Pedro Reyes Salazar
Expediente 472/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 472/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 14/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Pedro Reyes Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el oficio *******, signado por la Secretaria de Acuerdos adscrita al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el testimonio de la resolución dictada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia Saltillo, Coahuila, el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, en el amparo en revisión penal ******* y los autos originales del juicio de amparo *******, promovido por *******, hágase del conocimiento de las partes que dicho Tribunal Colegiado, resolvió: PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida de treinta de junio de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo *******, promovido por *******, contra el acuerdo de treinta de junio de dos mil quince que ordenó el traslado del sentenciado a otro centro de readaptación social, dictado dentro de la causa penal ******* del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. Acúsese recibo de estilo, agréguese el cuadernillo de antecedentes, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Finalmente, como se advierte que el presente expediente es un asunto totalmente concluido; devuélvase al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, los autos originales de la causa penal ******* instruida en contra del aquí quejoso, misma que fue anexada como justificación a su informe, solicitando acuse el recibo de estilo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio *******, signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en el cual obra inserto el acuerdo dictado el uno de agosto del año en curso, en el toca de amparo en revisión *******, del que se advierte que la superioridad ordenó acusar recibo del oficio a través del cual se le remitió el original y copia del escrito de expresión de agravios, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia de treinta de junio de dos mil dieciséis, dictada en el juicio de amparo *******, así como los autos originales del mismo; de igual manera, se desprende que admitió el recurso de revisión interpuesto por dicha parte, de lo que enterado queda este juzgado federal. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 62, 219, y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada ******* Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de julio de dos mil dieciséis y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de julio de dos mil dieciséis. Vista la constancia actuarial que antecede, mediante la cual el quejoso, *******, manifestó que era su deseo interponer recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente recurso, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes, tanto de la sentencia de referencia, como del presente recurso de revisión, remítase al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, los autos originales de este juicio de amparo número *******. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 472/2016-III, promovido por ****, contra actos del Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el dos de junio de dos mil dieciséis, turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, *********, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó: [.] Acto Reclamado: Reclamo de la responsable el haber ordenado mi traslado al cefereso N. 9 Norte, cuando en escrito le solicité al H. Juez Quinto el traslado al cereso Estatal N. 3 de esta ciudad, con esta negativa violando los derechos fundamentales no respetando el principio de igualdad cometiendo actos encaminados a la discriminación. [.] SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima violadas. La parte quejosa consideró que el acto reclamado transgredió en su perjuicio los artículos 1 y 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. El tres de junio de dos mil dieciséis, se admitió la demanda como amparo indirecto 472/2016-III; se solicitó a la Responsable su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente compete a los terceros interesados y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, por último, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, Constitucionales, 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia penal en el que se reclama un acto de autoridad que tiene su sede dentro del territorio en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: El acuerdo dictado por el Juez Quinto de Distrito por medio del cual autorizó el traslado del quejoso al Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", cuando por escrito le solicitó el traslado al Centro de Reinserción Social Número Tres, de esta ciudad. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente de lo que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, aceptó la existencia del acto reclamado al rendir su informe con justificación; asimismo, se advierte del original de la causa penal 87/2010-II-4 del índice de esa autoridad, que se instruyó en contra del hoy quejos documental a la que se reconoce pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En el caso no es necesario hacer el análisis de los conceptos de violación, debido a que se actualiza una causal de improcedencia del juicio de amparo, la cual, es de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Para un mejor entendimiento del asunto, es importante destacar que con motivo de la reforma a los preceptos 18 y 21 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, que entró en vigor el diecinueve de junio de mil once, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen, modificación y duración de las penas. Sobre el particular, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el fin de dicha reforma constitucional, consistió en transformar el sistema penitenciario debiendo tomarse como base la protección de los derechos humanos y bajo la consideración de que la pena de prisión afecta uno de los derechos fundamentales de la persona: su libertad. Para lograr los fines perseguidos por la reforma constitucional, se consideró que la transformación al sistema penitenciario no sería posible mientras la ejecución de las penas permaneciera bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo. En ese sentido, se afirmó que la facultad de ejecutar la pena debía trasladarse al Poder Judicial, debido a que dejar la ejecución en manos de la administración; rompía una secuencia procesal, ya que la misma autoridad judicial que pronunció la sentencia, debe vigilar que la sanción se cumpla estrictamente, conforme a derecho, en la forma pronunciada en la ejecutoria. Con ello, el legislador buscó limitar la facultad del Poder Ejecutivo para administrar las prisiones y devolver la potestad de ejecutar lo resuelto al Poder Judicial, que implica salvaguardar los derechos de los internos y corregir los abusos, desviaciones y cumplimiento de los preceptos que en el régimen penitenciario puedan producirse. Ahora bien, en la jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.), publicada en la página 18, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 1, Materia (s): Constitucional, Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, el Pleno de nuestro Alto Tribunal sustentó en lo que interesa, que derivado de la entrada en vigor de las reformas constitucionales referidas, se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado y de los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, sino a las autoridades judiciales y, en particular, a los Jueces de Ejecución en materia penal, ya sea en el ámbito local o federal; pues es a ellos, a quienes les corresponde asegurar el cumplimiento de las penas y de controlar diversas situaciones que se puedan producir en el cumplimiento de aquéllas, así como de las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. En otro importante precedente, debe resaltarse, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria emitida al resolver el amparo en revisión 1375/2009, consideró que la orden de traslado emitida una vez dictada la sentencia condenatoria, sí conlleva una afectación al sentenciado en su derecho efectivo a la defensa, en virtud de que su ejercicio no puede limitarse a la parte del proceso, pues esta prerrogativa de igual forma debe aplicarse en la etapa de ejecución de la sentencia, en los casos en que el sentenciado tenga necesidad de ser asesorado por un abogado. Ello, partiendo de que en dicha fase, el sentenciado, cuenta con ciertos beneficios preliberacionales que pueden hacer valer en los términos que la propia ley disponga, como pueden ser: a) la condena condicional, b) la sustitución de la pena de prisión; y, c) la conmutación de sanciones. En los cuales se requiere la asistencia o asesoramiento jurídico y, en su caso, la promoción por parte de un defensor, pues de lo contrario se dejaría inerme al sentenciado frente a la actuación de las autoridades ejecutoras. De tal forma, que una vez dictada la sentencia condenatoria, el sentenciado tiene el derecho constitucional a contar con un defensor y con los medios suficientes y necesarios para preparar y hacer valer los beneficios preliberacionales con los que disponga en términos de ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CLXXVIII/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 57, Tomo XXX, octubre de 2009, Materia (s) Constitucional, Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que indica: DEFENSA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL. ESA GARANTÍA TAMBIÉN ES APLICABLE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. El artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), al tutelar la defensa adecuada en el proceso penal, la instituyó como un derecho fundamental mínimo, por lo que dicha garantía también es aplicable en la etapa de ejecución de sentencia, pues en ese periodo el sentenciado cuenta con ciertos beneficios preliberacionales que puede hacer valer cuando proceda -como la condena condicional, la sustitución de la pena de prisión y la conmutación de sanciones-, lo cual requiere la asistencia, asesoramiento jurídico y, en su caso, la promoción por parte de un defensor, pues de lo contrario se dejaría inerme al sentenciado frente a la actuación de las autoridades ejecutoras. Además del derecho del sentenciado a una defensa adecuada, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal del país, en la jurisprudencia que a continuación se transcribe, consideró que la orden de traslado dictada contra un sentenciado, limita el derecho a compurgar la pena de prisión en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, lo cual, es constitutivo de una auténtica prerrogativa fundamental. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 19/2012 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada página 14, libro XIII, Octubre de 2012, tomo 1, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que sustenta: DERECHO HUMANO DEL SENTENCIADO A PURGAR LA PENA DE PRISIÓN EN EL CENTRO PENITENCIARIO MÁS CERCANO A SU DOMICILIO. SU ALCANCE. Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008, que entró en vigor el 19 de junio de 2011, en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció el derecho humano del sentenciado por delitos distintos a los de delincuencia organizada y que no requieren medidas especiales de seguridad, a purgar la pena de prisión en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social; ello, porque la palabra "podrán" que el Constituyente utiliza para denotar su contenido, está dirigida a los sentenciados y no a las autoridades legislativas o administrativas, habida cuenta de que el ejercicio de tal derecho representa un acto volitivo del sentenciado que puede manifestarlo en una petición concreta para ser trasladado al centro penitenciario más cercano a su domicilio, pues sólo así, en atención a la cercanía con su comunidad puede alcanzar con mayor eficacia el objetivo constitucional de la reinserción social. Por otra parte, el hecho de que en el referido precepto constitucional se disponga que el derecho en cuestión queda sujeto a los casos y las condiciones que establezca el legislador secundario, federal o local, refleja únicamente que se trata de un derecho limitado y restringido, y no de uno incondicional o absoluto; de ahí que el legislador secundario goza de la más amplia libertad de configuración de las disposiciones relacionadas con la determinación de los requisitos y las condiciones que el sentenciado debe cumplir para alcanzar y disfrutar de dicho beneficio, con tal de que sean idóneos, necesarios y proporcionales en relación con el fin que persiguen, ya que sólo así se evita cualquier pretensión del legislador ordinario de hacer nugatorio un derecho constitucionalmente reconocido; por lo que si la ley no establece en qué casos y con qué condiciones los sentenciados pueden purgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, ello no obstaculiza el goce de dicho beneficio, si se encuentran ubicados en ese supuesto constitucional, puesto que lo contrario implicaría que el derecho humano en comento y, en consecuencia, el propio mandato del Constituyente Permanente, quedaran sujetos a un acto de voluntad de uno de los Poderes derivados del Estado. Al respecto se dijo, que ese derecho representa un acto volitivo del sentenciado y se manifiesta en la petición concreta para ser trasladado al centro penitenciario más cercano a su domicilio, pues solo así, en atención a la cercanía con su comunidad puede alcanzar con mayor eficacia el objetivo constitucional de la reinserción social. Esto es, se concibió a la familia como un factor coadyuvante para la resocialización del sentenciado. Bajo ese contexto, la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, igualmente concluyó que la orden de traslado, ya sea emitida dentro del proceso o una vez dictada la sentencia condenatoria, modifica las condiciones de la situación de privación de libertad en la que se encontraba el procesado y el sentenciado, las cuales, pueden afectar de manera directa otros derechos de estas personas, como son el de una defensa adecuada y el de purgar la pena en un centro penitenciario cercano a su domicilio. Siguiendo la misma premisa, en la propia ejecutoria, la Superioridad retomó además, diversos criterios por ella sustentados, que revelan que la libertad personal de los gobernados no solo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de la libertad personal que en ese momento disfrute, sino que tal afectación también surge con actos que determinen la permanencia del gobernado en su situación de privación de libertad personal o modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. De modo, que si bien la orden de traslado no entraña por sí misma una afectación a la libertad personal del procesado o del sentenciado, sí produce consecuencias capaces de modificar las condiciones en que tal privación debe llevarse a cabo, o bien ejecutarse; lo que trae como resultado una afectación indirecta de la libertad de dichas personas, de acuerdo con las consideraciones precisadas en la jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una vez expuesto lo anterior debe decirse que en el "CAPÍTULO III DE LOS TRASLADOS", el artículo 154, de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, señala: 154. Traslado de procesados. Para el traslado de procesados será necesaria la autorización expresa de la autoridad a cuya disposición se encuentre, salvo los casos de notoria urgencia en los que se ponga en peligro la vida o la integridad física de los internos o la seguridad y el orden del establecimiento, debiendo notificar a dicha autoridad el siguiente día hábil. De la lectura del citado numeral, resulta evidente que la autoridad a cuya disposición se encuentre el procesado es la facultada para autorizar el traslado del sentenciado a diverso centro penitenciario, salvo los casos de notoria urgencia en los que se ponga en peligro la integridad física de los internos o la seguridad y el orden del establecimiento. De ahí, que la orden de traslado puede ser emitida por una autoridad administrativa cuando se cumplan los supuestos precisados con antelación, pero, será puesta bajo el escrutinio del juez de ejecución conforme a lo dispuesto en el diverso numeral 155 del ordenamiento citado, el cual, es el encargado de asegurar el cumplimiento de las penas y de las cuestiones accesorias a ésta. Sobre esa base, debe puntualizarse que en el caso, el traslado reclamado se emitió dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia, ya que fue autorizado por el juez facultado para ello, que es ante quien se encuentra a disposición el sentenciado, es decir, se trata de un acto que lo obliga a mantenerse en esa situación, que impide modificar las condiciones en que deberá seguir compurgando la pena impuesta hasta su extinción, por lo que para efecto del cómputo de la oportunidad en la presentación de la demanda, no se actualiza la hipótesis de excepción contenida en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, pues para ello se necesita que esa afectación se realice fuera de procedimiento, lo que no ocurre en el particular, como enseguida se evidenciará. En efecto, de la causa penal 87/2014-II-4 generadora del acto reclamado, se desprende lo siguiente: 1. A ************ se le siguió proceso por su responsabilidad penal en la comisión del delito de robo, previsto y sancionado por los artículos 367, 371, último párrafo, en relación con el 373 y en el diverso 381, fracciones VII y IX, todos del Código Penal Federal. 2. En la sentencia definitiva de treinta de marzo de dos mil doce, se le impuso, entre otros, la pena de siete años de prisión (fojas 507 a 535). 3. Por acuerdo de tres de abril de dos mil doce, se dio inicio al periodo de ejecución de sentencia (fojas 536 y 537). 4. El treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, se tuvo por recibido un escrito firmado por el sentenciado Pedro Reyes Salazar, con el que solicitó su reubicación del Centro Federal de Readaptación Social Número Doce "CPS Guanajuato" al Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres de esta ciudad, por lo que el juez responsable previamente a proveer si era procedente o no el traslado en los términos solicitados giró sendos oficios al Coordinador General de los Centros Federales de Readaptación Social, al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Doce "CPS-Guanajuato" en Ocampo, Guanajuato, al Número Nueve "Norte" en esta ciudad, y al Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, para que manifestaran entre otras cosas si existía oposición de su parte para que el encausado sea ingresado al centro penitenciario a su cargo (fojas 805 y 806). 5. El dieciocho de febrero de dos mil quince, se recibió copia del oficio firmado por la Supervisora Estatal de Amparos, Traslados y Derechos Humanos de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua con el que informó que no era posible ingresar al sentenciado Pedro Reyes Salazar al Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres en esta ciudad, porque el reo se encontraba bajo resguardo de un centro federal perteneciente al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (foja 861 y 862). 6. El treinta de junio de dos mil quince, el Juez responsable dictó un acuerdo en el que consideró procedente la petición del sentenciado consistente en ordenar su traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número Doce "CPS Guanajuato" al Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", en esta ciudad, con la finalidad de que cumpla pena de prisión impuesta en resolución de treinta y uno de marzo de dos mil doce, emitida por la Magistrada del Cuarto Tribunal Unitario del Decimoséptimo Circuito, porque esta ciudad es la más cercana a su domicilio (fojas 896 y 897). 7. Dicho acuerdo fue notificado al hoy quejoso Pedro Reyes Salazar vía exhorto, el veinte de julio de dos mil quince (foja 917 y 918). 8. Por escritos presentados el diez de septiembre y diez de noviembre de dos mil quince, en la Oficialía de Partes del Juzgado Quinto de Distrito, el quejoso solicitó que el juez requiera al Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Prevención y Readaptación Social para que diera cumplimiento a lo ordenado en proveído de treinta de junio de dos mil quince, por lo que es evidente que no obra en el expediente oposición por parte del sentenciado, sino por el contrario (folio 923). 9. Finalmente, el Director Jurídico del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte" informó al juez responsable que el sentenciado ********ingresó a esa unidad administrativa el veintinueve de octubre de dos mil quince (foja 947). Por consiguiente, el acuerdo de treinta de junio de dos mil quince, en el que el juez responsable autorizó el traslado del impetrante de amparo a otro centro de reclusión, sí afecta de modo indirecto su libertad personal, pero, ello no es suficiente para que el impetrante tuviera la oportunidad de promover el juicio constitucional en cualquier tiempo, esto es, fuera del término genérico de quince días, ya que era necesario que dicha afectación se realizara fuera de procedimiento, lo que en el caso se reitera no aconteció en términos de lo precisado en párrafos precedentes. Con base en todo lo anterior, es por lo que este juzgador determina que en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con los citados ordinales 17 y 18 de la Ley de Amparo, los cuales precisan: 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (...). 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En efecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos invocados, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo que se establece en el artículo 17 de la Ley de Amparo. El término de quince días para promover la demanda de amparo, se computará de acuerdo con cuatro supuestos distintos: 1) A partir del día siguiente al en que surta sus efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución y, 3) A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. 4) Siempre y cuando los actos reclamados no importen ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, en cuyo caso la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Entonces, de acuerdo con lo dispuesto en el dispositivo 17 de la Ley de Amparo, la demanda de garantías se debe presentar en quince días, a partir del día siguiente al en que se notificó al quejoso el acto reclamado, o al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos, con la excepción precisada en punto número cuatro. En este orden de ideas, es evidente que la demanda de amparo promovida por ********resulta extemporánea, acorde con lo previsto en el numeral 17 de la Ley de la Amparo vigente, debido a que el auto en el que el juez responsable autorizó el traslado del quejoso al Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", de esta ciudad, es un acto decretado dentro de la etapa judicializada de ejecución de la sentencia y, dicho proveído se le notificó personalmente el veinte de julio de dos mil quince, tal y como se advierte a foja 917 de la causa penal instruida en su contra, de modo, que no está dentro de la excepción prevista en la fracción IV del numeral invocado, se reitera, al no tratarse de un acto que atente contra la libertad fuera de procedimiento. Por ende, el término para la presentación de la demanda de amparo en contra de dicho acuerdo, debe computarse a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación que se realizó a la parte quejosa, es decir, a partir del veintidós de julio de dos mil quince, en términos del artículo 71 del Código Federal de Procedimientos Penales (en relación con el 18 de la Ley de Amparo) que precisa que las notificaciones surten efectos al día siguiente en que se practican: 71. Los plazos son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente de la fecha de la notificación, salvo los casos que este Código señale expresamente. No se incluirán en los plazos, los sábados, los domingos ni los días inhábiles, a no ser que se trate de poner al inculpado a disposición de los tribunales, de tomarle su declaración preparatoria, o de resolver la procedencia de su prisión, sujeción a proceso, o libertad. De modo, que es evidente que al haberse presentado el escrito de demanda el dos de junio de dos mil dieciséis, según se desprende del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, este resulta extemporáneo, por lo que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que obliga a desechar de plano la demanda de garantías. Lo anterior, en virtud de que el plazo de quince días para promover el juicio de amparo a que se refiere el numeral 17 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió del veintidós de julio al once de agosto de dos mil quince, sin contar el veinticinco y veintiséis de julio, uno, dos, ocho y nueve de agosto de dos mil quince, por haber sido inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo vigente. En consecuencia, procede sobresee en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, debido a que la presentación de la demanda fue extemporánea. Sustenta lo expuesto, por las razones que informa, la jurisprudencia 1a./J. 83/2015 (10a.) aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, diciembre de 2015, Tomo I, Materia Común, visible en la página 247, del siguiente tenor: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. La reforma en materia penal a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entrañó cambios sustanciales en el sistema penitenciario y en los derechos fundamentales de los procesados y sentenciados. Así, en ese sistema se introdujo el modelo de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, el cual impuso que todo acto conexo a su ejecución, incluyendo los de traslado de un centro penitenciario a otro, se considerara de competencia exclusiva del Poder Judicial y que las personas sujetas a proceso, privadas de su libertad, tienen derecho a que en el procedimiento se sigan cumpliendo las formalidades esenciales, entre ellas, la relativa a la prisión preventiva. De esta forma, la pretensión de una autoridad administrativa de trasladar al sentenciado o procesado de un centro penitenciario a otro, afecta indirectamente su libertad, por lo que debe solicitarlo al órgano judicial correspondiente, el cual procederá a resolver lo conducente. En consecuencia, la resolución emitida en el procedimiento relativo podrá impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, bajo la regla general del plazo de quince días prevista en el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Sin embargo, si una orden de traslado se ejecuta sin intervención alguna de la autoridad judicial rectora, aun cuando se emita en la fase de instrucción o de ejecución de la pena, no puede considerarse hecha en razón del procedimiento, por lo que la demanda relativa podrá interponerse en cualquier tiempo, al actualizarse la excepción prevista en la fracción IV del artículo 17 citado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 472/2016-III promovido por ********, por los motivos expuestos en el considerando cuarto. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado Emiliano López Pedraza, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Yara Isabel Gómez Briseño, hasta el día de hoy, treinta de junio de dos mil dieciséis, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
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