Paulina Cruz Pérez

Expediente 951/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 24 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
951/2021
Año
2021
Actuaciones
24
Última actuación
20/04/2022

Partes del expediente

  • Paulina Cruz Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se negó la suspensión provisional y definitiva; que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó la suspensión provisional y definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la destrucción del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 951/2021, promovido por ***, contra los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos a juicio de la parte quejosa, señala como autoridades responsables al alcalde Constitucional del Municipio de San Agustín Yatareni, Oaxaca y otras, por la expedición de una constancia de posesión a favor de Emiliano Pablo Agustín, sabiendo de que la quejosa, presuntivamente, vive en el inmueble desde el veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y siete. El inmueble en cuestión es el ubicado en calle independencia, número trescientos veinte, en el Municipio de San Agustín Yatareni, Oaxaca. Derivado de la emisión de la constancia de posesión a favor de Emiliano Pablo Agustín, se realizaron diversos trámites ante el director General del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca e Instituto de la Función Registral del distrito judicial del Centro, Oaxaca, circunstancias que constituyen los actos reclamados en esta instancia. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO *** promovió juicio de amparo mediante escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, a través de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec y enviado el mismo día a este Juzgado de Distrito, al que correspondió por razón de turno. Señaló como responsables a las autoridades referidas con anterioridad. La quejosa denunció la violación de los artículos 1, 8, 14, 16 y 27, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el número 951/2021; por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda; desechándose en parte la demanda de amparo origen de este asunto, por lo que hace a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. Por acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintiuno, donde se desechó la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa en la demanda de amparo y perfeccionada en el escrito de ampliación, y se le tuvo ampliando la demanda de amparo por lo que hace a los directores General del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca y del Instituto de la Función Registral del distrito judicial del Centro, Oaxaca, a quienes reclamó, respectivamente: Dar trámite a la protocolización de constancia de posesión expedido por el Alcalde Único Constitucional Domingo Agustín Velasco del Municipio de San Agustín Yatareni, Oaxaca fechado el veinte de mayo del dos mil veintiuno que celebró el Notario Público número 19 de esta ciudad de Oaxaca de Juárez. Registrar dicha protocolización de carácter definitivo. Acuerdo de veintiocho de enero de dos mil veintidós, por el que se tuvo a la peticionaria de amparo ampliando nuevamente la demanda de amparo, respecto del Jefe de Departamento de Tramitación de Solicitudes del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, de quien reclamó: Dar trámite a la protocolización de constancia de posesión expedida por el Alcalde Único Constitucional de San Agustín Yatareni, Oaxaca, de fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno. Una vez agotados los trámites correspondientes, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque las autoridades señaladas como responsables en este juicio de amparo indirecto tienen su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la inconforme reclama los actos siguientes de las autoridades que a continuación se mencionan: Del alcalde único Municipal de San Agustín Yatareni, Oaxaca, el acto reclamado destacado, consistente en: La expedición de la constancia de posesión a favor de Emiliano Pablo Agustín, respecto del bien inmueble ubicado en calle independencia, número trescientos veinte, en el Municipio de San Agustin Yatareni, Oaxaca. Del director General del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca: Dar trámite a la protocolización de constancia de posesión expedido por el Alcalde Único Constitucional Domingo Agustín Velasco del Municipio de San Agustín Yatareni, Oaxaca fechado el veinte de mayo del dos mil veintiuno que celebró el Notario Público número 19 de esta ciudad de Oaxaca de Juárez. Del director del Instituto de la Función Registral del distrito judicial del Centro, Oaxaca; Registrar dicha protocolización de carácter definitivo. Del jefe de Departamento de Tramitación de Solicitudes del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, de quien reclamó: Dar trámite a la protocolización de constancia de posesión expedida por el Alcalde Único Constitucional de San Agustín Yatareni, Oaxaca, de fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Una de las autoridades responsables al rendir su informe justificado, negó categóricamente la existencia del acto reclamado que se le atribuye. No. Denominación de la autoridad Sentido del informe 1 Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca Niega Sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna con el propósito de desvirtuar dicha negativa; aunado a lo dispuestos por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [...] Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa en el juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, la parte promovente está obligada a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Alcalde Único Constitucional de San Agustín Yatareni, Oaxaca, encargado del Departamento Jurídico del Instituto de la Función Registral y jefe del Departamento de Tramitación de Solicitudes del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca. Se sostiene lo anterior porque las autoridades responsables así lo reconocieron al rendir su informe justificado, lo cual es suficiente e idóneo para tener por demostrada la existencia de los actos que les fueron atribuidos a dichos entes públicos. La determinación anterior tiene respaldo en la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. VII. PROCEDENCIA Con fundamento en lo previsto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito19, que establece: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". De los preceptos señalados se advierte que, para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que la parte quejosa demuestre su interés jurídico, del cual, su afectación debe ser de manera personal y directa. Se afirma lo anterior, pues el juicio de amparo puede promoverse únicamente por la persona física o moral a quien afecte la norma o acto u omisión reclamados; ello, siempre que alegue que éstos violan los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; pudiendo promoverlo por sí, su representante legal, su apoderado o por cualquier persona en los casos en que la ley de la materia lo permita expresamente. Al respecto, es pertinente invocar la jurisprudencia 1ª./J. 168/2007 con número de registro digital 170500 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, tomo XXVII, enero de 2008, página 225, de rubro y texto siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, refiere que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. De los preceptos legales aludidos, se advierte que el juicio de amparo es un medio de control constitucional que protege los derechos humanos del gobernado contra los actos de las autoridades; que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada o sea, aquélla a quien perjudique una ley, tratado internacional, reglamento o cualquier otro acto que importe una afectación a su esfera de derechos. A través del ejercicio de la acción constitucional, el quejoso reclama la tutela de un derecho público subjetivo que estima fue infringido en su perjuicio por las autoridades que emitieron el acto reclamado, o sea, mediante el derecho de acción, que es un derecho instrumental en el que se pretende el respeto del derecho público subjetivo y, en su caso, la restitución en su goce. Por tanto, quien ejerce la acción de amparo siempre se ostenta titular de un derecho subjetivo afectado por algún acto u omisión de las autoridades responsables y frente a tal evento, requiere acudir ante los tribunales para solicitar la protección federal; es decir, tiene necesidad que se respeten los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte que alega han sido vulnerados, porque al haber resentido un perjuicio, un menoscabo o un detrimento en su esfera jurídica, tiene interés en que la Justicia Federal el ampare. Así, de conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5 fracción I, en relación con el 6, ambos de la Ley de la materia, para la procedencia del juicio de amparo, es requisito indispensable que solamente quien resiente una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, puede acudir a la vía constitucional. Por ello, si el juicio de amparo debe seguirse a instancia de parte agraviada implica que uno de los presupuestos de procedencia de la acción constitucional es la acreditación plena del interés jurídico; por lo tanto, el interés del quejoso sólo se puede surtir en la medida que demuestre que el acto de autoridad reclamado le irroga molestias en su esfera jurídica. Ahora bien, la quejosa Paulina Cruz Pérez, reclama la expedición de la constancia de posesión a favor de Emiliano Pablo Agustín, respecto del bien inmueble ubicado en calle independencia, número trescientos veinte, en el Municipio de San Agustin Yatareni, Oaxaca, y con ello considera que le vulnera su derecho de posesión. Así, a lo expuesto por la aquí quejosa, el enfoque de afectación no puede ser otro que el atinente a la causación de un agravio personal y directo a un derecho subjetivo (presupuestos del interés jurídico), máxime que no refiere algún perjuicio derivado de su especial situación frente al orden jurídico y se trata de un acto administrativo. Aunque, la parte peticionaria de protección constitucional solicitó bajo protesta de decir verdad la existencia y de las constancias que acompañó se desprende que, existió una comparecencia realizada ante el alcalde Único Constitucional de San Agustín Yatareni, Oaxaca, de diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y nueve, suscrita por Emiliano Pablo Agustín y Eustogio Pablo Agustín, a favor de Flaviano Pablo García y Paulina Cruz Pérez; así como dos recibos de consumo de energía eléctrica, uno a nombre de Emiliano Pablo Agustín y otro a nombre de la quejosa. De manera que, las citadas documentales, no constituye una escritura pública donde conste el acto jurídico traslativo de dominio a su favor, de conformidad con lo establecido por el artículo 2191 del Código Civil para el Estado de Oaxaca, la venta de inmuebles se hará en escritura pública, por tanto, el documento presentado para acreditar la propiedad no constituye una escritura pública donde conste el acto jurídico traslativo de dominio a su favor, debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad. Sirve de apoyo la Jurisprudencia de rubro DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, registro digital: 164792, Instancia: Primera Sala, Novena Época, Materia(s): Civil, Tesis: 1a./J. 21/2010, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, abril de 2010, página 259. Se afirma lo anterior, porque no debe perderse de vista, en primer término, que la parte quejosa no acredita la causa generadora de la posesión del bien inmueble que pretende defender. En un segundo aspecto: que la posesión se acredita con el título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer lo que es distinto de una tenencia material de la cosa, esto es, que el poseedor de un bien que ejerce un poder de sobre el bien con un origen en alguna figura jurídica prevista en la ley, contrario a esto la tenencia material no puede ser considerada una causa generadora de la posesión. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 1/2002 (9a.) emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, registro 187733, febrero de 2002, Tomo XV, materia Civil, página 5, de rubro y texto: POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. Pues si bien, este órgano jurisdiccional considera que la aceptación, por las responsables en relación a la existencia de la expedición del acta de posesión reclamada y diversos trámites ante la autoridad Catastral y de la Función Registral, ello no implica el reconocimiento o la acreditación de la propiedad del bien o la causa generadora de la posesión que pretende defender la peticionaria de amparo. En otras palabras, el hecho de que existan los actos reclamados, no es suficiente para demostrar su interés jurídico de la quejosa, pues lo anterior no subsana la falta de acreditación del interés jurídico ni legítimo de la promovente del amparo. Es aplicable al caso la tesis publicada en la página trescientos setenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XV-II, febrero de mil novecientos noventa y cinco, octava época, con número de registro digital 208500 cuyos rubro y texto son: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, DEBE PROBARSE INDEPENDIENTEMENTE DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La existencia del acto reclamado no exime al quejoso de la obligación que tiene de acreditar que se afecta su interés jurídico, ya que de no hacerlo, el juicio de garantías resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo. En tal sentido, es dable afirmar que tratándose de los actos reclamados en este juicio, la quejosa debió acreditar fehacientemente que las autoridades afectaron con su actuar, un bien inmueble sobre el cual tenía un derecho, lo que en el caso no ocurrió, de ahí que lo procedente es estimar su falta de interés jurídico para acudir a juicio. DECISIÓN En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia de los sucesos reprochados, por lo que lo procedente es sobreseer en el juicio por lo que hace a las autoridades responsables y actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de Jurisprudencia número 310, consultable en la página 209, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394266, de rubro y texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. También cobra vigencia en su aplicación al caso, la tesis aislada VI.2o.A.4K que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Materia Común, Novena Época del siguiente tenor: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Asimismo, no acreditó su interés jurídico, por lo que, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación a los numerales 5, fracción I, párrafo segundo y 6, de la propia legislación, así como la que consagra el citado precepto 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V esta última interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de constitucional, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la legislación citada. Precisión respecto de las jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis aisladas citadas en esta sentencia, anteriores a la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, continúan siendo obligatorias y aplicables, en términos de los artículos Décimo y Decimoprimero transitorios, respectivamente del Decreto publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, por el cual, se reformó la Ley de Amparo Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el apartado IV de esta resolución. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado del jefe del Departamento de Tramitación de Solicitudes del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca y ténganse como prueba de su parte, la documental que aporta, así como ofreciendo la instrumental de actuaciones; con lo anterior, dese vista a las partes. Asimismo, con apoyo en el artículo 9 de la ley de la materia, se tiene como delegado de la aludida autoridad responsable, a la persona que refiere y téngasele señalando como domicilio para recibir notificaciones, el que indica. Ahora bien, como el informe justificado de cuenta se ordenó agregar a los autos en este mismo proveído, es evidente que no ha transcurrido el plazo genérico y continúo que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, con la vista del mismo a la parte quejosa; en consecuencia, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere para las nueve horas con cincuenta minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintidós. NOTIFÍQUESE.

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