Paulino Coronel Díaz

Expediente 842/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
842/2015
Año
2015
Actuaciones
5
Última actuación
26/10/2015

Partes del expediente

  • Paulino Coronel Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mesa III-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiséis de octubre de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de inconformidad contra el proveído de veintinueve de septiembre de dos mil quince, por el que se declaró cumplida la sentencia dictada en este expediente, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a Paulino Coronel Díaz; en consecuencia, se declara consentido el referido auto, hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese el expediente principal como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero, y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, dado que en la sentencia dictada en este expediente de amparo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la referida parte quejosa; se estima que este expediente es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda y sentencia emitida en este juicio de amparo. Se considera que este expediente carece de relevancia documental, en virtud, que se reclamó la resolución de once de mayo de dos mil quince, dictada en el toca RR-001/2015; por lo que, no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentran comprendidos entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, o que por el sentido de la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Se indica que, conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE...

  2. Principal

    MESA III-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diez de septiembre de dos mil quince. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia de tres de agosto de dos mil quince, firmada el veinticuatro siguiente, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a Paulino Coronel Díaz, sin que se recurriera por las partes procesales. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución para todos los efectos legales. Por tanto, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, para que cumpla con la sentencia dictada en este juicio, dentro del plazo de tres días, apercibiéndolo que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos de los artículos 193, 238 y 259 de la Ley de Amparo, al momento en que incurra en la conducta sancionada. NOTIFÍQUESE...

  3. Principal

    MESA III-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ocho de julio de dos mil quince. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales consiguientes el oficio firmado por la secretaria ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del instructivo de responsabilidad V.I/255/2013 de su índice, con dicha documental dése vista a las partes para los efectos legales consiguientes. Ahora bien, dada la voluminosidad de la referida constancia fórmese cuaderno de pruebas por separado (tomo I), el que queda a disposición de las partes en la secretaria de este juzgado y formará parte de este expediente. NOTIFÍQUESE...

  4. Principal

    MESA III-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, treinta de junio de dos mil quince. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo agréguese a los autos el informe justificado que rinde el presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. De igual forma, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la citada responsable remitiendo la documental que anexa a su informe de cuenta, sin perjuicio de ser relacionada en la audiencia constitucional. Con lo anterior, dése vista a las partes para los efectos legales consiguientes. Ahora bien, a fin de resolver este juicio conforme a derecho, en términos de los artículos 75 de la Ley de Amparo vigente y 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días, siguientes a su notificación remita copia certificada del instructivo de responsabilidad 255/2013. Con apercibimiento, que de no cumplir con lo anterior, o de no informar el impedimento que tenga para ello, con fundamento en los artículos 17 Constitucional, 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo vigente, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de incurrir en la conducta sancionada. Sin que haya lugar a emplazar a este juicio de amparo a José Luis Canseco Hernández, en su carácter de tercero interesado, en virtud que en su calidad de denunciante no tiene derecho a obtener una resolución en la que se sancione al servidor contra quien la interpuso, incluso, el artículo 138, fracción II, incisos i) y j), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Oaxaca, no prevé un recurso para el caso en que se declare que no ha lugar a aplicar sanción alguna al servidor público denunciado, siendo solamente éste quien puede interponer el recurso de revisión ante el pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, cuando se le sancione. Es aplicable al caso, por identidad jurídica el criterio número IV.3o.A. J/6, emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la página 726, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, novena época, con el rubro y texto siguientes: "RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE QUE FORMULÓ LA QUEJA QUE MOTIVÓ EL PROCEDIMIENTO RELATIVO EN CONTRA DE UN FUNCIONARIO DEL PODER JUDICIAL, CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA DETERMINACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. De acuerdo con la hipótesis que consagra el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley, es decir, la noción de perjuicio para que proceda la acción constitucional presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando es transgredido por la autoridad faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Así, ese derecho protegido por el citado ordenamiento legal es lo que constituye el interés jurídico indispensable para la procedencia del juicio de garantías. Por otro lado, del análisis de las normas que regulan el procedimiento de responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, así como de las facultades y naturaleza del órgano encargado de conocer de dicho procedimiento se advierte que aquéllas no están dirigidas a la satisfacción de intereses individuales, sino colectivos por lo que no conceden a los particulares la facultad de exigir a los órganos estatales que actúen de forma determinada, máxime que los propios particulares no forman parte de la relación jurídica que se establece entre la organización judicial, como titular de la potestad disciplinaria en este ámbito y sus miembros como subordinados a ella. En consecuencia, el denunciante que formuló la queja en contra de un servidor público del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, carece de interés jurídico para impugnar en amparo la determinación que el Consejo de la Judicatura local tome al respecto, pues se trata de un procedimiento administrativo y no jurisdiccional en el que el denunciante tenga la calidad de parte, e incluso ni siquiera la ley de la materia contempla la posibilidad de impugnar la decisión del Consejo de la Judicatura mediante recurso alguno, de tal manera que tales resoluciones deben estimarse como inatacables por el particular, pues no representan un beneficio o perjuicio directo para el promovente de la queja, pues si bien tienen derecho a presentarla en relación con la conducta de los citados servidores públicos respecto de su actuación dentro de la tramitación de algún asunto judicial, su intervención no alcanza la facultad de impugnar las decisiones del mencionado Consejo de la Judicatura, pues dentro de esa actuación el único que podría resentir un agravio personal y directo sería el servidor público contra quien se formuló la queja, en el supuesto de que la resolución le fuera desfavorable, y no así el denunciante por no contar con un derecho respaldado en la ley y no verse afectado un derecho público subjetivo que le asista." NOTIFÍQUESE...

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