Pedro Silva Torres

Expediente 307/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
307/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
15/07/2019

Partes del expediente

  • Pedro Silva Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II, del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *********, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *********. Doy fe.

  2. Principal

    Vista la razón de la actuaria, se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar ya la parte tercero interesada la sentencia de veintiséis de junio de dos mil diecinueve que dice:Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 307/2019-VI; y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, residente en esta ciudad, el veintitrés de abril de la presente anualidad, turnado a este órgano jurisdiccional al día hábil siguiente, **********, a través de su apoderado legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje y su Presidente. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los inmersos en los artículos 1°, 8° y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del asunto. Mediante auto de veinticinco de abril del año en curso, se ordenó formar expediente y registrar el asunto bajo el juicio 307/2019-VI; se admitió a trámite la demanda; se solicitaron sus informes justificados a las autoridades responsables; a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se le dio la intervención legal que le compete, y; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diversos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al tratarse un acto en materia laboral, impugnable en la vía indirecta, el cual tiene ejecución dentro del territorio donde este tribunal de amparo ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación clara y precisa de los actos reclamados a las autoridades responsables. Del análisis integral del escrito inicial de demanda y de los presentes autos se desprende que el peticionario de amparo reclama a las responsables lo siguiente: A la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, el auto de veinticinco de marzo de la presente anualidad, emitido dentro del expediente 1/03/1726, a través del cual se aperturó el incidente por caducidad, suspendiendo el juicio en lo principal. Al Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, la omisión de ejecutar el laudo dictado dentro del juicio laboral en cita, con motivo de la suspensión contenida en el auto impugnado. Por ende, se tienen a tales actos como los reclamados en esta instancia constitucional. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado la Presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, fue omisa en referir sobre la certeza del acto que le fue reclamado consistente en la omisión de ejecutar el laudo obtenido en su favor, de conformidad con lo establecido en el artículo 940 de la Ley Federal de Trabajo. Sin embargo, no es dable tener por cierto el acto de referencia en virtud de que del acuerdo emitido el veinticinco de marzo de la presente anualidad, dentro del expediente 1/03/1726, se desprende que se aperturó el incidente por caducidad y se suspendió el juicio en lo principal, ya que la Presidenta de la referida junta únicamente se constriñó a lo ordenado en el auto de referencia, sin que la omisión referida hubiere sido de motu proprio. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La Junta Especial número Uno, a través de su Presidenta, al rendir informe justificado señaló ser cierto el acto reclamado; adjuntando, para corroborar lo anterior, copia certificada de todo lo actuado dentro del expediente 1/03/1726. Documental que cuenta con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fue certificada respecto de su original por un servidor público, dotado de fe pública, en ejercicio de sus funciones. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a tal documento, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, registro 394182, de rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Además, en sustento de lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, quinta época, tomo VI, parte SCJN, página 206, registro 394261, del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley citada en segundo término. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece lo siguiente: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el caso, en relación al acto reclamado a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, consistente en el auto de veinticinco de marzo de la presente anualidad, emitido dentro del expediente 1/03/1726, a través del cual se aperturó el incidente por caducidad, suspendiendo el juicio en lo principal, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, que dice lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De la lectura armónica de las porciones normativas transcritas, la segunda aplicada a contrario sensu, se tiene que, el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprende una regla genérica y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto. La regla genérica consiste en que éste procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son por ejemplo, el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso. La regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Al caso concreto, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número P./J. 32/2001, visible en la página 31 del Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice lo siguiente: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Al respecto, en el presente asunto, el quejoso Pedro Silva Torres reclama de la junta responsable, el auto de veinticinco de marzo de la presente anualidad, emitido dentro del expediente 1/03/1726, en el cual se determinó, en lo conducente, lo siguiente: [.] en términos de lo que dispone el artículo 695 de la Ley Federal de Trabajo, así mismo se le tiene, se le tiene interponiendo incidente por caducidad, y en los términos que hace valer en su escrito de cuenta, incidente al cual se le da entrada en artículo de previo y especial pronunciamiento con suspensión del juicio en lo principal de conformidad con lo establecido por los artículos 771, 772 y 773 de la Ley Federal del Trabajo, es por lo que, SE SEÑALAN LAS 13:10 HORAS DEL 08 DE ABRIL DEL 2019, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA INCIDENTAL DE CADUCIDAD [.] Ahora, del análisis de las constancias que obran en autos, se aprecia que ************ demandó a ************, Sociedad Anónima de Capital Variable y/o ************ Asimismo, y una vez desahogadas las etapas que conforman el juicio laboral, el trece de febrero de dos mil ocho, se dictó laudo en el que, en lo que aquí interesa, se condenó a la demandada Gas Único, Sociedad Anónima de Capital Variable, al pago de las prestaciones reclamadas en el escrito inicial de demanda, con excepción de las señaladas en el considerando respectivo, concediéndose el término de setenta y dos horas para su cumplimiento. De igual forma, mediante escritos exhibidos ante la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, el tres de junio de dos mil ocho y catorce de diciembre de dos mil dieciséis, se tuvo a la parte actora solicitándole despachara mandato de ejecución, lo que fue realizado por la responsable mediante autos de uno de julio de dos mil ocho y siete de marzo de dos mil diecisiete. Finalmente, mediante auto de veinticinco de marzo de la presente anualidad, emitido dentro del expediente 1/03/1726, se tuvo a la Junta responsable aperturando incidente por caducidad y suspendiendo el juicio en lo principal. Como se puede advertir, en el caso, el acto reclamado en esta instancia, no es una determinación independiente al referido procedimiento de ejecución, que deba ser estudiado inmediatamente a través de la presente vía de amparo. Por lo anterior, es claro que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que la demanda de amparo que dio origen al presente juicio se hace valer en contra del proveído de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, emitido dentro del expediente 1/03/1726, a través del cual, en atención a la solicitud efectuada por la parte demandada, se aperturó el incidente por caducidad, suspendiendo el juicio en lo principal, respecto del laudo de trece de febrero de dos mil ocho, en el que se le condenó al pago de las prestaciones reclamadas en el escrito inicial de demanda, con excepción de las señaladas en el considerando respectivo. No obstante lo alegado por el recurrente, y acorde a lo acreditado con las constancias del juicio de origen y que fueron aportadas a la presente instancia constitucional, se advierte que dicho laudo no ha sido declarado cumplido. Evidenciado entonces que en el procedimiento de ejecución de sentencia relativo al juicio laboral 1/03/1726, no se ha emitido resolución alguna que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, se torna improcedente el juicio biinstancial. Los razonamientos vertidos llevan a sostener, que el presente juicio de amparo resulta improcedente contra los actos reclamados en esta instancia, consistentes en el proveído de veinticinco de marzo de la presente anualidad, emitido dentro del expediente 1/03/1726, en el que se tuvo a la Junta responsable aperturando incidente por caducidad y suspendiendo el juicio en lo principal; actuaciones intermedias de la etapa de ejecución del proceso laboral en cita. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo vigente, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado, respecto de tales actos. Apoya la presente determinación, la jurisprudencia 610, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Apéndice de 2011, visible en el Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección - Procedencia del amparo indirecto, página 676, registro 1002676, que establece lo siguiente: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada. Lo anterior, sin que el suscrito soslaye que, mediante auto de nueve de mayo de dos mil diecinueve, emitido dentro del expediente 1/03/1726, la Junta responsable dejó sin efectos el auto de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, reanudó el procedimiento en la etapa procesal correspondiente y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental de prescripción de ejecución de laudo; sin embargo, el sentido del anterior auto, al gozar de la misma naturaleza del acuerdo reclamado, en nada variaría lo determinado en la presente resolución. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, 62, 63, fracción V, 64, 65, 73, 74, 75, 107, fracción IV y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 307/2019-VI, promovido por ************, contra los actos reclamados a las responsables, Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje y Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se advierte que el informe justificado de las responsables, Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje y Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, no cumple con la temporalidad a que alude el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las diez horas con diez minutos del veinticinco de junio de dos mil diecinueve, para su verificativo, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe en mención y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen pertinentes para desvirtuarlo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se advierte que el informe justificado de las responsables, Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje y Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, no cumple con la temporalidad a que alude el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del siete de junio de dos mil diecinueve, para su verificativo, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe en mención y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen pertinentes para desvirtuarlo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

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