Pedro Isaias Dorantes Gonzalez

Expediente 801/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
801/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
17/08/2017

Partes del expediente

  • Pedro Isaias Dorantes Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA VI.Vista la cuenta que antecede, se acuerda: Agréguese a estos autos únicamente para que obre como legalmente corresponda el telegrama remitido por el Presidente Municipal de Oxcutzcab, Yucatán; mediante el cual comparece como tercero interesado, lo anterior, en virtud de que el dos de agosto del presente año, causó estado el presente juicio de amparo y se ordenó su archivo.

  2. Principal

    MESA VI. Vistos los presentes autos y atendiendo a que ha transcurrido el término que señala el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra del acuerdo de once de julio del año en curso, pronunciado en este juicio de amparo, pues si bien no obra en autos el acuse del oficio por medio del cual se le remitió el citado acuerdo a la autoridad tercero interesada que tienen su sede fuera de esta ciudad, ello, no causa perjuicio alguna a la misma, si no únicamente al directo quejoso, en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; por tanto, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el expresado acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia, el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cuanto al posible valor jurídico del presente expediente, se hace el señalamiento de que no lo tiene. Finalmente, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido.

  3. Principal

    III.- Visto el estado que guardan los presentes autos, así como los oficios signados por el Delegado en términos del artículo 9 primer párrafo, de la Ley de Amparo, del Gobernador Constitucional y el Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, ambos del Estado, con sede en esta ciudad, y anexos que acompañaron, mismos que ya obran glosados a los presentes autos, en los cuales informaron con relación al cumplimiento de la ejecutoria concesoria de amparo; y dado que mediante proveído de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, se dio vista a la parte quejosa y a los terceros interesados con dichas documentales, para que en el término de tres días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obraran en este expediente y de los datos aportados por las responsables, sin que a la presente fecha hubieren hecho manifestación al respecto; consecuentemente, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver si, de acuerdo con las constancias de autos, la invocada sentencia concesoria ha sido cumplida, o no; lo antes expuesto encuentra apoyo en lo establecido en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En este sentido, se aprecia que por sentencia definitiva dictada en este juicio de amparo en que se actúa, el veintitrés de abril de dos mil quince, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa José Graciliano Tun Velázquez. Asimismo, por auto de veinte de octubre de dos mil quince, se tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria pronunciada por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante la cual, en su primer resolutivo, se advierte que la superioridad confirmó la sentencia recurrida, y en el segundo punto concedió el amparo solicitado a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, mismo que se requirió a las responsables su debido cumplimiento; la cual estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: "...Lo procedente es conceder a JOSÉ GRACILIANO TUN VELÁZQUEZ, el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que la citada autoridad responsable, de inmediato, proporcione los elementos necesarios a fin de desahogar el auxilio de la fuerza pública solicitada, que en su oportunidad instó el Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en autos del juicio extraordinario hipotecario 1278/2006. Concesión que se hace extensiva al Secretario de Seguridad Pública del Estado, para que una vez recibida la orden del Gobernador Constitucional, en su calidad de auxiliar del Poder Judicial en la administración de justicia, proporcione el auxilio de la fuerza pública instada, en la inteligencia de que el citado Gobernador Estatal no debe limitarse a autorizar el auxilio aludido mediante el libramiento de un oficio, sino que queda vinculada a vigilar que su subalterno acate su mandato dentro del límite de su competencia, proporcionándole los datos necesarios (nombre, domicilio, etcétera), todo con el fin de que la sentencia protectora cumpla con sus efectos restitutorios..." Por otra parte, en proveído de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, se acordó respecto de la imposibilidad para continuar con el trámite del cumplimiento de la sentencia ejecutoriada dictada en el presente asunto, toda vez que el juicio de amparo I-1451/2014 del índice de este Juzgado, se encontraba en el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, pendiente de resolver el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en el mismo, y por audiencia incidental de ocho de diciembre de dos mil catorce, se concedió a Irma Leticia Pacheco Solís y José Alejandro Chiyean y Cámara, terceros interesados en este asunto, la suspensión definitiva de los actos que reclamaron del Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, y por acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil catorce, los citados quejosos Pacheco Solís y Chiyean y Cámara, exhibieron el billete de depósito N-157216, expedido por la sucursal en esta ciudad, del banco del Ahorro Nacional y Servicios financieros, Sociedad nacional de Crédito, a fin de que siga surtiendo sus efectos la suspensión definitiva concedida por resolución interlocutoria de ocho de diciembre de dos mil catorce. Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que el Delegado en términos del artículo 9 primer párrafo, de la Ley de Amparo, por el Gobernador Constitucional del Estado, con sede en esta ciudad, informó que por oficios DGOB/0297/2015 y CJ/DCL/OD/222/2015, de fechas veintiocho de abril de dos mil quince y trece de mayo de dos mil quince, dio cumplimiento a lo ordenado en la sentencia emitida en el presente juicio, así como adjuntó copia certificada de la constancia de notificación al quejoso y ordenó al Secretario de Seguridad Pública del Estado, se sirva proporcionar a la parte quejosa de manera inmediata el auxilio de la fuerza pública ordenada en el juicio extraordinario hipotecario 1278/2006, por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; por lo que, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, el veintisiete de junio del presente año, a las diez horas con treinta minutos, por conducto de los elementos a su cargo, llevó a cabo la diligencia de desalojo, poniendo en posesión jurídica del predio marcado con el número cuatrocientos ochenta y uno, de la calle Cuarenta y uno letra "A", del fraccionamiento Paseo de las Fuentes de esta ciudad, a José Graciliano Tun Velázquez, adjuntando copia certificada del acta circunstanciada levantada por el actuario adscrito a la Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, en la consta que se dio cumplimiento a la ejecutoria de mérito. Por tanto, es evidente que con ello, se le restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales cuya infracción se concedió el amparo, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin exceso ni defecto.

  4. Principal

    MESA VI. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguense a estos autos el oficio 1009/2017, relativo al informe justificado signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, así como las constancias que acompañó al mismo, del que se advierte que el cuatro de julio del presente año, la autoridad responsable otorgó el término de tres días hábiles para que presentaran sus alegatos respecto al juicio de origen 729/2012 y acumulados de su índice y en esa misma fecha notificó el referido acuerdo a las partes. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la parte aquí quejosa reclamó en su demanda de amparo, consistió en la negativa por parte de la responsable de continuar con el procedimiento de origen 729/2012 y sus acumulados conforme a los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la negativa por parte de la responsable de continuar con el procedimiento de origen 729/2012 y sus acumulados conforme a los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias certificadas, que el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, adjuntó a su informe con justificación, se desprende que el cuatro de julio del presente año, la autoridad responsable otorgó el término de tres días hábiles para que presentaran sus alegatos respecto al juicio de origen 729/2012 y acumulados de su índice y en esa misma fecha notificó el referido acuerdo a las partes; documentales que por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la autoridad responsable, emitió el acuerdo correspondiente, continuando así con el procedimiento en cuestión, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable, lo que en el caso se subsana con el dictado del auto de cuatro de julio de dos mil diecisiete, pronunciado por tal autoridad y notificado ese mismo día. Ahora bien, como ya se dijo la inactividad procesal en que había incurrido la responsable, cesaron en el momento en que se proveyó la concesión a las partes por el término de tres días para que presenten sus alegatos, lo cual aconteció posterior a la presentación del juicio de amparo, impulsando nuevamente el procedimiento y restituyendo al agraviado a su derecho de impartición de justicia pronta y expedita. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que ha dado un nuevo impulso al juicio de origen, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable, lo que en el caso se subsana con el dictado del proveído de cuatro de julio de dos mil diecisiete, pronunciado por tal autoridad, en la que se proveyó la concesión a las partes por el término de tres días para que presenten sus alegatos. No es obstáculo para concluir lo anterior, como se ha dicho en párrafos anteriores, el hecho de que el quejoso se duela de la omisión de emitir el laudo correspondiente al juicio 729/2012 y acumulados, pues se considera que esto es una mera consecuencia de la inactividad en que se incurrió originalmente, y aún si se concediera el amparo de la Justicia Federal en el presente asunto, éste no podría comprender la protección de todo el procedimiento hasta el dictado de la resolución respectiva, pues entre la etapa procesal en que se encuentra el juicio de origen y aquella en que se dicte el laudo, existen también actos procedimentales que requieren el impulso de las partes, y que por lo tanto, podrían no llegar a concretarse, impidiendo con ello la obtención el cumplimiento del fallo federal que en su caso se haya dictado. Lo anterior es así, pues fue un criterio aceptado por los órganos jurisdiccionales de la Federación, que al reclamarse violaciones al artículo 17 Constitucional, debía otorgarse el amparo para que la autoridad responsable procediera con prontitud a tramitar y concluir el procedimiento conforme a los términos legales, lo cual implicaba que debía realizar los actos subsecuentes a los reclamados necesarios para tal fin y en su oportunidad emitir también con prontitud el laudo correspondiente, pues sólo así se respetaría lo establecido en el referido precepto constitucional. Tal jurisprudencia es de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta. Ahora bien, la violación a esa garantía se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por otra parte, tratándose de actos negativos, el artículo 80 de la Ley de Amparo dispone que la sentencia que lo conceda, tendrá por objeto obligar a la autoridad responsable a que respete la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que dicha garantía exija. Conforme a lo anterior, si durante la tramitación del juicio de garantías persiste esa misma condición de retardo u omisión del trámite, debido a la cual la autoridad no agota cabalmente el procedimiento ni emite la resolución correspondiente, debe otorgarse el amparo para que proceda con prontitud a tramitar y concluir el procedimiento conforme a los términos legales, lo cual implica que debe realizar los actos subsecuentes a los reclamados necesarios para tal fin y en su oportunidad emitir también con prontitud el laudo correspondiente, pues sólo así podrá cumplir y respetar lo que la garantía en cuestión exige." Sin embargo, el criterio anterior fue abandonado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dieciocho de septiembre de dos mil trece, al resolver el recurso de inconformidad 282/2013, en que se sostuvo que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral. Así aparece en la tesis con el rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal y, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.

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