Paulina Vásquez Salinas

Expediente 947/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
947/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Paulina Vásquez Salinas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    " . . S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 947/2023, promovido por ********************, por conducto de su apoderado, contra actos que reclamó de los Integrantes de la Junta Especial número treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje. El problema jurídico que corresponde abordar en el presente asunto consiste en determinar existe omisión por parte de la autoridad responsable en dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral ******************** del índice de la Junta Especial número treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de Oaxaca, y con ello la transgresión de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio del quejoso. R E S U L T A N D O S I. ANTECEDENTES ********************, aquí quejosa, promovió demanda laboral por diversas prestaciones, lo que dio lugar a formar el expediente ******************** del índice de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de Oaxaca. En el juicio antes mencionado, el seis de junio de dos mil veintitrés, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó turnar dicho expediente para formular el proyecto de resolución y dictar el laudo correspondiente, sin que a la fecha se haya formulado el proyecto de resolución del laudo y menos se haya dictado éste. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ********************, por conducto de su apoderado, promovió el presente juicio de amparo mediante escrito presentado a través del portal de juicio en línea, el trece de septiembre de dos mil veintitrés, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Señaló como autoridad responsable y acto reclamado lo siguiente: Autoridad responsable: Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de Oaxaca. Acto reclamado: ( La omisión de dictar el laudo correspondiente en autos del juicio laboral ******************** del índice de la Junta Especial número treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de Oaxaca. La parte quejosa precisó que se vulneraron sus derechos fundamentales establecidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, este juzgador ordenó el registró de la demanda con el número de expediente 947/2023, la admitió, requirió a la autoridad responsable su respectivo informe justificado, dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del presente expediente en todas sus etapas procesales, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O S I. COMPETENCIA Este Juzgado es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 35 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. II. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa el acto reclamado: La omisión de dictar el laudo correspondiente en autos del juicio laboral ******************** del índice de la Junta Especial número treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de Oaxaca. III. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir su informe justificado la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de Oaxaca, acepto la existencia del acto reclamado, manifestando al efecto, que el pasado seis de junio de dos mil veintitrés, fue turnado el expediente laboral ******************** para que se elabore el proyecto de resolución en forma de laudo. Hecho que se corrobora con la documental que anexó a su informe justificado, la que tienen valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. OPORTUNIDAD El acto reclamado es una omisión, por tanto, la demanda de amparo puede presentarse mientras subsista, ya que es un acto de tracto sucesivo, es decir, se actualiza de momento a momento hasta en tanto deje de existir dicha omisión. V. ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Lo aleguen o no las partes, es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo del juicio constitucional, por constituir una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, se procede a analizar la causal de improcedencia alegada por la autoridad responsable, esto es, que no existe dilación en la emisión del laudo en virtud de que aún no transcurre el plazo que establece la jurisprudencia. En efecto, el suscrito considera que se surte la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en relación con el diverso 1, 5 y 6 de la misma ley, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita" De los preceptos citados se advierte con claridad uno de los principios que rige como base en el juicio de garantías, que es que, éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, es decir, por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, luego entonces una persona puede promover un juicio de amparo cuando el acto reclamado cause perjuicios directamente a sus intereses jurídicos personales o patrimoniales. Ahora, se debe destacar que es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico, para los efectos del juicio de amparo, de quien promueve el amparo, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir al órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del juicio de amparo, pues para que tal situación acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma. El interés jurídico de una persona sólo surge cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos. Si los actos reclamados no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica del quejoso, ésta carece de interés jurídico para impugnarlos en el juicio de amparo y, de ser así, debe declararse la improcedencia del juicio. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas tesis ha sostenido que el interés jurídico es aquél reconocido por la ley y que no es otra cosa, sino lo que la doctrina llama derecho subjetivo, es decir, aquella facultad o potestad de exigencia, establecida en una norma del derecho objetivo, que supone la existencia de dos elementos inseparables, una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. Por tanto, el interés jurídico es requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo; es decir, el interés y legitimación procesal, están íntimamente ligados con el elemento perjuicio jurídico, como se desprende de lo establecido por el artículo 5 fracción I, de la ley de la materia, que regula que son partes en el juicio amparo, entre otros, el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1, de la citada legislación y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; asimismo, que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que un acto de autoridad que se reclama a través de la vía constitucional, causa perjuicio a una persona cuando lesiona directamente sus intereses jurídicos de manera real y actual, sea en su persona, patrimonio o derechos, y es entonces cuando nace la acción anulatoria de la violación reclamada, en un juicio de amparo. De tal suerte que el peticionario de garantías debe acreditar de forma fehaciente, cuando acude en su demanda de amparo, que la ley o acto de autoridad reclamado produce una afectación real y actual a su esfera jurídica en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esa circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de garantías resulta improcedente. Se reitera, conforme a lo dispuesto en el citado precepto 5°, fracción I, de la ley de la materia, tiene la calidad de quejoso aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la propia Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; es decir, que exista y que su existencia se en sentido presente, y no pasado o futuro. Ahora bien, en el caso la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de dictar el laudo respectivo en el juicio de origen; por ello, conviene citar el precedente emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que emitió al resolver la contradicción de criterios 171/2022, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 63/2022 (11a.), con registro digital 2025625, de título, subtítulo y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA LABORAL. PARA QUE RESULTE PROCEDENTE CONTRA DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS EN EL DICTADO DEL LAUDO, ES NECESARIO QUE EL PLAZO RAZONABLE DE MÁS DE 45 DÍAS NATURALES AL QUE HACE REFERENCIA LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), HAYA TRANSCURRIDO A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si para efectos de la procedencia del amparo indirecto contra dilaciones excesivas en el dictado del laudo, el plazo razonable al que hace referencia la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo o si dicho plazo puede agotarse, incluso, durante la secuela procesal del juicio de amparo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que para que resulte procedente el amparo indirecto contra dilaciones excesivas en el dictado del laudo, el plazo razonable de más de 45 días naturales al que hace referencia la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), necesariamente debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Justificación: Conforme a la referida jurisprudencia, para poder considerar que una dilación en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, es de "imposible reparación", para efectos de la procedencia del amparo indirecto, conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es requisito indispensable que hayan transcurrido más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Lo que significa, a contrario sensu, que si no ha transcurrido ese plazo razonable, que como prerrogativa otorgó la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), no sería posible el análisis de alguna violación de derechos humanos alegada, precisamente porque la dilación procesal impugnada -hasta ese momento- no sería de imposible reparación, para efectos de la procedencia del amparo indirecto; de ahí la necesidad de que el plazo razonable al que hace alusión la referida jurisprudencia debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que a partir de ese momento el Juez de Distrito podrá determinar si el acto reclamado actualiza o no el supuesto de procedencia del amparo indirecto al que hace referencia, puesto que, de no ser el caso, tendría que proceder conforme lo establece el artículo 113 de la Ley de Amparo. De no considerarlo así y, por el contrario, de estimar que la actualización del supuesto al que alude el criterio jurisprudencial puede concretarse durante la sustanciación del proceso, se estaría ignorando el principio de agravio personal y directo reconocido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución, el cual exige una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso a fin de poder intentar la acción de amparo, lo que en el caso se traduce en la existencia de una dilación procesal de más de 45 días naturales." Así como la jurisprudencia 2a./J. 33/2019, registro digital 2019400, emitido también por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." De cuyas jurisprudencias se desprenden esencialmente que para que exista dilación en el dictado del lado necesariamente debe transcurrir cuarenta y cinco días naturales a la fecha de la presentación de la demanda, computados a partir de la fecha en que legalmente debieron pronunciarse. Ahora bien, para determinar a partir de cuándo debe computarse esos cuarenta y cinco días naturales conviene transcribir los artículos 685, párrafo primero, 885, 886 y 887 de la Ley Federal de Trabajo, vigente en la fecha en la que dio inicio el juicio laboral ******************** y que rige el acto reclamado, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 685.- El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso.". "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos". "Artículo 886.- Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas". "Artículo 887.- Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas". Así se tiene que de los preceptos anteriormente transcritos y se advierte que al no existir prueba pendiente por desahogar, se certificará tal circunstancia y se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, la junta ordenará turnar el expediente al auxiliar dictaminador para que, dentro del plazo de diez días hábiles siguientes, formule el proyecto de resolución en forma de laudo, cuya copia deberá entregar a cada uno de los miembros de la junta; de no ser el caso de desahogar pruebas, el presidente debe citarlos para la discusión y votación, a efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que haya concluido el término fijado, esto es, máximo veinticinco días hábiles. Ahora bien, no debe perderse de vista que de los artículos transcritos se advierte que una vez cerrada la instrucción existen diversos plazos hasta el llegado de la emisión del laudo, esto es, diez días para emitir el proyecto de laudo, cinco para que cualquiera de los integrantes de la junta solicite alguna diligencia, ocho para el desahogo de esas diligencias, y diez para la votación y discusión del laudo, lo que da un total de treinta y tres días, como máximo para la emisión del laudo. Así se tiene que si el cierre instrucción se realizó el seis de junio de dos mil veintitrés, el cual quedó notificado mediante boletín oficial el doce de ese mes y año, por tanto, conforme al artículo 747 de la Ley Federal de Trabajo, surtió sus efectos al día hábil siguiente, esto es, trece siguiente, por lo que conforme los artículos 733 y 734 de esa ley el cómputo de los 33 días antes destacados transcurrió del catorce de junio al catorce de agosto de dos mil veintitrés, descontándose sábados y domingos por ser inhábiles, así como del dieciséis al treinta y uno de julio por ser periodo vacacional. Por tanto, el plazo en el que la autoridad responsable debió legalmente pronunciarse fue el catorce de agosto de dos mil veintitrés. De ahí que, conforme a los precedentes antes destacados el plazo de cuarenta y cinco días naturales se computan del quince de agosto al veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en tanto que la demanda la presentó el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, es decir, antes de que feneciera dicho plazo. En conclusión, los actos reclamados no son reales ni actuales, pues a la fecha de la presentación de la demanda aun no existía dilación en la emisión del laudo respectivo, por tanto, no había omisión en el dictado de este, ello conforme los precedentes establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y transcritos anteriormente. En consecuencia, en el caso se actualiza la referida causa de improcedencia, situación que conduce a sobreseer en el juicio de garantías intentado, conforme establecido en el artículo 63, fracción V, en relación con la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y los diversos 1, 5 y 6 de la misma ley. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 al 77, 79, 119, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, en contra de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables, en términos del considerando V de la presente resolución. Notifíquese mediante lista de acuerdos y por oficio a las partes.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. ... Notifíquese personalmente, mediante oficio y por lista de acuerdos.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que contempla el artículo 117 de la Ley de Amparo; por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere, y se señalan las diez horas con quince minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés para que tenga verificativo. Notifíquese por lista a las partes.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el informe justificado que rinde la Presidenta de la Junta Especial número treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. Asimismo con fundamento en lo dispuesto por el precepto 119 de la Ley de Amparo se le tiene exhibiendo la documental que adjunta, sin perjuicio de relacionarla al celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese mediante lista de acuerdos.

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