Pedro Francisco Leon Aguilar

Expediente 1659/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1659/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Pedro Francisco Leon Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el alegato ministerial 420/2023, signado por la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado; sin que haya lugar a hacer pronunciamiento alguno respecto de su contenido, toda vez que ya se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia. Finalmente, no ha lugar a acceder a su solicitud de expedir copias certificadas de la resolución que indica; toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III, del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente consta únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, por lo que ésta actuación al ser emitida posterior a dicha fecha, no obra en el expediente impreso y sólo obra en el electrónico. Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 se hace saber a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, que se encuentra en aptitud de acceder al expediente electrónico e imprimir las constancias que requiera y las que cuenten con evidencia criptográfica, tendrán el mismo valor probatorio que el de una copia certificada. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio firmado por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado de Yucatán, con el que rinde su informe justificado, y anexo que acompaña. En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente, lo constituye la omisión del Magistrado Presidente del Tribunal responsable de dictar el auto de requerimiento de pago y embargo de las cantidades condenadas en el laudo emitido el catorce de marzo de dos mil veintidós, en el expediente laboral 379/2018, mismo que la parte quejosa le solicitó acordar a la autoridad responsable, por escrito de quince de julio del año en curso, el cual fue recibido el siete de agosto de esa misma anualidad, tal y como se advierte de la copia que acompañó la responsable a su informe de ley. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la omisión del Magistrado Presidente del Tribunal responsable de dictar el auto de requerimiento de pago y embargo de las cantidades condenadas en el laudo emitido el catorce de marzo de dos mil veintidós, en el expediente laboral 379/2018, mismo que la parte quejosa le solicitó acordar a la autoridad responsable, por escrito de quince de julio del año en curso, el cual fue recibido el siete de agosto de esa misma anualidad, tal y como se advierte de la copia que acompañó la responsable a su informe de ley. Ahora bien, de las constancias que integran este juicio de amparo, se advierte que el siete de noviembre de dos mil veintitrés, la responsable acordó el escrito de quince de julio de dos mil veintitrés, de la parte quejosa, y requirió el pago de las cantidades desglosadas en el laudo emitido en el expediente de origen 379/2018, de su índice, y comisionó a la Actuaria de su adscripción, para que el veintiocho de noviembre en curso, a las nueve horas con treinta minutos, acompañada de la parte actora en ese juicio, comparezcan en el domicilio de la Secretaría General de Gobierno del Desarrollo Regional y Municipal, quien es la responsable de la fuente de trabajo de la parte quejosa, y le requieran el pago de un millón cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos con treinta y cinco centavos. Por lo que debe considerarse emitido el acto reclamado, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo respectiva. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que, como se indicó en el párrafo que antecede, en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión impugnada; empero, ya que es evidente que al haberse acordado el escrito de quince de julio de dos mil veintitrés, y al haberse pronunciado la autoridad responsable respecto al requerimiento de pago y embargo por las cantidades condenadas en el laudo emitido en el juicio de origen 379/2018, se estima realizado con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, por lo que han cesado los efectos de la aludida omisión. Sin que se óbice que la autoridad responsable, no haya acompañado el acta de notificación a la aquí parte quejosa, de la determinación de siete pasado, dado que al ser notificada del presente acuerdo, tendrá a la vista las constancias de cuenta, y por ende, conocerá del proveído emitido y la fecha señalada para el desahogo de la diligencia de requerimiento de pago a la autoridad responsable correspondiente. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la Junta responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cinco minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Finalmente, no pasa desapercibido para esta Juzgadora Federal, el que no hubiere sido llamado a juicio quien pudiere tener el carácter de tercero interesado; empero, ello no constituye obstáculo para arribar a la anterior determinación, cuenta habida que, dado el sentido de la misma, no se ocasiona detrimento alguno a los derechos procesales de dicha parte. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis visible en la página 556, del Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante el cual cumple con el requerimiento de veintisiete de septiembre del año en curso, y en atención a lo que manifiesta en el mismo, resérvese acordar lo conducente hasta en tanto se dé cumplimiento a lo acordado en proveído de diez de octubre del año en curso. Por otro lado, agréguese a estos autos el oficio signado por el Director del Registro Civil del Estado de Yucatán, mediante el cual cumple con el requerimiento de veintisiete de septiembre del presente año e informa que no cuenta en sus registros con domicilio alguno de los terceros interesados ******************** RAFAEL MENENDEZ MENDINA, ******************** MARÍA PONCE ******************** Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

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