Perla Marisol Navarro Meza
Expediente 322/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 322/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 17/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Perla Marisol Navarro Meza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que conste como corresponda el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, adjunto al cual remite el acuerdo dictado el treinta y uno de julio del año en curso, en el amparo en revisión ********************/2023 de la estadística del citado órgano, del que se advierte que se admitió el referido medio de impugnación y acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo ********************/2023-V; de lo que toma conocimiento este juzgado federal. Lo anterior, de conformidad con el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que obran agregadas las notificaciones realizadas a las partes, respecto de la sentencia que se terminó de engrosar el ocho de junio del año en curso, dentro del presente juicio de amparo, así como de la interposición del recurso de revisión. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley de Amparo, y en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo dictado el veintisiete de junio de la presente anualidad, al encontrarse debidamente integrado el recurso de revisión, remítanse al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, los autos originales del presente juicio de amparo; el escrito original de expresión de agravios y copia para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Órgano Colegiado, previo cuadernillo de antecedentes se deje como constancia. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Revisión Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el escrito signado por la quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia que se terminó de engrosar el ocho de junio en curso, en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el recurso de cuenta, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes, tanto de la sentencia de referencia, como del presente recurso de revisión, remítase al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, los autos originales de este juicio de amparo número 322/2023-V. Notifíquese por lista electrónica, personalmente y por oficio según corresponda, corriendo traslado a las demás partes, con copia de los agravios que se atienden. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a ocho de junio de dos mil veintitrés. Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo 322/2023-V, promovido por **********, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua y otras autoridades. Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinte de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, turnado a este Juzgado de Distrito el mismo día, **********, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso, la Gobernadora Constitucional y el Secretario General de Gobierno, todos del Estado de Chihuahua, así como del Presidente y el Tesorero, estos últimos del Municipio de Juárez, Chihuahua, de quienes reclamó, en el ámbito de su respectiva competencia el Decreto LXVII/APLIM/0440/2022 I P.O. por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, en particular, el artículo 49 que contiene las tarifas que se recaudarán por concepto de Derecho de Alumbrado Público. Segundo. Derechos que el quejoso estimó transgredidos. La quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneró en su perjuicio el derecho previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se registró la demanda con el número 322/2023-V y se admitió a trámite, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, con motivo de su primer acto de aplicación, el cual tuvo ejecución en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis integral de las constancias que integran el presente juicio: a) Del Congreso del Estado de Chihuahua, la expedición del siguiente ordenamiento legal: - Decreto LXVII/APLIM/0440/2022 I P.O. por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, en particular, el artículo 49 que contiene las tarifas que se recaudarán por concepto de Derecho de Alumbrado Público durante dicho ejercicio fiscal. b) De la Gobernadora del Estado de Chihuahua, la abstención de vetar, la promulgación y publicación del ordenamiento legal reclamado. c) Del Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, el refrendo y publicación del ordenamiento legal reclamado. d) Del Presidente y el Tesorero, ambos del Municipio de Juárez, Chihuahua, la aplicación de las normas impugnadas, a través del cobro y recaudación del derecho de alumbrado público para el presente ejercicio fiscal. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. En su informe justificado, el Presidente Municipal, manifestó que no son ciertos los actos que se le endilgan. Por su parte, la Tesorera del Municipio de Juárez, Chihuahua, manifestó que es cierto el acto que se le endilga, en cuanto al cobro y recaudación del pago de derecho de alumbrado público a cargo de la quejosa. Con independencia de lo afirmado por la responsable, se deduce que la aplicación y ejecución del precepto impugnado por esta vía no le es imputable. El acto concreto de aplicación de una ley se entiende no sólo el proveniente de la autoridad, sino que dicho acto específico de ejecución puede provenir del particular que actúa por mandato expreso de la ley, en esa hipótesis se reputa como tercero auxiliar de la administración pública, o bien, del propio agraviado, cuando en acatamiento a lo establecido en la norma reclamada, la cumple sin que la autoridad, en ejercicio de sus facultades de imperio, lo conmine a cumplir con la norma. La contribución por alumbrado público, si bien constituye parte de los ingresos que perciben los Municipios para solventar los servicios públicos que necesariamente deben prestar a los habitantes de su circunscripción territorial, los pagos que efectúan los contribuyentes no pueden atribuirse a alguna otra autoridad, pues es la Comisión Federal de Electricidad, como auxiliar, quien en los avisos recibo que expide requiere el pago por tal concepto. Por ende, en los juicios de amparo en los que se discuta la constitucionalidad de las normas que regulan la contribución por alumbrado público, con motivo del primer acto de aplicación si se realizó el entero de ese tributo, no puede atribuirse este acto a diversas autoridades. Norma el criterio expuesto, la jurisprudencia 153/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVI, agosto de dos mil siete, Materia Común, visible en la página 367, registro 171860, del tenor siguiente: AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. Asimismo, es aplicable al caso, por analogía, la tesis 1673, emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, visible en la página 1167, del tomo I, materia constitucional, sección precedentes relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 207846, que establece: LEYES, AMPARO CONTRA. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES ACTO DE APLICACIÓN IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS. La existencia de un acto de autoridad no puede lógicamente hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; de modo que la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con lo cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro que les atribuyó a las autoridades ejecutoras. Si bien la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, esto no quiere decir que tal cumplimiento de la norma por el particular deba serle atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el término de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en la hipótesis prevista por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. Finalmente, corrobora lo dicho la tesis aislada XVI.1o.A.T.13 A, que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, publicó en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, marzo de dos mil seis, Materia Administrativa, visible en la página 1943, registro 175687, de rubro y texto siguiente: ALUMBRADO PÚBLICO. LAS TESORERÍAS MUNICIPALES NO SON AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAMA LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS QUE REGULAN ESA CONTRIBUCIÓN, CUANDO SE EFECTÚA SU PAGO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). El artículo 6o. de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato prevé como regla general que la aplicación de las normas que regulan los ingresos que por contribuciones reciben los Municipios de dicha entidad federativa le corresponde a sus tesorerías. Sin embargo, en el artículo 17 siguiente se reconoce que pueden ocurrir casos de excepción en los que la administración y la recaudación de los impuestos, correspondan a otros organismos o a instituciones de crédito. Entre estos casos excepcionales se ubica la recaudación de la contribución especial por alumbrado público, pues según el contenido de los artículos 245, 246 y 247 del mismo ordenamiento, la contribución por alumbrado público, si bien constituye uno de los ingresos que perciben los Municipios para solventar uno de los servicios públicos que necesariamente deben prestar a los habitantes de su circunscripción territorial, en esos preceptos expresamente se indica que la recaudación y la administración de los ingresos le corresponden al Gobierno del Estado, porque es quien se responsabiliza por el pago de la energía; incluso se contempla un sistema en el que incide tanto el monto de lo recaudado, como el consumo de energía eléctrica en toda la entidad federativa, pues se precisa que si en un Municipio específico, el consumo es mayor a lo recaudado, entonces, el Gobierno del Estado cargará la diferencia a las participaciones federales de ese Municipio y si el ingreso es mayor al consumo, el Municipio sólo recibe el treinta por ciento del excedente, porque el setenta restante compensa el gasto de los otros Municipios que tuvieron mayor consumo, que ingresos. Por eso, los pagos que efectúan los contribuyentes no pueden atribuirse a los tesoreros municipales, porque no ingresan directamente a las arcas del Municipio, pues quien administra el monto de lo recaudado es el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, y las cantidades que se reciben por la contribución de alumbrado público, si bien podrían en su caso ingresar a la tesorería municipal, esto ocurre hasta en tanto se determine que el Municipio gastó menos energía eléctrica por alumbrado público, que el monto que pagaron sus habitantes. Por ende, en los juicios de amparo en los que se discuta la constitucionalidad de las normas que regulan la contribución especial por alumbrado público, con motivo del primer acto de aplicación al realizar el entero de ese tributo, no puede atribuirse este acto a la tesorería del Municipio correspondiente. Por tanto, procede sobreseer en este juicio respecto de los actos reclamado a que se hizo referencia en este considerando, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; (.) Cuarto. Existencia de los actos reclamados. En sus informes justificados, el Congreso, la Gobernadora y al Secretario General de Gobierno, todos del Estado de Chihuahua, aceptaron la existencia de los actos que respectivamente se les reclamaron, consistentes en la expedición, promulgación, refrendo y publicación, de los Decretos reclamados. Asimismo, la Gobernadora Constitucional, fue omisa en pronunciarse respecto al acto que se le endilga, relativo a la abstención de vetar el Decreto reclamado, de ahí que conforme lo prevén los ordinales 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume la existencia del acto que se le endilga. Además, la existencia del ordenamiento legal reclamado, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del mismo, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260, del Tomo XII, de agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Común, Novena Época, con registro digital 191452, del rubro y texto siguientes: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Quinto. Precisión especial. Es necesario precisar que, en atención a que este juicio de amparo se promovió contra ordenamientos legales de carácter general (indicados en el considerando segundo), con motivo del que el quejoso estima, fue el primer acto de aplicación con efectos en su ámbito de derechos, la técnica jurídica que opera en este asunto para su resolución, es la que se expone a continuación: En principio, se verificará si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que efectivamente concrete en perjuicio del peticionario de amparo la hipótesis jurídica controvertida, Si el acto de aplicación resulta ser el primero, deberá analizarse si en relación con el mismo se actualiza alguna causa de improcedencia, pues de ser así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y de la norma impugnada; y De resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, deberá analizarse la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas determinando lo conducente y únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a éstas, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 400, del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, jurisprudencia SCJN, compilación al dos mil, materia Constitucional, Séptima Época, con registro 900346, que establece: LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación. Así como la tesis de jurisprudencia 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 235, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, de agosto de 2000, materia Constitucional, Novena Época, con registro digital 191311, del rubro y texto siguientes: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Sexto. Improcedencia. Atento a lo anterior, en principio, se verificará si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que efectivamente concrete en perjuicio del peticionario de amparo la hipótesis jurídica controvertida, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio del fondo del asunto, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. Se advierte que, en el asunto en estudio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia, en relación con los numerales 17, fracción I, y 18 del mismo ordenamiento legal, que disponen lo siguiente: [.] 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] En relación con el tema de los plazos para promover la demanda de amparo, existe jurisprudencia la cual no contraviene lo dispuesto en la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y conforme a lo dispuesto en su artículo sexto transitorio, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." (Número P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del tomo XXXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero 2011, novena época, materia común; con número de registro 163172). Los artículos y jurisprudencia transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente, cuando no se promueva dentro del término de quince días (regla general) o en el plazo de treinta días (regla especial). En el primer caso, el plazo de quince días debe computarse a partir del día siguiente: 1) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; y, 3) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En cambio, tratándose del juicio de amparo contra normas autoaplicativas, el legislador federal estableció que la demanda deberá promoverse dentro del plazo de treinta días, contado a partir de las cero horas del día en que entre en vigor la disposición reclamada. Ahora, cuando se reclame una norma general con motivo del primer acto de aplicación, ello deberá ocurrir dentro del plazo de quince días, a partir de que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo en que se le haya individualizado, o al en que haya tenido conocimiento de ellos o se ostente sabedor. En ese aspecto, es importante destacar que la diferencia que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, de las leyes o disposiciones generales desde el punto de vista de sus efectos, de individualización condicionada o incondicionada, en leyes heteroaplicativas y autoaplicativas, explica el momento en que cada una de ellas causa un perjuicio a su destinatario y, por consiguiente, determina el momento oportuno para promover el juicio de control constitucional. En este orden de ideas, son autoaplicativas las disposiciones que por su sola entrada en vigor causan un perjuicio a la esfera jurídica de derechos del gobernado; por otro lado, son heteroaplicativas las normas que para actualizar el perjuicio requieren de un acto posterior de aplicación. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada. Así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada; pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. La distinción apuntada se explica jurisprudencialmente en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de mil novecientos noventa y siete, página cinco que es del tenor siguiente: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Por tanto, de lo anterior, se desprende que las normas de carácter general pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma; es decir, las autoaplicativas o bien, si requieren de alguna actuación que concrete la aplicación al particular de la norma en cuestión, o sea, las heteroaplicativas. En el primer caso, basta con que el particular se encuentre ubicado en los supuestos que se establecen en un determinado ordenamiento legal que afecta su interés jurídico, para que esté en aptitud de ejercitar la acción de amparo dentro del plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de la disposición de que se trate, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17, fracción I de la Ley de Amparo. En el segundo caso, se requiere de un acto de aplicación para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo es de quince días, según las reglas establecidas en el mencionado artículo 17, primer párrafo de la legislación en cita. En el caso que se analiza, de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte lo siguiente: La parte quejosa ocurre al juicio de amparo para impugnar, el que a su decir, es el primer acto de aplicación de la ley que tilda de inconstitucional, que se llevó a cabo el uno de marzo de dos mil veintitrés (fojas 38); por ello, promueve su demanda de amparo reclamando como norma heteroaplicativa. Sin embargo, una vez que la Tesorera del Municipio de Juárez, Chihuahua, rindió su informe justificado, destaca que refirió que la demanda de amparo presentada por el justiciable resultaba extemporánea, pues el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, la quejosa realizó el pago de su servicio de energía eléctrico, así como el de derecho de alumbrado público relativo al ejercicio fiscal dos mil veintitrés. Así, a fin de acreditar su dicho, remitió copia certificada del historial detallado relativo al número de servicio 595190900863, a nombre de Perla Marisol Navarro Meza, con domicilio en calle Chinamecas, número seis mil setecientos veintinueve (6729), del que destaca que el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, la quejosa realizó el pago por derecho de alumbrado público, relativo al ejercicio fiscal dos mil veintitrés. Lo que se corrobora con la documental aportada por la quejosa, consistente en el recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad, a nombre de **********, con número de servicio **********, con domicilio en calle **********, en el que se asienta que el periodo facturado es del 17 de enero al 17 de febrero de 2023. Documentales cuyo valor probatorio es pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°. En este sentido, respecto a aquellos presentados por la quejosa, el primero lo exhibió en su carácter de documento público de los señalados en el artículo 3º, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico, y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo; mientras que el segundo cobra valor de indicio al encontrarse adminiculado con el recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad, manifestando al momento de su exhibición, que son copia íntegra e inalterada de los documentos impresos. En ese sentido, el plazo para de promover su demanda de amparo, transcurrió a partir del veintisiete de enero de dos mil veintitrés, día siguiente al en que realizó el pago por concepto de derecho de alumbrado público respecto del ejercicio fiscal dos mil veintitrés. Así, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente si no se promueve dentro de los plazos previstos en la propia Ley. Bajo ese contexto, el plazo de quince días comentado concluyó el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, descontándose los días veintiocho y veintinueve de enero, cuatro, cinco, seis, once y doce de febrero de la citada anualidad, por ser inhábiles, en términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo. De ahí que, si la presente demanda se presentó el veinte de marzo de dos mil veintitrés -según se aprecia de la papeleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua-, es claro que su promoción fue extemporánea, ya que la acción de amparo se ejerció fuera del plazo de quince días previsto en el numeral 17, de la Ley de Amparo; de ahí que, esa presentación fuera de término, trae la consecuencia de que el acto de que se trata, sea considerado como consentido tácitamente. Con motivo de lo expuesto, se tiene que el juicio de amparo resulta improcedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, no constituye el primero que efectivamente concretó en perjuicio de la peticionaria de amparo la hipótesis jurídica controvertida. Bajo ese panorama, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, razón por la que debe SOBRESEERSE en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley en cita. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia de que se trata, no se estudiarán los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, dado que los mismos van encaminados a demostrar la violación de derechos fundamentales por los actos reclamados, lo que esta Juzgadora se encuentra impedida para analizar, atento al sobreseimiento decretado en el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia II.3o. J/58, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Distrito, registro digital 214593, Octava Época, Materia Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 70, de octubre de 1993, página 57, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por la quejosa Perla Marisol Navarro Meza, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, precisados en los considerandos segundo y tercero, atento a lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades y al representante social de la federación adscrito. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********, hoy ocho de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
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