Pedro Morando Rodríguez

Expediente 1197/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1197/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
07/12/2021

Partes del expediente

  • Pedro Morando Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1197/2021-VII. Puebla, Puebla, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de amparo. Entonces, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. , se determina que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1197/2021-VII. Puebla, Puebla, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada con evidencia criptográfica de *** contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si se encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. de lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: ". a. De las autoridades señaladas como RESPONSABLES reclamo el oficio *, signado por el Agente Investigador Adscrito a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y el Encargado de la Unidad de Apoyo Policial Adscrito a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, relativo a la carpeta de investigación * , de su índice; lo cual, sin duda, constituye un acto de molestia vigente, dado que, solicita la cooperación de la Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, para requerir mi nombramiento como Secretario de Acuerdos de la Cuarta Sala Unitaria de dicho órgano jurisdiccional, tal como se transcribe a continuación: "1. Remita a esta Fiscalía copia certificada de los nombramientos que acrediten a . * como SECRETARIO PROYECTISTA. de la Cuarta sala (sic) Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa des (sic) Estado de Puebla; lo anterior toda vez que resulta pertinente ya que se está integrando una investigación de un hecho delictivo." b. De * , AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN EN EL ÁMBITO ESTATAL DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, la falta de acceso a los * , de su índice." Al respecto, este operador jurídico considera que es improcedente la acción de tutela constitución que pretende el impetrante de amparo por las consideraciones siguientes: * En torno a este acto reclamado debe precisarse que, el citado oficio fue emitido por el Agente Investigador Adscrito a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y el Encargado de la Unidad de Apoyo Policial Adscrito a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, derivado de la carpeta de investigación * mediante el cual solicita la cooperación de la Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, para requerir el nombramiento del aquí quejoso como Secretario de Acuerdos de la Cuarta Sala Unitaria. Ello, conforme la obligación contenida en el artículo 131, fracción IX, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: "Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público. "Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones:"[.]"IX. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba; "[.]" Entonces, con independencia a que dicho requerimiento no fue dirigido al impetrante de amparo, sino a la Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa en su calidad de autoridad, dicha comunicación oficial tiene por objeto ejercer funciones de investigación propias del Ministerio Público para el esclarecimiento de los hechos investigados. Entonces, como dentro del procedimiento de investigación se desconoce, de antemano, cuál será su resultado, el inicio o trámite en nada propicia afectación reparable por los medios de control constitucional; tal como acontece en la especie donde se reclama el oficio emitido para recabar una documental que se considera de utilidad para la integración de una carpeta de investigación -aunado a que éste requerimiento no fue realizado al propio quejoso-. Sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una indagatoria o carpeta sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control constitucional; sin embargo, esos supuestos se encuentran previstos en el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, debe tenerse presente que, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas en la integración de una carpeta de investigación y del ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto promovido por los actos tendentes a integrar una investigación que se lleve a cabo en contra del quejoso, con la cual se integre una carpeta de investigación, como en la especie acontece con el oficio * ; pues, tal acto deja de irrogarle perjuicio alguno; aunado a que la integración de mérito, por sí misma, tampoco le afecta de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos fundamentales de un modo que sea irreparable. Lo anterior, porque la eventual afectación en su esfera jurídica que trajera consigo la investigación en su contra e integración de dicha carpeta de investigación, se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente la denuncia o querella basada en los hechos materia de la investigación en cuestión y por los cuales se ejerciera -en su caso- acción penal en su contra. Estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, con la anteposición del interés particular al de la sociedad. De ahí que, ante la falta de interés jurídico del impetrante de amparo, respecto del oficio de mérito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo. 2. Falta de acceso a la carpeta de investigación * En relación a este punto, también se estima improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve; pues, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, -con la tesis jurisprudencial que se invoca enseguida-, que a la letra dice: "Artículo 61. El amparo es improcedente: "[.] "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Esa causal de improcedencia se actualiza al relacionarla con la tesis jurisprudencial 1a./J. 72/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -que derivó de la contradicción de tesis 149/2019-, con registro digital 2020891 y del tenor siguiente: "DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. ." De la tesis jurisprudencial y el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo se obtiene una causal de improcedencia específica para el supuesto en que un gobernado reclama la negativa de un agente del Ministerio Público de otorgarle acceso a una carpeta de investigación, cuando aquél no tiene el carácter de imputado en la carpeta de investigación. Lo anterior obedece a la interpretación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la invocada tesis jurisprudencial 1a./J. 72/2019 (10a.), dado que esta determina que la persona imputada en una carpeta de investigación, tiene derecho a obtener copias o reproducciones de los datos de prueba que obren en esa carpeta, cuando aquella se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que establece: "Artículo 218. Reserva de los actos de investigación. "[.] "El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código "[.]" De lo que se colige que, el acceso a la carpeta de investigación acaecerá hasta que la persona imputada se encuentre detenida, sea citada a la investigación para comparecer con ese carácter -de imputada-, o bien sea sujeta de un acto de molestia en términos del artículo 266, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de recabar su entrevista -como imputada-. Y, en el caso particular, la emisión del oficio * no puede considerarse como un acto de molestia; pues, con independencia a las consideraciones precisadas en el apartado precedente, el requerimiento contenido en esa comunicación oficial fue dirigido a una autoridad y no al aquí quejoso. No se pasa por alto que, conforme a lo narrado en la demanda de amparo, fue Rubén José Huerta Yedra, Magistrado adscrito a la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla quien informó al quejoso del aludido oficio -según se desprende de los antecedentes de la demanda de amparo-; sin embargo, se insiste, ese requerimiento no fue dirigido al impetrante de amparo; entonces, de ninguna manera le causa una afectación a su esfera jurídica. . Entonces, si el quejoso no tiene el carácter de imputado en la carpeta mencionada y sólo existe la probabilidad de que se ubique en esa posición -de imputado-, como se desprende de los antecedentes relatados en la demanda de amparo, debe estimarse la ausencia del supuesto jurisprudencial que permitiría la instauración del juicio de amparo. Dicho de otro modo, la ausencia de datos para visualizar que el quejoso tenga el carácter de imputado en la referida carpeta, y la inexistencia de actos de molestia dirigidos contra este, determinan la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la interpretación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 72/2019 (10a.). Ello, se insiste, porque no se ha generado el supuesto que permitiría al quejoso instaurar el juicio de amparo indirecto: tener el carácter de imputado en la referida carpeta. De modo que si el quejoso no es imputado en la carpeta de investigación, es válido afirmar que tampoco encuadra en el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto, para reclamar la negativa de acceso a la misma. Máxime que a la fecha sólo existe la probabilidad de que el quejoso sea imputado en la referida carpeta de investigación -en virtud del requerimiento efectuado mediante el oficio reclamado-; y el hecho de que autoridades ministeriales tramiten esa carpeta, es insuficiente para el ejercicio de la acción de tutela constitucional porque esta depende de que la negativa de acceso, sea reclamada por un gobernado que tenga el carácter de imputado. Supuesto en el cual no se encuentra el quejoso, conforme a los antecedentes relatados en la demanda. Es más, los antecedentes de la demanda también reflejan que el quejoso no ha sido requerido para ser entrevistado en la referida carpeta de investigación, tampoco ha sido detenido en algún momento por el trámite realizado en esa carpeta, y ni siquiera ha sido objeto del acto de molestia previsto en el artículo 266, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Incluso, se advierte que ningún documento exhibió el quejoso, para demostrar actos de molestia dirigidos contra este o alguno que haya sido realizado con anterioridad a la presentación de la demanda, relacionados con la mencionada carpeta; pues, como ya se precisó el oficio que menciona fue dirigido a una autoridad. Bajo este contexto, se arriba a la convicción de que a la fecha no se ha generado el supuesto ni las condiciones que permitirían al quejoso, reclamar actos relacionados con la carpeta de investigación que tramitan las autoridades ministeriales señaladas como responsables, motivo por el cual debe estimarse actualizada la causal invocada en párrafos anteriores, porque resulta manifiesta e indudable frente al acto reclamado en el inciso b) de la demanda. Resultan aplicables al caso, las tesis de rubros, textos y datos de localización siguientes: "ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ETAPA INICIAL DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EL HECHO DE QUE UNA PERSONA ESTÉ SIENDO INVESTIGADA DENTRO DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ES INSUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE ADQUIRIÓ LA CALIDAD DE IMPUTADA Y, POR TANTO, QUE DEBE OTORGÁRSELE. ...Sólo resta decir que si fuera admitida la demanda de amparo, pese a que el quejoso no tiene el carácter de imputado en la referida carpeta, se llegaría al extremo de tramitar un juicio de amparo que puede entorpecer el deber de investigación que tiene el agente del Ministerio Público señalado como responsable, en términos del artículo 21 de la constitución federal, porque el requerimiento de informe justificado lo obligaría a que aportara constancias de la referida carpeta, y estas fueran expuestas a personas como el quejoso sin tener la calidad de imputado, en detrimento de la reserva que debe mantenerse en las investigaciones criminales para quienes son ajenos a las mismas. Aunado a que se crearían falsas expectativas para el quejoso, aun cuando el escenario actual orienta a visualizar que habría de resolverse el sobreseimiento en la sentencia de la audiencia constitucional, por falta del supuesto y condiciones establecidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial invocada. Por tanto, se declara que el acto reclamado consistente en la falta de acceso a los registro de la carpeta de investigación, encuentra la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la interpretación de la tesis jurisprudencial 1a./J. 72/2019 (10a.), motivo por el cual procede aplicar la hipótesis normativa del desechamiento de plano. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Al margen de lo anterior, es conveniente indicar que si el quejoso llegara a alcanzar en el futuro la hipótesis de imputado, dentro de la carpeta de investigación que citó en su demanda, estará en condiciones de solicitar el acceso a la misma al agente del Ministerio Público que lleve el trámite de la carpeta. Pero de momento no tiene el carácter de imputado en la referida carpeta, y esto determina la improcedencia del presente juicio de amparo indirecto, por las razones expuestas con antelación. En tales condiciones, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por el quejoso, porque los actos que reclamó encontraron las causales examinadas con antelación, con las características de indudables y manifiestas, de conformidad con los numerales 112 y 113, todos de la Ley de Amparo. La parte quejosa señala domicilios para oír y recibir notificaciones un correo electrónico. Sin embargo, a fin de respetar la política de sana distancia aplicada a la contingencia de salud pública derivada de la enfermedad Covid-19, en el sentido de que debe privilegiarse el trabajo a distancia con el uso de las herramientas electrónicas que resulten necesarias, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se tiene como vía para recibir notificaciones el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario " ", dada la solicitud expresa de la parte quejosa. Luego, se instruye al secretario que habilite la notificación electrónica al usuario referido Además, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionales señalados a César Sánchez Icazbalceta y Miguel Prieto Lerma, porque los mismos cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y, únicamente para imponerse de autos y recibir copias a Carlos Andrés Farro Osorio, por así haberlo solicitado expresamente. Notifíquese; de forma personal a la parte quejosa (vía electrónica) y cúmplase.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 6,491 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano