Pedro Sánchez Arras y Otros.

Expediente 590/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
590/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
21/11/2018

Partes del expediente

  • Pedro Sánchez Arras y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el informe rendido por el Director Jurídico del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "Altiplano" en Almoloya de Juárez, Estado de México, en representación de la Directora General y Presidenta del Comité Técnico; en atención a su contenido, se tienen por hechas sus manifestaciones, a través de las cuales da cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado Federal en torno a la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa, en términos de los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de once de octubre del año en curso, envíese el informe que se recibe al Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, previa copia simple que se deje en autos para debida constancia. En estas condiciones, al no existir providencia pendiente por dictar, ni promoción que deba acordarse, se ordena el archivo del presente asunto. En otro aspecto, toda vez que el presente cuadernillo, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo general conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad, por lo que conforme con los puntos cuarto, décimo y décimo primero del acuerdo de mérito, una vez que transcurran tres años transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo constar en la carátula que constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no constan documentos originales, así como que es susceptible de destrucción. Asimismo, no se actualiza lo previsto en el punto Vigésimo Tercero del Acuerdo en cita, el cual estatuye que no será objeto de depuración o destrucción, hasta que no venza el plazo previsto en la normativa aplicable, las constancias de un expediente judicial que se hayan determinado como información reservada con motivo de las solicitudes de acceso a la información planteada una vez que en el asunto respectivo haya concluido. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *******, en nombre de *********************, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación, Comisionado Nacional de Seguridad, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Coordinador General de Centros Federales de Readaptación Social, Comité Técnico y Director General, ambos del Centro Federal de Readaptación Social número 1 "Altiplano", a quienes reclama la incomunicación y orden de traslado, de que dice son objeto los directamente agraviados. Se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y anotar en el Libro de Gobierno correspondiente de este juzgado como juicio de amparo 590/2018-II. Suspensión de plano. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 125 y 126, de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano respecto de la incomunicación y orden de traslado reclamada por los quejosos a las autoridades administrativas que señala como responsables, para que se abstengan de realizar cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el particular, para que cesen los actos de incomunicación de los que se duelen los quejosos; asimismo, la suspensión de plano se concede para que no sean trasladados a un centro penitenciario diverso de aquel en que actualmente se encuentran recluidos, toda vez que se trata de un acto que afecta de forma indirecta su libertad personal, fuera de procedimiento judicial, pues tiende a modificar las condiciones en que debe llevarse a cabo o ejecutarse la privación de la libertad en que esté la parte justiciable; de ahí que se ubique dentro de uno de los actos que se encuentran prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 58/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, noviembre de dos mil dieciséis, página 865, que consta del rubro y texto siguientes: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta. También debe precisarse que esta medida cautelar no surte efecto si la aludida orden de traslado obedece a un acto que haya sido emitido por autoridad judicial, por autoridades distintas autoridades de las responsables, o bien se realiza en cumplimiento a una ejecutoria de amparo. Esta medida cautelar tampoco surtirá efectos si la orden de traslado, se encuentra en alguno de los casos que establece el artículo 154 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, esto es, por notoria urgencia, en los que se ponga en peligro la vida o la integridad física de los internos o la seguridad y el orden del establecimiento. Apoya lo anterior en lo conducente la tesis I.5o.P.52 P (10a.) aprobada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, agosto de 2017, Tomo IV, Materia Penal, visible en la página 2973, del siguiente tenor: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE PONE EN RIESGO LA SEGURIDAD INTEGRAL DEL LUGAR DONDE ESTÁ RECLUIDO EL SENTENCIADO, LA DE ÉSTE O POR URGENCIA MÉDICA, LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL PUEDE EMITIRSE CON POSTERIORIDAD A LA EJECUCIÓN DE AQUÉLLA (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). Como resultado de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 18 de junio de 2008, todo lo relativo a la ejecución de penas privativas de la libertad quedó bajo la supervisión de la autoridad judicial. Por tanto, cualquier decisión respecto de la compurgación de penas corresponde a los Jueces de ejecución, o al juzgador con funciones de ejecución; así, la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, en sus artículos 9o., fracción XII y 64, fracción XI, establece que corresponde al Juez de ejecución autorizar las órdenes de traslado. Autorización que no necesariamente es previa, sino que, en caso de que se ponga en riesgo la seguridad integral del centro penitenciario, la del sentenciado o por urgencia médica, podrá ser posterior; sin embargo, la autoridad administrativa habrá de informar al Juez de ejecución dicha orden y el traslado del interno, para que el juzgador, fundada y motivadamente, revoque o confirme la determinación indicada; esto vislumbra que tal comunicación podrá realizarla la autoridad administrativa al Juez, después de ordenar y ejecutar el traslado del interno; ya que, de otra manera, no tendría razón de ser lo señalado en el artículo 64 mencionado en el sentido de que dicha autoridad tiene como atribución solicitar al Juez de ejecución la autorización para el traslado de los sentenciados a los diferentes centros penitenciarios de la Ciudad de México, excepto en los casos previstos en la fracción y numeral primeramente citados, que establecen, entre otros, el traslado de sentenciados por razones de seguridad. En tales condiciones, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de su legal notificación, informen a este órgano de control constitucional sobre el cumplimiento a la suspensión de plano, para lo cual, deberán agregar copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Con el apercibimiento que de no cumplir con la suspensión de plano decretada, serán sancionadas en términos de los artículos 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Se informa a las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en relación con este expediente se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el Actuario hará del conocimiento dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y que tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto en los numerales 28, fracción I, párrafo segundo, 237, fracción I y 245 de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda multa de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), previstas en los artículos 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Asimismo, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la ley de Amparo, se tiene al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, los estrados de este recinto judicial. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Ahora, como de la demanda de mérito se advierte que los directamente agraviados, se encuentran incomunicados en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México y de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, el suscrito se encuentra obligado a tomar las medidas necesarias para lograr la comparecencia de los agraviados; de conformidad con los artículos 298 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordena librar atento exhorto vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S. I. S. E.), al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, solicitándole que faculte al Actuario adscrito a este juzgado federal para que haga entrega de los oficios y anexos dirigidos al Comité Técnico y Director General, ambos del Centro Federal de Readaptación Social número 1 "Altiplano"; además, para que se constituya en las instalaciones que ocupa el referido centro penitenciario en búsqueda de los aquí quejosos y una vez que los localice, dé fe del estado físico que presenten a simple vista y los requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al que surta efectos la misma manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo promovida a su favor; apercibidos de que en caso de no hacer manifestación alguna al respecto, se dejarán sin efecto las medidas provisionales que se hubieren dictado. Atento a lo anterior, y dada la naturaleza de la diligencia encomendada al fedatario judicial de su adscripción, se requiere a las autoridades encargadas de la custodia de los directamente agraviados, faciliten los medios necesarios para que el servidor público pueda dar cumplimiento a lo ordenado en este proveído. Esto es, para que le permitan el acceso a la totalidad de las instalaciones donde puedan estar recluidos los ahora quejosos, para lograr su localización y entrevista, levantando la constancia respectiva. De igual manera, se solicita la devolución de la presente comunicación oficial, por la misma vía, una vez que sea debidamente diligenciada, asimismo, se faculta a la autoridad exhortada para que realice todas las diligencias y dicte los acuerdos que estime necesarios para lograr el desahogo de esta suspensión. Declaración de legal incompetencia Sentado lo anterior y a efecto de resolver lo conducente, es menester precisar que una vez que se proveyeron las diligencias de carácter urgente, se procede a estudiar la demanda de amparo a fin de determinar la competencia de este juzgado para conocer de la misma. Sin que lo anterior contravenga lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, pues la salvedad que el propio precepto refiere (relativa a no declarar la incompetencia), resulta aplicable únicamente a la suspensión de plano, por lo que se estima que una vez decretada ésta, es factible decretar la incompetencia legal sin resolver sobre la admisión de la demanda. Para tal efecto, es preciso recordar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal, ello si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, con relación a la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, este juzgado federal procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,721, de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo. Conviene señalar, que las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. A guisa de ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia en todo el territorio nacional, en razón de que las normas jurídicas vigentes no le fijan límites territoriales a su jurisdicción. En cambio, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito, solamente tienen competencia para actuar dentro de una determinada circunscripción territorial, la cual es determinada mediante acuerdos generales por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, se definen en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal, y el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de ellos, a prevención, será competente; que es Juez competente aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material; y, que la citada regla se observará cuando, ameritando ejecución material la resolución, con su solo dictado viole algún derecho individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. Para corroborar la certeza del anterior aserto, es conveniente acudir al texto de los preceptos invocados, que es el siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas, contra leyes o contra acto de autoridades administrativas, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. Ley de Amparo. 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. La interpretación gramatical de los preceptos transcritos permite corroborar que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Así, de conformidad con las reglas que determina el artículo 37 de la Ley de Amparo, será competente el Juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo, en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia número 13/95 de la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que lleva por rubro y texto los siguientes: COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades. Sobre el caso particular, resulta que el promovente de la demanda señaló como actos reclamados, esencialmente, la incomunicación y orden de traslado de las que han sido objeto los directamente agraviados. Por otra parte, de la demanda promovida a favor de los quejosos, se indican como actos reclamados, los siguientes: [.] IV. ACTOS RECLAMADOS: LA INCOMUNICACIÓN Y LA ORDEN DE TRASLADO DE LOS DIRECTAMENTE QUEJOSOS, DESDE EL LUGAR EN DONDE SE ENCUENTRAN INTERNOS, ESTO ES, DESDE EL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 1 "ALTIPLANO", UBICADO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, HACIA OTRO CENTRO PENITENCIARIO. ADEMÁS SE RECLAMA LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE TRASLADO EN CUESTIÓN. [.] Esta transcripción revela que la persona que promovió la demanda en nombre de los quejosos, indicó que *********************, se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 "Altiplano", que se localiza dentro del territorio en donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Corolario de lo anterior, la competencia para conocer de este asunto recae en el Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, que ejerce jurisdicción en la ciudad de Toluca, pues es en esa demarcación territorial donde se ejecutan los actos reclamados y eventualmente se continuarían ejecutando; por lo cual, debe atenderse en principio al lugar en donde tuvieron ejecución los actos reclamados y que coincide con aquel en que, materialmente, pueden llegar a continuar siendo realizados, para determinar a favor de qué Juez de Distrito se surte la competencia legal para conocer de la demanda de amparo de cuenta. En esta tesitura, la competencia para conocer de la presente demanda de amparo no corresponde a este juzgado, puesto que de acuerdo a lo antes transcrito, el lugar en el que el acto reclamado se ejecutó es en el Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, el cual está sujeto a la jurisdicción de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Toluca y, en su caso, podrían continuar ejecutándose en el mismo lugar (donde actualmente se encuentran recluidos); por ende, de conformidad con el artículo 37, de la Ley de Amparo, se declara carecer de competencia, por razón de territorio, para conocer del presente asunto. Es aplicable al caso, por el contenido que informa la tesis visible en la página 90, tomo 205-216, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: COMPETENCIA. ARTÍCULO 36, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. Con la reforma al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo por decreto de 30 de diciembre de 1983, vigente a partir del 16 de marzo de 1984, se establece que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; que si éste ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente, y que, cuando la resolución reclamada no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que la hubiera emitido. El texto vigente del mencionado precepto legal no concibe ya la hipótesis de la resolución que con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse, por lo que aun en ese caso resulta aplicable el párrafo primero del numeral en comento. Conclusión que resulta acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atiende a la facilidad con que cuenta el solicitante del amparo, para ocurrir al Juzgado del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, situando a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus derechos fundamentales. Es de aplicación, la tesis publicada en la página 719, Segunda Parte de la compilación 1917-1988 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto y rubro son los siguientes: COMPETENCIA, CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRA EN LA JURISDICCIÓN DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, porque la autoridad responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado; sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la indicada responsable resida en territorio de otro juez de distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste. Asimismo, resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis sustentada por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tampoco se opone a la Ley de Amparo en vigor, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 217-228, Séptima Parte, página ochenta y ocho, con el rubro y texto siguientes: COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. Por los motivos antes señalados, con apoyo en los artículos antes citados de la Ley de Amparo y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana, en sus numerales Primero, fracción II; Segundo, fracción II, numeral 3; y Cuarto, fracción II, segundo párrafo; este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo y ordena remitir el presente expediente, al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, a quien se considera competente para conocer del asunto. Se solicita al Juez de Distrito al que se declina competencia, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente informando sobre la aceptación o no de la competencia declinada. Lo anterior, en el entendido de que se proveyó lo conducente sobre la suspensión de los actos reclamados en la demanda de amparo, en tanto que éstos se ubican en los supuestos del artículo 15 de la ley de la materia; es decir, se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o destierro, o de los que prohíbe el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo, por identidad de razón, la tesis de la quinta época emitida por la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 357, tomo CXXX del Semanario Judicial de la Federación, que lleva por rubro y texto los siguientes: SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, INCOMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE LA. Si no se trata de los casos a que se contraen los artículos 17 y 50 de la Ley de Amparo porque no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de una demanda de amparo en la que el acto reclamado emane de un asunto de ramo diverso del de la jurisdicción del Juez de Distrito ni de una competencia suscitada después de iniciado el procedimiento y el cual deba suspenderse, se está precisamente en presencia del caso a que se contrae el artículo 54 de la Ley de Amparo, sin que el Juez haya debido proveer o tramitar la suspensión respectiva, porque, estima que le falta competencia para conocer, y esa falta de competencia abarca todo el procedimiento de amparo, de donde el Juez de Distrito en una entidad federativa no puede ni debe proveer, por limitación expresa de la ley de la materia, sobre la suspensión, en tanto no se decida la competencia a su favor. Finalmente, para constancia legal, se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo con copia certificada de las constancias que integran el presente. Notifíquese, mediante exhorto a los directamente agraviados. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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