Porfirio Alberto Castillo Villalobos
Expediente 298/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 298/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Porfirio Alberto Castillo Villalobos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de cumplimiento de once de julio de dos mil veintidós, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la citada certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; once de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido mediante proveído de quince de junio de dos mil veintidós, para que el quejoso *******, se pronunciara respecto al cumplimiento que se adujo haber dado a la ejecutoria de amparo, sin que hubiere emitido manifestación alguna al respecto. En consecuencia, se procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el juicio de amparo indirecto 298/2022-III, promovido por *******, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Considerando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el once de abril de dos mil veintidós, turnado a este juzgado el día hábil siguiente, *******, promovió demanda de amparo en contra del Junta Especial número Cincuenta y Cinco, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de quien reclamó lo siguiente: "4. ACTOS RECLAMADOS. De los integrantes de la JUNTA ESPECIAL NÚMERO 55 DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, con sede en esta ciudad, reclamo la DENEGATORIA DE JUSTICIA dentro de los autos del juicio laboral *******." Segundo. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de dieciocho de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron como hora y fecha para la audiencia constitucional, la cual fue celebrada al tenor del acta que antecede, emitiéndose la sentencia correspondiente, en la que se determinó lo siguiente: ÚNICO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a *******, en contra de la autoridad acotada en el considerando tercero, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia, para los efectos precisados en el mismo, in fine. Tercero. Determinación por la que causa ejecutoria la sentencia. Dado que ninguna de las partes se inconformó con la sentencia emitida, en auto de ocho de junio de dos mil veintidós, causó ejecutoria dicha resolución, en términos de lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Momento en el cual se requirió su cumplimiento para el siguiente efecto: [.] para el efecto de que la responsable, dentro del término de diez días, formule por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo en el expediente *******; y en términos de lo dispuesto por los artículos 886, 887, 888 y 889, de la Ley Federal del Trabajo, lo eleve a la categoría de laudo. [.] Cuarto. Determinaciones emitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento al fallo protector. Después de los requerimientos efectuados en auto de ocho de junio de dos mil veintidós. El quince de junio de dos mil veintidós, se recibió en este juzgado el oficio remitido por la autoridad responsable, al que anexó la resolución emitida dentro del expediente *******. Constancias a la que se les confiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°. Quinto. Vista a las partes. En proveído de quince de junio de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, apercibida que, en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento; sin que haya hecho manifestación alguna. Sexto. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. Se procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Así, se colige que la Junta Especial número Cincuenta y Cinco, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, cumplió con la ejecutoria de amparo. En razón a lo anterior, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio, pues con su actuación las responsables restituyeron al accionante del amparo en el goce de los derechos que estimó transgredidos, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de la fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo. Además, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, esta Juzgadora advierte que con dicho proceder la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. Determinación a la que se arriba sin perjuicio de hacerle saber a la parte quejosa que, en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la ley en cita. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de la Ley de, se resuelve: Único. Se declara que ha quedado cumplida la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 298/2022-III, promovido por *******. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de junio de dos mil veintidós. Vista, la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de diecisiete de mayo del año en curso, en la que se concedió el amparo solicitado por *******, sin que se haya presentado promoción al respecto. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Por otra parte, de autos se advierte que en la ejecutoria de referencia, se otorgó la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que la responsable realice lo siguiente: [.] para el efecto de que la responsable, dentro del término de diez días, formule por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo en el expediente *******; y en términos de lo dispuesto por los artículos 886, 887, 888 y 889, de la Ley Federal del Trabajo, lo eleve a la categoría de laudo. [.] En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, Junta Especial número Cincuenta y Cinco, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificada de este proveído, cumpla con la sentencia de amparo y lo informe a este juzgador, lo que deberán acreditar con las constancias respectivas. En acatamiento a lo anterior, deberán informar a este Juzgado de Distrito, sobre el cumplimiento dado a dicha ejecutoria de amparo, o bien, sobre los actos que hayan realizado para ese efecto. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá como sanción el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad penal correspondiente. Apoya lo anterior, la tesis I.13o.T.3 K (10a.), aprobada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, de Octubre de 2013, Tomo 3, materia común, página 1767, del siguiente tenor: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. AL MOMENTO DE REQUERIR SU CUMPLIMIENTO, EL JUZGADOR DEBE INDIVIDUALIZAR EL MONTO DE LA MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 192, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO Y NO EN UN ACUERDO POSTERIOR (INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO "DESDE LUEGO"). La base toral de las facultades que la ley otorga a las autoridades para actuar con el propósito de lograr la finalidad que la misma les señala, implica la posibilidad de optar entre dos o más decisiones, y se encuentra subordinado a que se respeten los presupuestos procesales para hacer cumplir sus determinaciones. En este sentido, el artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en la notificación que se haga a la responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego. Ahora bien, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en su vigésima segunda edición, define el vocablo "luego" como el adverbio de tiempo que tiene por significado "prontamente, sin dilación"; a partir de lo anterior, el propio instrumento en consulta define la locución adverbial "desde luego" como aquello que debe ocurrir "inmediatamente, sin tardanza". De esta manera, el presupuesto procesal que estableció el legislador para la imposición de esa multa, consiste en que ésta se determine "desde luego", esto es, inmediatamente, sin tardanza; por tanto, al requerir el cumplimiento de la sentencia en que se concedió el amparo, el juzgador debe individualizar su monto y no en un acuerdo posterior. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 298/2022-III, promovido por *******. Resultando. Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el once de abril de dos mil veintidós, turnado a este juzgado el día hábil siguiente, *******, promovió demanda de amparo en contra del Junta Especial número Cincuenta y Cinco, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de quien reclamó lo siguiente: Segundo. Derechos fundamentales que el quejoso estimó vulnerados. El quejoso señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de dieciocho de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron como hora y fecha para la audiencia constitucional, la cual fue celebrada al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que el quejoso reclamó lo siguiente, de la autoridad que a continuación se apunta: I. Del Junta Especial número Cincuenta y Cinco, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad: El retardo en la impartición de justicia en el juicio de origen, incumpliendo los plazos y términos legales dentro del expediente *******, al no proveer respecto del dictado del laudo correspondiente. Tercero. Existencia de actos omisivos reclamados. La autoridad responsable, Junta Especial número Cincuenta y Cinco, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, manifestó que no es cierto el acto reclamado, pues mediante proveído de fecha cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se declaró cerrada la instrucción en aquel expediente y ordenó turnar los autos al auxiliar de dicha junta para la emisión del laudo correspondiente. Al respecto, tomando en cuenta que este juicio de amparo se promovió el once de abril de dos mil veintiuno, mediante demanda presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad y, en el juicio natural, laboral *******, se proveyó en relación al auto de cierre de instrucción, en fecha cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Por lo tanto, se desvirtúa la negativa de la Junta responsable y la omisión reclamada se tiene como existente, pues lo expuesto se deriva de las constancias que remitió, en copia certificada, del juicio natural, las cuales cuentan con valor probatorio pleno, conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales, por un funcionario dotado de fe pública, como lo es la Presidenta de la Junta Especial número cincuenta y cinco, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta Ciudad. Al respecto, la responsable, manifestó que en fecha cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se cerró instrucción en el expediente de origen y pasó el asunto a proyecto de laudo, sin que a la fecha se haya realizado. Acompaña a su informe con justificación lo siguiente: Copia certificada del auto de fecha cuatro de octubre de dos mil veintiuno, en el expediente de origen *******, mediante el cual, se cerró instrucción, y ordenó se turnarán los autos del expediente laboral en que se actuó con la auxiliar dictaminadora adscrita a esa Junta, para la emisión de respectivo proyecto de laudo, sin que a la fecha se haya realizado. De tal suerte que, al haberse presentado la demanda de amparo el once de abril de dos mil veintidós, es evidente la certeza de los actos omisivos combatidos por el accionante del amparo. Cuarto. Improcedencia. La improcedencia es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. En otras palabras, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Precisado lo anterior, al no advertirse la actualización de ninguna causal de improcedencia, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por la quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Quinto. Examen constitucional del acto reclamado. En primer lugar, se considera oportuno acotar que en este asunto opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que el accionante del amparo, es el trabajador en el juicio de origen del que se deducen los actos omisivos combatidos. Sentado lo anterior, la quejosa reclama el retardo en la impartición de justicia dentro del juicio laboral de origen, argumentando esencialmente que el Junta Especial número Cincuenta y Cinco, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, no ha proveído respecto al dictado del laudo correspondiente a ese asunto, retardando con ello la impartición de justicia, en contravención al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho concepto de violación, es fundado. Ahora bien, el artículo 17 Constitucional establece que: Artículo 17. (.). Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Del texto trascrito, se desprende que la garantía de administración de justicia que consagra el artículo 17 Constitucional, contiene varios principios de derecho subjetivo a cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, a saber: Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario, y además, garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Es decir, dicha garantía de administración de justicia está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, por tanto, es claro que todas aquellas autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los principios que la integran, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales, como sucede en el caso que interesa. Bajo ese contexto, la autoridad responsable transgredió en perjuicio de la parte quejosa el derecho previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no acatar lo dispuesto por los numerales 885, 886, 887, 888 y 889 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, que dispone lo siguiente: "Artículo 885.- Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, que deberá contener: I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. Artículo 886.- Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887.- Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 888.- La discusión y votación del proyecto de laudo, se llevará a cabo en sesión de la Junta, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución a los alegatos y observaciones formuladas por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. Artículo 889.- Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta." De los preceptos normativos trascritos con antelación se desprende que al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo; que del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta; y que dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. Asimismo, dichos dispositivos establecen que la Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas; que transcurrido el término referido, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas; que la discusión y votación del proyecto de laudo, se llevará a cabo en sesión de la Junta; y que si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. En el caso, de las documentales anexas al informe justificado rendido por la responsable, se advierte que mediante proveído de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se declaró la cerrada la instrucción y turnó los autos para la emisión del proyecto de resolución en forma de laudo, asimismo, en dicha data, la secretaria realizó la certificación correspondiente de que no quedaba pendiente prueba alguna que desahogar. Esto es, de las constancias que obran en autos se evidencia que la responsable ha sido omisa en dictar el laudo correspondiente. Sirve de sustento, a lo anterior, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. L/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo XV, mayo de dos mil dos, página 299, del rubro y texto siguiente: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Así como, la tesis visible en la página ciento noventa y uno, del Tomo IV, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, bajo el rubro y texto que dicen: ADMINISTRACION DE JUSTICIA. Los tribunales estarán siempre expeditos para administrar justicia, en los términos y plazos que fije la ley, no debiendo aplazar sus resoluciones, ni aun so pretexto de oscuridad de la ley, pues, en ese caso, deben atenerse, para fallar, a los principios generales de derecho; pues lo contrario constituye una verdadera denegación de justicia. Expuesto ello, de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en su demanda de amparo "bajo protesta de decir verdad" y de las constancias que integran el juicio laboral de origen -a las cuales se les otorgó el valor probatorio correspondiente en el apartado tercero- se sabe que el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, la Junta Especial número Cincuenta y Cinco, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta Ciudad, dictó auto mediante el cual, declaró cerrada la instrucción en el expediente *******, y pasó los autos a la realización del proyecto del laudo correspondiente. Por lo tanto, si desde el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, en que se cerró la instrucción, a la presente fecha en que se dicta sentencia en este juicio constitucional, no se ha dictado el laudo, es incuestionable que la autoridad responsable transgrede en perjuicio del quejoso, el derecho de acceso a la impartición de justicia pronta contenido en el párrafo segundo del artículo 17 constitucional. Lo anterior, tomado en consideración que dicha normativa ordena a la autoridad "hacer" algo, que en el presente asunto, no es otra cosa que cumplir con los términos y plazos fijados por la ley de la materia. Así, el acto de autoridad consistente en la dilación para la prosecución del procedimiento laboral, descrito en el numeral 885, de la Ley Federal del Trabajo aplicable, en relación con el diverso 17 constitucional, resulta contrario al principio de administración de justicia. Es aplicable, la jurisprudencia IV.3°.T.J/57 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, que dispone: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional". Sentado lo anterior, es pertinente enseguida citar la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 33/2019 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materias Común y Laboral, Décima Época, marzo de 2019, con número de registro 2019400, del contenido: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTIVAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Del criterio de referencia se colige que, para establecer dilaciones presuntamente excesivas por parte del Tribunal responsable, al menos deben transcurrir cuarenta y cinco días naturales contados a partir de que concluyó el plazo en que debieron realizarse los actos procesales respectivos, pues ese es el período máximo que el artículo 772, de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Periodo que, evidentemente, a la presentación del ocurso de amparo, de once de abril de dos mil veintidós, (fecha en que se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad), ha transcurrido en exceso, pues como ya se indicó, desde el auto de fecha cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se declaró cerrada la instrucción en el expediente de origen; lo que evidencia sin lugar a dudas una abierta dilación al procedimiento judicial, al no dictarse el laudo correspondiente. En las relatadas circunstancias, se insiste, no cabe duda que la autoridad responsable, ha incurrido en la omisión que le atribuye la parte quejosa, vulnerando con tal proceder lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los citados numerales de la Ley Federal del Trabajo, aplicable, ya que no ha actuado con el debido imperio que tiene en su encargo y es manifiesta la omisión en que ha incurrido, la cual es imputable, en principio, a la autoridad responsable, en atención a lo previsto por la ley laboral. En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, lo procedente es concederle el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la responsable, dentro del término de diez días, formule por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo en el expediente *******; y en términos de lo dispuesto por los artículos 886, 887, 888 y 889, de la Ley Federal del Trabajo, lo eleve a la categoría de laudo. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 73, 74, 76, 77, 78, 80 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a *******, en contra de la autoridad acotada en el considerando tercero, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia, para los efectos precisados en el mismo, in fine. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Perla Zicaru Plata Jarero354/2018
- Perla Zicaru Plata Jarero52/2020
- Peter Suderman Neudorf1117/2022
- Petra Acosta Martinez397/2015
- Piedad Osorio León1042/2023
- Pilar Ortega Ríos587/2021
- Porfirio Rodríguez De Jesús553/2017
- Porfirio Silva Padilla116/2017
- Porfirio Yañez Anaya239/2018
- Porfirio Yañez Anaya26/2018
- Power Sonic Corporation1073/2023
- Praxedis Chávez Gutiérrez585/2020