Pedro Martinez Cruz

Expediente 646/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
646/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
02/07/2021

Partes del expediente

  • Pedro Martinez Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, dos de julio de dos mil veintiuno. Se agrega al expediente la razón de cuenta, del actuario adscrito a este juzgado, por la cual manifiesta su imposibilidad para notificar al quejoso ****, el proveído de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, por los motivos que indica. Por tanto, dada la imposibilidad para notificar al quejoso en el domicilio que ésta señaló en su demanda para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificarle el proveído de veintinueve de junio del año en curso, así como el presente acuerdo y las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista, hasta en tanto señale un domicilio procesal distinto. Notifíquese y cúmplase (la notificación por lista al quejoso).

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 646/2021-VI. Puebla, Puebla, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Radicación. Se recibe la demanda de amparo advertida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), promovida por Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En efecto, esa hipótesis normativa (el desechamiento por una causa de improcedencia) se actualiza frente a los actos que se reclama de las autoridades responsables (fiscales, agente del ministerio público y ejecutoras) consistentes en la orden de búsqueda, aprehensión y detención, así como su ejecución. Es así, pues debe tenerse en cuenta que una orden de búsqueda, aprehensión y detención como las que reclama el quejoso, no pueden ser emitidas por una autoridad ministerial (agente del ministerio público) o de la fiscalía, como las que señala en la demanda de amparo en su carácter de autoridades responsables ordenadoras, porque éstas no tienen facultades jurídicas en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio para librar tales órdenes. De tal manera que con independencia de la denominación que se le dé a esa orden de búsqueda, aprehensión y detención, debe destacarse que la restricción de la libertad de la parte quejosa únicamente se da con la diversa orden de aprehensión librada por una autoridad judicial, la detención en flagrancia, así como con motivo de la imposición de la prisión preventiva o la pena de prisión decretadas por una autoridad judicial, o inclusive, con la detención ordenada por un agente del ministerio público en tratándose de caso urgente (que no fue señalado como tal como acto reclamado), pero los anteriores constituyen sucesos distintos a los actos reclamados de las autoridades en mención. Habida cuenta que dichas autoridades ministeriales (y de la fiscalía) carecen de facultades jurídicas para emitir una orden de búsqueda, aprehensión yo detención como tales (es decir, en sí mismas consideradas), contra un gobernado en el aludido nuevo sistema de justicia penal acusatorio. De ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, vinculado al diverso 107, fracción IV, primer párrafo, también a contrario sensu, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu y 21, de la constitución federal. Luego, la autoridad ministerial no librarían como tal una orden de búsqueda, aprehensión o detención, sino en su caso serían las diversas autoridades judiciales las que emitirían una orden privativa de la libertad, como alguna de las que prevé el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, con motivo de una orden de búsqueda, aprehensión y detención, no podría obligársele a declarar al quejoso, pues por el contrario, su comparecencia ante el procedimiento más bien se vería encomendada a la autoridad judicial. Así, de considerar que la orden búsqueda, aprehensión y detención a las que alude el quejoso y que reclama, se traten en su caso, de un diverso acto, como lo es el consistente en la citación (prevista por los artículos 90, párrafo primero y 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales3) para recabar entrevista; debe considerarse -por una parte- que éste no es un acto susceptible de combatirse en esta vía de amparo, porque ello contravendría lo dispuesto por el artículo 21 de la constitución federal, dado el interés de la sociedad en que el agente del ministerio público cumpla su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Así, cuando se cita a una persona en la investigación inicial en calidad de imputado, a diferencia del anterior sistema, su declaración no es una prueba o testimonio, sino una entrevista realizada con fines de investigación. Por esa razón, la citación para ser entrevistado, no guarda las mismas formalidades que una citación para rendir una declaración en el sistema escrito, ya que no se trata de una prueba que permanecerá en el proceso ni adquiere pleno valor probatorio. De ahí que se actualizaría sobre ese específico acto, una causal de improcedencia en el presente asunto, aunado a que de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las mismas es de oficio por parte del órgano jurisdiccional de amparo. Por tanto, de conformidad con el numeral 61, fracción XXIII, vinculado al diverso 107, fracción IV, primer párrafo, también a contrario sensu, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu y 21, de la constitución, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por el quejoso Pedro Martínez Cruz, por propio derecho, porque los actos que reclama -orden de búsqueda, aprehensión y detención, así como su ejecución-, actualizaron una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento. Domicilio físico y autorizado de la parte quejosa. Se tiene como domicilio físico del quejoso para oír y recibir notificaciones, el señalado en la demanda. Asimismo, queda autorizada sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, la persona nombrada por el promovente en la demanda de amparo, porque no le otorgó en forma expresa las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la ley de la materia.} Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa (en su domicilio procesal, con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 646/2021-VI. Puebla, Puebla, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Radicación. Se recibe la demanda de amparo advertida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), promovida por Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En efecto, esa hipótesis normativa (el desechamiento por una causa de improcedencia) se actualiza frente a los actos que se reclama de las autoridades responsables (fiscales, agente del ministerio público y ejecutoras) consistentes en la orden de búsqueda, aprehensión y detención, así como su ejecución. Es así, pues debe tenerse en cuenta que una orden de búsqueda, aprehensión y detención como las que reclama el quejoso, no pueden ser emitidas por una autoridad ministerial (agente del ministerio público) o de la fiscalía, como las que señala en la demanda de amparo en su carácter de autoridades responsables ordenadoras, porque éstas no tienen facultades jurídicas en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio para librar tales órdenes. De tal manera que con independencia de la denominación que se le dé a esa orden de búsqueda, aprehensión y detención, debe destacarse que la restricción de la libertad de la parte quejosa únicamente se da con la diversa orden de aprehensión librada por una autoridad judicial, la detención en flagrancia, así como con motivo de la imposición de la prisión preventiva o la pena de prisión decretadas por una autoridad judicial, o inclusive, con la detención ordenada por un agente del ministerio público en tratándose de caso urgente (que no fue señalado como tal como acto reclamado), pero los anteriores constituyen sucesos distintos a los actos reclamados de las autoridades en mención. Habida cuenta que dichas autoridades ministeriales (y de la fiscalía) carecen de facultades jurídicas para emitir una orden de búsqueda, aprehensión yo detención como tales (es decir, en sí mismas consideradas), contra un gobernado en el aludido nuevo sistema de justicia penal acusatorio. De ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, vinculado al diverso 107, fracción IV, primer párrafo, también a contrario sensu, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu y 21, de la constitución federal. Luego, la autoridad ministerial no librarían como tal una orden de búsqueda, aprehensión o detención, sino en su caso serían las diversas autoridades judiciales las que emitirían una orden privativa de la libertad, como alguna de las que prevé el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, con motivo de una orden de búsqueda, aprehensión y detención, no podría obligársele a declarar al quejoso, pues por el contrario, su comparecencia ante el procedimiento más bien se vería encomendada a la autoridad judicial. Así, de considerar que la orden búsqueda, aprehensión y detención a las que alude el quejoso y que reclama, se traten en su caso, de un diverso acto, como lo es el consistente en la citación (prevista por los artículos 90, párrafo primero y 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales3) para recabar entrevista; debe considerarse -por una parte- que éste no es un acto susceptible de combatirse en esta vía de amparo, porque ello contravendría lo dispuesto por el artículo 21 de la constitución federal, dado el interés de la sociedad en que el agente del ministerio público cumpla su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Así, cuando se cita a una persona en la investigación inicial en calidad de imputado, a diferencia del anterior sistema, su declaración no es una prueba o testimonio, sino una entrevista realizada con fines de investigación. Por esa razón, la citación para ser entrevistado, no guarda las mismas formalidades que una citación para rendir una declaración en el sistema escrito, ya que no se trata de una prueba que permanecerá en el proceso ni adquiere pleno valor probatorio. De ahí que se actualizaría sobre ese específico acto, una causal de improcedencia en el presente asunto, aunado a que de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las mismas es de oficio por parte del órgano jurisdiccional de amparo. Por tanto, de conformidad con el numeral 61, fracción XXIII, vinculado al diverso 107, fracción IV, primer párrafo, también a contrario sensu, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu y 21, de la constitución, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por el quejoso Pedro Martínez Cruz, por propio derecho, porque los actos que reclama -orden de búsqueda, aprehensión y detención, así como su ejecución-, actualizaron una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento. Domicilio físico y autorizado de la parte quejosa. Se tiene como domicilio físico del quejoso para oír y recibir notificaciones, el señalado en la demanda. Asimismo, queda autorizada sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, la persona nombrada por el promovente en la demanda de amparo, porque no le otorgó en forma expresa las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la ley de la materia.} Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa (en su domicilio procesal, con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase

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