Piera Ma Cheung

Expediente 96/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
96/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
07/02/2023

Partes del expediente

  • Piera Ma Cheung

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; seis de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación Secretarial, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de la materia, en contra del acuerdo de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la presente demanda de amparo; en tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, al ser un juicio de amparo que se desechó y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del referido Acuerdo. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario constitucional, coincide con el expediente electrónico correspondiente en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán; veintitrés de enero de dos mil veintitrés. DEMANDA Vista la demanda de amparo promovida por Piera Ma Cheung, contra los actos que atribuye al Encargado del Despacho de la Subdirección de Estancia Migratoria en Mérida, al Representante en el Estado de Yucatán de la Oficina del Instituto Nacional de Migración, al Subdirector de Control y Verificación Migratoria en el Estado de Yucatán de la Oficina del Instituto Nacional de Migración y al Jefe de Control Migratorio en el Estado de Yucatán, de la Oficina del Instituto Nacional de Migración, todos con sede en esta ciudad, que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74 fracción I, de la Ley de Amparo, como una facultad exclusiva del juzgador federal, hace consistir en los siguientes: ACTOS RECLAMADOS a) El indebido proceso migratorio llevado a cabo con el número de expediente EA/1s9/YUC/OR/SEM/003/06-01- 2023. b) El oficio de salida definitiva del País por frontera sur emitido en el citado expediente el diez de enero de dos mil veintitrés. c) La negativa de otorgar solicitud de refugio; y, d) La ilegalidad del oficio INM/ORY/4090/2022 de fecha tres de octubre de dos mil veintidós 07/06/23 12:42:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8b.26 KARLOS DAVID MORENO SEQUERA RADICACIÓN Al efecto, fórmese expediente, regístrese con el número 96/2023-IV-A y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. CONSIDERACIÓN SOBRE LA SUSPENSIÓN DE PLANO SOLICITADA Cabe precisar, que la parte quejosa solicita la suspensión de plano en contra de los actos reclamados, sin embargo, no es posible hacer pronunciamiento al respecto, dado que como se verá más adelante la demanda de amparo es improcedente y debe desecharse de plano al actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Aunado a que los actos aquí reclamados no se ubican en alguno de los supuestos de los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución, esto es, no importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, casos, en los que se debe decretar la suspensión de los actos reclamados, y dictar todas las medidas necesarias. Pues no se está frente a una privación de la libertad fuera de procedimiento; por una parte, al devenir de un proceso migratorio y que incluso de acuerdo a la narrativa de su demanda, actualmente ya no se encuentra privada de la libertad; y por otra parte, en atención a que tampoco se trata de una deportación, sino de una determinación de salida del país. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA 07/06/23 12:42:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8b.26 KARLOS DAVID MORENO SEQUERA 3 Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 8141, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, respecto de los actos reclamados sobreviene la causal de improcedencia prevista en numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que textualmente dice: "Artículo 61.- El amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las 07/06/23 12:42:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8b.26 KARLOS DAVID MORENO SEQUERA mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley [.]". Del contenido del numeral transcrito se aprecia que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos por autoridades diversas a los órganos jurisdiccionales, cuando en su contra exista algún recurso o medio de defensa ordinario por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; admitiendo sólo como excepciones las siguientes: a) Cuando la ley que rija el recurso o medio de defensa exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva; b) Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; c) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la constitución; y, d) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En el caso, en contra de las determinaciones señaladas como actos reclamados procede el recurso de revisión en términos de los artículos 1º y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme al numeral 3º, fracción XII, de su ley orgánica. Dichos numerales son del tenor literal siguiente: Ley Federal de Procedimiento Administrativo "Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. [.]." 07/06/23 12:42:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8b.26 KARLOS DAVID MORENO SEQUERA 5 "Artículo 83. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente." Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo [.]". En efecto, de los numerales reproducidos en primer término, se advierte la procedencia del recurso de revisión contra actos, procedimientos y resoluciones provenientes de la administración pública federal; mientras que el diverso artículo transcrito de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, prevé la procedencia del juicio de nulidad contra actos o resoluciones que emitan autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la citada ley; medios ordinarios de defensa que la parte quejosa debió agotar previo a instar la protección constitucional. De manera relevante, es de puntualizarse que en el caso no se actualizan los casos de excepción que establece 07/06/23 12:42:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8b.26 KARLOS DAVID MORENO SEQUERA la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque no se reclaman violaciones directas a la Carta Magna, ya que a pesar de que la inconforme aduce que se vulneraron en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, no basta esa sola circunstancia para exonerarla de agotar el principio de definitividad, aunado a que igualmente hace valer violaciones a leyes secundarias. En esas condiciones, no se actualiza el caso de excepción de referencia, toda vez que a través del recurso de revisión o del juicio de nulidad, sería factible para la promovente del amparo obtener la modificación, anulación o revocación del acto administrativo que estiman violatorio de sus derechos fundamentales, pues al hacerlo puede alegar los vicios de legalidad que refieren colman a los aludidos actos reclamados, lo que equivale a plantear las llamadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria que debe resolver el recurso o juicio correspondiente, ya que por su naturaleza, se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias. Ilustra sobre el particular, en la parte conducente, la jurisprudencia del otrora Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, página 201, volúmenes 127-132, Sexta Parte, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto se leen: "RECURSOS ORDINARIOS. VIOLACIONES DIRECTAS Y VIOLACIONES INDIRECTAS DE LA CONSTITUCIÓN. Este Tribunal Colegiado estima que puede promoverse en forma inmediata el juicio de garantías, sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, pero solamente cuando se plantea exclusivamente ese tipo de violaciones, y no así cuando se hacen valer al mismo tiempo en la demanda de garantías, violaciones directa e indirectas a la Carta Magna. Lo anterior, porque sólo en el primer caso se configura una excepción a la 07/06/23 12:42:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8b.26 KARLOS DAVID MORENO SEQUERA 7 regla contenida en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad en el juicio de garantías, habida cuenta de que el agraviado sólo puede atacar adecuadamente la resolución respectivamente ante el Juez de amparo, pues no resultaría igualmente eficaz plantear esas conculcaciones directas al Pacto Federal en los recursos ordinarios, ya que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolverlos, no son las idóneas para ocuparse de ellas, por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma primordial y generalmente privativa al Poder Judicial de la Federación. En cambio, si se plantean simultáneamente en la demanda de amparo violaciones directas e indirectas a la Constitución, no opera excepción alguna al principio de definitividad antes aludido, porque sí es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación de la resolución que estima violatoria de garantías, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo, el agraviado puede alegar los vicios de legalidad que ostenta la resolución, lo que equivale a plantear las llamadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, ya que se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria que debe resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al Juez del amparo; sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no pueda analizar las violaciones directas a la Carta Magna que también pudiera causar el proveído recurrido, porque de todas maneras al fallarse el recurso, si dicha autoridad estima fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto reclamado quedará sin efecto y resultará por tanto innecesario que se estudien aquellas violaciones directas a la Constitución. Sostener el criterio contrario, propiciaría el abuso del juicio de amparo, haciendo nugatorio el principio de definitividad que consagra el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución, para hacer procedente el juicio de garantías, obligando a la autoridad judicial que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. Se estima además, que no resultaría jurídico, cuando se plantean en la misma demanda de garantías violaciones constitucionales directas e indirectas, analizar únicamente las primeras y omitir el estudio de las segundas, porque no puede fraccionarse la procedencia del juicio de garantías. El 07/06/23 12:42:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8b.26 KARLOS DAVID MORENO SEQUERA juicio constitucional procede porque se configura una excepción a la regla contenida en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, o bien es improcedente conforme a dicha regla; pero no puede aceptarse que el amparo proceda sólo respecto a determinados conceptos de violación y resulte improcedente en lo que ve a otros." [Énfasis añadido] Criterio aplicable, en virtud de que no se opone a la Ley de Amparo vigente, por lo que continúa su observancia, conforme a su artículo sexto transitorio. Aunado a lo anterior, debe decirse que el acto reclamado no carece de una fundamentación absoluta que permita a la quejosa promover de manera inmediata el juicio de amparo, pues basta la simple lectura de la resolución de diez de este mes y año impugnada para advertir que se citaron, entre otros, diversos artículos relativos a la Ley de Migración y su reglamento; por tanto, es inconcuso que en la especie, no se está ante una ausencia absoluta de fundamentación. Además, los medios ordinarios de defensa aludidos - recurso de revisión y juicio de nulidad- no se encuentran previstos en un reglamento, sino en leyes en sentido formal y material, y no exigen mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. Tal y como se aprecia del análisis que realizó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), visible en la página 1194, libro 28, marzo de 2016, tomo II, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO." 07/06/23 12:42:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8b.26 KARLOS DAVID MORENO SEQUERA 9 Bajo esa óptica, es inconcuso que la quejosa no se ubica en un caso de excepción que la excusara de observar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, pues antes de instar la protección constitucional, se encontraba obligada a agotar el recurso de revisión en términos de los artículos 1º y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme al numeral 3º, fracción XII, de su ley orgánica, por medio de los cuales pueden obtener la revocación, nulidad o modificación del acto reclamado, obteniendo así remedio a las eventuales violaciones cometidas en su perjuicio. Ciertamente, la orden de salida del país decretada en contra de la quejosa extranjera, emitida en términos de la Ley de Migración y su reglamento, no constituye una excepción al principio de definitividad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, al no actualizarse las hipótesis del artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo, pues no es un acto equiparable por cuanto a su regulación y alcance a la expulsión o a la deportación ahí previstas. Apoyan lo anterior, los siguientes criterios: "DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. CONTRA LA DETERMINACIÓN EMITIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE EL JUICIO DE NULIDAD. De la lectura de los artículos 125 del Código Fiscal de la Federación y 11, fracciones XIII y XIV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se obtiene, que contra la resolución que pronuncie el Comisionado del Instituto Nacional de Migración al resolver el recurso de revisión a que se refiere el precepto 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, procede el juicio de nulidad ante el indicado tribunal federal, aun cuando en él se ordene a un extranjero que abandone el país; lo anterior, en virtud de que en tratándose de 07/06/23 12:42:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8b.26 KARLOS DAVID MORENO SEQUERA esos actos, la legislación fiscal federal no exige mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para otorgar la suspensión del acto impugnado, pues sus consecuencias no deben confundirse con la expulsión aplicada por el presidente de la República, de conformidad con el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, caso en el que sí resultaría procedente el juicio de garantías sin necesidad de agotar algún recurso o medio legal de defensa, pues tratándose de tal determinación, la legislación de amparo, en su artículo 123, fracción I, prevé el otorgamiento de la suspensión de plano, misma que no establece el Código Fiscal de la Federación; en consecuencia, la resolución de mérito, no puede ser objeto de excepción para que sea combatida directamente a través del juicio de amparo, sin que previamente se haga valer el juicio de nulidad." [Énfasis añadido] "Registro digital: 2025479 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: XVIII.1o.P.A.1 A (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 19, Noviembre de 2022, Tomo IV, página 3721 Tipo: Aislada ORDEN DE SALIDA DEL PAÍS A UN EXTRANJERO EMITIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AL NO SER UN ACTO EQUIVALENTE A LA EXPULSIÓN O DEPORTACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, INCISO A), DE LA LEY DE LA MATERIA. Hechos: El Instituto Nacional de Migración (INM) negó un trámite migratorio al extranjero quejoso y ordenó su salida del país, por lo que este último promovió juicio de amparo indirecto. El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio al considerar que no agotó el principio de definitividad, ya que contra el acto reclamado procedía el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Inconforme, interpuso recurso de revisión bajo el argumento de que la orden señalada constituye una excepción al referido principio en términos del artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la orden de salida del país a un extranjero, emitida en términos de la Ley de Migración y su reglamento, no constituye una 07/06/23 12:42:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8b.26 KARLOS DAVID MORENO SEQUERA 11 excepción al principio de definitividad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, al no actualizarse las hipótesis del artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo, pues no es un acto equiparable por cuanto a su regulación y alcance a la expulsión o a la deportación ahí previstas. Justificación: Lo anterior, porque conforme a los artículos 114, 121, 122, 137, 143 y 144 de la Ley de Migración, así como 148 y 242 de su reglamento, la orden de salida del país, la deportación y la expulsión constituyen, por su regulación y alcances, actos diferentes y, por ende, se justifica un tratamiento distinto frente al principio de definitividad en el juicio de amparo. Ahora bien, de dichos preceptos se advierte que la deportación constituye un procedimiento administrativo a través del cual se determina la salida de un extranjero del territorio nacional, con la restricción de no poder regresar en un determinado periodo, siempre y cuando se actualicen las hipótesis previstas en el artículo 144 de la Ley de Migración; la expulsión es una facultad exclusiva del titular del Poder Ejecutivo Federal para llevar fuera del territorio nacional a un extranjero por considerar inconveniente su permanencia en él; mientras que la orden de salida del país se emite cuando un extranjero que es sujeto a un procedimiento administrativo migratorio se desiste o le es negado un trámite migratorio, así como cuando solicite su salida del país, siempre y cuando ello implique que su estancia en éste sea irregular. En ese contexto, la orden de salida del país no impone una restricción de reingreso al territorio nacional, por el contrario, se prevé su posibilidad en forma inmediata, o bien, de volver a solicitar el trámite migratorio que le fue previamente negado, cumpliendo los requisitos establecidos por la ley; en consecuencia, no puede equipararse a la deportación o a la expulsión". En esas condiciones, al no haberse promovido el recurso o juicio procedente antes de acudir al amparo, el acto reclamado carece de definitividad para efectos de este juicio; en virtud de que la ley que rige esa determinación prevé el juicio y el recurso o medio de defensa a través del cual puede ser modificado, nulificado o revocado o en su caso. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO la 07/06/23 12:42:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8b.26 KARLOS DAVID MORENO SEQUERA demanda de amparo promovida por Piera Ma Cheung, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DE LA PARTE QUEJOSA Por otra parte, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala para tal fin en su demanda, y como su autorizado para tales efectos en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luis Ángel Jiménez Santana, y con las limitaciones que establece dicha disposición a la diversa persona que señala. Lo anterior, hasta que acredite estar debidamente autorizado para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho; para lo cual, deberán no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 07/06/23 12:42:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8b.26 KARLOS DAVID MORENO SEQUERA 13 DESIGNACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO En cuanto al señalamiento del correo electrónico jimenezsantanala@hotmail.com, y los números telefónicos se tienen por proporcionados, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en caso de ser necesarias, sin que haya lugar a tenerlo como domicilio convencional para oír y recibir notificaciones. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. PERMISIBILIDAD DE USO DE APARATOS DE REPRODUCCIÓN De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer 07/06/23 12:42:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8b.26 KARLOS DAVID MORENO SEQUERA públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. EXHORTACIÓN A LA TRAMITACIÓN BAJO EL ESQUEMA DE "JUICIO EN LÍNEA". 07/06/23 12:42:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8b.26 KARLOS DAVID MORENO SEQUERA 15 En atención a lo indicado en el considerando Noveno, artículos 28, 29 y 311 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19; se exhorta a las partes, si no lo han hecho, a que continúen, o en su momento transiten a la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Solicitando para tal efecto, el acceso al expediente electrónico y autorizando se reciban las notificaciones vía electrónica; debiendo obtener para tal efecto su firma electrónica en términos de lo que establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; estando a su disposición el aplicativo de firma electrónica en los enlaces 1 Noveno.- El nuevo esquema abandona las guardias para la atención de casos urgentes, y en consecuencia, reanuda los plazos y términos procesales y reactiva la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieren la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación. el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional; y la continuidad del trabajo a distancia como eje rector en la presentación del servicio público de impartición de justicia. Artículo 28. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. Aunque el levantamiento de plazos trae aparejada la posibilidad recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales procurarán exhortar a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Artículo 29. Requisitos para actuar desde el Portal de Servicios en Línea. Para la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que el órgano jurisdiccional deberá haber autorizado. La actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Quienes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos podrán solicitar, por sí o por conducto de las personas antes mencionadas, a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020. Así, quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea. Artículo 31. Tramitación de juicios en línea en los que una o varias partes actúen físicamente. La tramitación de los juicios en línea continuará con independencia de que la o las otras partes en un expediente continúen actuando en el esquema tradicional, y a pesar de que la tramitación requiera de la práctica de notificaciones personales o del desahogo de actuaciones que exijan la presencia física de las partes. Los órganos jurisdiccionales deberán dar puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 07/06/23 12:42:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8b.26 KARLOS DAVID MORENO SEQUERA señalados en el Transitorio Décimo Primero, del referido Acuerdo General 21/2020. OBTENCIÓN DE CONSTANCIAS CON EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 362 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. DISPOSICIÓN RESPECTO A LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO VÍA ELECTRÓNICA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese personalmente a la parte promovente y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán; veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, con el que devuelve estos autos y remite testimonio de la resolución pronunciada por dicho Tribunal en sesión de diecinueve de enero del año en curso, en el incidente en revisión 267/2022; cuyo punto resolutivo es el siguiente:******************** "ÚNICO. Se declara sin materia el presente recurso de revisión." Acúsese recibo y hágase del conocimiento de las partes el sentido de dicha ejecutoria. En consecuencia, glósese a estos las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del aludido recurso.********************Con esta determinación dese cuenta en el cuaderno principal a efecto de que se acuerde lo conducente al archivo, dado que el presente asunto se encuentra concluido.********************Notifíquese y cúmplase.

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