Pedro Ruben Nuñez Muñiz

Expediente 579/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
579/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Pedro Ruben Nuñez Muñiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de noviembre de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 579/2023-III, promovido por . RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el nueve de junio de dos mil veintitrés, turnada a este Juzgado el día hábil siguiente, , promovió demanda de amparo contra actos de las autoridades y actos señalados en el considerando segundo de la presente sentencia. SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa consideró transgredidos los previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por proveído de trece de junio de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo, la que se registró bajo el expediente 579/2023, se solicitaron informes justificados a las responsables, mediante auto de veinticinco de agosto de misma anualidad, la parte quejosa amplió la demanda y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien se abstuvo de formular pedimento. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107 de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este asunto se refiere a la inconstitucionalidad de un acto cuya ejecución tuvo lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que conforman el juicio, se desprende que la parte quejosa, se ostentó tercero extraño por equiparación, respecto del juicio de cual derivan los actos que reclama, de las autoridades y actos siguientes: En la demanda se señalaron las autoridades y actos siguientes: "IV.- ACTO U OMISION QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: DE LA AUTORIDAD ORDENADORA JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL POR AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD se reclama: La supuesta sentencia u orden de desalojo en mi contra AUTORIDAD EJECUTORA OFICIALES NOTIFICADORES Y MINISTROS EJECUTORES ADSCRITOS A LA CENTRAL DE ACTUARIOS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, RESIDENTE EN ESTA CIUDAD. La falta o ilegal emplazamiento y/o requerimiento que supuestamente se me hizo dentro del juzgado de la ordenadora." Asimismo, por escrito recibido en este juzgado el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, la parte quejosa amplió de la demanda en la cual, como actos y autoridades responsables señaló las siguientes: NOMBRE DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES Y EJECUTORAS: OFICIAL NOTIFICADOR Y MINISTRO EJECUTOR ADSCRITA A LA OFICINA CENTRAL DE OFICIALES NOTIFICADORES Y MINISTROS EJECUTORES DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS ACTOS RECLAMADOS. Son los siguientes: La ilegal acta de veintiséis de enero de dos mil veintitrés Es decir, el ilegal emplazamiento realizado al suscrito por OFICIAL NOTIFICADOR Y MINISTRO EJECUTOR ADSCRITA A LA OFICINA CENTRAL DE OFICIALES NOTIFICADORES Y MINISTROS EJECUTORES DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, en el juicio 1291/2022." Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, Juez Segundo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, y del Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, puesto que así lo refirieron al rendir sus informes justificados, y de su contenido se advierte su existencia. Certeza que se corrobora con las documentales que anexó la responsable ordenadora antes señalada a su informe justificado, las cuales la autoridad ejecutora hizo suyas en su informe, consistente en copia certificada de constancias relativas al siguiente proceso: Juicio oral ordinario civil con número de expediente , del índice del Juzgado Segundo Civil por Audiencias, promovido por , en contra del ahora quejoso . Documentos que cuentan con valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2º de esta última. Es aplicable al respecto, la tesis formulada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XII, Noviembre de 1993, Página: 342. que indica: "DOCUMENTOS NO OBJETADOS, SU VALOR PROBATORIO. Si el documento privado ofrecido como prueba por una de las partes, no es objetado en cuanto a su autenticidad, tiene valor probatorio pleno para acreditar el hecho respectivo.". Además, en las constancias que anteriormente se describieron, se advierte la diligencia de notificación personal de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, mediante la cual, se emplazó al quejoso , al juicio ordinario civil de origen, por conducto de la licenciada , Actuaria Judicial Adscrita a la Oficina Central de Oficiales notificadores del Distrito Judicial Bravos. Asimismo, obra en autos del juicio de origen, el auto de cinco de junio de dos mil veintitrés, por medio de la cual se ordena lo siguiente: ". Se ordena turnar los autos a la Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores de este Distrito Judicial Bravos, a efecto de que por medio de uno de sus integrantes se constituya en el inmueble ubicado en la calle Hélice número 7004 del fraccionamiento Jardines del Aeropuerto en esta Ciudad Juárez, Chihuahua), de esta ciudad, y se lleve a cabo la ejecución de la sentencia definitiva de fecha dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, y se dé cumplimiento al resolutivo cuarto de dicha resolución, en el que se ordena a la parte demandada [Pedro Rubén Núñez Muñiz] a la desocupación y entrega material del inmueble en el domicilio señalado en líneas precedentes, en favor de la parte actora. Por tratarse de ejecución de sentencia, se autoriza el uso de la Fuerza Pública y rompimiento de cerraduras, así como la habilitación de días y horas inhábiles e inventario de los bienes muebles en caso de ser necesario, lo anterior de conformidad con los artículos 74 y 124 fracción 111 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. ." Por lo tanto, el acto reclamado, consistente en la diligencia de emplazamiento al juicio de origen, así como la orden de toma de posesión, se tienen como existentes, pues lo expuesto se deriva de las constancias que remitió la autoridad, en copia certificada del juicio natural, las cuales cuentan con valor probatorio pleno, conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por servidores públicos, dotados de fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo es el Secretario del Juzgado Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos. CUARTO. Actualización de una hipótesis de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 814, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Ahora bien, dado que las partes no formularon causas de improcedencia y no se advierte de oficio actualizada alguna, se procede a resolver la inconstitucionalidad planteada en la demanda de amparo por la parte quejosa. QUINTO. Antecedentes. A efecto de dar claridad al asunto y proceder al análisis de los motivos de disenso, es conveniente destacar algunos antecedentes del caso en estudio, siendo los que a continuación se sintetizan: 1. El doce de diciembre de dos mil veintidós, Socorro Alvarado Ponce, presentó demanda, en contra del ahora quejoso Pedro Rubén Núñez Muñiz. 2. Por auto de trece de diciembre de dos mil veintidós, el Juzgado Segundo Civil por audiencias, registró la demanda con el número de expediente 1291/2022, la admitió a trámite y, entre otras cosas, ordenó emplazar al hoy quejoso en el domicilio proporcionado por la parte actora, esto es, en el ubicado en calle Hélice número 7004, del fraccionamiento Jardines del Aeropuerto, cuarta etapa, en esta Ciudad Juárez, Chihuahua. 3. En cumplimiento a lo anterior, la Oficial Notificadora y Ministro Ejecutora adscrita a dicho Juzgado, licenciada Irma Elia Hernández Pichardo, en acta actuarial de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, hizo constar que, a las diecisiete horas con quince minutos, de esa data, se constituyó en el domicilio ubicado en calle Hélice número 7004-0 del fraccionamiento Jardines del Aeropuerto cuarta etapa, en esta Ciudad Juárez, Chihuahua, de lo cual se cercioró a través de la nomenclatura que aparece en el exterior del inmueble, lugar en el cual, fue atendida por quien manifestó llamarse Pedro Rubén Núñez Muñiz, quien se identificó ante el oficial notificador con identificación de la empresa donde labora, según lo informó mediante copia certificada de la diligencia el juzgado responsable, en la cual el fedatario hizo constar la entrega de los siguientes anexos: "Así mismo, se hace entrega al demandado de los siguientes documentos en copias cotejadas que a continuación se describen: Escrito inicial en cinco hojas Contrato certificado por el R.P.P. Actas Estado Civil Certificadas Fotografías Digitales Identificaciones Varias Copia de Traslado con anexos descritos." 4. Transcurrido el término con el que contaba la parte demandada para contestar la demanda interpuesta en su contra, por auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, el Juzgado responsable la declaró en rebeldía, se le presumió confesa de los hechos señalados en la demanda, y señaló fecha y hora para audiencia preliminar. 5. El veintidós de marzo de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia preliminar, sin la comparecencia de la demandada. 9. Continuado el proceso, el veintiséis de abril de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la audiencia de juicio, y el dieciséis de mayo de misma anualidad, se dictó sentencia condenatoria en contra de la demandada, aquí quejosa, la cual se declaró en aptitud de ejecutarse, el día veintiséis de mayo del mismo año. 10. Por auto de cinco de junio de dos mil veintitrés, el juzgado responsable ordenó a la parte demandada , en esta Ciudad Juárez, Chihuahua, en favor de la parte actora. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Establecido lo anterior, conviene estudiar los conceptos de violación que hace valer el quejoso, sin necesidad de transcribirlos, los que se tienen aquí por reproducidos para evitar repeticiones innecesarias, máxime que ningún artículo de la Ley de Amparo, exige su transcripción; lo anterior conforme a la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, tomo XXXI, Mayo de dos mil diez, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Materia Común, página: 830, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." La parte quejosa, como se precisó en el considerando Segundo, reclama del Juzgado Segundo Civil por Audiencias y del Oficial Notificador y Ministra Ejecutora adscrita a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, ambos del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, el emplazamiento y todo lo actuado dentro del Juicio Oral Ordinario Civil, bajo número de expediente 1291/2022, promovido por Socorro Alvarado Ponce, en contra del ahora quejoso , esto, ostentándose tercero extraño por equiparación, respecto del mencionado juicio, reclamando medularmente, que fue vulnerado en su perjuicio, su derecho a defenderse dentro del juicio interpuesto en su contra, previsto en el artículo 14 Constitucional. Por lo tanto, se procede a analizar, en principio, si le asiste dicho carácter, esto es, si el emplazamiento que se le practicó al juicio natural, es legal o no. Así, los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, se estiman sustancialmente fundados y suficientes para otorgarle el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicita, suplidos en su deficiencia, acorde a lo dispuesto por el artículo 79, fracción VI, de la ley de la materia, atento a las consideraciones legales que a continuación se expresan. Importa destacar, que existe criterio firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que procede suplir la deficiencia de la queja en materias como la administrativa, entre otras, cuando se reclame la falta o ilegal emplazamiento a juicio. Al respecto, se cita la Jurisprudencia P./J. 149/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 22, Tomo XII, Diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón." Ahora bien, del análisis de los conceptos de violación del escrito inicial de demanda, se desprende que el quejoso afirma en síntesis, que se vulnera en su perjuicio su derecho de audiencia, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la diligencia de emplazamiento al juicio oral ordinario civil, con número de expediente 1291/2022, del índice del Juzgado Segundo Civil por Audiencias, carece de la formalidades esenciales del procedimiento, por lo cual no se le dio oportunidad de ser oído, ni de aportar elementos de convicción tendientes a desvirtuar las consideraciones de hecho, en que se apoyaron las autoridades, lo que lo dejó en estado de indefensión al no cumplir en su beneficio, con dichas formalidades esenciales del procedimiento. Como ya se adelantó, el anterior concepto de violación resulta esencialmente fundado, suplido en su deficiencia. En principio, conviene precisar el contenido y alcance del Sexto párrafo, del artículo 14 Constitucional, que la quejosa estima se ha violentado en su perjuicio, el cual establece lo siguiente: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)" Del precepto constitucional transcrito, se desprende que en el mismo, se consagra la garantía de audiencia, la cual implica el seguimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, que garanticen una oportuna y adecuada defensa previa al acto de privación. Al respecto, conviene señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en la Jurisprudencia P./J. 47/95, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Diciembre de 1995, página 133, lo siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." De conformidad con el criterio anterior, las formalidades esenciales del procedimiento son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa, previa al acto privativo, y que se traducen en la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en que se finque la defensa, de alegar y que concluya con el dictado de una resolución que dirima la cuestión debatida. En el presente asunto, una vez recibido el informe de la autoridad responsable, Jueza Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, se desprende que el acto reclamado, dentro del Juicio Oral Ordinario Civil 1291/2022, de su índice, consistente en el emplazamiento que se llevó a cabo con la violaciones procedimentales señaladas, por lo cual no se le dio oportunidad de ser oído, ni de aportar elementos de convicción tendientes a desvirtuar las consideraciones de hecho en que se apoyaron las autoridades; le asiste la razón a la parte quejosa por lo siguiente: Como se señaló en los antecedentes del caso, el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, la Oficial Notificadora y Ministra Ejecutora adscrita a dicho Juzgado Segundo Civil responsable, licenciada cuarta etapa, en esta Ciudad Juárez, con el fin de emplazar al juicio oral ordinario civil 1291/2022, al hoy quejoso, en el cual fue atendido por persona que manifestó llamarse Pedro Rubén Núñez Muñiz, quien se identificó con identificación de la empresa donde labora, por lo cual, lo emplazó a juicio. Pues bien, a efecto de analizar los conceptos de violación, se introduce el contenido de la diligencia llevada a cabo por la Actuaria responsable, con el fin de diligenciar el emplazamiento reclamado, vía constancia de notificación personal, diligencia que es del contenido siguiente: DILIGENCIA DE EMPLAZAMIENTO "En ciudad Juárez, Chihuahua, Distrito Judicial Bravos, siendo las diecisiete horas con cinco quince minutos del día veintiséis del mes de Enero de dos mil veintitrés, el (la) Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito(a) a la oficina de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores de este Distrito Judicial Bravos, Licenciado(a) Irma Elia Hernández Picardo, me constituyo en el domicilio señalado en autos, en busca de de esta ciudad, y cerciorado que es el domicilio correcto en virtud de la nomenclatura que aparece en el exterior del inmueble, color rosa de una sola planta, con maya ciclónica como rejas y encontrando presente a la persona que busco, quien me muestra una identificación de la empresa en la cual labora de nombre "teva" a favor de la persona que busco, con media filiación tez morena clara cabello corto oscuro, complexión regular de un metro sesenta y cinco sentimientos y usa bigote poblado. Acto continuo procedo a notificarle de forma íntegra el (los) auto (s) de fecha(s) trece de diciembre del año dos mil veintidós, emitido por el (la) C. Juez (a) del Juzgado Segundo de lo Civil por Audiencias, dentro del Juicio ORDINARIO CIVIL ORAL, expediente 1291/2022 y con las copias simples de la demanda y sus anexos, consistentes en (40) cuarenta fojas útiles debidamente selladas y cotejadas por la Secretaria del Juzgado, el emplazo a juicio y corro traslado, haciéndole saber que este Tribunal le concede un término de NUEVE DIAS a fin de que dé contestación a la demanda interpuesta en su contra, con el apercibimiento que de no hacerlo se le declarara su rebeldía y en su momento, se le tendrá por presuntamente confeso (a) de los hechos que le sean propios y hayan sido afirmados en la demanda. Haciéndole saber además, que las excepciones procesales y las objeciones respecto a los presupuestos procesales se harán valer al contestar la demanda y se resolverán en la Audiencia Preliminar, concurran o no las partes, en la fecha que para tal efecto se señale y se le apercibe que en caso de no asistir, se le impondrá una multa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 256 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chihuahua. Enterándole de que en caso de no señalar domicilio procesal en esta ciudad todas las notificaciones y citaciones que hayan de practicársele, aun carácter personal, se le harán a través de lista en los estrados de este Tribunal. Así mismo, se hace entrega al demandado de los siguientes documentos en copias cotejadas que a continuación se describen: Escrito inicial en cinco hojas Contrato certificado por el R.P.P. Actas Estado Civil Certificadas Fotografías Digitales Identificaciones Varias Copia de Traslado con anexos descritos." Además se le previene para que en el término de tres días señale a este Tribunal, si no puede entender o hablar el idioma español, o si pertenecen a una comunidad indígena o si presenta alguna capacidad diferente que le impida comunicarse eficazmente y en caso afirmativo, indiquen cual en la inteligencia que de la hacerlo, se entenderá que no cuenta con alguna que le permita para hacer vos sus derechos de manera correcta, oportuna y eficaz para que señale en el término de tres días ante esta autoridad judicial si otorga o no su consentimiento para que en la versión publica de la sentencia que en su momento se dicte, se publiquen sus datos personales, con apercibimiento que de no hacerlo se entenderá su negativa para tal efecto. ?anifestando quien me atiende que oye y queda enterado (a) recibiendo de conformidad las copias que se le entregan. Requiriendo al (la) demandado(a) que firme la presente constancia, manifestando que no firma por no ser su deseo firmar. Con lo anterior termino la diligencia, levantando la presente constancia para los efectos legales a que haya lugar. DOY FE." Se insiste, el concepto de violación resulta esencialmente fundado, suplido en su deficiencia, por las siguientes consideraciones. Con relación a la legalidad de las diligencias de emplazamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en jurisprudencia de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, tanto para las autoridades responsables, como para este juzgado de Distrito, que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador describe cuáles son los documentos que se adjuntaron. De la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis respectiva se destacan las consideraciones siguientes, que se relacionan con los puntos planteados en los agravios (el subrayado es añadido): "[.] Así, se puede afirmar que el punto de contradicción en las resoluciones emitidas por los órganos contendientes radica en resolver la siguiente interrogante:  Para que el emplazamiento a juicio sea válido el actuario o notificador debe describir o precisar cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado? [.] SÉPTIMO. Criterio que debe prevalecer. Esta Primera Sala considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio consistente en que el actuario debe describir en el acta de emplazamiento qué anexos fueron los que se entregaron a la persona con quien se entendió la diligencia respectiva, por lo que, de no satisfacerse tal requisito, ello ocasionará la ilegalidad en el emplazamiento. Esta Primera Sala ya ha referido que la finalidad que se persigue con la diligencia del emplazamiento en todo juicio, es que el demandado tenga conocimiento íntegro de la pretensión deducida en su contra por la parte actora; así como de las actuaciones de inicio y trámite previos al primer llamamiento a juicio. [.] Ahora bien, previo a dar respuesta a la pregunta que detona el punto de contradicción, es conveniente tener presente el contenido de los artículos interpretados por los órganos colegiados contendientes. [.] Como ya se dijo en el considerando que antecede, aun cuando los preceptos aplicados e interpretados por los órganos contendientes no emplean una redacción idéntica, lo cierto es que ambos establecen, de manera coincidente, el siguiente enunciado normativo: El actuario o notificador, al efectuar el emplazamiento, deberá correr traslado con la "demanda y demás documentos" que se adjuntan a ésta. Pues bien, esta Primera Sala arriba a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el actuario tiene el imperativo legal de describir en el acta de emplazamiento qué anexos fueron los que se entregaron a la persona con quien se entendió la diligencia respectiva, por lo que, de no satisfacerse tal requisito, ello ocasionará la invalidez del emplazamiento. [.] Ahora bien, es cierto que el enunciado normativo que aquí se analiza (relativo a que el actuario o notificador, al efectuar el emplazamiento, deberá correr traslado con la "demanda y demás documentos" que se adjuntan a ésta) no contiene la orden expresa de que el fedatario público encargado de practicar el emplazamiento describa en el acta de emplazamiento cuáles son esos anexos documentales con los que corrió traslado. Sin embargo, los artículos aplicados por los órganos contendientes no deben interpretarse sólo de manera literal o gramatical; pues esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado consistentemente que los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretase de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, de debido proceso y de certeza jurídica. Lo anterior, pues es mediante el emplazamiento que las autoridades cumplen en un proceso jurisdiccional con el derecho de audiencia y de debido proceso, reconocidos en el artículo 14 de nuestra Constitución. [.] La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio. Por ende, la falta de observancia de las formalidades en el emplazamiento trae como consecuencia su nulidad, pues debe garantizarse que el demandado tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio entablado en su contra y de sus consecuencias; sólo así tendrá oportunidad de defenderse. Bajo esta lógica, es factible concluir que cuando una ley procesal establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, ello implica que, a través de la exigencia de tal formalidad (entrega de copias de los documentos que se adjuntan a la demanda), la legislación procesal busca que se observen las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, de debido proceso y de certeza jurídica. Así es, la finalidad de que, al practicarse el emplazamiento se corra traslado con la copia de los documentos que la parte actora adjuntó a su demanda, no es otra que la de garantizar que la persona emplazada tenga conocimiento cierto y completo, no sólo de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción; a fin de estar en condiciones de contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Entre los documentos que se adjuntan a la demanda y con los que las normas procesales interpretadas por los tribunales contendientes ordenan que se corra traslado a la parte enjuiciada, suelen encontrarse los documentos base de la acción, como son contratos, convenios o títulos de crédito, por mencionar algunos. Es a partir de esos documentos que se adjuntan a la demanda que la parte demandada adquiere conocimiento pleno y cierto de aquella información que le permitirá ejercer su derecho a la defensa. [.] Por tanto, si al practicar el emplazamiento el actuario no certifica que corrió traslado con las copias de los documentos que el actor adjuntó a la demanda, o bien, en la certificación que asienta en el acta relativa no se establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado, no es factible concluir que la diligencia de emplazamiento cumplió su objetivo constitucional de hacer saber de manera cierta al demandado aquella información que le permitirá ejercer adecuadamente su derecho a la defensa. Cuando el actuario, al practicar el emplazamiento, sólo certifica que corrió traslado con las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda, sin precisar cuáles son éstos, no permite al enjuiciado tener certeza respecto a que la información que obtiene de las copias con las que se le corrió traslado es consistente con la que se desprende de los documentos que se adjuntaron a la demanda, menos aún si está completa. [.] Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora; sino que, como ya se dijo, tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción; a fin de estar en posibilidad real de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que estime necesarias para su defensa. Es por estas razones que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando, al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, precisa o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Tal formalidad en el emplazamiento (consistente en que el actuario certifique en el acta que entregó copias de traslado de los documentos que se adjuntaron a la demanda y describa, precise o indique cuáles son tales documentos) no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado. Además, por encima de la comodidad del fedatario público que practica el emplazamiento se encuentra la obligación de los órganos jurisdiccionales de respetar y garantizar los derechos de audiencia, defensa, debido proceso, legalidad y certeza jurídica de las partes del proceso judicial. Las anteriores son las consideraciones que sostienen la resolución de la contradicción de tesis 107/2020 y, en ellas, se expresa por qué la descripción de los documentos, es una formalidad que debe ser observada, so pena de que la diligencia de emplazamiento carezca de validez." De la anterior contradicción derivó la jurisprudencia 1a./J. 39/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 204 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, Décima Época, con registro digital 2022118, que dice: "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO. Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron si como requisito de validez del emplazamiento, el actuario o notificador debe describir cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Justificación: La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretarse de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, al debido proceso y de certeza jurídica. Esto último se traduce en que para considerar que el emplazamiento a juicio cumple con su finalidad constitucional de garantizar al demandado el pleno ejercicio a la defensa, la información que a través de él se proporcione al enjuiciado debe otorgar la suficiente certeza jurídica respecto a la fidelidad de los términos en los que el accionante formuló su demanda y de los documentos que adjuntó a ésta. Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Bajo esta lógica, si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado. Tal formalidad en el emplazamiento no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado.". En el caso en estudio, de la diligencia de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, transcrita en párrafos precedentes, correspondiente al emplazamiento realizado de manera personal, practicado al quejoso, aquí recurrente, se advierte que la licenciada Irma Elia Hernández Picardo, Oficial Notificadora y Ministra Ejecutora adscrita a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, en la parte conducente, asentó lo siguiente: "[.] Así mismo, se hace entrega al demandado de los siguientes documentos en copias cotejadas que a continuación se describen: Escrito inicial en cinco hojas Contrato certificado por el R.P.P. Actas Estado Civil Certificadas Fotografías Digitales Identificaciones Varias Copia de Traslado con anexos descritos." [.]" Diligencias que evidencian que la notificadora al momento de efectuar dichos emplazamientos, incumplió con lo establecido en la referida jurisprudencia [1a./J. 39/2020 (10a.)]. Esto, pues si bien dicha funcionaria refirió que se entregó a la demandada "Escrito inicial en cinco hojas, Contrato certificado por el R.P.P., Actas Estado Civil Certificadas, Fotografías Digitales, Identificaciones Varias, Copia de Traslado con anexos descritos"; lo cierto es que tal descripción es genérica e imprecisa, respecto de los documentos con que corrió traslado a la demandada y, por ende, insuficiente para cumplir con la formalidad en el emplazamiento derivada del artículo 14 constitucional. Se concluye de ese modo, porque de la descripción hecha por la oficial notificadora no puede llegarse a la conclusión de que hizo entrega a la demandada de todos los documentos que la parte actora exhibió en su demanda, y que de las constancias del juicio de origen que la jueza civil adjuntó a su informe con justificación, se desprende que fueron los siguientes: "3.- Las documentales que consisten en: A) Copia certificada de la escritura pública no. 2,548 bajo la fe pública del Notario Público Número Cuatro , de fecha 30 de julio de 1998. B) Acta de nacimiento del C. expedida por el Registro Civil del Estado de Chihuahua. C) Credencial para votar del C. , todas expedidas por el Instituto Nacional Electoral. D) Acta de matrimonio entre el C. expedida por el Registro Civil del Estado de Chihuahua. E) Acta de defunción de la C. expedida por el Registro Civil del Estado de Chihuahua." Documentos que la jueza responsable, ordenó poner a disposición de la demandada por auto de trece de diciembre de dos mil veintidós, en el cual al admitir la demanda y ordenar el emplazamiento, lo hizo en los siguientes términos: "[.] córrase traslado y emplácese a la demandada , en el domicilio ubicado en en esta Ciudad, con los documentos que acompaña debidamente sellados y confrontados por la Secretaría de este Juzgado, córrase traslado en términos de ley [.]"; Sin embargo, la actuaria de referencia, en su diligencia actuarial, no describió con precisión los documentos que se adjuntaron a su constancia, para tener certeza de que entregó al demandado, todos y cada uno de los documentos antes indicados. Lo cual, en el caso, se estima era necesario, pues como se vio, la funcionaria únicamente describe generalmente los documentos, sin indicar el número de escritura, ni entre quienes se celebró; además de que al referirse como "actas Estado Civil Certificadas, Fotografías Digitales, Identificaciones Varias, Copia de Traslado con anexos descritos," no describe en que consisten las mismas o a quién pertenece cada actas e identificaciones. Asimismo, la actuaria judicial fue omisa en señalar en su diligencia, el anexo consistente en el proveído que ordena la notificación. Es así, pues conforme al numeral 134, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua refiere lo siguiente: "ARTÍCULO 134. Si se tratare de la notificación de la demanda y a la primera búsqueda no se encontrare a la parte demandada, cerciorándose quien debe hacer la notificación que la persona interesada tiene su domicilio en dicho lugar y asentando las circunstancias y medios que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio, se le dejará cita para hora fija dentro del día hábil siguiente, haciendo constar en el citatorio el nombre de la persona a quien se cita, el día y la hora en que debe esperar la notificación, y pondrá en el mismo el sello correspondiente, autorizándose el citatorio por la o el notificador. Si la persona que debe ser notificada no espera a que se le haga, ésta se le hará por medio de instructivo que se entregará a parientes, empleados o empleadas de la persona interesada o a cualesquiera otra persona que se encuentre en el domicilio y, en caso de no atender nadie, se fijará en la puerta donde se actúa, de todo lo cual se asentará razón en las diligencias. Al instructivo se agregará copia de la demanda y sus anexos, así como de la resolución que se notifica. Lo anterior encuentra sustento, en lo conducente, la diversa jurisprudencia VI.3o.C. J/31, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Octubre de 1999, página 1197, que dice: EMPLAZAMIENTO. NECESIDAD DE HACER CONSTAR LA ENTREGA DE LA COPIA DE LA RESOLUCIÓN MATERIA DE LA NOTIFICACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si de las constancias de autos, se observa que el emplazamiento se limitó al levantamiento de un acta en la que se hace constar la presencia del demandado, sin que se asiente la razón de que se entregó copia autorizada de la resolución materia de la notificación, ni que se le corrió traslado con la copia de la demanda y sus anexos, tal diligencia debe considerarse ilegal, porque de una interpretación de los artículos 49 fracciones I y II, 58 fracción I, 230 fracciones III y IV y 231 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, se desprende que el emplazamiento deberá notificarse al demandado en forma personal, en el domicilio señalado para ese efecto y, además, deberá entregarse copia de la resolución a notificar y corrérsele traslado con las copias de la demanda y sus anexos. Asimismo, en la tesis bajo registro digital: 2013926, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, de la décima época, materia(s): Civil, Tesis: (II Región) 3o.2 C (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Marzo de 2017, cuyo rubro y texto son los siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL JUICIO ORDINARIO CIVIL. CUANDO SE REALIZA PERSONALMENTE CON EL INTERESADO, EL DILIGENCIARIO DEBE CORRERLE TRASLADO, ENTREGANDO COPIA DE LA DEMANDA Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO DEL AUTO POR EL QUE SE ORDENÓ AQUÉL, AUN CUANDO ESTE ÚLTIMO REQUISITO NO LO PREVEA EL ARTÍCULO 97, INTERPRETADO DE MANERA ADMINICULADA CON LOS DIVERSOS 801 Y 813 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA. Del citado artículo 97 se advierte que el funcionario encargado de practicar la primera notificación de llamamiento al juicio, debe cumplir con determinados requisitos, entre ellos, entregar un instructivo cuando no se lleva a cabo personalmente con el interesado; tales exigencias tienen por objeto que se tenga plena certeza de que la parte demandada en el juicio natural estará en condiciones de atender el llamado de la autoridad, por tanto, para cumplir a cabalidad la función que tiene el emplazamiento cuando se realiza personalmente con el interesado, el personal actuante debe correrle traslado, entregando copia de la demanda y sus anexos, así como copia del auto por el cual se ordenó dicha diligencia; este último requisito es exigible, aun cuando el referido numeral 97 no lo prevea expresamente, ya que de una interpretación integral y adminiculada con los artículos 801 y 813 del mismo código procesal civil, que versan sobre el procedimiento a seguir en los juicios ordinarios civiles, se concluye que la finalidad de la primera notificación se logra cuando se dan a conocer al interesado los datos necesarios para sostener su defensa, entre ellos, la determinación judicial de la vía que seguirá el procedimiento, el tipo de asunto entablado en su contra, el número de expediente con el que se radicó y, el órgano que conoce de él; de igual forma, el sentido de la determinación adoptada por el tribunal, es decir, si se trata de la admisión de la demanda, lo resuelto en cuanto a la competencia y acerca de la personalidad de la parte actora; así como el plazo que tiene para oponerse, pues esa información está contenida en la resolución judicial a notificar." Consecuentemente, ante el defecto e imprecisión de la notificadora en la descripción de los todos los anexos con los que corrió traslado a la quejosa, es evidente que incumplió con la formalidad establecida en el emplazamiento por la jurisprudencia 1a./J. 39/2020 (10a.), así como de las disposiciones legales, contenidas en el artículo 134 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua aplicable, para considerarlo válido; pues se itera, la citada funcionaria además de no especificar que entregó el auto de admisión que ordenó el emplazamiento a la parte demandada, no describió con claridad, precisión y exactitud cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado. Lo cual evidencia la ilegalidad del emplazamiento de la demandada, aquí quejosa, al juicio oral ordinario civil, porque no cumple a cabalidad la formalidad establecida para este tipo de notificaciones, al no permitir que ésta conociera con fidelidad los términos, las pretensiones y los hechos que se les notificaron. Es pertinente mencionar que la jurisprudencia citada es anterior a la realización de las diligencias cuestionadas, por ende, su observancia era obligatoria para la responsable en términos del primer párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo. Lo que constituye una irregularidad que trasciende a considerar ilegal la diligencia encomendada a la ministra ejecutora, en atención a que se trataba del llamamiento a juicio, lo que se estima una infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento, pues al no tener conocimiento pleno de los documentos anexos a la demanda instaurada en su contra, el aquí quejoso, no tuvo la oportunidad legal de ofrecer pruebas ni de formular alegatos dentro del juicio ordinario civil de origen. En consecuencia, de conformidad con las consideraciones que anteceden, lo procedente es otorgar el Amparo y Protección de la Justicia Federal al quejoso Pedro Rubén Núñez Muñiz, en contra de las autoridades y por los actos que quedaran precisados con anterioridad. SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se determina que la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es para los efectos siguientes: 1.- Que la Jueza Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, deje insubsistente todo lo actuado en el Procedimiento Oral Ordinario Civil 1291/2022, a partir de la diligencia de emplazamiento reclamada y, de estimarlo conducente, con plenitud de jurisdicción, reponga el citado procedimiento. 2.- Del mismo modo, dicha autoridad deberá en términos de la sentencia que se dicta, dejar sin efectos todas las consecuencias legales que derivaron del acto reclamado, consistentes en la orden de la puesta en posesión legal y material de la parte actora del bien inmueble en litigio. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de jurisprudencia VII.2º.C. J/21, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 1305, Julio de dos mil cinco, Tomo XXII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación. Finalmente, cabe precisar que los criterios que han sido citados, se estiman aplicables al caso en estudio, en virtud a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que dispone lo siguiente: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 63, 73, 74, 75, 76 y 77, demás relativos de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a , en contra de actos de la Jueza Segundo de lo Civil por Audiencias y Actuaria Judicial Adscrita a la oficina de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, ambos del Distrito Judicial Bravos, por las razones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia, para los efectos precisados en el séptimo. Notifíquese por lista electrónica, personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Eduardo Quiroz Álvarez, el día quince de noviembre de dos mil veintitrés, en que las labores de este juzgado lo permitieron. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICAC POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEITNITRÉS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Finalmente, cabe precisar que los criterios que han sido citados, se estiman aplicables al caso en estudio, en virtud a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que dispone lo siguiente: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 63, 73, 74, 75, 76 y 77, demás relativos de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a , en contra de actos de la Jueza Segundo de lo Civil por Audiencias y Actuaria Judicial Adscrita a la oficina de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, ambos del Distrito Judicial Bravos, por las razones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia, para los efectos precisados en el séptimo. Notifíquese por lista electrónica, personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Eduardo Quiroz Álvarez, el día quince de noviembre de dos mil veintitrés, en que las labores de este juzgado lo permitieron. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Central de Actuarios del Distrito Judicial Bravos; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ******************, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******************. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, ocho de septiembre de dos mil veintitrés.********************Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Juez Segundo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga.********************Se le tiene ofreciendo las documentales que al efecto exhibe, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza; probanzas que de cualquier forma el juzgador tomará en consideración, al emitir la resolución correspondiente, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo.********************Notifíquese por lista electrónica.********************Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

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