Pilar Ortega Ríos
Expediente 587/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 587/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 08/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Pilar Ortega Ríos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia dictada en este asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal y el original del incidente de suspensión, son susceptibles de depuración, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, incisos a) y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente principal, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Mientras que, en el incidente de suspensión original, deberán conservarse la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y este auto; de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente principal y el original del incidente de suspensión, deberán transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Luego, en cuanto al duplicado del incidente de suspensión, según lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General Conjunto en cita, es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses. na vez cumplido el término de seis meses a que se refiere el primer párrafo del citado artículo, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir dicho incidente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 587*2021*III. Resultando Primero. Presentación de la demanda. En la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el nueve de agosto de dos mil veintiuno, se recibió la demanda, la que fue enviada por razón de turno a este Juzgado, ese mismo día. En el escrito inicial la quejosa ****, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra un acto del Juez Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad y otras autoridades, de quienes reclama Segundo. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 8 de la Convención Americana de los derechos Humanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Por auto de fecha diez de agosto de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo se registró con el número 587*2021*III, en dicho acuerdo se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró con base al acta que antecede. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo en virtud que es un asunto en materia administrativa en el que se reclaman actos cuya ejecución tuvo lugar en esta ciudad. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37, 107 fracción II de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40*2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda y de la ampliación, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclama: La falta de llamamiento al procedimiento de ejecución de fideicomiso, del índice del Juzgado Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, radicado bajo el número de expediente 05*2021, promovido por los hoy terceros interesados, por lo cual, le resulta el carácter de tercero extraño a juicio. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en el párrafo precedente de los que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI*2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados, por lo que hace a la existencia del juicio de procedimiento especial mercantil, promovido por Nicolás Rodríguez Cardona, en su carácter de delegado Fiduciario de la Institución bancaria denominada BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, División Fiduciaria, en contra de ***, radicado bajo el número de expediente número 5*2021, del índice del Juzgado Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, púes así lo indicó dicha autoridad al rendir su informe justificado. Los Actuarios y Ministros Ejecutores adscritos a la Central de actuarios y notificadores del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez, del Distrito Judicial Bravos, al rendir informe con justificación indicaron que son ciertos los actos que se les imputan, por lo que hace a la notificación del auto dictado en el expediente número 5*2021, del índice del Juzgado Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos. Así mismo, la Jefa del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, manifestó que son ciertos los actos atribuidos a dicha dependencia gubernamental, consistentes en el registro del CONTRATO DE FIDEICOMISO DE GARANTÍA, así como CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS, registrados ambos, en fecha diez de septiembre de dos mil diecinueve. Por tanto, se tienen como ciertos los actos, dado que, de las constancias remitidas por las autoridades en vía de informes con justificación, se desprende la existencia de pruebas que corroboran la existencia del Procedimiento en mención. Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al análisis de fondo del asunto, procede examinar las causales de improcedencia hechas valer por las autoridades responsables, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Así las cosas, y en virtud de que no se advierte causal de improcedencia hecha valer por las partes, ni diversa que deba hacerse valer de oficio, procede abordar el estudio del fondo de la litis constitucional planteada. Quinto. Conceptos de violación. Los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, se tienen aquí por reproducidos, sin que sea necesario transcribirlos, en virtud de que la Ley de Amparo no lo exige así, en acatamiento de la jurisprudencia con número de tesis 2*J.58*2010. Novena Época; Registro: 164618; Instancia: Segunda Sala; Jurisprudencia; Fuente: Semanario; Judicial de la Federación y su Gaceta; XXXI, Mayo de 2010, Materia*s*: Común Tesis: 2a.*J. 58*2010; Página: 830, la cual reza de la siguiente manera: *CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X *De las sentencias*, del título primero *Reglas generales*, del libro primero *Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.* Sexto. Estudio de Fondo. El estudio del acto reclamado y del concepto de violación, permite considerar lo siguiente. En su único concepto de violación, la quejosa argumenta, que se vulneran sus derechos fundamentales de audiencia y seguridad jurídica, reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8 de la Convención Americana de los derechos Humanos, dado que se inició un juicio en su contra, sin conocimiento o notificación del mismo, sin darle la oportunidad de hacer valer sus derechos, por lo que no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento. A juicio de quien esto resuelve, resulta infundado el concepto de violación esgrimido por la parte quejosa, respecto del trámite del procedimiento especial mercantil, promovido por ***, en su carácter de delegado Fiduciario de la Institución bancaria denominada BBVA Bancomer, S.A., Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, División Fiduciaria, en contra de Pilar Ortega Ríos, bajo el número de expediente número 5*2021, del índice del Juzgado Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, sin que se advierta suplencia de la queja deficiente. Lo anterior, puesto que el acto que se reclama a la autoridad responsable, Juzgado Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, es la falta de llamamiento a dicho procedimiento, sin embargo, como a continuación se analizará, en el procedimiento de origen se observaron a cabalidad los derechos fundamentales de audiencia y seguridad jurídica, reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así se asevera, pues, al rendir su informe de ley, las autoridades reconocieron la existencia del procedimiento de marras, empero afirmaron que este se llevó a cabo cumpliendo con los parámetros establecidos en el Código de Comercio, toda vez que la naturaleza de dicho procedimiento es Mercantil. Así, del examen de las constancias remitidas por las autoridades responsables Juzgado Sexto Civil por Audiencias, Actuarios y Ministros Ejecutores adscritos a la Central de actuarios y notificadores del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, del Distrito Judicial Bravos y la Jefa del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, todas con residencia en esta ciudad, vía informe justificado, y las que tienen el valor pleno que les conceden los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se advierte: Que el Juez Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, admitió a trámite el procedimiento especial mercantil, promovido por ***, en su carácter de delegado Fiduciario de la Institución bancaria denominada BBVA Bancomer, S.A., Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, División Fiduciaria, en contra de Pilar Ortega Ríos, radicado bajo el número de expediente número 5*2021. Mediante auto de fecha doce de enero del año dos mil veintiuno, se radico el procedimiento especial mercantil y se ordenó que se le notificara a la hoy quejosa, el cambio del fiduciario por fusión, la notificación del incumplimiento y se interpelara del pago e inicio de la ejecución del fideicomiso para enajenar el patrimonio del fideicomiso, que debía hacerse a la acreditada y fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar, en los términos siguientes. *a*. SE NOTIFIQUE a la señora PILAR ORTEGA RíOS, de que por fusión absorción o incorporación de BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, como fusionante que subsiste con Hipotecaria Nacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero BBVA Bancomer, la institución bancario fusionante, es ahora la titular de todos los activos, bienes, derechos, acciones, pasivos, obligaciones y responsabilidades de la persona moral extinguida, incluyendo el Fideicomiso Irrevocable de Garantía en el que el notificado es fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar, que es representado por la Dirección Fiduciaria por medio de sus delegados fiduciarios. b*.- SE NOTIFIQUE a la señora PILAR ORTEGA RÍOS, que mi mandante en su calidad de FIDUCIARIO derivado de la fusión de BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer como acreedor hipotecario*fideicomisario en primero lugar, del incumplimiento de las obligaciones a cargo de la notificada como FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR derivadas del fideicomiso que posteriormente se describirá, por no efectuar los pagos mensuales a que se obligó, a partir de Agosto de 2019 a octubre de 2020. c*.- SE NOTIFIQUE a la señora PILAR ORTEGA RÍOS, como fideicomisario en segundo lugar, que mi mandante en su calidad de FIDUCIARIO ha recibido de BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, como fideicomisario en primer lugar, aviso de dar por vencidos anticipadamente el plazo para el pago del adeudo consignado en el contrato de fideicomiso celebrado y que se describirá. d).- SE NOTIFIQUE a la señor PILAR ORTEGA RÍOS, como fideicomisario en segundo lugar, que mi mandante en su calidad de fiduciario ha recibido de BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, como fideicomisario en primer lugar, petición para dar inicio al procedimiento de ejecución del fideicomiso y enajenación del patrimonio del fideicomiso, como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones de pago. e).- SE REQUIERA a la señora PILAR ORTEGA RÍOS, como fideicomisario en segundo lugar, para que un plazo de cinco días, hábiles contados a partir de la notificación: e.1).- Hagan el pago de una sola exhibición de la cantidad de $*** (*** PESOS 67/100 M.N.), que comprende los pagos de *** mensualidades, que dejaron de pagar desde agosto de 2019 a octubre de 2020, los cuales ascienden a la cantidad de $*** (*** 42/100 M.N.), mismos que se encuentran vencidos; mas el saldo insoluto pendiente de pago del adeudo reconocido en el contrato de fideicomiso celebrado a BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer como acreedor hipotecario/fideicomisario en primer lugar, que asciende a la cantidad de $*** (*** PESOS 25/100 M. N.)., e.2.* O acredite documentalmente, mediante el recibo correspondiente expedido, por BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, en su carácter de FIDEICOMISARIO EN PRIMER LUGAR el cumplimiento de las obligaciones precisadas en la solicitud de dicho ente social; e.3.* 0 acredite mediante documento suscrito en papel membretado de BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, suscrito y firmado por representante con facultades suficientes para ello, que se ha prorrogado el plazo de cumplimiento. f).- SE REQUIERA a la señora ***, como depositario, para que dentro de un plazo de 30 *treinta* días naturales contados a partir de la notificación, para que haga entrega a BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, la posesión material del inmueble fideicomitido. * Por lo anterior, mediante diligencia de fecha quince de junio del año dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo ordenado con antelación por parte del Juez responsable, el oficial notificador ***, se constituyó en el domicilio señalado por la parte actora, esto es, en el ubicado en la calle ***, en esta Ciudad, dejó cita de espera a ***, para que esperara a dicho funcionario el día dieciséis de junio de dos mil veintiuno, citatorio que dejó en poder de quien manifestó ser esposo de la persona buscada, hoy quejosa, esto es quien dijo llamarse ***. Posteriormente, en fecha dieciséis de junio de dos mil veintiuno, al no atender la quejosa, la cita de espera antes mencionada, y ante la ausencia de la impetrante de garantías, llevó a cabo la diligencia mediane instructivo que dejó fijado en el domicilio de referencia, con las copias de traslado anexas al mismo, ante la falta de espera de la persona citada para llevar a cabo la diligencia de mérito. En este punto, es conveniente destacar las disposiciones que, para el Procedimiento Especial Mercantil, establece el artículo 403 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el cual establece lo siguiente: *Artículo 403. En el fideicomiso de garantía, las partes podrán convenir la forma en que la institución fiduciaria procederá a enajenar extrajudicialmente, a título oneroso, los bienes o derechos en fideicomiso, pudiendo en todo caso pactarse lo siguiente: I. Que la institución fiduciaria inicie el procedimiento de enajenación extrajudicial del o los bienes o derechos en fideicomiso, cuando reciba del o los fideicomisarios comunicación por escrito en la que soliciten la mencionada enajenación y precisen el incumplimiento de la o las obligaciones garantizadas; II. Que la institución fiduciaria comunique por escrito al o los fideicomitentes en el domicilio señalado en el fideicomiso o en acto posterior, la solicitud prevista en la fracción anterior, junto con una copia de la misma, quienes únicamente podrán oponerse a la enajenación, si exhiben el importe del adeudo, acreditan el cumplimiento de la o las obligaciones precisadas en la solicitud por el o los fideicomisarios de conformidad con la fracción anterior, o presentan el documento que compruebe la prórroga del plazo o la novación de la obligación; III. Que sólo en caso de que el o los fideicomitentes no acrediten, de conformidad con lo previsto en la fracción anterior, el cumplimiento de la o las obligaciones garantizadas o, en su caso, su novación o prórroga, la institución fiduciaria procederá a enajenar extrajudicialmente el o los bienes o derechos fideicomitidos, en los términos y condiciones pactados en el fideicomiso, y IV. Los plazos para llevar a cabo los actos señalados en las fracciones anteriores. El texto que contenga el convenio de enajenación extrajudicial a que se refiere este artículo deberá incluirse en una sección especial del fideicomiso de garantía, la que contará con la firma del fideicomitente, que será adicional a aquélla con que haya suscrito dicho fideicomiso. A falta del convenio previsto en este artículo, se seguirán los procedimientos establecidos en el Libro Quinto Título Tercero Bis del Código de Comercio para la realización de los siguientes actos: a* La enajenación de los bienes en fideicomiso que en su caso deba llevar a cabo el fiduciario, o b* La tramitación del juicio que se promueva para oponerse a la ejecución del fideicomiso.* Por su parte los artículos 1051, 1052 y 1053 del Código de Comercio establecen lo siguiente: Artículo 1051.- El procedimiento mercantil preferente a todos es el que libremente convengan las partes con las limitaciones que se señalan en este libro, pudiendo ser un procedimiento convencional ante Tribunales o un procedimiento arbitral. A tal efecto, el tribunal correspondiente hará del conocimiento de las partes la posibilidad de convenir sobre el procedimiento a seguir para solución de controversias, conforme a lo establecido en el párrafo anterior del presente artículo. La ilegalidad del pacto o su inobservancia cuando esté ajustado a ley, pueden ser reclamadas en forma incidental y sin suspensión del procedimiento, en cualquier tiempo anterior a que se dicte el laudo o sentencia. El procedimiento convencional ante tribunales se regirá por lo dispuesto en los artículos 1052 y 1053, y el procedimiento arbitral por las disposiciones del título cuarto de este libro. Artículo 1052.- Los tribunales se sujetarán al procedimiento convencional que las partes hubieren pactado siempre que el mismo se hubiere formalizado en escritura pública, póliza ante corredor o ante el juez que conozca de la demanda en cualquier estado del juicio, y se respeten las formalidades esenciales del procedimiento. Artículo 1053. Para su validez, la escritura pública, póliza o convenio judicial a que se refiere el artículo anterior, deberá contener las previsiones sobre el desahogo de la demanda, la contestación, las pruebas y los alegatos, así como: I. El negocio o negocios en que se ha de observar el procedimiento convenido; II. La sustanciación que debe observarse, pudiendo las partes convenir en excluir algún medio de prueba, siempre que no afecten las formalidades esenciales del procedimiento; III. Los términos que deberán seguirse durante el juicio, cuando se modifiquen los que la ley establece; IV. Los recursos legales a que renuncien, siempre que no se afecten las formalidades esenciales del procedimiento; V. El juez que debe conocer del litigio para el cual se conviene el procedimiento en los casos en que conforme a este Código pueda prorrogarse la competencia; VI. El convenio también deberá expresar los nombres de los otorgantes, su capacidad para obligarse, el carácter con que contraten, sus domicilios y cualquiera otros datos que definan la especialidad del procedimiento. En las demás materias, a falta de acuerdo especial u omisión de las partes en la regulación procesal convenida, se observarán las disposiciones de este libro.* Los artículos transcritos regulan el derecho de las partes a pactar libremente un procedimiento que rija su actuación ante los tribunales o un procedimiento arbitral, con la única limitante de que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento. En la inteligencia de que el demandado puede reclamar la ilegalidad del pacto o su inobservancia cuando no esté ajustado a la ley, lo cual puede hacer en forma incidental y sin suspensión del procedimiento, en cualquier tiempo anterior a que se dicte la sentencia. El procedimiento convencional vincula al Tribunal cuando el pacto está formalizado en escritura pública, póliza o ante corredor público o el juez que conozca de la demanda en cualquier estado del juicio, con la condición de que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento. Por tanto, la escritura pública, póliza o convenio judicial deberá contener *como mínimo* las provisiones sobre el desahogo de la demanda, la contestación, las pruebas y los alegatos. Con relación a la sustanciación del procedimiento, las partes tienen libertad para convenir la manera de substanciar el procedimiento, de ahí que debe indicar el juez que debe conocer de la controversia, siempre que el Código de Comercio permita la prórroga de la competencia (esto es, que sea válida su sumisión expresa*. Otro requisito formal es que el convenio contenga los nombres de los otorgantes, su capacidad para obligarse, el carácter con el que contratan, sus domicilios; así como cualquier otro dato que defina la especialidad del procedimiento. Como todo acto jurídico en el que las partes omitan algún aspecto no esencial, y a falta de acuerdo especial en la regulación procesal convenida, se aplicara supletoriamente la legislación aplicable, de conformidad con lo previsto en el artículo 1054 del Código de Comercio, que establece: *Artículo 1054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y, en su defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva.* Incluso, ante la ausencia de norma, tendrían aplicación los principios generales del derecho, acorde a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, de la interpretación literal y sistemática de los preceptos legales citados, se puede concluir que en los procedimientos mercantiles, será preferente el que elijan las partes convencionalmente, siempre y cuando se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que las formalidades esenciales del procedimiento son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al dictado del acto privativo, que consiste en la oportunidad que tienen los demandados para que se desarrolle el procedimiento y se pueda dictar un fallo respecto al fondo, y así cumplir con la garantía de audiencia o debido proceso de los enjuiciados. Cobra aplicación al caso concreto, la jurisprudencia P.*J, 47*95, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: *FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga *se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1* La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2* La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3* La oportunidad de alegar; y 4* El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.» En el caso, la cláusula SEXTA del contrato, establece: De la cláusula transcrita, se desprende que las partes pactaron un procedimiento especial en el que, entre otras estipulaciones, determinaron que ante el incumplimiento por parte del fideicomisario en segundo lugar, quien es la hoy quejosa, se seguiría un procedimiento especial mercantil, en el que, al admitirse la demanda, se dictaría auto mediante el cual, se le notificara a la hoy quejosa, el cambio del fiduciario por fusión; la notificación del incumplimiento y se interpele de pago; el inicio de la ejecución del fideicomiso para enajenar el patrimonio del fideicomiso que debe hacerse a la acreditada y fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar. Además, se precisa, que una vez notificada de lo anterior, tendría el plazo de cinco días para realizar el pago en una sola exhibición, del importe total del saldo insoluto del adeudo reconocido, o bien, acreditar documentalmente mediante el recibo correspondiente expedido por el fideicomisario en primer lugar, el cumplimiento de las obligaciones precisadas, o bien que se ha prorrogado el plazo de dicho cumplimiento. Asimismo, en caso de no acreditar las circunstancias señaladas en el párrafo que antecede, perderá todo derecho a poseer el inmueble fideicomitido, derecho que le corresponderá desde ese momento al fideicomisario en primer lugar. En caso de que, al momento de la notificación antes mencionada, no se encontrare presente a la persona fideicomisaria en segundo lugar, se podrá realizar la misma mediante instructivo, que se deje a la persona que se encuentre en el lugar donde se practique la notificación, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 130 de la Ley del Notariado para el Distrito federal y sus correlativos de los demás Estados de la República Mexicana, el cual establece lo siguiente: *Artículo 130.- Cuando a la primera busca en el domicilio que le fue señalado por el solicitante de la notificación como del destinatario de la misma, el Notario no encuentre a su buscado, pero cerciorado de ser ese efectivamente su domicilio, en el mismo acto podrá practicar la notificación mediante instructivo que entregue a la persona que se encuentre en el lugar o preste sus servicios para el edificio o conjunto del que forme parte el inmueble, en su caso.* Como se ve, el procedimiento convencional establecido por las partes satisface los requisitos previstos en los artículos 1052 y 1053 el Código de Comercio, ya que por una parte se encuentra formalizado en escritura pública ante notario, y, por otra, se advierte que satisface las formalidades esenciales del procedimiento, en tanto que contiene las previsiones sobre el desahogo de la demanda, contestación y pruebas, así como los demás requisitos que establece en sus diversas fracciones el artículo 1053 del Código de Comercio; de ahí que deba aplicarse la consecuencia jurídica que señala el artículo 1052 de ese mismo ordenamiento, en el sentido de que los tribunales deben sujetarse al procedimiento convencional que las partes hubieren pactado. En el caso, la quejosa se duele de la falta de llamamiento al procedimiento especial mercantil antes mencionado, que dio origen al expediente número 05*2021, del índice del Juzgado Sexto Civil por Audiencias, del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta Ciudad, y afirmó bajo protesta de decir verdad, que ignora el motivo por el que esto se originó, ya que nunca fue enterada de procedimiento alguno en su contra. Sin embargo, de las constancias de autos remitidas por la responsable, se desprende que dicha notificación se realizó con motivo de la solicitud realizada por el Licenciado ***, en su carácter de delegado Fiduciario de la Institución bancaria denominada BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, División Fiduciaria, en contra de ***, radicado bajo el número de expediente número 5*2021, del índice del Juzgado Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos. Así mismo, de las constancias remitidas por la responsable en su informe justificado, se revela que la hoy peticionaria de amparo sí fue notificada de tales mandamientos de ejecución, y que estos fueron legales, toda vez que se llevaron cabo en cumplimiento a lo establecido por el artículo 133 y 134 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Chihuahua. *ARTICULO 133. Se notificará personalmente en el domicilio del interesado: a).- El emplazamiento del demandado y la primera notificación en el juicio, aunque sean diligencias preparatorias o se trate de terceros extraños al juicio; *.* ARTICULO 134. Si se tratare de la notificación de la demanda y a la primera busca no se encontrare al demandado, cerciorado el que debe hacer la notificación de que el interesado vive en dicha casa, se le dejará cita para hora fija dentro del día hábil siguiente, haciendo constar en el citatorio el nombre de la persona a quien se cita, el día y la hora en que debe esperar la notificación, y pondrá en el mismo el sello del juzgado autorizándose el citatorio por el notificador. Si la persona que debe ser notificada no esperase a que se le haga la notificación, ésta se le hará por medio de instructivo que se entregará a los parientes o domésticos del interesado o a cualquiera otra persona que viva en la casa y, en caso de no atender nadie, se fijará en la puerta del domicilio donde se actúa, de todo lo cual se asentará razón en las diligencias. Cuando no sea forzoso entregar las copias del traslado, en el instructivo se hará una relación sucinta de la demanda y de la resolución que se notifica y, en todo caso, la designación del juicio y el nombre del promovente. Las demás notificaciones personales se harán al interesado, o a su representante o procurador, por correo electrónico o, en su caso, mediante consulta remota, o bien, de manera personal en la casa designada al efecto; y no encontrándolo el notificador, sin necesidad de nueva búsqueda, le dejará un instructivo en el que hará constar la fecha y hora en que la entrega, el nombre y apellido del promovente, el Tribunal que manda practicar la diligencia, la determinación que se manda notificar y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega, recogiéndole la firma en la razón que asentará del acto. Si ésta no supiere, o no pudiere o no quisiere firmar, se hará constar esta circunstancia.* Se dice lo primero porque la quejosa solicitante de amparo, fue debidamente notificada de esas determinaciones, toda vez que al practicar las diligencias de notificación, con base en lo dispuesto en los artículos antes transcritos, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, se cumple con lo establecido en la parte final del artículo 1054 del Código de Comercio, el cual establece: *Artículo 1054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y, en su defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva.* Así pues, se cumplió cabalmente con lo dispuesto por el artículo 134 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, al cual estaba compelida la autoridad para otorgar certeza jurídica a dicha notificación. Lo anterior pues, en el caso en particular, de las constancias de notificación se desprende, que el actuario se constituyó en el domicilio de la fideicomisaria en segundo lugar, *hoy quejosa* esto es en el marcado con el número 2311-30, de la Calle *** en fecha quince de Junio de dos mil veintiuno, el notificador se entrevistó con quien dijo llamarse ***, y refirió ser esposo de la quejosa, quien no se identificó por no ser su deseo, de quien describe su media filiación, le manifestó que la persona buscada vivía en ese domicilio pero no se encontraba presente en el momento de la diligencia, por lo que la notificadora ejecutora procedió a dejar cita de espera con la persona que lo atendió, para que la citada lo esperara el día hábil siguiente; dejándole el original del citatorio a esta persona quien lo recibió, según se advierte de dichas constancias. Posteriormente, el notificador se constituyó nuevamente en el domicilio indicado, a las diez horas del dieciséis de junio de dos mil veintiuno, en el cual, no obstante haber dejado el citatorio de referencia, nadie atendió al mismo; por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 134 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chihuahua, procedió a notificar de forma íntegra y mediante instructivo fijado en la puerta de domicilio, los autos de fecha doce y veintidós de enero de dos mil veintiuno, emitidos por el Juzgado Sexto Civil por Audiencias, dentro del expediente 5*2021 de su índice, haciendo de su conocimiento lo siguiente: *a*. SE NOTIFIQUE a la señora ***, de que por fusión absorción o incorporación de BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, como fusionante que subsiste con Hipotecaria Nacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero BBVA Bancomer, la institución bancario fusionante, es ahora la titular de todos los activos, bienes, derechos, acciones, pasivos, obligaciones y responsabilidades de la persona moral extinguida, incluyendo el Fideicomiso Irrevocable de Garantía en el que el notificado es fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar, que es representado por la Dirección Fiduciaria por medio de sus delegados fiduciarios. b*.-*SE NOTIFIQUE a la señora ***, que mi mandante en su calidad de FIDUCIARIO derivado de la fusión de BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer como acreedor hipotecario/fideicomisario en primero lugar, del incumplimiento de las obligaciones a cargo de la notificada como FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR derivadas del fideicomiso que posteriormente se describirá, por no efectuar los pagos mensuales a que se obligó, a partir de Agosto de 2019 a octubre de 2020. c).- SE NOTIFIQUE a la señora ***, como fideicomisario en segundo lugar, que mi mandante en su calidad de FIDUCIARIO ha recibido de BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, como fideicomisario en primer lugar, aviso de dar por vencidos anticipadamente el plazo para el pago del adeudo consignado en el contrato de fideicomiso celebrado y que se describirá. d).- SE NOTIFIQUE a la señor ***, como fideicomisario en segundo lugar, que mi mandante en su calidad de fiduciario ha recibido de BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, como fideicomisario en primer lugar, petición para dar inicio al procedimiento de ejecución del fideicomiso y enajenación del patrimonio del fideicomiso, como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones de pago. e).- SE REQUIERA a la señora ***, como fideicomisario en segundo lugar, para que un plazo de cinco días, hábiles contados a partir de la notificación: e.1).- Hagan el pago de una sola exhibición de la cantidad de $*** (*** PESOS 67*100 M.N.*,que comprende los pagos de *** mensualidades, que dejaron de pagar desde agosto de 2019 a octubre de 2020, los cuales ascienden a la cantidad de $*** (*** PESOS 42/100 M.N.), mismos que se encuentran vencidos; mas el saldo insoluto pendiente de pago del adeudo reconocido en el contrato de fideicomiso celebrado a BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer como acreedor hipotecario/fideicomisario en primer lugar, que asciende a la cantidad de $*** *** PESOS 25/100 M. N.*., e.2.* O acredite documentalmente, mediante el recibo correspondiente expedido, por BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, en su carácter de FIDEICOMISARIO EN PRIMER LUGAR el cumplimiento de las obligaciones precisadas en la solicitud de dicho ente social; e.3.) 0 acredite mediante documento suscrito en papel membretado de BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, suscrito y firmado por representante con facultades suficientes para ello, que se ha prorrogado el plazo de cumplimiento. f).- SE REQUIERA a la señora ***, como depositario, para que dentro de un plazo de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la notificación, para que haga entrega a BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, la posesión material del inmueble fideicomitido. " De lo que se evidencia, que dicha diligencia fue realizada bajo las formalidades previstas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chihuahua, y no existe prueba ofrecida por éste que acredite lo contrario. Por lo anterior, resultan legales las actuaciones del oficial notificador adscrito al Juzgado Sexto Civil por Audiencias, del Distrito Judicial Bravos, el cual, notificó a la hoy quejosa de los proveídos de fecha doce y veintidós de enero de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Sexto Civil por Audiencias antes señalado, toda vez que la autoridad se cercioró de que se constituyó en el domicilio donde se ordenó notificar a la hoy quejosa, por la nomenclatura oficial y precisamente del dicho de la persona que en ese momento se encontraba en el domicilio, con quien atendió la diligencia surgida de la primer visita, quien manifestó ser esposo de la hoy quejosa, quien dijo llamarse ***, pues incluso se dejó en su poder el citatorio dirigido a la misma, para que lo esperase en ese domicilio en la fecha y hora que indicó, dentro del día hábil siguiente, como indica el ordinal 134 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chihuahua. Posteriormente, en la fecha y hora señalada en el citatorio de referencia, ante la ausencia de la impetrante de garantías, llevó a cabo la diligencia mediante instructivo que dejó fijado en el domicilio con las copias de traslado anexas al mismo, ante la falta de espera de la persona citada para llevar a cabo la diligencia de mérito. Lo anterior, pone de relieve que la práctica de dichas diligencias se realizó siguiendo los lineamientos que indica el con Código Procesal Estatal, pues se llevó a cabo en el domicilio señalado para tal efecto, previo citatorio, con la persona que se encontraba en ese momento en el domicilio, pues la quejosa no esperó al notificador a pesar de que se le dejó citatorio; luego, es dable tener por válida dicha notificación, ya que no lesiona su derecho de audiencia ni de seguridad jurídica. No pasa desapercibido a esta Juzgadora, que mediante acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar su escrito inicial de demanda con motivo del informe justificado rendido por la autoridad responsable, Juzgado Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, presentado el tres de septiembre de dos mil veintiuno; sin embargo, la solicitante del amparo no hizo manifestación al respecto, de ahí que únicamente se resuelve sobre el acto primigenio. En virtud de lo anteriormente expuesto, ante lo infundado del concepto de violación formulado por la parte quejosa, y al no haber queja que suplir, lo procedente es negar el Amparo y Protección de la Justicia Federal solicitados por Pilar Ortega Rios, contra los actos reclamados al Juzgado Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Actuarios y Ministros Ejecutores adscritos a la Central de actuarios y notificadores del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, del Distrito Judicial Bravos y Jefa del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, todos con residencia en esta ciudad, consistentes en el llamamiento al el expediente número 5/2021. Negativa que se hace extensiva a todo lo actuado con posterioridad a la notificación reclamada. Sirve de soporte a lo expuesto la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5039, del Tomo LXXXI, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 323462, que dice: "ACTOS RECLAMADOS CONSECUENCIA DE OTROS. Si unos actos reclamados, son consecuencia inmediata y directa de otros, y respecto de estos últimos no hay datos para estimarlos inconstitucionales, debe decirse que tampoco lo pueden ser aquellos, desde el momento en que se acepta que son una mera consecuencia, y por tanto, es lógico que sigan la misma condición de los que le sirven de antecedente". Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77 al 79, 155 y 192, de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: ÚNICO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A ***, contra los actos reclamados a las autoridades y por las razones expuestas en el considerando sexto del presente fallo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a la parte tercero interesada, y al agente del Ministerio Público adscrito, así como por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante el secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***, hasta el día de hoy catorce de diciembre de dos mil veintiuno, fecha en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el escrito presentado por la tercero interesada **********, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero **********, división fiduciaria, mediante el cual comparece al presente juicio de amparo. En términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, se reconoce a ********** el carácter de representante legal de la tercero interesada, pues esa calidad se desprende del juicio de procedimiento especial mercantil **********/2021, que en copia certificada, remitió el Juez Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, adjunto a su informe justificado. Téngase a la tercero interesada formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional, ello, de conformidad con el numeral 124 de la Ley de Amparo. Respecto a la prueba que ofrece, consistente en las documentales enviadas por la autoridad responsable y las diversas exhibidas por la parte quejosa, se admite, al formar parte de la instrumental pública de actuaciones, pues esta se constituye con las constancias que obran en el sumario, por lo que, de cualquier forma esta juzgadora la tomará en consideración al emitir la resolución correspondiente, pues no tiene entidad propia, al ser medio de convicción que se obtiene del seguimiento del juicio respectivo. De conformidad con el segundo párrafo del artículo 24, de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a las personas que indica, por así haberlo solicitado expresamente. Con sustento en el numeral 27 de la ley de la materia, se le tiene designando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en **********, en esta ciudad. En diverso orden, de autos se advierte que para el día de hoy se encuentra prevista la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, se colige que la quejosa Pilar Ortega Ríos, señaló como autoridades responsables y actos reclamados en este asunto, a los siguientes: a) Del Juez Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, residente en esta localidad: - Todas las actuaciones practicadas en el juicio seguido en su contra, de forma destacada, la que ordenó su desalojo y entrega material del bien inmueble ubicado en calle **********, en esta ciudad, respecto del cual aduce es propietaria. - La falta de llamamiento a juicio. b) Del Jefe de la Oficina Central de Actuarios y de los Ministros Ejecutores de los Juzgados Civiles del Distrito Judicial Bravos, con domicilio en esta ciudad: - La ejecución del desalojo descrito. Ahora bien, del informe con justificación rendido por el Juez Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, se colige que en el juicio de procedimiento especial mercantil **********/2021, de su índice, aparece como demandada Pilar Ortega Ríos, quien, aparentemente, fue emplazada al mismo el dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Además, se desprende que el citado emplazamiento practicado a la aquí quejosa, por el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, se encuentra íntimamente relacionado con los actos aquí combatidos, ante la calidad de tercero extraña por equiparación que tal quejosa, aduce tener. En consecuencia, a efecto de no dejar en estado de indefensión a Pilar Ortega Ríos, y evitar -en su momento- una posible reposición del procedimiento, se le da vista, con sustento en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, para que dentro del término de quince días a partir de que surta efectos la notificación de este auto, de ser su deseo, amplíe su demanda y señale al efecto, como nuevo acto reclamado al Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, el emplazamiento que le practicó el dieciséis de junio de dos mil veintiuno. En el entendido de que en caso de no hacerlo, el presente asunto continuará tramitándose en los términos propuestos en la demanda inicial. Además, se precisa a la quejosa Pilar Ortega Ríos, que de optar por ampliar su demanda en dichos términos, deberá cumplir con los requisitos que señala al efecto el artículo 108 de la Ley de Amparo. A efecto de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Finalmente, notifíquese este proveído por lista a las partes, con excepción de la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese, personalmente a la quejosa Pilar Ortega Ríos. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se desprende que el día de hoy se encuentra previsto para la celebración de la audiencia constitucional. No obstante el siete de los actuales, se dio vista a la parte quejosa, para que de ser su deseo y, dentro del término de quince días, amplíe su demanda de amparo; sin embargo, tal plazo se encuentra en curso. Además, el emplazamiento del tercero interesado, *******, en su carácter de delegado fiduciario de la institución bancaria denominada *******, ordenado en la misma data, se encuentra pendiente. Por lo que, a efecto de dar margen a lo anterior, se ordena diferir la citada audiencia y en su lugar se fijan las nueve horas del catorce de octubre de dos mil veintiuno. Finalmente, se ordena notificar este proveído por lista a las partes, inclusive a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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