Paulina Pineda García
Expediente 1672/2014 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1672/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/02/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Paulina Pineda García
Actuaciones
- Principal
MESA V-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticinco de febrero de dos mil quince. Vistas las certificaciones de cuenta, se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo vigente, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el auto de veintiocho de enero de dos mil quince (fojas 69 y 70), por el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, transcurrió del tres al veinticuatro de febrero del año en curso, sin que lo hubiera hecho; en consecuencia, se declara consentido el referido auto, hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del acuerdo general conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese el expediente principal como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero, y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general conjunto número 1/2009, dado, que en la sentencia dictada en este expediente de amparo, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso; se estima que este expediente es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda y sentencia emitida en este juicio de amparo. Se considera que este expediente carece de relevancia documental, en virtud, que en el mismo se reclamó la omisión a dictar el acuerdo relativo a la calificación de pruebas en el expediente laboral 208/2014(2)Bis, por lo que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, o que por el sentido de la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en el presente expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del acuerdo general conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE...
- Principal
MESA VA] Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiocho de enero del dos mil quince. Vista la certificación de cuenta; y toda vez que a la fecha feneció el término de tres días concedido a la parte quejosa, en proveído de veinte de enero del año en curso, este juzgado se avoca a considerar si efectivamente la sentencia concesoria se encuentra cumplida o no. En la sentencia dictada en este expediente el veintiuno de abril del dos mil catorce, se concedió a Paulina Pineda García, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado a los integrantes de la Junta Personal Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, en los términos siguientes: Autoridad Efectos 1.- Miembros integrantes de la Junta Especial número Dos Bis de la Local de conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. OBLIGACIÓN DE HACER 1.- Cumplan con la garantía individual violada, y para ello, a efecto de tener por cumplida la sentencia concesoria del amparo, deberán hacer del conocimiento de la parte quejosa en el domicilio que señaló para recibir notificaciones en el juicio laboral 208/2014(2)Bis, la determinación dictada en relación a la calificación de las pruebas que ofreció en esa instancia. En cumplimiento a lo requerido por este órgano jurisdiccional, la autoridad responsable resolvió lo siguiente: Autoridad Efectos 1.- Presidente de la Junta Especial número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Con fecha dieciséis de enero del dos mil quince, se notificó a la quejosa el auto de tres de diciembre del dos mil catorce, por el que la junta responsable calificó las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 208/2014(2)Bis. Tales actos desplegados resultan congruentes con lo requerido en la sentencia ejecutoria dictada en este juicio de amparo, pues la autoridad responsable notificó el auto por el que calificó las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 208/2014(2)Bis, en el domicilio que para ese efecto designó la aquí quejosa. Por tanto, se tiene por cumplida la sentencia concesoria del amparo en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
MESA V-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, doce de enero del dos mil quince. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Paulina Pineda García; por lo que, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia, para todos los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, mediante atento oficio que al efecto se gire, requiérase a la Junta Especial número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, cumpla con la sentencia dictada en este juicio, en los términos siguientes: Autoridad Efectos 1.- Miembros integrantes de la Junta Especial número Dos Bis de la Local de conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. OBLIGACIÓN DE HACER 1.- Cumplan con la garantía individual violada, y para ello, a efecto de tener por cumplida la sentencia concesoria del amparo, deberán hacer del conocimiento de la parte quejosa en el domicilio que señaló para recibir notificaciones en el juicio laboral 208/2014(2)Bis, la determinación dictada en relación a la calificación de las pruebas que ofreció en esa instancia. Para lo cual deberá remitir copia certificada de las determinaciones que dicte. Sin que obste a lo anterior el hecho que en este expediente no obre constancia alguna de la que se aprecie que la Junta responsable se encuentre notificada de la sentencia dictada en este asunto, pues se puntualiza que dicha autoridad, no está facultada para interponer el recurso de revisión, conforme a lo establecido en la jurisprudencia número P/J 22/2003, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 23, del tomo XVIII, correspondiente al mes de Julio de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir". NOTIFÍQUESE...
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