Perla Echeverría Canché
Expediente 130/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 130/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Perla Echeverría Canché
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de fecha treinta y uno de enero del presente año, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, no obstante que en el presente asunto, se tuvo por no presentada la demanda de amparo; sin embargo, lo procedente es declarar el presente juicio de amparo como susceptible de depuración, toda vez que se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 de la Constitución General de la República. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que dice que todas las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, deben conservarse. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal de los presentes autos, SE ACUERDA: agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, el escrito signado por el quejoso ********; y en atención a su contenido, ténganse por vertidas las manifestaciones que expone en el mismo a manera de alegatos, para ser relacionadas y tomadas en consideración como corresponda en la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que al rendir su informe justificado, la Directora de Finanzas y Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Mérida, con sede en esta ciudad, manifestó que en el presente asunto se actualiza una causal de improcedencia, pues con anterioridad al presente juicio, el quejoso José ********promovió ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio, el recurso de revisión, previsto en los artículos 180 y 181 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, en relación al numeral 8º, de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, en contra del acto aquí reclamado (oficio DFTM/0181/2018 de seis de febrero de dos mil dieciocho), sin que hubiere adjuntado constancia alguna que acredite su dicho. En consecuencia, con apoyo en el artículo 75 de la Ley de Amparo, solicítese a la Directora de Finanzas y Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Mérida, con sede en esta ciudad, que de no tener impedimento alguno para ello, a la brevedad posible, remita a este Juzgado copia certificada de las constancias que obren en su poder relacionadas con el medio de impugnación que refirió al rendir su informe justificado. Sirve de apoyo al caso por analogía, en lo conducente, la jurisprudencia número P./J. 17/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 108, Novena Época, Tomo V, Febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 199,454, del IUS Intranet, que dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Así como la jurisprudencia número 515 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consultable en la página 454, Octava Época, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SI HAY EVIDENCIA SOBRE SU EXISTENCIA DEBE INDAGARSE Y, EN SU CASO, RECABARSE OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ACREDITARLA. De conformidad con el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia, por lo general, deben ser examinadas de oficio. Por ende, si de autos se advierte alguna evidencia sobre su existencia como la indagación y, en su caso, recabación de pruebas necesarias para acreditar dichas causales también debe hacerse de oficio y en cualquiera de las instancias en que se encuentre el procedimiento en el juicio de garantías. Desatender tal obligación transgrede las reglas fundamentales que rigen dicho procedimiento y hace necesaria su reposición en términos del artículo 91, fracción IV, de la ley de la materia." Para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia programada para las diez horas del ocho de febrero de dos mil diecinueve, señalándose como nueva fecha y hora para su celebración las once horas del seis de marzo de dos mil dieciocho. Ello es así, toda vez que el diferimiento anticipado de la audiencia constitucional no constituye una violación procesal en perjuicio de las partes, máxime que el propósito de tal aplazamiento se traduce en que aún se encuentran realizando los trámites pertinentes a fin de que obre correcta y completamente integrado el juicio y así poder resolver el fondo del asunto, lo que es acorde con el derecho fundamental de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional; de ahí que a nada práctico conduciría esperar a la fecha de celebración de la audiencia constitucional para determinar su diferimiento, si en el caso es evidente que la misma en el corto plazo que existe entre la presente y aquélla, sería imposible materialmente que se cumpliera la anteriormente ordenada. Sustenta lo anterior, por analogía jurídica, la tesis Décima Época, Registro 2002712, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, Materia(s): Común, Tesis: I.5o.C.1 K (10a.), Página: 1322, de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU DIFERIMIENTO ANTICIPADO OFICIOSAMENTE NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL EN PERJUICIO DE LAS PARTES. Si con motivo de diversas constancias enviadas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, el Juez de Distrito, oficiosamente y antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, dejó sin efectos dicho señalamiento y fijó nuevas fecha y hora para esos fines, tal proceder es legal si con ello se concede otra vez el término de ocho días previsto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias remitidas por la autoridad responsable y, por ello, cuentan con la oportunidad suficiente, en términos del artículo 151 del mismo ordenamiento, para ofrecer las pruebas que estimen pertinentes para desvirtuar el informe justificado y las constancias correspondientes. Por ello, el diferimiento anticipado de la audiencia constitucional no constituye una violación procesal en perjuicio de las partes, máxime que el propósito de tal aplazamiento se traduce en que éstas cuenten con todo el término y la oportunidad de rendir sus pruebas, de manera que sería inútil esperar los días faltantes para la celebración de la primera audiencia, si el juzgador de Distrito ya observó que a la llegada de ese día deberá marcar nueva hora y día para la respectiva celebración. De esa manera, con tal proceder el Juez Federal impide una probable reposición del procedimiento y genera un mayor beneficio al reiniciar el tiempo en que las partes pueden conocer los términos del informe justificado, preparar y ofrecer las pruebas que estimen pertinentes; lo cual es acorde con el derecho fundamental de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, y con los fines del artículo 157 de la Ley de Amparo, el cual prevé que los Jueces de Distrito cuidarán que los juicios respectivos no queden paralizados." Comuníquese lo anterior, a las partes, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Mérida, Yucatán, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la razón actuarial levantada el día de hoy, de la que se advierte que la directa quejosa Perla Echeverría Canché no ratificó la demanda de amparo promovida a su favor por Pablo Humberto Escalante Molina. Asimismo, en el acto de la notificación se advierte que la directa quejosa Perla Echeverría Canché manifestó que su nombre correcto es Perla del Carmen Echeverría Canché, por lo que se tiene por hecha dicha aclaración. Finalmente, llevando adelante el apercibimiento contenido en el acuerdo anterior de esta propia fecha, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo en cuestión, quedando sin efectos las providencias dictadas en autos. Notifíquese personalmente y cúmplase.
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