Perla Magaly Burgos Candila
Expediente 1005/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 33 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1005/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 27/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Perla Magaly Burgos Candila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del proveído de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, sin que lo haya hecho valer la parte a quien pudo ocasionarle perjuicio; en tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de AMPARO SOBRESEÍDO y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADO EL PROVEÍDO DE veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, EL CUAL ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: Mérida, Yucatán, veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, al respecto se acuerda: glósese al presente expediente para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintitrés de febrero del año en curso, remite copia certificada de la audiencia de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, celebrada en autos del juicio laboral 607/2016, en la que se tuvo a la parte actora, aquí quejosa, por expresa, lisa, formal y llanamente desistida en su perjuicio de todas y cada una de las acciones y prestaciones que reclamó, por lo que se ordenó archivar dicho expediente como asunto total y definitivamente concluido; documental pública que alcanza eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por remitidas las constancias recepcionadas para ser tomadas en consideración en su oportunidad como en derecho proceda; asimismo, con su contenido dése vista a las partes para los efectos legales conducentes. Aplica en lo conducente, la tesis Jurisprudencial I.5o.C.2.K, visible en la página 594, Tomo II, agosto de 1995, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, bajo el rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES". Ahora bien, de las constancias referidas que remitió la Presidenta de la Junta responsable, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que reclama la parte quejosa, aun cuando subsiste, no puede surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Al respecto, el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo en vigor dispone: "Artículo 61.- El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXII.- Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; y [.]." En relación con esta causa de improcedencia, entre otras tesis que han fijado su alcance, destacan las que llevan por rubro, texto y datos de identificación los siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR HABER DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO. Si se concedió el amparo contra la resolución que declaró heredera a una persona, y ésta, fundándose precisamente en su carácter de heredera, demandó la división de una casa, debe estimarse que los efectos de la concesión de ese amparo se extienden a dejar sin materia el juicio de división mencionado, y por lo mismo, si en el presente amparo se reclama la sentencia dictada en dicho juicio, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, porque aun subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal alguno, por haber dejado de existir la materia del mismo". (Quinta Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: CIV, Página: 858, Registro 343,911) "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad". (Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VII, Abril de 1998, Tesis: 2a. XLVIII/98, Página: 241, Registro 196,442) Ahora bien, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del más Alto Tribunal de la Nación ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del quejoso. En el caso concreto, la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, la omisión de dictar el auto de admisión de pruebas en el expediente laboral 607/2016 que promovió en contra de Leka Alimentos y Promotora Omnia, ambas Sociedades Anónimas de Capital Variable. Sin embargo, mediante audiencia de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, se tuvo a la parte actora desistiéndose de las acciones y prestaciones que reclamó en el juicio laboral de origen, por lo que se ordenó el archivo del mismo. De ahí que se impone concluir que la omisión que por esta vía constitucional reclama la parte quejosa desapareció del mundo jurídico, aun cuando de hecho subsista, pues a pesar de que se analizara la constitucionalidad del acto reclamado, lo cierto es, que de considerarse que éste es contrario a derecho, de cualquier forma la concesión del amparo no podría materializarse, ya que el objeto del presente juicio constitucional era que se dictara el auto de admisión de pruebas en el juicio laboral de origen; lo cual ya no podría en forma alguna realizarse dado que ya concluyó el procedimiento del que emana la omisión reclamada al ordenarse su archivo definitivo; y al ser así, sería material y jurídicamente imposible restituirla en el goce de su derecho fundamental, que en su caso, se hubiese decretado violado, volviéndose estéril la concesión del amparo. Los razonamientos antes expuestos se encuentran plasmados en la jurisprudencia 2ª./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en la página 189 del Tomo XXIV, Diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el epígrafe y sinopsis siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada en autos para las diez horas con diez minutos del seis de abril de dos mil dieciocho, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la impetrante de amparo, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a la anterior consideración, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que obste a lo anterior el que no se haya emplazado a juicio a la parte tercero interesada PROMOTORA OMNIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; ello, en virtud del sentido del presente auto, ya que no resentiría ningún perjuicio. Es atendible al caso la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lo caliza en la página 131, Tercera Parte, LVII, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente: "TERCEROS PERJUDICADOS, FALTA DE CITACIÓN A LOS, EN CASO DE SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito no llamó al juicio para la defensa de sus derechos a los terceros perjudicados, aunque es verdad que el procedimiento del juicio de amparo es de derecho público y la violación del mismo impone su reposición, no es del caso ordenarla, si se llega a la conclusión de sobreseerse, por ser innecesaria tal medida, toda vez que no resentirían ningún perjuicio dichos terceros, cuyos derechos quedan intocados". Notifíquese personalmente.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, EL CUAL ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: Mérida, Yucatán, veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, al respecto se acuerda: glósese al presente expediente para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintitrés de febrero del año en curso, remite copia certificada de la audiencia de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, celebrada en autos del juicio laboral 607/2016, en la que se tuvo a la parte actora, aquí quejosa, por expresa, lisa, formal y llanamente desistida en su perjuicio de todas y cada una de las acciones y prestaciones que reclamó, por lo que se ordenó archivar dicho expediente como asunto total y definitivamente concluido; documental pública que alcanza eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por remitidas las constancias recepcionadas para ser tomadas en consideración en su oportunidad como en derecho proceda; asimismo, con su contenido dése vista a las partes para los efectos legales conducentes. Aplica en lo conducente, la tesis Jurisprudencial I.5o.C.2.K, visible en la página 594, Tomo II, agosto de 1995, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, bajo el rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES". Ahora bien, de las constancias referidas que remitió la Presidenta de la Junta responsable, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que reclama la parte quejosa, aun cuando subsiste, no puede surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Al respecto, el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo en vigor dispone: "Artículo 61.- El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXII.- Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; y [.]." En relación con esta causa de improcedencia, entre otras tesis que han fijado su alcance, destacan las que llevan por rubro, texto y datos de identificación los siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR HABER DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO. Si se concedió el amparo contra la resolución que declaró heredera a una persona, y ésta, fundándose precisamente en su carácter de heredera, demandó la división de una casa, debe estimarse que los efectos de la concesión de ese amparo se extienden a dejar sin materia el juicio de división mencionado, y por lo mismo, si en el presente amparo se reclama la sentencia dictada en dicho juicio, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, porque aun subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal alguno, por haber dejado de existir la materia del mismo". (Quinta Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: CIV, Página: 858, Registro 343,911) "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad". (Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VII, Abril de 1998, Tesis: 2a. XLVIII/98, Página: 241, Registro 196,442) Ahora bien, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del más Alto Tribunal de la Nación ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del quejoso. En el caso concreto, la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, la omisión de dictar el auto de admisión de pruebas en el expediente laboral 607/2016 que promovió en contra de Leka Alimentos y Promotora Omnia, ambas Sociedades Anónimas de Capital Variable. Sin embargo, mediante audiencia de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, se tuvo a la parte actora desistiéndose de las acciones y prestaciones que reclamó en el juicio laboral de origen, por lo que se ordenó el archivo del mismo. De ahí que se impone concluir que la omisión que por esta vía constitucional reclama la parte quejosa desapareció del mundo jurídico, aun cuando de hecho subsista, pues a pesar de que se analizara la constitucionalidad del acto reclamado, lo cierto es, que de considerarse que éste es contrario a derecho, de cualquier forma la concesión del amparo no podría materializarse, ya que el objeto del presente juicio constitucional era que se dictara el auto de admisión de pruebas en el juicio laboral de origen; lo cual ya no podría en forma alguna realizarse dado que ya concluyó el procedimiento del que emana la omisión reclamada al ordenarse su archivo definitivo; y al ser así, sería material y jurídicamente imposible restituirla en el goce de su derecho fundamental, que en su caso, se hubiese decretado violado, volviéndose estéril la concesión del amparo. Los razonamientos antes expuestos se encuentran plasmados en la jurisprudencia 2ª./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en la página 189 del Tomo XXIV, Diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el epígrafe y sinopsis siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada en autos para las diez horas con diez minutos del seis de abril de dos mil dieciocho, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la impetrante de amparo, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a la anterior consideración, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que obste a lo anterior el que no se haya emplazado a juicio a la parte tercero interesada PROMOTORA OMNIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; ello, en virtud del sentido del presente auto, ya que no resentiría ningún perjuicio. Es atendible al caso la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lo caliza en la página 131, Tercera Parte, LVII, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente: "TERCEROS PERJUDICADOS, FALTA DE CITACIÓN A LOS, EN CASO DE SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito no llamó al juicio para la defensa de sus derechos a los terceros perjudicados, aunque es verdad que el procedimiento del juicio de amparo es de derecho público y la violación del mismo impone su reposición, no es del caso ordenarla, si se llega a la conclusión de sobreseerse, por ser innecesaria tal medida, toda vez que no resentirían ningún perjuicio dichos terceros, cuyos derechos quedan intocados". Notifíquese personalmente.
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SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMDIAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... Mérida, Yucatán, veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos el oficio remitido por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, mediante el cual devuelve sin diligenciar, por las razones que expone, el exhorto 16/2018-E-AMP-LABORAL-IV-B, con número de orden 35/2018, librado a fin de notificar a la parte tercero interesada ***********, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. Acúsese recibo de estilo. En consecuencia, prevéngase por última ocasión a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcione el domicilio actual y correcto de la nombrada parte tercero interesada, a fin de estar en aptitud de emplazarla al presente juicio de amparo, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, las notificaciones y emplazamientos de mérito se podrían hacer por edictos a su costa, tal como lo dispone el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. Por otro lado, es dable manifestar que la parte quejosa señaló como acto reclamado en el presente juicio constitucional, la omisión de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de dictar el auto de admisión de pruebas en el expediente laboral 607/2016. Ahora bien, de las copias certificadas que acompañó la responsable a su respectivo informe justificado, se advierte que la última actuación en el referido juicio laboral, se llevó a cabo el ocho de mayo de dos mil diecisiete. En virtud de lo anterior, requiérase a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días legalmente computados, informe a este Juzgado Federal el estado que guarda el expediente laboral de origen, y en su caso, remitas las actuaciones subsecuentes a la de ocho de mayo de dos mil diecisiete, ya que se consideran necesarias para resolver adecuadamente el presente juicio de amparo, subsistiendo el apercibimiento que se le realizó en el auto admisorio de catorce de agosto de dos mil diecisiete. En consecuencia, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debía tener verificativo este propio día, señalándose como nueva fecha y hora para su celebración las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
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