Pedro Solís Millet

Expediente 1405/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1405/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
13/12/2019

Partes del expediente

  • Pedro Solís Millet

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1405/2019-II-A, promovido por ********************contra el acto que reclama del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día a este Juzgado Federal por razón de turno, compareció ********************a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de demanda. Por auto de once de octubre siguiente, se admitió a trámite la demanda, la cual se registró con el número 1405/2019-II-A; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Tribunal, se solicitó a la responsable su informe justificado y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo y 48, en relación con el 53, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene los actos reclamados, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la quejosa acude a esta instancia a reclamar del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, con sede en esta ciudad, lo siguiente: La orden de pagar un derecho y/o contribución por la cantidad de $54.00 M.N, para la certificación de tres copias ($18.00 M.N. por hoja), derivado de una solicitud de copias certificadas que se le hiciera al Magistrado responsable, en el juicio agrario marcado con el número ********************. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, con sede en esta ciudad, consistente únicamente en el acuerdo de fecha doce de marzo de dos mil diecinueve, en el que autorizó la expedición de las copias solicitadas por el apoderado del aquí quejoso, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, al cual adjuntaron copias certificadas relativas al acto que se le atribuye. CUARTO. Causales de improcedencia. Resulta de explorado derecho que las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente y aun de oficio por ser ésta una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, así como la Jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis de jurisprudencia 814, cuyo rubro y texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO." Las causales de improcedencia del juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el presente asunto, el suscrito juzgador estima que se actualiza la prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17, ambos de la Ley de Amparo. Los ordenamientos citados prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días (.)" El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, considerando como aquellos los no impugnados dentro de los plazos previstos por el artículo 17 de la ley de la materia. De la lectura del artículo 17 de la Ley de Amparo, se advierte que el término para promover la demanda de amparo es de quince días; asimismo, del numeral 18 de la ley en comento, se advierte que el legislador estableció tres criterios para determinar a partir de cuándo se debe empezar a computar dicho lapso, a saber: 1. Desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación hecha al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado conforme a la ley que rija el acto; 2. Desde el día siguiente al en que el quejoso tenga conocimiento del acto reclamado; o, 3. Desde el día siguiente al en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En ese tenor, es importante destacar que la quejosa se duele de la orden de pagar un derecho y/o contribución para la certificación de tres copias que solicitó a la responsable. Reclamó que planteó aduciendo que en el acuerdo en donde se le autorizó la expedición de copias, no se estableció condición alguna de pago de derechos y/o contribuciones. Sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable, a las que se les confiere pleno valor probatorio conforme a lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se desprende que por proveído de doce de marzo de dos mil diecinueve, en atención a la solicitud del apoderado legal del aquí quejoso, se autorizó a su costa, las copias certificadas detalladas en el proveído de mérito. Asimismo se advierte que en dicho proveído se condicionó la entrega de las copias autorizadas, al pago de derechos que de las mismas se realizare en cualquier institución bancaria en términos del artículo 5° de la Ley Federal de Derechos y conforme al formato E-5 de los Tribunales Agrarios que al efecto se le proporcionara en el Tribunal. Acuerdo el cual se notificó en fecha veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, mediante publicación en la lista de los estrados del Tribunal responsable. De lo anterior se desprende que la promoción del juicio de amparo respecto de la orden de pago de derechos respecto a la certificación de las copias que solicitó el quejoso ante la responsable, fue hasta el diez de octubre de dos mil diecinueve; es decir, transcurrió en exceso el plazo de quince días que establece la ley de la materia para tal efecto. Lo anterior, pues dicho término transcurrió a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación del proveído de doce de marzo del año que transcurre, es decir, del veintisiete de marzo al dieciséis de abril de dos mil diecinueve, previa exclusión de los días treinta y treinta y uno de marzo, seis, siete, trece y catorce de abril del propio año, por ser sábados y domingos, y por lo tanto inhábiles para la promoción del juicio de amparo. En esas condiciones, al haber tenido conocimiento la quejosa del acto que impugna y, haberse presentado la demanda respecto de aquél fuera del término que marca la ley para tal efecto, es claro que fue consentido. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." No pasa inadvertido que la quejosa manifieste en su escrito de demanda que en el acuerdo de expedición de copias, no se estableció condición alguna para la obtención de las copias certificadas que solicitó; sin embargo, dicha manifestación no corresponde a lo que obra en las constancias que se adjuntaron en copia certificada, de las cuales se advierte con claridad que en el acuerdo de doce de marzo del presente año, la expedición de las copias certificadas se condicionó al pago de los derechos en términos del artículo 5° de la Ley Federal de Derechos y conforme al formato E-5 de los Tribunales Agrarios. Por consiguiente, se estima que en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia en estudio; por ende, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que atañe a tal acto. Situación que impide analizar el fondo del asunto, de conformidad con el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia número 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". QUINTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 79, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************contra el acto que reclama del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerado cuarto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguense a los autos el informe justificado rendido por la Licenciada *********, en suplencia por ausencia de la Magistrada Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Cuatro, con sede en esta ciudad, y anexos que acompaña. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. De igual forma, como lo solicita la responsable, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, así como a su delegado en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, el señalado para tal fin en su informe de mérito. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, once de octubre de dos mil diecinueve. *******, se admite la demanda de referencia como en derecho procede. No se tramita el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni la naturaleza de los actos reclamados, amerita su tramitación oficiosa, conforme al artículo 127 de la referida Ley de Amparo. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con veinte minutos del veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable que deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita, en el que se expresarán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que se acompañará, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la citada ley. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Dese la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a quien se hará entrega de una copia de la demanda. Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. Apercibidas que en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas como pruebas de la parte quejosa las documentales que anexó a su demanda, la presuncional en su doble aspecto y la instrumental de actuaciones en todo cuanto favorezcan a sus intereses, las cuales se reservan para ser relacionadas y valoradas al celebrarse la audiencia constitucional relativa, debiendo glosarse a estos autos las documentales que adjunta. En atención a su contenido, téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Álvaro Germán Escalante Castillo, Hanir Efraín Emmanuelle Ortíz Cavazos y a Valente Ramón Argüelles Ovando. De igual forma a las diversas personas que menciona, pero con las limitaciones que señala en su referido escrito. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. Sin que haya necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrá consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/cir cuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Por último, fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese y regístrese.

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