Pedro Jesus Pech Tuyub
Expediente 1389/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1389/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Pedro Jesus Pech Tuyub
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio y anexo que acompaña en copia certificada, remitidos por el Director Jurídico en representación del Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, con el que atiende el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional, mediante proveído de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, e informa el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio; por ende, dese vista a las partes con la documentación de cuenta, por el término de tres días hábiles, legalmente computados, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Transcurrido el plazo de referencia, dese cuenta con los autos para resolver si está cumplida o no la sentencia ejecutoria. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien actúa con Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio y anexo que acompaña en copia certificada, remitidos por el Director Jurídico en representación del Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, con el que atiende el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional, mediante proveído de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, e informa el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio; por ende, dese vista a las partes con la documentación de cuenta, por el término de tres días hábiles, legalmente computados, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Transcurrido el plazo de referencia, dese cuenta con los autos para resolver si está cumplida o no la sentencia ejecutoria. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien actúa con Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés.********************Se tiene por hecha la certificación de cuenta de la que se advierte que del dieciséis al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, se declararon como días inhábiles con base en las circulares 28/3023 y 29/2023 firmadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en los avisos de suspensión de labores, emitidos por los Coordinadores de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, con motivo del paro y las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.********************Ahora, visto los presentes autos, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 81, inciso e), de la Ley de la Materia, se declara que la expresada resolución que AMPARÓ a ********************, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes.********************Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, para que, en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, cumpla con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados, en los términos siguientes: ********************"En las relatadas circunstancias, al resultar fundados los conceptos de violación expresados por los peticionarios de amparo, suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procede otorgar el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso ********************, respecto del acto que atribuyó al Secretario de Seguridad Pública del Estado, para el efecto de que en el ámbito de sus atribuciones, se deje insubsistente la resolución de treinta de agosto de dos mil veintitrés."****************************************Apercibida que, de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se le impondrá una multa mínima de cien unidades de medida y actualización, conforme al numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos del citado ordenamiento legal; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución.********************Notifíquese. ********************Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En Mérida, Yucatán, a las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1389/2023-VI, promovido por********************; estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. La Jueza declara abierta la audiencia. El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con los informes respecto a la suspensión de plano y justificado, rendidos por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida. Acto seguido, la Jueza acuerda: Téngase por rendido en tiempo y forma el informe justificado de la autoridad responsable. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las constancias que el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, remitió en apoyo a sus informes de ley. La Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas antes citadas, las cuales se tienen por desahogadas en virtud de su naturaleza jurídica. Abierto el período de alegatos, se da cuenta con las alegaciones vertidas por la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado en su alegato ministerial 344/2023, a lo que la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados las manifestaciones de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, mismas que serán tomadas en consideración al momento de emitir la sentencia de amparo. Hecho lo anterior, se declara cerrada la presente etapa. Finalmente, no habiendo diligencia pendiente por desahogar se declara visto el expediente para dictar la sentencia siguiente. Vistos, para resolver el juicio de amparo 1389/2023, promovido por********************, contra los actos que reclamó de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado,********************, reclamó de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, la incomunicación, desaparición forzada, tratos crueles e inhumanos y detención fuera de procedimiento judicial. SEGUNDO. En la propia fecha, treinta y uno de agosto del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo, a reserva de que fuera ratificada por el directo quejoso, lo que sucedió en la misma data; se registró en el Libro de Gobierno con el número de expediente 1389/2023; se concedió al directo quejoso la suspensión de plano, respecto de los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable; de igual forma, se les solicitó su informe con justificación; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Integrado el juicio de amparo, se celebró la audiencia constitucional la cual, previa reanudación, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales, 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 03/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de una autoridad que tiene ejecución dentro de la circunscripción territorial en que esta Juzgadora ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y con el criterio sustentado en la tesis P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de determinar lo que el quejoso quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal. De manera que el directo quejoso, reclamó de la autoridad responsable la incomunicación, desaparición forzada, tratos crueles e inhumanos y detención fuera de procedimiento judicial. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, al rendir su informe respecto a la suspensión de plano y justificado, manifestó que no era cierto los actos que se le reclama, consistente en la incomunicación, desaparición forzada y tratos crueles e inhumanos, que alegó sufría el quejoso, sin prueba en contrario de la agraviada que desvirtuara dicha negativa. Ahora, debido a que no existe prueba en contrario aportada por la parte quejosa que desvirtué dicha negativa, a pesar de que mediante autos de uno y ocho de septiembre del año en curso, se le dio vista con el contenido de dichos informes, pues de las constancias que obran en autos no se advierte la certeza de tal acto y tampoco hay alguna presunción legal o humana que evidencie su existencia; con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se sobresee en este juicio de amparo, únicamente por lo que corresponde a los referidos actos y autoridad señalados en este considerando. Sirve de apoyo al caso, la tesis Jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO- EXISTENCIA DEL ACTO. El Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, al rendir su respectivo informe respecto a la suspensión de plano y justificado, aceptó únicamente la existencia del acto reclamado, consistente en la detención del quejoso, lo que derivó en una orden de arresto por treinta y seis horas impuesta en su contra en la resolución de fecha treinta de agosto de dos mil veintitrés. Motivo por el cual, se procede a tener por cierto única y exclusivamente el citado acto que se reclama, consistente en la orden de arresto dictada contra el directo quejoso. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia de este juicio de amparo, ni oficiosamente se observa alguna que, por ser de orden público, deba ser analizada preferentemente a las cuestiones de fondo, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, por lo que se procede estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Expuesto lo anterior, el quejoso en sus conceptos de violación aduce, que la privación de su libertad reclamada, es violatoria de lo dispuesto por los artículos 1, 14, 16, 17 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no reúne los requisitos legales, por no encontrarse fundado ni motivado, ni haberse respetado las formalidades esenciales del procedimiento. Es fundado el concepto de violación. Lo anterior, aunque para comprobarlo deba suplirse su deficiencia en términos de lo establecido en la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo, en razón de que de las constancias que remitió la responsable, se advierte una violación de índole formal, máxime que el acto reclamado está relacionado con la libertad del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1417, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO). Del precepto citado deriva que la suplencia de la queja deficiente operará en las materias civil y administrativa cuando el tribunal de amparo advierta que ha habido contra el quejoso o recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa, por afectar sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciarse sobre el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, de redacción similar al 79 de la vigente, estimó que la frase "lo haya dejado sin defensa" no debe interpretarse literalmente, sino que debe entenderse en el sentido de que la autoridad responsable infringió determinadas normas, de forma que afectó sustancialmente al quejoso en su defensa. Asimismo, sostuvo que una "violación manifiesta de la ley" es la que se advierte obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables. Por otra parte, esta Primera Sala sostuvo que por "violación manifiesta de la ley que deje sin defensa", se entiende aquella actuación que haga notoria e indiscutible la vulneración a los derechos del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirecta, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas, y que rigen el acto reclamado; de ahí que dicha interpretación es aplicable al artículo 79 de la Ley de Amparo, ya que no se le opone, sino que es concordante. Conforme a lo anterior, los tribunales de amparo sólo están obligados a suplir la queja deficiente en las materias civil y administrativa cuando adviertan una violación evidente, esto es, clara, innegable, que afecte sustancialmente al quejoso en su defensa." En efecto, el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)" El transcrito artículo establece que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Así, el derecho humano y garantía de audiencia constituye el principal instrumento de defensa que tiene cualquier gobernado frente a los actos de autoridad que pretendan privarlo de sus derechos fundamentales, como son la libertad y sus propiedades, lo que incluso se reconoce en diversos documentos de carácter internacional, tales como en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a ser oída con los debidos derechos y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. El acto de privación contemplado en el artículo 14 Constitucional, es aquél que constituye un fin por sí mismo con existencia independiente y no el que únicamente es un medio para la consecución de otro acto. En el primero de ellos, el fin perseguido por el acto, radica en privar al sujeto de sus bienes, propiedades, posesiones o derechos con carácter definitivo; en cambio en el segundo, la privación no constituye la intención teleológica del acto, sino una medida de tipo provisional y accesoria para el logro de un objetivo diverso. Luego, aunque en ambos casos el acto produce o puede generar una privación, sólo aquél cuyo sentido es definitivo se encuentra regido por la norma constitucional de referencia, pues atendiendo a su naturaleza, se garantiza al gobernado que no debe llevarse a cabo sin que se le brinde la oportunidad de ser oído en defensa de sus intereses, con la debida amplitud, por la evidente gravedad que el acto reviste. De esta forma, cuando el acto privativo es provisional, esto es, cuando la privación no es la razón de ser del acto, resulta innecesario otorgar, previamente, al afectado la oportunidad de defensa en virtud de la accesoriedad de la medida. Por tanto, si esa afectación tiene como propósito privar al gobernado de sus bienes, entonces se actualiza el supuesto previsto en la norma constitucional y se genera su consecuencia, a saber: la obligación de la autoridad de otorgar al sujeto y en forma previa al acto, el derecho de audiencia; mientras que, cuando se trata de un acto de molestia, no es indispensable que, previamente a él, se brinde al sujeto la referida garantía. La distinción entre actos de privación y actos de molestia deriva, precisamente, de lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que erigen los derechos de audiencia y de legalidad, respectivamente, en contra de los actos de la autoridad; y esa diferenciación deriva de la naturaleza del acto, de su razón teleológica y no en primer término de los efectos que produce. Esto último, se pone de manifiesto si se considera que tanto los actos a que se refiere el artículo 14 constitucional, como aquellos a que se contrae el numeral 16 de la Constitución, pueden producir, en mayor o menor medida, directa o indirectamente, una "privación" en la esfera jurídica del gobernado causándole una afectación, sea por la indisponibilidad de sus bienes, por la disminución de su patrimonio, por la imposición de una carga u obligación que de no existir el acto no tendría que soportar o cumplir, etcétera; de tal manera que si se atendiera solamente a los efectos del acto, resultaría carente de sentido la distinción entre actos de privación y actos de molestia. Por tal motivo, se colige que la distinción establecida en los numerales 14 y 16 de la Constitución Federal, deriva de la naturaleza del acto y no en primera instancia de los efectos a que puede dar lugar. Los perjuicios -en sentido amplio- al gobernado, que se pueden producir tanto por un acto regido por el numeral 14 de la Constitución o por uno de aquellos a los que se refiere el artículo 16 de ese ordenamiento, constituyen el efecto del acto; y no puede ser la base para distinguir entre actos privativos o de molestia, pues ese efecto puede presentarse en ambos, ni tampoco puede constituirla su mayor o menor reparabilidad, dado que esta condición también puede actualizarse en los dos casos y depende de circunstancias de hecho o jurídicas. El análisis de la reparabilidad de los efectos de los actos reclamados tiene como punto de partida la naturaleza del acto; y la posibilidad de exigir esa reparación, se actualiza una vez que se ha determinado sobre la no juridicidad del mismo, lo que supone que previamente se analice si éstos se encuentran sujetos o no a respetar al gobernado la garantía de audiencia. De lo anterior se sigue que, lógicamente, primero debe apreciarse la finalidad perseguida por el acto de autoridad y luego la entidad de los efectos, dentro de los que se encuentra la causación de perjuicios y su reparabilidad, para determinar si un acto se encuentra o no regido por el numeral 14 de la Constitución; y es por esa razón que la referida causación de perjuicios, no es el criterio determinante para sujetar un acto al cumplimiento de la garantía de previa audiencia, pues esos efectos también pueden presentarse en un acto regido por el artículo 16 constitucional. Por tanto, como se apuntó, para verificar si un acto queda regido por lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, debe atenderse a su finalidad. En relación con lo anterior, resulta aplicable la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA, GARANTÍAS DE. ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA DE BIENES O DERECHOS. DISTINCIÓN. ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. En los términos del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, la audiencia previa a la emisión del acto de autoridad y el debido proceso legal, como garantías del gobernado, son de observancia obligatoria únicamente tratándose de actos privativos, sea de la vida, de la libertad, de propiedades, posesiones o derechos de los particulares más no así cuando se trata de actos de molestia que no tengan la finalidad de privar al afectado de alguno de sus bienes o derechos, pues tales actos se rigen solamente por la garantía de seguridad jurídica (fundamentación y motivación) que establece el artículo 16 constitucional." Así, de las constancias que fueron remitidas por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, relativas a la detención del quejoso, las cuales gozan de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte que el treinta de agosto de dos mil veintitrés, el citado Director Jurídico, inició el procedimiento administrativo contra del aquí quejoso********************, siendo que en esa propia fecha, le impuso un arresto administrativo por treinta y seis horas. Lo anterior, según refirió la citada autoridad, con motivo del informe policial homologado, y porque cometió una infracción al artículo 13, fracción IV del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida, el cual establece provocar escándalos en lugares públicos o privados que molesten o perjudiquen a terceros, de ahí que, le hizo saber que dicha infracción era sancionable conforme al numeral 28, fracción III, del citado reglamento. Así, el arresto de treinta y seis horas que se impuso al solicitante del amparo, constituye un acto de privación total, porque se le impidió gozar de su libertad en ese plazo; además, la finalidad perseguida con la imposición de dicho arresto, es que cumpla con las normas administrativas, es decir, no se persigue un interés diverso a la sola observancia de normas generales. También, por sus efectos, causa perjuicios de difícil reparación, pues de consumarse el arresto, sería imposible restituir a la parte peticionaria de amparo en el goce del derecho humano violado, porque no se le podría restaurar el lapso de tiempo que estuviera privado de su libertad. Por ello, el arresto que aquí se reclama se rige por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento previo a su dictado, pues de consumarse, el daño ocasionado a la parte quejosa, como se dijo, sería de imposible reparación. Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia con número de tesis 19/2019, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del Libro 74, enero de 2020, Tomo I, Materias Constitucional, Administrativa, de la Décima Época, visible en la página 6, de rubro y texto siguientes: "ARRESTO ADMINISTRATIVO COMO SANCIÓN POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD. AL PRETENDER IMPONERLO EL JUEZ CALIFICADOR DEBE RESPETAR EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA DEL PROBABLE INFRACTOR. El arresto administrativo, que forma parte de las sanciones que puede imponer la autoridad administrativa de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Federal por el incumplimiento a disposiciones administrativas, invariablemente reviste el carácter de acto privativo, porque produce efectos que suprimen la libertad personal ambulatoria por un tiempo determinado y con efectos definitivos. En consecuencia, cuando a una persona se le pretende imponer un arresto administrativo como sanción por conducir bajo el influjo del alcohol, existe la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho de audiencia previa reconocido en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, al no existir una restricción expresa a este derecho en el texto constitucional ni justificación suficiente que amerite eximir de su observancia en forma previa a la restricción de la libertad personal. Así, el probable infractor debe tener la posibilidad de ser oído en el momento oportuno por el Juez Calificador previamente a que se le imponga la sanción de arresto administrativo; entendiéndose por "momento oportuno" cuando ya se encuentra en las instalaciones del órgano calificador y está en condiciones de comparecer a efecto de alegar lo que a su derecho convenga en torno a la infracción atribuida: si desvirtúa la comisión de la infracción, entonces no se le puede decretar el arresto administrativo; si no lo hace, procede que se le individualice el tiempo que deberá compurgar. Con este criterio se armoniza, por una parte, la facultad de la autoridad para sancionar la comisión de infracciones (destacando aquellas que ponen en riesgo la integridad física del propio infractor y de terceros, como es el caso de conducir en estado de ebriedad) y, por otra, se evita la arbitrariedad de la autoridad al momento de ejercer dichas atribuciones o que se prive de la libertad a personas que no cometieron la infracción atribuida pero aun así fueron detenidas y remitidas ante el órgano calificador, soslayando que las políticas públicas y disposiciones tendentes a inhibir la comisión de infracciones deben ser compatibles con la debida observancia de los derechos humanos". Así como el diverso criterio obligatorio del citado órgano jurisdiccional, con número de tesis 47/95, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, Novena Época, estableció: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Los criterios jurisprudenciales transcritos revelan el derecho fundamental de audiencia que obliga a la autoridad a otorgar al gobernado, previamente a la imposición de un acto privativo, la posibilidad de ser oído en un procedimiento, en el cual se observen como formalidades esenciales mínimas aquellas que garanticen su defensa; las cuales son: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y, 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse alguna de dichas formalidades, la consecuencia es que se deja al gobernado en estado de indefensión. No obstante lo anterior, en el procedimiento instaurado contra el quejoso, que culminó con la resolución de treinta de agosto de dos mil veintitrés, en el que se le impuso un arresto por treinta y seis horas, no se observaron dichas formalidades. En efecto, se afirma lo anterior pues al momento en que se celebró la audiencia ante el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, y se inició el procedimiento respectivo, en el que se le impuso el arresto ya mencionado, no se le respetaron a la parte quejosa las formalidades esenciales del procedimiento, cuenta habida que no se le dio la oportunidad de ofrecer pruebas, a fin de desvirtuar lo que se imputaba, dada la premura en el dictado de esa determinación. Lo anterior, porque de dicha determinación se advierte que de ninguna forma se le otorgó la intervención correspondiente al infractor, esto es, no se desprende que se le hubiera dado la oportunidad de ofrecer pruebas en su favor. Ahora bien, es conveniente precisar que este órgano jurisdiccional no desconoce que todo gobernado, como en el presente caso, tiene el deber de cumplir con las normas administrativas, sin embargo, debe decirse que toda autoridad al emitir sus resoluciones, debe observar que estén debidamente fundadas y motivadas, además de cumplir con las formalidades esenciales de todo procedimiento. En ese sentido, los órganos jurisdiccionales que resuelven el proceso constitucional, únicamente deben verificar si el acto reclamado es violatorio o no de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internaciones suscritos por el Estado Mexicano; por tanto, si se concluye que hubo una transgresión a alguno de esos derechos, se debe conceder la protección constitucional para reparar ese agravio. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis del Pleno del Décimo tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el tres de mazo de dos mil diecisiete, con número de registro 2013792, que dice: "ARRESTO ADMINISTRATIVO POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD. PREVIO A SU IMPOSICIÓN DEBE RESPETARSE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. El arresto administrativo por conducir en estado de ebriedad, previsto en el artículo 158, fracción I, del Reglamento de la Ley de Tránsito para el Estado de Oaxaca, por sí mismo persigue la privación de la libertad personal ambulatoria del gobernado, con efectos definitivos. Luego, al tratarse de un acto privativo de la libertad, previo a su imposición debe respetarse la garantía de audiencia, prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal, a fin de que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". En las relatadas circunstancias, al resultar fundados los conceptos de violación expresados por los peticionarios de amparo, suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procede otorgar el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso********************, respecto del acto que atribuyó al Secretario de Seguridad Pública del Estado, para el efecto de que en el ámbito de sus atribuciones, se deje insubsistente la resolución de treinta de agosto de dos mil veintitrés. Cabe destacar que el anterior pronunciamiento, no veda la posibilidad de que la responsable pueda instaurar el procedimiento administrativo correspondiente, siempre y cuando respete el derecho de audiencia de la peticionaria de amparo, a efecto de defender sus derechos. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 497, Tomo XXVII, febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUDIENCIA. SI SE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE UNA LEY POR SER VIOLATORIA DE ESA GARANTÍA, LA AUTORIDAD FACULTADA PARA EMITIR UN ACTO PRIVATIVO PODRÁ REITERARLO SI LLEVA A CABO UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE CUMPLA LAS FORMALIDADES ESENCIALES, AUN CUANDO PARA ELLO NO EXISTAN DISPOSICIONES DIRECTAMENTE APLICABLES. Si se toma en cuenta que el fin que persiguió el Constituyente a través de la garantía de audiencia fue el de permitir que los gobernados desplieguen sus defensas antes de que las autoridades modifiquen en forma definitiva su esfera jurídica, y no el de impedir que éstas ejerzan las facultades que les fueron conferidas para cumplir con los fines que constitucional o legalmente se les encomendaron, se concluye que cuando se declara la inconstitucionalidad de una disposición de observancia general por no prever un procedimiento en el que antes de la emisión de un acto privativo se respeten las formalidades esenciales a que se refiere el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en acatamiento del fallo protector, la respectiva autoridad administrativa o jurisdiccional podrá reiterar el sentido de su determinación, siempre y cuando siga un procedimiento en el que el quejoso pueda ejercer plenamente su derecho de audiencia. Ello es así, porque el efecto de la protección constitucional no llega al extremo de impedir el desarrollo de la respectiva potestad, pues permite a la autoridad competente purgar ese vicio antes de su ejercicio, brindando al quejoso la oportunidad de defensa en la que se acaten las referidas formalidades; sin que obste a lo anterior la circunstancia de que no existan disposiciones directamente aplicables para llevar a cabo el referido procedimiento, pues ante ello, al tenor del párrafo cuarto del mencionado precepto constitucional, la autoridad competente deberá aplicar los principios generales que emanen del ordenamiento respectivo o de uno diverso que permitan cumplir con los fines de la garantía citada". Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por********************, contra el acto que reclamó de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, consistente en la incomunicación, desaparición forzada y tratos crueles e inhumanos; por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a********************, contra el acto que reclamó de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida; consistente en las orden de arresto de treinta de agosto de dos mil veintitrés, por el término de treinta y seis horas; lo anterior, por los motivos precisados en el considerando quinto de esta sentencia y para los efectos señalados en la parte final del mismo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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