Pedro Mejía Bonilla y/o Pedro Bonilla Mejía

Expediente 266/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 39 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
266/2018
Año
2018
Actuaciones
39
Última actuación
06/08/2019

Partes del expediente

  • Pedro Mejía Bonilla y/o Pedro Bonilla Mejía

Actuaciones

Las 4 más recientes de 39.

  1. Principal

    Se ordena agregar al expediente el oficio de cuenta, signado por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el ocho de julio de dos mil diecinueve, en el incidente de inejecución de sentencia *, de su índice, así como el expediente principal del amparo en que se actúa. Por tanto, se ordena glosar las constancias originales del expedientillo de antecedentes que se formó con motivo del recurso de revisión y acusar el recibo de estilo correspondiente. Ahora, de la ejecutoria pronunciada se desprende que la superioridad resolvió lo siguiente: "..ÚNICO. Se declara que existe imposibilidad jurídica y material, para que la autoridad responsable dé cumplimiento a la sentencia amparadora dictada en el juicio de amparo indirecto *, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla.". En consecuencia, se ordena devolver el presente expediente al archivo, para su debido resguardo.

  2. Principal

    Se agrega al expediente el oficio con anexo de cuenta, signado por el secretario de estudio y cuenta, encargado del despacho por ausencia del titular del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, por el cual devuelve diligenciado el despacho +++con número de orden ++del índice de este juzgado federal, girado el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Por tanto, dese de baja la citada comunicación oficial y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente y en el libro respectivo.

  3. Principal

    Se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado por el actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el que comunica a este juzgado que se admitió a trámite el incidente de inejecución de sentencia, el cual quedó radicado bajo el número **, de su índice. De lo anterior queda informado este órgano jurisdiccional, para los efectos legales correspondientes.

  4. Principal

    Se agrega al expediente el oficio con anexo de cuenta, signado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, por el cual devuelve diligenciado el despacho 161/2019 con número de orden 313/2019 del índice de este juzgado federal, girado el ocho de mayo de dos mil diecinueve. Dese de baja la citada comunicación oficial y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente y en el libro respectivo. Luego, con esta fecha se tiene constancia de que el quejoso ha sido notificado del auto de ocho de mayo del año en curso, por el que se estableció que causó estado para efectos del propio quejoso el diverso proveído de cuatro de abril de dos mil diecinueve; pues es inconcuso que dicho impetrante no interpuso el recurso de inconformidad contra este último. Lo anterior resultaba necesario que se conociera por este operador jurídico para estar en aptitud material de proveer lo conducente, porque dicho impetrante del amparo se encuentra recluido en un centro de reinserción social en una localidad diversa al lugar de residencia de este juzgado, a fin de evitar cualquier riesgo, por razón de la distancia y dada su condición de interno, pues (verbigracia) era factible recibir algún escrito vía correo en donde éste interpusiera (en su momento) el recurso de inconformidad en cuestión. En efecto, con motivo de la recepción del despacho de cuenta es evidente que dicho quejoso ya tiene conocimiento pleno y completo de que causó estado (por auto de ocho de mayo presente) el proveído de cuatro de abril del año actual (que declaró sin materia el cumplimiento del fallo protector) derivado de que feneció la oportunidad procesal (plazo) que él tenía para hacer valer ese medio de impugnación en su contra. Sin perderse de vista que, inclusive, ya ha transcurrido el plazo de quince días hábiles para que la parte tercera interesada y la fiscal federal adscrita impugnen el aludido auto de cuatro de abril de dos mil diecinueve (que declaró sin materia el cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio de amparo). De ahí que por también pueda sostenerse válidamente que el proveído de cuatro de abril de la misma anualidad causó estado (como se indicó en proveído de ocho de mayo actual) para efectos de las partes tercera interesada y fiscal federal adscrita, quienes tampoco interpusieron recurso de inconformidad en su contra. Así, una vez que se ha hecho del conocimiento (como se ordenó en proveído de cuatro de abril actual) este último a las mencionadas partes para efectos del primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, quienes no hicieron valer -como se dijo- el recurso de inconformidad en su contra e, inclusive, ya se conoce por el quejoso que ha causado estado tal auto (de cuatro de abril en mención), pues ha sido devuelto diligenciado el despacho de donde así se desprende esto último; consecuentemente, se considera que debe remitirse de oficio el presente asunto al tribunal colegiado que corresponda, conforme a lo dispuesto por el artículo 196 del ordenamiento legal en cita, a fin de que revise la decisión adoptada en el auto de cuatro de abril de dos mil diecinueve, que declaró sin materia el cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio de amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO" . Al respecto, es pertinente puntualizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que si de las constancias de autos aparece probado que existe imposibilidad jurídica para acatarla (que puede presentarse, por ejemplo, por un cambio en la situación jurídica que imperaba al momento de concederse la protección constitucional, porque han quedado insubsistentes las actuaciones de donde dimana ese acto reclamado, o bien, aun en la hipótesis que subsista no pueda surtir efecto legal o material alguno en perjuicio del quejoso, en virtud de la modificación del entorno en el cual se emitió, que tornaría jurídicamente imposible restituirla en el goce del derecho fundamental vulnerado), ninguna trascendencia jurídica tendría insistir en el cumplimiento del fallo protector, dado que no existe materia alguna susceptible de reparación constitucional, tal como ha ocurrido en la especie. Lo antes considerado encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2a./J. 2/2008, cuyo rubro es: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO" . Entonces, como se adelantó, en este asunto se declaró sin materia el cumplimiento de la sentencia que otorgó la protección constitucional, porque en proveído de cuatro de abril del año en curso, se expuso en lo esencial lo siguiente: ".el juez responsable remitió un oficio con el acuerdo inserto de catorce de marzo de dos mil diecinueve, donde manifestó que a petición del agente del Ministerio Público señaló las once horas del doce de marzo del referido año para llevar a cabo la audiencia de procedimiento abreviado, la cual se desahogó en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez Puebla; asimismo, remitió el registro de audio y video relativo a dicha audiencia, y luego de su reproducción, se observa que la citada autoridad realizó lo siguiente: I. Declaró abierta la audiencia de procedimiento abreviado con el concierto de todas las partes, cada una representada en forma respectiva. II. Procedió a la reclasificación de los delitos y, previo consenso de las partes, pronunció el fallo correspondiente, en el cual se condenó al aquí quejoso ***, a una pena privativa de la libertad de dos años seis meses de prisión con el descuento del tiempo que el quejoso permaneció en prisión preventiva -dos años- y multa de diez días de salario mínimo, por los delitos de ataques peligrosos y cometidos contra funcionarios públicos previstos y sancionados por los artículos 207 y 344, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de los elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Fiscalía General del Estado de Puebla. III. Concedió al quejoso el beneficio de la conmutación de la pena por multa y ordenó levantar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. IV. Declaró ejecutoriada dicha sentencia, en atención a que las partes renunciaron a los plazos para recurrirla. En el mismo oficio, el juez de control responsable comunicó que el trece de marzo del año en curso, la defensa del sentenciado ***, compareció a exhibir el pago de la conmutación y multa, por lo cual ordenó girar oficio al Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, para poner en libertad virtual al referido quejoso, sólo respecto de la causa penal *** A su vez, a dicho oficio adjuntó copia certificada del oficio signado por el director de aquel centro penitenciario, en el cual comunica al juez de control responsable haber dejado sólo en libertad virtual al quejoso ***, en relación con la causa penal ***, pues éste fue vinculado a proceso dentro del diverso proceso *** del índice del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. De lo anteriormente relatado, se advierte que la autoridad responsable se encuentra impedida material y jurídicamente para acatar la ejecutoria emitida en el presente asunto, al no inexistir materia para el cumplimiento de la concesión del amparo. Para explicar lo anterior cabe resaltar que la concesión del amparo al quejoso versó sobre el acto consistente en la audiencia de ocho de marzo de dos mil dieciocho, en la cual se resolvió lo concerniente al recurso de revocación interpuesto contra el incidente de sobreseimiento planteado por la defensa del quejoso respecto de la causa penal ***. En la sentencia dictada se explicó que el juez responsable se apartó del marco legal establecido al resolver el referido recurso de revocación, pues tal recurso fue interpuesto de forma oportuna por la defensa del quejoso, pues éste (el incidente de sobreseimiento) tiene como fin último que surta los efectos de una sentencia absolutoria; si se actualiza alguno de los supuestos establecidos en alguna de las diez fracciones previstas en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, en la sentencia dictada se estableció que el juez de control responsable debió citar a las partes a una audiencia donde resolvería lo conducente con base en los argumentos expuestos por las partes. De ahí que si lo que la defensa del quejoso quería probar, era la falta de pruebas para acreditar el hecho criminoso y, por ende, su inocencia, lo procedente era dar seguimiento a la solicitud de sobreseimiento planteada, lo cual de ninguna forma obligaba al juez responsable a pronunciarse en un determinado sentido. Todo ello con la finalidad de buscar la libertad del quejoso ***, respecto de la causa penal ***. Entonces, si el objeto del incidente de sobreseimiento interpuesto por la defensa del citado quejoso era la de obtener su libertad respecto a dicho proceso; lo cierto es que con el dictado del fallo definitivo, aunque condenatorio en dicha causa penal, se dio la opción al impetrante de conmutar la pena, y luego de haber exhibido los montos correspondientes, éste obtuvo su libertad (virtual). Por tanto, resultaría ocioso para el juez de control responsable llevar a cabo la celebración de una audiencia para pronunciarse sobre el sobreseimiento planteado, pues su objeto era lograr la libertad del quejoso, lo cual ya aconteció. Además, ninguna trascendencia jurídica tendría insistir en el cumplimiento del fallo protector, dado que no existe materia alguna susceptible de reparación constitucional, situación que conlleva a declarar sin materia el presente cumplimiento de ejecutoria. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara sin materia el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo.". Asimismo, el ya citado artículo 196, último párrafo, in fine, de la Ley de Amparo, preceptúa lo siguiente: "Artículo 196. [.] Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como los establece el artículo 193, de esta ley". En consecuencia, como se ha expuesto, con fundamento en el mencionado artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo, de oficio se ordena remitir los presente autos de este juicio de amparo (con independencia de remitir las constancias de notificación en vía de alcance ) a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito a fin de que ésta lo envíe -a su vez- al tribunal que corresponda, por razón de turno, a fin de que resuelva lo relativo a la decisión adoptada en proveído de cuatro de abril del año en curso, donde se declaró sin materia el cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio de amparo. Lo anterior, pues en tal proveído se consideró que la autoridad responsable estaba impedida para acatar la ejecutoria emitida en el presente asunto, dado que no existía materia alguna susceptible de reparación constitucional. Esa situación conllevó a declarar sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Dicha remisión a la superioridad deberá hacerse, previo cuaderno de antecedentes que se forme con copia de la demanda y su aclaración, sentencia y ejecutoria de amparo, así como de las constancias remitidas por el juez responsable donde refirió las actuaciones que conllevaron a declarar sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y de los autos de cuatro de abril, así como de ocho de mayo, ambos del año en curso. Se solicita atenta y respetuosamente al tribunal colegiado al que por turno le corresponda, se sirva acusar el recibo de estilo. Por último, se instruye a la analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que haga las anotaciones respectivas concernientes a la remisión oficiosa antes acordada; una vez que se conozca la decisión que adopte el tribunal colegiado correspondiente relativa a la determinación de haber declarado sin materia el cumplimiento del fallo protector, se proveerá (en su caso) lo conducente en torno a lo instruido en el auto de ocho de mayo de dos mil diecinueve. Ahora, dado que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo, 297, fracción II, 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, para que en auxilio de las labores de este juzgado federal, se sirva notificar el presente proveído al quejoso ***, en el centro de reinserción de dicha localidad y córrase traslado con copia autorizada del presente auto. Se faculta al juez, para que haga uso de las medidas que estime pertinentes, a fin de lograr lo solicitado; incluida la facultad de habilitar días y horas inhábiles, lo anterior de conformidad con los dispositivos 282, párrafo primero y 298, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, así como lo previsto en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia. Asimismo, se requiere al juez encargado de la diligencia, se sirva devolver la comunicación oficial girada en el plazo de cinco días siguientes a la recepción de dicho despacho; apercibido que en caso de ser omiso, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con los normativos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo.

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