Peter Suderman Neudorf
Expediente 1117/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1117/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Peter Suderman Neudorf
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a cinco de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda, el oficio que remite la secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del oficio 29222/2022 girado el veintinueve de noviembre del año en curso, e informa que, en virtud de que este órgano jurisdiccional no aceptó la competencia que declinada en el diverso juicio de amparo 1742/2022 de su índice, con fundamento en los artículos 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; PRIMERO, fracción l, SEGUNDO, fracción I, punto 1; y TERCERO, fracción l, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado en sesión ordinaria de veintitrés de enero de dos mil trece y publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero siguiente, el treinta del propio noviembre turnó los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, para la substanciación del conflicto competencial suscitado entre ambos juzgados federales. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe. kod
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Registro Visto el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, del que se advierte el acuerdo dictado el veintidós de los corrientes, en el juicio de amparo 1742/2022 de su índice, promovido por **********, contra actos del (1) Subdirector General de Administración del Agua de la Comisión Nacional del Agua y (2) Gerente del Registro Público de Derechos del Agua, y adjunta copia simple de la demanda y anexos, que dieron origen a dicho juicio; advirtiéndose del comunicado que se atiende, que el titular del citado juzgado, determinó que dicho órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del asunto y ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad, en turno, que resultó ser este órgano jurisdiccional. En consecuencia, se ordena formar expediente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anotar en el Libro de Gobierno de este juzgado su registro bajo el consecutivo 1117/2022-V. En el entendido de que el valor probatorio del informe recibido en el correo electrónico oficial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, es pleno, por identidad de las razones que informa la tesis I.3o.P.41 P (10a.), publicada en el Seminario de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil dieciséis, del rubro: CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO. Precisión del acto reclamado Ahora, si bien del oficio que se atiende se desprende que la autoridad declinante transcribe como actos reclamados lo siguiente: La emisión del Acuerdo por el que se reincorpora al dominio pleno de la Nación en calidad de terrenos nacionales la superficie de 180-07-44 hectáreas, sobre las cuales se constituyó la zona urbanizada de la Colonia denominada **********, que se encuentran inmersas en la superficie cedida gratuitamente mediante Decreto publicado el dos de abril de mil novecientos setenta y tres, es decir la superficie de 1,200-00-00 hectáreas; que no se hubieren ajustado a los Decretos publicados el dos de abril de mil novecientos setenta y tres y quince de febrero de mil novecientos ochenta. No obstante, de la lectura íntegra de la demanda que adjunta, se advierte como acto reclamado únicamente lo que a continuación se transcribe: IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISION QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, el suscrito PETER SUDERMAN NEUDORF manifiesta ser ciertos los hechos y omisiones de la autoridad responsable, el Acto Reclamado, es que hasta la fecha se ha omitido expedir auto, resolución o registro, referente a su solicitud de prórroga de la vigencia del título de concesión 06CHI134709/34AMDL15, de aguas nacionales provenientes del subsuelo, para uso agrícola, por un volumen de cuatrocientos ochenta mil metros cúbicos de extracción, dicha solicitud fue presentada el día once de diciembre de dos mil dieciocho, ante el Centro Integral de Servicios de la Subdirección de Administración del Agua, Dirección Local Chihuahua, de la Comisión Nacional del Agua. No se acepta competencia Sentado lo anterior y a efecto de resolver lo conducente, se procede a estudiar la demanda de amparo a fin de determinar la competencia de este juzgado para conocer de la misma. Para tal efecto, es preciso recordar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, con relación a la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, este juzgado federal procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,721, de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo. En el caso concreto, de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, la omisión de resolver su solicitud de prórroga de vigencia del título de concesión de aguas nacionales provenientes del subsuelo, para uso agrícola, misma que según indica, presentó desde el once de diciembre de dos mil dieciocho. En tal sentido, dado que el quejoso se duele de la omisión de las responsables, lo cual, al ser un acto negativo no implica necesariamente un acto de ejecución, puesto que, en el caso de que le fuere concedida la protección de la justicia federal, esto sería únicamente para que las responsables se pronunciaran en relación a su solicitud, más no para que esa respuesta sea en un sentido específico, lo que deja de manifiesto que en este momento no es posible determinar si lleva aparejado un acto de ejecución. Máxime que, hasta este momento es imposible establecer si la quejosa cumple o no con los requisitos establecidos para prorrogar la vigencia del título de concesión que refiere. Por los motivos señalados, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 37, tercer párrafo de la Ley de Amparo, esta juzgadora estima que no son correctas las consideraciones sostenidas por el Juzgador declinante y por ello, no se acepta la competencia planteada, lo que deberá hacerse del conocimiento del juzgado declinante; sin que se haga necesario remitir copias de las constancias anexas a su ocurso, pues éstas fueron recibidas vía correo electrónico, lo que revela que cuenta con las originales. En este sentido, no se soslaya que el oficiante cita la tesis 189167 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece que para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no; sin embargo, debe acotarse que en la tesis en comento se llevó a cabo el estudio del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, que establece que el Juez de Distrito competente para conocer del juicio cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, lo será aquel que tenga jurisdicción en donde resida la autoridad que dictó la resolución reclamada. A su vez, el artículo 37 de la ley de la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece prevé que, en esos casos, el competente es aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por lo que de una interpretación histórica de esta última disposición, se hace evidente la intención del legislador ordinario de modificar esa regla de competencia y, por ende, debe interpretarse literalmente, ya que el órgano legislativo sólo consideró como parámetro objetivo para fincar la competencia de los Jueces de Distrito, la naturaleza ejecutiva del acto impugnado, pues en estos supuestos el competente es aquel donde el acto debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; pero en caso de que el acto carezca de esa característica, el competente es el Juez de la jurisdicción ante quien se haya presentado la demanda. De suerte que es manifiesta la intención del legislador de facilitar a los gobernados el acceso al servicio de administración de justicia, al permitir que éstos opten por el tribunal al que les resulta más sencillo acudir. Sin que se soslaye, el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no puede quedar al arbitrio del quejoso decidir la competencia en el juicio de amparo, en virtud de que las interpretaciones realizadas fueron en relación con disposiciones de la Ley de Amparo abrogada y, por tanto, en términos del artículo sexto transitorio del decreto publicado en el citado medio de difusión el dos de abril de dos mil trece, al contraponerse a lo regulado por la legislación vigente, aquél es inaplicable. Notifíquese por lista electrónica y por oficio al juzgador declinante. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
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