Empeño deberán observar todas las medidas de prevención para evitar la propagación y contagio del virus SARS-CoV2, emitidas por la Secretaría de Salud, evitando en todo momento la concentración de personas en sus establecimientos. TRANSITORIOS PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO.- Las disposiciones a que se refiere el presente Acuerdo se encontrarán vigentes durante seis meses o hasta que la autoridad sanitaria determine el cese de la emergencia sanitaria. Ciudad de México, a 11 de mayo de 2020.- El Procurador Federal del Consumidor, Francisco Ricardo Sheffield Padilla.- Rúbrica." Como puede observarse, la norma reclamada establece la forma y los términos en los que continuaran operando los establecimientos comerciales cuya actividad son las casas de empeño, durante la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), con la finalidad de evitar la concentración de personas en los establecimientos. Así, conforme a dichos preceptos, se deducen las siguientes determinaciones: 1. Las casas de empeño únicamente continuaran operando, en las actividades relacionadas con la atención de empeño, refrendo y desempeño de las prendas. 2. No podrán enajenar ningún tipo de prenda. En ese contexto, es evidente que el acuerdo reclamado es de naturaleza autoaplicativa, pues desde el inicio de su vigencia obliga a los particulares que se ubiquen en la hipótesis normativa que prevé. Así es, dado los términos de la demanda, la parte quejosa reclama el Acuerdo de mérito, en su carácter de norma autoaplicativa, el cual no requiere de un acto posterior donde sea aplicado, ya que la prohibición y limitante que contiene nace con su sola vigencia, en la medida que trastoca la mecánica de funcionamiento de las casas de empeño, pues éstas podrán continuar con sus operaciones exclusivamente para la atención de empeño, refrendo y desempeño de las prendas, evitando la enajenación de las mismas. De ahí que, desde su entrada en vigor, el acuerdo administrativo restringe ese proceder, sin ulterior momento u oportunidad, y desde el momento mismo en que entra en vigor, el funcionamiento de las casas de empeño se modifica para limitar la acción de enajenación, teniendo éstas que ajustarse a las nuevas reglas. Inclusive, la norma no se individualiza hasta el momento de tratar de hacer efectiva la enajenación ante la falta de pago del crédito, sino desde el momento en que entra en vigor porque durante la vigencia del contrato no se podrá hacer efectiva la enajenación, y esa restricción estará vigente durante los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la norma o hasta que la autoridad sanitaria determine el cese de la emergencia sanitaria. Además, para la actualización de la norma, no se impone a la casa de empeño la realización de algún específico, que se traduzca en una condición de hacer, sino simplemente al entrar en vigor la norma, se individualiza al modificarse el funcionamiento de la casa de empeño para evitar la enajenación de prendas, concretándose nuevas reglas en la operación de esos establecimientos. Ahora bien, para acreditar su interés jurídico, el aquí quejoso, adjuntó a su demanda los siguientes documentos: a) Copia simple de la credencial para votar del aquí quejoso, expedida por el entonces Instituto Federal Electoral. b) Copia certificada de la licencia de funcionamiento emitida por la Presidente y la Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, a favor de "Casa de Empeños Mérida", con domicilio en la calle veintiocho, número trescientos trece letra "C" por treinta y uno y veintinueve del Centro, Motul, Yucatán, expedida el veinte de julio de dos mil veinte, con vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. d) Copia certificada de la constancia de inscripción en el Registro Público de Casas de Empeño, a nombre de Mario Wall Juárez, y marca comercial "Empeños Mérida", con domicilio en la calle treinta y uno, número trescientos trece de la colonia Centro, Motul, Yucatán. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Como se puede observar, el quejoso tiene interés jurídico pues acreditó pertenecer al grupo que está dirigido el Acuerdo de mérito, esto es, a establecimientos comerciales de Casa de Empeño, dado que exhibió la licencia de funcionamiento vigente a la fecha de la presentación de su demanda, expedida por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Motul, Yucatán. Por tanto, dichos documentos resultan suficientes y eficaces para demostrar el interés jurídico que el quejoso tiene para acudir a esta instancia y promover el presente juicio. Finalmente, el Procurador Federal del Consumidor hace valer la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que afirma que la quejosa en observancia al principio de definitividad previo a promover el juicio de amparo en contra de este, debió agotar el medio de defensa ordinario previsto para su impugnación, esto es, el juicio contencioso administrativo en términos del artículo 2, párrafo segundo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Dicho motivo de improcedencia deviene infundado. Lo anterior, dado que el quejoso alega que el Acuerdo reclamado, viola los derechos humanos establecidos en el numeral 5 Constitucional, porque desde que entró en vigor le causa perjuicio, al prohibir la venta de las prendas, lo cual le depara pérdidas económicas y se trata de una medida que es inconstitucional, injustificada y desproporcionada. Sin embargo, contrario a lo argumentado, la parte quejosa no está obligada a agotar el principio de definitividad, cuando como en el caso, se está impugnando una disposición de observancia general emitida por autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Así lo dilucidó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia visible en la foja 1121, del Libro 45, Agosto de 2017, Tomo II, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2014976, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES INNECESARIO AGOTARLO CUANDO SE RECLAMAN DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL EMITIDAS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE LOS TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO.- De la interpretación estricta y sistemática de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1o., y 107, fracciones I, inciso g), y II, de la Ley de Amparo, en relación con el criterio contenido en la tesis aislada 2a. CLVII/2009, (*) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo no puede interpretarse en el sentido de que el principio de definitividad debe agotarse, indistintamente, respecto de cualquier forma de manifestación del poder (actos, omisiones y normas generales), pues la exigencia de interponer los recursos ordinarios procedentes se limitó constitucionalmente a los actos propiamente dichos o a las omisiones de autoridades distintas de tribunales, excluyendo las disposiciones de observancia general emitidas por esa clase de autoridades, y si el legislador no acotó la impugnación de normas generales -sean de la jerarquía que sean- a las reglas que rigen el principio de definitividad en el juicio de amparo, se concluye que es innecesario hacer valer algún medio ordinario de defensa en caso de que se prevea antes de acudir a la instancia constitucional, sin que esto implique que el quejoso esté impedido para promover el medio de defensa que a su interés legal convenga". QUINTO. Inexistencia de causas de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna otra causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, por lo que procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Resulta fundado uno de los conceptos violación que aduce el quejoso, razón por la que debe concederse el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. En uno de sus conceptos de violación, el quejoso alega que dicho acto es violatorio del derecho fundamental del trabajo, previsto en el artículo 5 de la Constitución Federal, dado que no se le permite desarrollar su actividad financiera de manera completa, al establecerse de manera arbitraria la limitación de la venta y/o enajenación de artículos no permite y limita la obtención de un ingreso económico al particular o gobernado propietario de la citada negociación, luego entonces, dicha medida resulta lesiva y agravante en un grado exorbitante, pues con ello no se generarían ingresos, siendo que únicamente se generarían salidas y/o gastos. Además de que dicha medida no es proporcional, al limitarse su venta y/o enajenación, ya que no existen ingresos para el negocio, pues es en las ventas y/o enajenaciones donde se obtiene la recuperación del importe erogado que fue otorgado a un particular denominado (pignorante), lo que si financieramente y/o económicamente se compara, con las erogaciones que se generan debido a los préstamos y cantidades otorgadas al público consumidor (pignorantes) y las cantidades obtenidas por las ventas y/o enajenaciones, tenemos que existe mayor gasto o salida, que ganancia o recuperación. Máxime que dicha determinación quedó establecida por el plazo de seis meses o hasta que la autoridad sanitaria declare que ha cesado el estado de emergencia sanitaria, lo que lo deja en estado de incertidumbre porque dicho plazo pudiera ampliarse, condenándose al cierre del negocio. Como se dijo, es fundado el motivo de inconformidad expuesto. En principio, se debe tener en cuenta que ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los derechos humanos no son absolutos y en esa medida pueden ser restringidos; sin embargo, con fundamento en el artículo 1º de la Constitución Federal y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las suspensiones o restricciones no pueden hacerse de manera arbitraria sino, en todo momento, en los casos y bajo las condiciones que establece la propia Constitución y conforme a las leyes que se emitan por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. En congruencia con lo anterior, cualquier limitación a un derecho deberá analizarse con el objeto de determinar si cumple con las premisas subsecuentes: A. Persigue una finalidad objetiva y constitucionalmente válida. B. Resulta adecuada o racional, de manera que constituya un medio apto para conducir al fin u objetivo perseguido, existiendo una relación de instrumentalidad medio-fin. C. Sea necesaria y no existan medidas alternativas igualmente idóneas para lograr dicho fin, pero menos lesivas para el derecho fundamental. D. Resulte proporcional. Lo anterior, en concordancia con el criterio reiterado del Máximo Tribunal, en el sentido de que ningún derecho fundamental es absoluto y, en esa medida todos admiten restricciones; no obstante, cualquier limitante debe ser admisible, necesaria y proporcional. Al caso, se invoca la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 533, del Libro V, Febrero de 2012, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 160267, que señala: "RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS. Ningún derecho fundamental es absoluto y en esa medida todos admiten restricciones. Sin embargo, la regulación de dichas restricciones no puede ser arbitraria. Para que las medidas emitidas por el legislador ordinario con el propósito de restringir los derechos fundamentales sean válidas, deben satisfacer al menos los siguientes requisitos: a) ser admisibles dentro del ámbito constitucional, esto es, el legislador ordinario sólo puede restringir o suspender el ejercicio de las garantías individuales con objetivos que puedan enmarcarse dentro de las previsiones de la Carta Magna; b) ser necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la restricción sea en términos amplios útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea para su realización, lo que significa que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos fundamentales; y, c) ser proporcional, esto es, la medida legislativa debe respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley, y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales, en el entendido de que la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Así, el juzgador debe determinar en cada caso si la restricción legislativa a un derecho fundamental es, en primer lugar, admisible dadas las previsiones constitucionales, en segundo lugar, si es el medio necesario para proteger esos fines o intereses constitucionalmente amparados, al no existir opciones menos restrictivas que permitan alcanzarlos; y en tercer lugar, si la distinción legislativa se encuentra dentro de las opciones de tratamiento que pueden considerarse proporcionales. De igual manera, las restricciones deberán estar en consonancia con la ley, incluidas las normas internacionales de derechos humanos, y ser compatibles con la naturaleza de los derechos amparados por la Constitución, en aras de la consecución de los objetivos legítimos perseguidos, y ser estrictamente necesarias para promover el bienestar general en una sociedad democrática." Así como el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 915, del Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2013156, que menciona: "TEST DE PROPORCIONALIDAD. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE INTERVENGAN CON UN DERECHO FUNDAMENTAL. El examen de la constitucionalidad de una medida legislativa debe realizarse a través de un análisis en dos etapas. En una primera etapa, debe determinarse si la norma impugnada incide en el alcance o contenido inicial del derecho en cuestión. Dicho en otros términos, debe establecerse si la medida legislativa impugnada efectivamente limita al derecho fundamental. De esta manera, en esta primera fase corresponde precisar cuáles son las conductas cubiertas prima facie o inicialmente por el derecho. Una vez hecho lo anterior, debe decidirse si la norma impugnada tiene algún efecto sobre dicha conducta; esto es, si incide en el ámbito de protección prima facie del derecho aludido. Si la conclusión es negativa, el examen debe terminar en esta etapa con la declaración de que la medida legislativa impugnada es constitucional. En cambio, si la conclusión es positiva, debe pasarse a otro nivel de análisis. En esta segunda fase, debe examinarse si en el caso concreto existe una justificación constitucional para que la medida legislativa reduzca o limite la extensión de la protección que otorga inicialmente el derecho. Al respecto, es necesario tener presente que los derechos y sus respectivos límites operan como principios, de tal manera que las relaciones entre el derecho y sus límites encierran una colisión que debe resolverse con ayuda de un método específico denominado test de proporcionalidad. En este orden de ideas, para que las intervenciones que se realizan a algún derecho fundamental sean constitucionales debe corroborarse lo siguiente: (i) que la intervención legislativa persiga un fin constitucionalmente válido; (ii) que la medida resulte idónea para satisfacer en alguna medida su propósito constitucional; (iii) que no existan medidas alternativas igualmente idóneas para lograr dicho fin, pero menos lesivas para el derecho fundamental; y, (iv) que el grado de realización del fin perseguido sea mayor al grado de afectación provocado al derecho fundamental por la medida impugnada. En este contexto, si la medida legislativa no supera el test de proporcionalidad, el derecho fundamental preservará su contenido inicial o prima facie. En cambio, si la ley que limita al derecho se encuentra justificada a la luz del test de proporcionalidad, el contenido definitivo o resultante del derecho será más reducido que el contenido inicial del mismo." Luego, precisados los alcances del test de proporcionalidad, en términos del artículo 1º de la Constitución Federal, corresponde verificar si el acuerdo impugnado supera o no tal instrumento, como sigue: I. Afectación de un derecho fundamental. Como primera parte del examen de la constitucionalidad del acuerdo, debe determinarse si la norma impugnada incide en el alcance o contenido del derecho en cuestión, es decir, debe establecerse si la medida -acuerdo- impugnada efectivamente limita al derecho fundamental. Así, debe establecer que las casas de empeño son consideradas como de actividades esenciales, al ser fuentes de financiamiento que coadyuvan en el desarrollo de la economía popular, socorriendo financieramente las necesidades más apremiantes, al proveer de recursos económicos inmediatos a los sectores de la población más vulnerables. El precepto 65 Bis, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, define a las casas de empeño como: los proveedores, personas físicas o morales no reguladas por leyes u autoridades financieras, que en forma habitual o profesional realicen u oferten al público contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria. En el mismo precepto se señala, que la Procuraduría establecerá un registro público en el que se deberán inscribir las casas de empeño y los formatos de los contratos de adhesión que celebren con sus clientes; y que para organizarse y operar se requiere la inscripción en el Registro de Casas de Empeño, que compete otorgar a la Procuraduría. Sobre el tema, la Norma Oficial Mexicana NOM-179-SCFI- 2007, servicios de mutuo con interés y garantía prendaria, en su punto 3 define al "empeño" como el "contrato de mutuo con interés y garantía prendaria o asimilable a éste, por medio del cual el consumidor recibe el préstamo y garantiza su restitución a través de una prenda", y a la "etapa de comercialización" al "periodo de que dispone el proveedor para vender la prenda por cuenta y orden del consumidor". En el punto 6 de la referida Norma también se establece, que el contrato debe contener el plazo máximo para desempeñar, la forma de pago u opciones de refrendo así como la información completa sobre la fecha de inicio de comercialización de la prenda no desempeñada y fecha límite para el finiquito. Asimismo, el artículo 2384 del Código Civil Federal establece, que el mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. A su vez, el numeral 2873 del Código Civil Federal, en su fracción I, establece que el acreedor adquiere por el empeño, entre otros, el derecho de ser pagado de su deuda con el precio de la cosa empeñada. Por otra parte, ante la afectación de la pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), el Procurador Federal del Consumidor emitió un Acuerdo por el que se dan a conocer los lineamientos para la operación de casas de empeño, durante la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), publicado el cuatro de mayo de dos mil veinte, en donde se expuso lo siguiente: "...Que tomando en cuenta lo señalado en el párrafo precedente, y siendo que además están íntimamente relacionados los servicios de mutuo con interés y garantía prendaria con las actividades consideradas esenciales en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020, es necesario establecer lineamientos para la operación de las Casas de Empeño que prestan dichos servicios. Resulta claro entonces, el importante papel que tienen en la economía popular las Casas de Empeño, como una actividad de las consideradas esenciales en el Acuerdo citado en el párrafo anterior, al ser fuentes de financiamiento que coadyuvan en el desarrollo de la economía popular, socorriendo financieramente las necesidades más apremiantes al proveer de recursos económicos inmediatos a los sectores de la población más vulnerables, los cuales en su mayoría no tienen acceso a los servicios financieros, por lo que se ven obligados a recurrir a estos servicios...". Después, el Procurador del Consumidor expidió el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de mayo de dos mil veinte, por el que se modifica el similar por el que se dan a conocer los lineamientos para la operación de casas de empeño durante la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS CoV2 (COVID-19), en donde estatuye como restricción, la prohibición de enajenar prendas. Por otra parte, el artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de terceros, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. "La ley determinará en cada Estado, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. "Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123. "En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale. "El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa. "Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. "El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles. "La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona." Como se observa el Acuerdo impugnado, por su naturaleza, transgrede el numeral 5º Constitucional antes señalado, al disponer una restricción abrupta, intempestiva e ilimitada, porque modifica las reglas de funcionamiento de las casas de empeño por un tiempo indefinido, sin que exista una justificación constitucionalmente válida para limitar la libertad de comercio, del objeto primordial de las casas de empeño. Esto es así, ya que la prohibición y limitante trastoca la mecánica de funcionamiento de las casas de empeño, pues éstas podrán continuar con sus operaciones exclusivamente para la atención de empeño, refrendo y desempeño de las prendas, evitando la enajenación de las mismas, afectando con esto último parte de su objeto o finalidad. En razón de que la enajenación de prendas constituye la última fase de la operación en la que se sustentan, por ello como aduce el quejoso, el vedarla implica necesariamente paralizar toda la actividad económica a la que se dedican, en razón de que esa parte de las actividades que desempeñan genera los recursos que se obtendrían de la venta de los bienes, los cuales con la prohibición de referencia, ya no se podrían obtener las utilidades ni reinvertirse en las operaciones. Además, tal restricción de las actividades económicas es sorpresiva, no pausada, abrupta e ilimitada; por tanto, constituye una afectación a la libertad de comercio y de un derecho adquirido, a razón de un contrato previamente celebrado entre las partes. II. Finalidad objetiva y constitucionalmente válida. Sobre el punto, el Procurador Federal del Consumidor en los considerando último del acuerdo reprochado estipula: "...Que tomando en consideración los múltiples comunicados que ha realizado el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en las conferencias realizadas diariamente, mediante los cuales ha señalado que el pico de contagio por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) será del 8 al 20 mayo del presente año, y que derivado a que las acciones que genera la enajenación o venta de los bienes o productos empeñados, conllevan a la realización de múltiples actividades de comercialización análogas, que indiscutiblemente darán lugar a aumentar la movilidad en el espacio público por parte de la población, es necesario redoblar esfuerzos en la Jornada Nacional de Sana Distancia, y realizar intervenciones de mitigación, consistentes en el presente caso a detener la venta de las prendas empeñadas, en apego a la implementación de las medidas de distanciamiento social, las cuales resultan necesarias para controlar y mitigar la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), por lo que es necesario modificar el artículo segundo del Acuerdo primigenio en que se señale que no se podrán enajenar las prendas por parte de las Casas de Empeño...". Y en los preceptos transitorios, asentó: "...PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO.- Las disposiciones a que se refiere el presente Acuerdo se encontrarán vigentes durante seis meses o hasta que la autoridad sanitaria determine el cese de la emergencia sanitaria. Ciudad de México, a 11 de mayo de 2020.- El Procurador Federal del Consumidor, Francisco Ricardo Sheffield Padilla.- Rúbrica." De lo que no satisface la premisa de finalidad objetiva y constitucionalmente válida. Ciertamente, si bien se identifica un fin, éste no justifica la limitación al derecho previamente adquirido por la casa de empeño y mucho menos es válido constitucionalmente, al transgredir el derecho al libre comercio. Así es, la autoridad responsable al dictar el acuerdo, en las consideraciones estableció que se valoraban los múltiples comunicados de la Salud en las conferencias realizadas diariamente, en los que se apuntó que el "pico de contagio" por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) sería del ocho al veinte mayo del presente año, y que derivado a que las acciones que genera la enajenación o venta de los bienes o productos empeñados, conllevan a la realización de múltiples actividades de comercialización análogas, que indiscutiblemente darán lugar a aumentar la movilidad en el espacio público por parte de la población. Después, la responsable en los transitorios del acuerdo plasmó que la disposición de restricción de enajenación se encontrará vigente durante seis meses o hasta que la autoridad sanitaria determine el cese de la emergencia sanitaria. Entonces, se considera que el fin no justifica la limitación al derecho fundamental consagrado en el artículo 5º de la Carta Magna, al coartar al quejoso su libertad de comercio, y al derecho adquirido porque el plazo de seis meses no fue justificado por la autoridad responsable y hasta que cese la emergencia genera incertidumbre jurídica para la justiciable. Esto es así, pues la potestad inicialmente consideró que el "pico de contagio" del virus SARS-CoV2 (COVID-19) sería del ocho al veinte mayo del presente año, según la información de la Secretaría de Salud, no obstante, sin argumento o razonamiento alguno, determinó en los transitorios que la restricción de enajenación será vigente durante el plazo de seis meses o hasta que la autoridad sanitaria determine el cese de la emergencia sanitaria. La autoridad responsable no formuló argumentos ni consideró información que dé valor legal que justificara la aplicación de la medida durante el lapso de seis meses, aun cuando el plazo superara el "pico de contagio". Además, la determinación de hasta que cese la emergencia es indefinida y constituye incertidumbre jurídica para la parte quejosa, ya que durante ese tiempo, no específico, se modifican las reglas de funcionamiento de las casas de empeño, recayendo sobre ésta la prohibición y limitante de enajenar las prendas con que cuente a razón de los contratos de adhesión que concertó con terceros. Máxime que, como se acotó con antelación, la Norma Oficial Mexicana NOM-179-SCFI-2007, servicios de mutuo con interés y garantía prendaria, en el punto 6 establece que el contrato debe contener el plazo máximo para desempeñar, la forma de pago u opciones de refrendo así como la información completa sobre la fecha de inicio de comercialización de la prenda no desempeñada y fecha límite para el finiquito. Por tanto, los contratos de adhesión que celebra la quejosa se rigen por plazos, los cuales se deben asentar con un máximo para desempeñar, la fecha de inicio de comercialización de la prenda no desempeñada y fecha límite para el finiquito. En esa medida, lo indefinido de la determinación de hasta que cese la emergencia, causa perjuicio a la quejosa porque se infringen los plazos previstos en los contratos aludidos y con ello parte del objeto de comercio a que se dedica. Aunado a lo anterior, cabe señalar que no se desatiende que en el acuerdo impugnado se precisó, que su objeto era mitigar la movilidad en el espacio público por parte de la población, que derivaría de las acciones que generaría la enajenación o venta de los bienes o productos empeñados, que conllevaría a la realización de múltiples actividades de comercialización y el conglomerado de personas. Sin embargo, es un hecho notorio que existen diversas empresas o negociaciones de venta de diversos productos, alguno incluso no esenciales, que laboran, casi con normalidad, siguiendo los linemientos de prevención de contagios implementados por la Secretaria de Salud Federal, replicado por las estatales y municipales, respectivamente, con el aforo restringido de personas; lo que se trae a cuenta a fin de evidenciar que las actividades comerciales, se pueden realizar debiamente reguladas siguiendo las medidas de salud implementadas para tal efecto. Lo que debidamente supervisado y atendido por los propios negocios, no conlleva necesariamente a conglomerados de personas que pongan en riesgo la salud de los que asisten a las mismas. De manera que la única justificación basada en ello, no resulta del todo debidamente justificada. Aunado a que tampoco se deja de apreciar la importancia que reviste la enajenación de las prendas, para que las casas de empeño sigan cumpliendo con esa actividad que ha sido considerada como esencial para la población más vulnerable, la cual indudablemente que se vería afectada ante la falta de recursos, provocada por la enajenación de las prendas, a pesar de haber transcurrido el plazo otorgado para su desempeño, al ser parte de su actividad preponderante. Lo que se estima que no se está en el supuesto de tal afectación, porque la Secretaría de Salud conforme al artículo 73, fracción XVI, inciso 2º, es la facultada para dictar las medidas preventivas indispensables en estos casos, y determinó como actividad esencial la de los sectores sociales de economía financiera, esto es, que no suspende sus actividades; y, por otra la propia Procuraduría Federal del Consumidor estableció que las actividades de las casas de empeño están en dicha hipótesis. Máxime cuando en el mismo acuerdo se les autoriza a continuar funcionando, y se les impone la obligación de observar todas las medidas necesarias de prevención para evitar la propagación y contagio del virus SARSCoV2, emitidas por la Secretaría de Salud. En esta tesitura, ante la afectación clara a su actividad preponderante (empeño, en todas sus etapas), falta de justificación del plazo de seis meses y ante la incertidumbre jurídica que provoca hasta que cese la emergencia, es evidente que el fin no justifica la limitación al derecho fundamental de libertad de comercio y al derecho adquirido, y por ello, no se satisface la premisa de finalidad objetiva y constitucionalmente válida. Al caso, se invoca la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 902, del Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2013143, cuyo texto y rubro es el siguiente: "PRIMERA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. IDENTIFICACIÓN DE UNA FINALIDAD CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. Para que las intervenciones que se realicen a algún derecho fundamental sean constitucionales, éstas deben superar un test de proporcionalidad en sentido amplio. Lo anterior implica que la medida legislativa debe perseguir una finalidad constitucionalmente válida, además de que debe lograr en algún grado la consecución de su fin, y no debe limitar de manera innecesaria y desproporcionada el derecho fundamental en cuestión. Ahora bien, al realizar este escrutinio, debe comenzarse por identificar los fines que persigue el legislador con la medida, para posteriormente estar en posibilidad de determinar si éstos son válidos constitucionalmente. Esta etapa del análisis presupone la idea de que no cualquier propósito puede justificar la limitación a un derecho fundamental. En efecto, los fines que pueden fundamentar la intervención legislativa al ejercicio de los derechos fundamentales tienen muy diversa naturaleza: valores, intereses, bienes o principios que el Estado legítimamente puede perseguir. En este orden de ideas, los derechos fundamentales, los bienes colectivos y los bienes jurídicos garantizados como principios constitucionales, constituyen fines que legítimamente fundamentan la intervención del legislador en el ejercicio de otros derechos." Por lo anterior, siguiendo los lineamientos de reglas de estudio y análisis del test de proporcionalidad, resulta innecesario abordar el estudio de las premisas posteriores. En consecuencia, al quedar evidenciado que el acuerdo reclamado vulnera los derechos fundamentales de libertad de comercio, seguridad y certeza jurídica, establecido en los preceptos 5º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal al aquí quejoso MARIO WALL JUÁREZ, para el efecto de que el Procurador Federal del Consumidor, desincorpore de la esfera legal individual del quejoso, el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de mayo de dos mil veinte, por el que se modifica el similar por el que se dan a conocer los lineamientos para la operación de casas de empeño durante la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID- 19), exclusivamente en lo que respecta a la prohibición de enajenar prendas. En la inteligencia que tales efectos subsisten hasta en tanto el acuerdo general declarado inconstitucional no se modifique, reforme o conserve su vigencia. Así, al resultar fundado el concepto de violación analizado, resulta innecesario entrar al estudio de los restantes, ya que el quejoso no obtendría un mayor beneficio que el alcanzado, por lo que a nada práctico conduciría ese análisis. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la foja 1745, del Tomo XXXII, Julio de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 164369, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE PREFERIR LOS RELACIONADOS CON EL FONDO DEL ASUNTO A LOS FORMALES, O BIEN, ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO. La solución sustancial de los conflictos, en concordancia con los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo, contenidos en los artículos 77 y 78 de la ley de la materia, obliga al juzgador a analizar, en primer lugar, los conceptos de violación que puedan determinar la concesión de la protección federal con un efecto más amplio al que pudiese tener una violación formal. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que el estudio de los conceptos de violación que determinen la concesión del amparo directo debe atender al principio de mayor beneficio (tesis P./J. 3/2005 visible en la página 5, Tomo XXI, correspondiente al mes de febrero de 2005, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES."). En ese tenor, se estima que en los juicios de amparo indirecto deben analizarse los conceptos de violación relacionados con el fondo del asunto con preferencia a los formales, o bien, estudiarse en primer término los que pudiesen otorgar un mayor beneficio al quejoso." SÉPTIMO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura de sentencia. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ***, en contra de los actos que reclama del Procurador Federal del Consumidor, con residencia en la Ciudad de México, por los motivos y efectos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguense a estos autos los informes rendidos por el Director Jurídico en representación del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en Progreso del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con sede en Progreso, que remiten con relación a la suspensión de plano concedida al directo quejoso ***, mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Ahora bien, toda vez que aún sigue transcurriendo el término de tres días otorgado mediante proveído de veintitrés de los corrientes, a efecto de que el directo quejoso manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida a su favor por ***, y en su caso, comparezca a este juzgado el día veintinueve de marzo siguiente; por tanto, este órgano jurisdiccional se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto fenezca el aludido término. Notifíquese y cúmplase.

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