Pedro Karim Sacas Santos
Expediente 455/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 455/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Pedro Karim Sacas Santos
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Devolución de exhorto sin diligenciar. Se agrega al cuaderno de antecedentes el oficio de cuenta, signado electrónicamente por la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, a través del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 51/2021, con número de orden 188/2021, por el que se le solicitó notificar al quejoso el proveído de siete de mayo del año en curso. En consecuencia se ordena dar de baja el mencionado exhorto, con la hipótesis "sin diligenciar", tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido y como consecuencia se ordena su archivo. Valor documental En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se [cualquier supuesto de destrucción, verbigracia, se ha sobreseído respecto de todos los actos reclamados]. Debido a que no existen documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer respecto de ello. Toda vez que no existen constancias remitidas por la autoridad responsable que deban devolverse, se deja de proveer al respecto. En virtud de que en el presente juicio no fue solicitada la tramitación de una medida cautelar, no se ordenó la apertura de ningún cuaderno incidental. Resguardo del expediente. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Caratula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la caratula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Se instruye a la Analista Jurídico SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la caratula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- sean coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Puebla, Puebla, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Autoridad acepta competencia. Se agrega autos el oficio signado por la Actuaria Judicial del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, en él acusa recibo del juicio de amparo 455/2021, promovido por *. Asimismo, comunica que aceptó la competencia declinada en proveído de siete de mayo de dos mil veintiuno. Archivo. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido y como consecuencia se ordena su archivo. Valor documental En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se [cualquier supuesto de destrucción, verbigracia, se ha sobreseído respecto de todos los actos reclamados]. Debido a que no existen documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer respecto de ello. Toda vez que no existen constancias remitidas por la autoridad responsable que deban devolverse, se deja de proveer al respecto. En virtud de que en el presente juicio no fue solicitada la tramitación de una medida cautelar, no se ordenó la apertura de ningún cuaderno incidental. Resguardo del expediente. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Caratula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la caratula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Se instruye a la Analista Jurídico SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la caratula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- sean coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 455/2021-V. Puebla, Puebla, siete de mayo de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos que suscribe *, por derecho propio, contra actos del Director General del CEFERESO No. 4 "Noreste" , se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación1; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Incompetencia legal. De la lectura integral2 de la demanda de amparo se advierten diversas particularidades del asunto que conducen a esta juzgadora constitucional a concluir que se carece de competencia territorial para actuar. Así es, tales singularidades son: ? El quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Reinserción Social número 4 "Noroeste" en Tepic, Nayarit. ? El acto reclamado corresponde a la orden de traslado a otro Centro Federal de Reinserción Social del país. En consecuencia, al no contar con datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en la circunscripción territorial donde este Juzgado de Distrito ejerce su competencia, en términos del párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentra recluido, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un territorio distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, es viable determinar que el Juez de Distrito competente para conocer del asunto es el que tenga residencia en el lugar donde este está recluido. Por lo que esta juzgadora declara la actualización de la incompetencia legal por territorio, conforme a la tesis jurisprudencial de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO." Entonces, se declara la incompetencia legal de este juzgado para continuar el trámite del juicio de protección de derechos, promovido por el quejoso. Sobre todo porque una autoridad responsable: Director General del CEFERESO No. 4 "Noreste" (sic) tiene su residencia ubicada en Estado de Nayarit, justo en el lugar donde los actos reclamados tienen ejecución material, y a que en ese sitio se encuentra el Centro Federal de Readaptación Social donde el quejoso, por el momento, se encuentra recluido, tal como lo establece la tesis de jurisprudencia antes invocada. Lo cual obliga a declinar el conocimiento del asunto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en turno, dado que tendrá los elementos idóneos para recabar pruebas de manera eficaz, por compartir la misma residencia de una autoridad responsable señalada en la demanda. Por tanto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, entre otros temas: Se declina la competencia legal por territorio al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, residente en Tepic, en turno. En consecuencia, se ordena remitir el expediente formado con la demanda de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, para que lo turne al Juzgado de Distrito que corresponda. Se solicita al Juez de Distrito que reciba el presente asunto, informe sí aceptó la competencia legal declinada; y de ser así, remita el acuse de recibo. Además, se puntualiza: la determinación contenida en este acuerdo implica una declaración de incompetencia legal, motivo por el cual deberá realizarse la baja del asunto en la estadística; y en su oportunidad habrá de archivarse como juicio concluido -si se acepta la competencia legal declinada-. Ahora, en ningún momento se pasa por alto que en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, el juez que se declara incompetente debe abstenerse a decidir sobre la admisión y respecto de la medida suspensional del acto reclamado, salvo que se trate de algún supuesto previsto en el diverso 15 de la Ley de Amparo. Sin embargo, el acto reclamado en este juicio no encuentra adecuación con los supuestos previstos en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo, porque la orden de traslado a otros centros federales y su estancia dentro del Centro Federal de Readaptación Social número 4 Noreste, si bien perturba la libertad fuera del procedimiento, como lo refiere el artículo 126 de la ley de la materia, esta afectación es indirecta, en tanto que la libertad del gobernado está afectada por una sentencia definitiva que lo mantiene con el carácter de recluso; de ahí que sea improcedente conceder la suspensión de oficio y de plano, por no reunirse uno de los requisitos contenidos en el referido ordinal 126. Además, conforme lo establece el artículo 1615 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado consista en la orden de traslado, la procedencia de la medida cautelar será materia de estudio, lo cual es propio del incidente de suspensión y de ninguna manera de la suspensión de oficio y de plano. Por consiguiente, al declararse esta juzgadora constitucional incompetente en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, se encuentra impedida para poder decidir sobre la medida suspensional. Sobre todo, porque, porque la reforma al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, dicho supuesto quedó excluido de los de urgencia a que el propio acuerdo hace referencia. Empero, esa jurisprudencia fue publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de noviembre de dos mil dieciséis, esto es, de manera previa a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintitrés de septiembre del año en curso, donde, se reitera, fue excluido de las hipótesis de urgencia previstas en el acuerdo respetivo la orden de traslado. Por ende, dada la temporalidad de la jurisprudencia no resulta aplicable al presente asunto. Además, se hace notar que la declaración de incompetencia legal representa un egreso, motivo por el cual deberá realizarse la baja del asunto en la estadística; y en su oportunidad deberá archivarse este juicio como definitivamente concluido -si se acepta la competencia legal declinada-. Notificación al quejoso. El quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones, el Centro Federal de Readaptación Social número 4 "Noroeste" ubicado en Tepic, Nayarit, motivo por el cual se provee: Con fundamento en el artículo 27 fracción II, párrafo primero de la Ley de Amparo, 297, fracción II, 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, y en términos del artículo 79 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal6, líbrese atento exhorto en línea, al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, residente en Tepic, en turno, para que en auxilio de este órgano constitucional ordene a quien corresponda, se constituya en el citado centro donde se encuentra recluido el quejoso7 y le notifique el presente proveído. Para ese efecto, se le envía copia certificada de este proveído. Además, se solicita al juez exhortado que instruya al actuario encargado para la citada diligencia, proceda a requerirle al quejoso para que dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación de este proveído, señale domicilio procesal en la residencia de este juzgado. Lo anterior, con el apercibimiento que, de no designar un domicilio procesal en la residencia de este órgano, en el plazo otorgado, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán sin ulterior acuerdo por medio de lista, con fundamento en los artículos 27, fracción II, primer párrafo, en relación con los diversos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Notifíquese; de manera personal al quejoso en el lugar de su reclusión (por exhorto), y cúmplase.
- Principal
SE DEJO CITATORIO A LA PARTE TERCERA INTERESADA, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE SIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, Y SE TIENE POR EMPLAZADA A JUICIO DE AMPARO JUICIO DE AMPARO 455/2021-V. Puebla, Puebla, siete de mayo de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos que suscribe *, por derecho propio, contra actos del Director General del CEFERESO No. 4 "Noreste" , se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación1; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Incompetencia legal. De la lectura integral2 de la demanda de amparo se advierten diversas particularidades del asunto que conducen a esta juzgadora constitucional a concluir que se carece de competencia territorial para actuar. Así es, tales singularidades son: ? El quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Reinserción Social número 4 "Noroeste" en Tepic, Nayarit. ? El acto reclamado corresponde a la orden de traslado a otro Centro Federal de Reinserción Social del país. En consecuencia, al no contar con datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en la circunscripción territorial donde este Juzgado de Distrito ejerce su competencia, en términos del párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentra recluido, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un territorio distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, es viable determinar que el Juez de Distrito competente para conocer del asunto es el que tenga residencia en el lugar donde este está recluido. Por lo que esta juzgadora declara la actualización de la incompetencia legal por territorio, conforme a la tesis jurisprudencial de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO." Entonces, se declara la incompetencia legal de este juzgado para continuar el trámite del juicio de protección de derechos, promovido por el quejoso. Sobre todo porque una autoridad responsable: Director General del CEFERESO No. 4 "Noreste" (sic) tiene su residencia ubicada en Estado de Nayarit, justo en el lugar donde los actos reclamados tienen ejecución material, y a que en ese sitio se encuentra el Centro Federal de Readaptación Social donde el quejoso, por el momento, se encuentra recluido, tal como lo establece la tesis de jurisprudencia antes invocada. Lo cual obliga a declinar el conocimiento del asunto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en turno, dado que tendrá los elementos idóneos para recabar pruebas de manera eficaz, por compartir la misma residencia de una autoridad responsable señalada en la demanda. Por tanto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, entre otros temas: Se declina la competencia legal por territorio al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, residente en Tepic, en turno. En consecuencia, se ordena remitir el expediente formado con la demanda de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, para que lo turne al Juzgado de Distrito que corresponda. Se solicita al Juez de Distrito que reciba el presente asunto, informe sí aceptó la competencia legal declinada; y de ser así, remita el acuse de recibo. Además, se puntualiza: la determinación contenida en este acuerdo implica una declaración de incompetencia legal, motivo por el cual deberá realizarse la baja del asunto en la estadística; y en su oportunidad habrá de archivarse como juicio concluido -si se acepta la competencia legal declinada-. Ahora, en ningún momento se pasa por alto que en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, el juez que se declara incompetente debe abstenerse a decidir sobre la admisión y respecto de la medida suspensional del acto reclamado, salvo que se trate de algún supuesto previsto en el diverso 15 de la Ley de Amparo. Sin embargo, el acto reclamado en este juicio no encuentra adecuación con los supuestos previstos en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo, porque la orden de traslado a otros centros federales y su estancia dentro del Centro Federal de Readaptación Social número 4 Noreste, si bien perturba la libertad fuera del procedimiento, como lo refiere el artículo 126 de la ley de la materia, esta afectación es indirecta, en tanto que la libertad del gobernado está afectada por una sentencia definitiva que lo mantiene con el carácter de recluso; de ahí que sea improcedente conceder la suspensión de oficio y de plano, por no reunirse uno de los requisitos contenidos en el referido ordinal 126. Además, conforme lo establece el artículo 1615 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado consista en la orden de traslado, la procedencia de la medida cautelar será materia de estudio, lo cual es propio del incidente de suspensión y de ninguna manera de la suspensión de oficio y de plano. Por consiguiente, al declararse esta juzgadora constitucional incompetente en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, se encuentra impedida para poder decidir sobre la medida suspensional. Sobre todo, porque, porque la reforma al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, dicho supuesto quedó excluido de los de urgencia a que el propio acuerdo hace referencia. Empero, esa jurisprudencia fue publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de noviembre de dos mil dieciséis, esto es, de manera previa a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintitrés de septiembre del año en curso, donde, se reitera, fue excluido de las hipótesis de urgencia previstas en el acuerdo respetivo la orden de traslado. Por ende, dada la temporalidad de la jurisprudencia no resulta aplicable al presente asunto. Además, se hace notar que la declaración de incompetencia legal representa un egreso, motivo por el cual deberá realizarse la baja del asunto en la estadística; y en su oportunidad deberá archivarse este juicio como definitivamente concluido -si se acepta la competencia legal declinada-. Notificación al quejoso. El quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones, el Centro Federal de Readaptación Social número 4 "Noroeste" ubicado en Tepic, Nayarit, motivo por el cual se provee: Con fundamento en el artículo 27 fracción II, párrafo primero de la Ley de Amparo, 297, fracción II, 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, y en términos del artículo 79 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal6, líbrese atento exhorto en línea, al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, residente en Tepic, en turno, para que en auxilio de este órgano constitucional ordene a quien corresponda, se constituya en el citado centro donde se encuentra recluido el quejoso7 y le notifique el presente proveído. Para ese efecto, se le envía copia certificada de este proveído. Además, se solicita al juez exhortado que instruya al actuario encargado para la citada diligencia, proceda a requerirle al quejoso para que dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación de este proveído, señale domicilio procesal en la residencia de este juzgado. Lo anterior, con el apercibimiento que, de no designar un domicilio procesal en la residencia de este órgano, en el plazo otorgado, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán sin ulterior acuerdo por medio de lista, con fundamento en los artículos 27, fracción II, primer párrafo, en relación con los diversos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Notifíquese; de manera personal al quejoso en el lugar de su reclusión (por exhorto), y cúmplase.
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