Pedro Gilberto Ruiz Gomez
Expediente 788/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 788/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 13/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Pedro Gilberto Ruiz Gomez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA I. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 2626, signado por la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, con el que acusa recibo del oficio 22234/2018, de cinco de los cursantes, mediante el cual se le devolvió la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 993/2015, de su índice, que adjuntó a su informe de ley. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA I. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el trece de agosto del año en curso; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma, se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES DESTRUIBLE; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Finalmente, devuélvase a la Juez Segundo Mercantil del Primer del Primer Departamento Judicial del Estado, la copia certificada, en un tomo del juicio ejecutivo mercantil 993/2015 de su índice, que en su momento remitió con su informe justificado; asimismo, solicítese a dicha autoridad que acuse el recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA I. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta Ciudad, con anexo que acompaña; mediante el cual pretende justificar su acto de autoridad. Asimismo, atendiendo a la voluminosidad de las constancias que la autoridad de mérito acompañó a su oficio de cuenta, consistente en la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 993/2015; con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, fórmese un cuaderno auxiliar con los referidos documentos, el cual estará a disposición de las partes para su consulta, en la Secretaría de este Juzgado. Ahora bien, vistos los presentes autos y de las constancias que la parte quejosa acompañó a su demanda, se advierte que el acto que reclama al Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, consistente en la omisión de dar contestación a la solicitud realizada el veintitrés de enero de dos mil dieciocho, en el juicio ejecutivo mercantil 993/2015, a fin de que se declare la adjudicación directa a su favor respecto al predio embargado marcado con el número setecientos cuarenta y dos, de la calle noventa y siete, letra "C" de la Ciudad y Municipio de Mérida. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: ... El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: ... De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, el quejoso reclamó la omisión de dar contestación a la solicitud realizada el veintitrés de enero de dos mil dieciocho, en el juicio ejecutivo mercantil 993/2015, a fin de que la Juez responsable, declare la adjudicación directa a su favor, respecto al predio embargado marcado con el número setecientos cuarenta y dos, de la calle noventa y siete, letra "C" de la Ciudad y Municipio de Mérida. Por lo que la autoridad responsable, Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir el informe justificado, se advierte que aceptó el acto reclamado, puesto que el trece de julio del año en curso, resolvió acerca de la solicitud vertida por el quejoso PEDRO GILBERTO RUIZ GOMEZ, el veintitrés de enero de dos mil dieciocho, en el juicio ejecutivo mercantil 993/20125, en el sentido de que se le adjudicó en forma directa el predio marcado con el número setecientos cuarenta y dos, de la calle noventa y siete, letra "C" de la Ciudad y Municipio de Mérida. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la Juez responsable, ha dictado respuesta a la solicitud de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, efectuado por el aquí quejosa, en el juicio ejecutivo mercantil 993/2015. Es así, porque la parte quejosa reclamó la omisión por parte del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, de dar contestación a la diversa solicitud del justiciable. Asimismo, resulta necesario destacar, que para este órgano jurisdiccional no pasa desapercibida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO". Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado." Lo anterior, sin que se haya ordenado a emplazar a juicio a los terceros interesados JOSÉ DAVID VARGAS GURUBEL Y MARLENE TRINIDAD PALMA LOZADA, toda vez que el sentido del presente acuerdo no le causa perjuicio alguno. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo en vigor, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. ...
- Principal
MESA I. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta Ciudad, con anexo que acompaña; mediante el cual pretende justificar su acto de autoridad. Asimismo, atendiendo a la voluminosidad de las constancias que la autoridad de mérito acompañó a su oficio de cuenta, consistente en la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 993/2015; con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, fórmese un cuaderno auxiliar con los referidos documentos, el cual estará a disposición de las partes para su consulta, en la Secretaría de este Juzgado. Ahora bien, vistos los presentes autos y de las constancias que la parte quejosa acompañó a su demanda, se advierte que el acto que reclama al Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, consistente en la omisión de dar contestación a la solicitud realizada el veintitrés de enero de dos mil dieciocho, en el juicio ejecutivo mercantil 993/2015, a fin de que se declare la adjudicación directa a su favor respecto al predio embargado marcado con el número setecientos cuarenta y dos, de la calle noventa y siete, letra "C" de la Ciudad y Municipio de Mérida. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: ... El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: ... De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, el quejoso reclamó la omisión de dar contestación a la solicitud realizada el veintitrés de enero de dos mil dieciocho, en el juicio ejecutivo mercantil 993/2015, a fin de que la Juez responsable, declare la adjudicación directa a su favor, respecto al predio embargado marcado con el número setecientos cuarenta y dos, de la calle noventa y siete, letra "C" de la Ciudad y Municipio de Mérida. Por lo que la autoridad responsable, Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir el informe justificado, se advierte que aceptó el acto reclamado, puesto que el trece de julio del año en curso, resolvió acerca de la solicitud vertida por el quejoso PEDRO GILBERTO RUIZ GOMEZ, el veintitrés de enero de dos mil dieciocho, en el juicio ejecutivo mercantil 993/20125, en el sentido de que se le adjudicó en forma directa el predio marcado con el número setecientos cuarenta y dos, de la calle noventa y siete, letra "C" de la Ciudad y Municipio de Mérida. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la Juez responsable, ha dictado respuesta a la solicitud de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, efectuado por el aquí quejosa, en el juicio ejecutivo mercantil 993/2015. Es así, porque la parte quejosa reclamó la omisión por parte del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, de dar contestación a la diversa solicitud del justiciable. Asimismo, resulta necesario destacar, que para este órgano jurisdiccional no pasa desapercibida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO". Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado." Lo anterior, sin que se haya ordenado a emplazar a juicio a los terceros interesados JOSÉ DAVID VARGAS GURUBEL Y MARLENE TRINIDAD PALMA LOZADA, toda vez que el sentido del presente acuerdo no le causa perjuicio alguno. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo en vigor, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. ...
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