Paulina Francisca Mendoza Saavedra
Expediente 749/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 749/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 02/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Paulina Francisca Mendoza Saavedra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra el auto de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en donde se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otro lado, y siguiendo con el estado de autos, se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Asimismo, se considera que este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del ordinal vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción II de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento y debido a ello es susceptible de DESTRUCCIÓN; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía y documentos, toda vez que no se tramitó incidente de suspensión y las partes no ofrecieron los últimos. Por otro lado, toda vez que no obra constancia de notificación del auto treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado, con residencia en esta ciudad, remítasele copia autorizada del mismo, a efecto de que se encuentre debidamente notificado de dicho proveído. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Agréguese a los autos el comunicado del Jefe del Departamento de Anotaciones y Trámites Procesales del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio, con residencia en esta ciudad, en atención a su contenido, téngasele remitiendo las documentales relativas a la cancelación del registro número 20 veinte del tomo 295 doscientos noventa y cinco, del libro de sentencias correspondiente al distrito de Morelia, Michoacán. Documentales a las que se otorga pleno valor probatorio, por tratarse de constancias expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones, conforme a lo previsto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo precepto. Sobre el particular, tiene aplicación la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." . Ahora, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en el presente juicio de control constitucional, se tiene como acto reclamado lo siguiente: La orden de inscripción de la demanda y el auto que admitió el juicio ordinario familiar 469/2019, de la estadística del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad, en el libro correspondiente a un bien inmueble del cual se ostenta propietaria la quejosa. La ejecución de dicha orden. Ello desde la perspectiva consistente en que no figura como parte dentro del juicio de origen, por tanto le reviste el carácter de tercera interesada a dicho juicio familiar. Atento a lo anterior, este juzgador estima que cobra vigencia la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, a saber, la atinente a la cesación de los efectos del acto reclamado. En efecto, la citada norma establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" Ahora, con la finalidad de justificar la actualización de la causa invocada, es necesario establecer su alcance, para lo cual conviene considerar que, por regla general, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y, las deja en estado de indefensión. Lo anterior conlleva determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del quejoso y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En ese contexto, el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto u omisión de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acude a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Ahora, con relación a la cesación de los efectos del acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo o, como si el acto nunca invadiera la esfera jurídica del particular o, habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En ese sentido, previo a explicar las razones por las cuales se estima actualizada la causa de improcedencia destacada, resulta necesario precisar los antecedentes siguientes: 1. Demanda del juicio natural. María Eugenia Felipe Concepción demandó en la vía ordinaria familiar sobre terminación de concubinato y otras prestaciones a Apolinar Josefat Mendoza; escrito inicial que fue radicado por la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad, mediante auto de nueve de mayo de dos mil diecinueve, en el que entre otras cosas a petición de la actora, ordenó la medida cautelar siguiente: Inscripción y registro de la demanda y auto que la admite en el Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado. Ello con la finalidad, de que no se transmitiera gravara, modificara o extinguiera su dominio, posesión o demás derechos reales respecto del inmueble que la quejosa defiende, consiste en: " [.] Lote número 17, manzana 45, con casa habitación ahí construida, marcada con el número 63, ubicada en la Avenida Cuautitlán, colonia Guadalupe, del municipio y distrito de esta ciudad, inscrito bajo el tomo 00013810, registro número 00000015, del libro de propiedad de Morelia, Michoacán, de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete. [.]" Medida anterior que se inscribió ante el Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio, con residencia en esta ciudad, en el tomo 295, registro 20, del libro correspondiente a la sección de sentencias del distrito de Morelia, Michoacán (foja 190). 2. Convenio. Las partes contendientes ante la Juez natural presentaron convenio, el cual fue ratificado el tres de julio de dos mil diecinueve. 3. Resolución. Mediante proveído de diecinueve de julio del año actual, la Juez responsable sancionó el convenio citado en el párrafo que antecede, motivo por el cual lo elevó a cosa juzgada, asimismo, ordenó girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio en el Estado, a fin de que dejara sin efecto la medida provisional de inscripción de la demanda y auto que la emite. 4. Levantamiento de anotación marginal. Mediante oficio de cuenta, el Jefe del Departamento de Anotaciones y Trámites Procesales del registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio, con residencia en esta ciudad, remite copia certificada, de la constancia relativa a la cancelación del registro número 20, del tomo 295, del libro de sentencias correspondiente al distrito de Morelia, Michoacán, lo cual se llevó a cabo el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve (foja 169). De los antecedentes destacados, en lo que interesa, se aprecia que mediante auto de nueve de mayo de dos mil diecinueve, la Juez de origen ordenó la inscripción de la demanda y el auto que admitió el juicio ordinario familiar 469/2019, de su estadística ante el Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio, respecto al bien inmueble del cual se ostenta propietaria la quejosa Paulina Francisca Mendoza Saavedra, a saber, lote número 17, manzana 45, con casa habitación ahí construida, marcada con el número 63, ubicada en la Avenida Cuautitlán, colonia Guadalupe, del municipio y distrito de esta ciudad, inscrito bajo el tomo 00013810, registro número 00000015, del libro de propiedad de Morelia, Michoacán. Asimismo, mediante proveído de diecinueve de julio del año actual, la Juez responsable sancionó el convenio ratificado el tres de los actuales, motivo por el cual lo elevó a cosa juzgada, motivo por el cual, ordenó girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio en el Estado, a fin de que dejara sin efectos la medida provisional consistente en la inscripción de la demanda y auto que la admite, lo cual realizó la autoridad registral el treinta y uno de los actuales, tal como se advierte de las constancias de cuenta. Ahora, de la demanda de amparo se aprecia que el único tema de debate es lo atinente a la inscripción o anotación marginal en el libro correspondiente a un bien inmueble del cual se ostenta propietaria la parte quejosa, toda vez que así se desprende de los motivos de inconformidad vertidos, así como de las constancias anexas a su demanda de amparo; además de haber manifestado la solicitante de este medio de control constitucional que el acto reclamado se hacía consistir en: "La inscripción o anotación registral de la demanda familiar de terminación de concubinato y del auto que la admite, respecto de un inmueble propiedad de la quejosa, el cual salió del patrimonio del presunto obligado en materia familiar, ordenado por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, en cuanto autoridad ordenadora, y ejecutado por el Registro Público de la Propiedad, en cuanto autoridad ejecutora, derivada del expediente número 469/2019 relativo al juicio ordinario familiar oral sobre terminación de concubinato y otras prestaciones entablado entre los terceros perjudicados". En esas condiciones, como se adelantó, si mediante proveído de diecinueve de julio del año actual, la Juez responsable sancionó el convenio ratificado por las partes el tres de ese mes y año, dentro del juicio subyacente, lo elevó a cosa juzgada y ordenó girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio en el Estado, a fin de que dejara sin efectos la medida provisional de inscripción de la demanda y auto que la emite, lo cual realizó la autoridad registral el treinta y uno de los actuales; entonces, es inconcuso que el acto reclamado cesó en sus efectos. Además, se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, porque la pretensión de la parte quejosa con la promoción del presente juicio constitucional se satisfizo, a saber, se canceló la inscripción de la demanda y auto que la emite referente al registro número 20, del tomo 295, del libro de sentencias correspondiente al distrito de Morelia, Michoacán, es decir, se procedió como si se hubiese concedido el amparo, o como si el acto nunca invadiera la esfera jurídica del particular. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este juicio promovido por Paulina Francisca Mendoza Saavedra; por ello, se dejan sin efectos las providencias decretadas, así como la citación para la audiencia constitucional, señalada para las once horas con cuarenta minutos del cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Hágase del conocimiento lo anterior a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, realícense las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA LA PARTE TERCERA INTERESADA y PARTE QUEJOSA: MARÍA EUGENIA FELIPE CONCEPCIÓN, APOLINAR JOSEFAT MENDOZA Y PAULINA FRANCISCA MENDOZA SAAVEDRA. Agréguese a los autos el comunicado del Jefe del Departamento de Anotaciones y Trámites Procesales del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio, con residencia en esta ciudad, en atención a su contenido, téngasele remitiendo las documentales relativas a la cancelación del registro número 20 veinte del tomo 295 doscientos noventa y cinco, del libro de sentencias correspondiente al distrito de Morelia, Michoacán. Documentales a las que se otorga pleno valor probatorio, por tratarse de constancias expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones, conforme a lo previsto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo precepto. Sobre el particular, tiene aplicación la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Ahora, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en el presente juicio de control constitucional, se tiene como acto reclamado lo siguiente: La orden de inscripción de la demanda y el auto que admitió el juicio ordinario familiar 469/2019, de la estadística del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad, en el libro correspondiente a un bien inmueble del cual se ostenta propietaria la quejosa. La ejecución de dicha orden. Ello desde la perspectiva consistente en que no figura como parte dentro del juicio de origen, por tanto le reviste el carácter de tercera interesada a dicho juicio familiar. Atento a lo anterior, este juzgador estima que cobra vigencia la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, a saber, la atinente a la cesación de los efectos del acto reclamado. En efecto, la citada norma establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" Ahora, con la finalidad de justificar la actualización de la causa invocada, es necesario establecer su alcance, para lo cual conviene considerar que, por regla general, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y, las deja en estado de indefensión. Lo anterior conlleva determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del quejoso y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En ese contexto, el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto u omisión de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acude a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Ahora, con relación a la cesación de los efectos del acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo o, como si el acto nunca invadiera la esfera jurídica del particular o, habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En ese sentido, previo a explicar las razones por las cuales se estima actualizada la causa de improcedencia destacada, resulta necesario precisar los antecedentes siguientes: 1. Demanda del juicio natural. María Eugenia Felipe Concepción demandó en la vía ordinaria familiar sobre terminación de concubinato y otras prestaciones a Apolinar Josefat Mendoza; escrito inicial que fue radicado por la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad, mediante auto de nueve de mayo de dos mil diecinueve, en el que entre otras cosas a petición de la actora, ordenó la medida cautelar siguiente: Inscripción y registro de la demanda y auto que la admite en el Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado. Ello con la finalidad, de que no se transmitiera gravara, modificara o extinguiera su dominio, posesión o demás derechos reales respecto del inmueble que la quejosa defiende, consiste en: " [.] Lote número 17, manzana 45, con casa habitación ahí construida, marcada con el número 63, ubicada en la Avenida Cuautitlán, colonia Guadalupe, del municipio y distrito de esta ciudad, inscrito bajo el tomo 00013810, registro número 00000015, del libro de propiedad de Morelia, Michoacán, de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete. [.]" Medida anterior que se inscribió ante el Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio, con residencia en esta ciudad, en el tomo 295, registro 20, del libro correspondiente a la sección de sentencias del distrito de Morelia, Michoacán (foja 190). 2. Convenio. Las partes contendientes ante la Juez natural presentaron convenio, el cual fue ratificado el tres de julio de dos mil diecinueve. 3. Resolución. Mediante proveído de diecinueve de julio del año actual, la Juez responsable sancionó el convenio citado en el párrafo que antecede, motivo por el cual lo elevó a cosa juzgada, asimismo, ordenó girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio en el Estado, a fin de que dejara sin efecto la medida provisional de inscripción de la demanda y auto que la emite. 4. Levantamiento de anotación marginal. Mediante oficio de cuenta, el Jefe del Departamento de Anotaciones y Trámites Procesales del registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio, con residencia en esta ciudad, remite copia certificada, de la constancia relativa a la cancelación del registro número 20, del tomo 295, del libro de sentencias correspondiente al distrito de Morelia, Michoacán, lo cual se llevó a cabo el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve (foja 169). De los antecedentes destacados, en lo que interesa, se aprecia que mediante auto de nueve de mayo de dos mil diecinueve, la Juez de origen ordenó la inscripción de la demanda y el auto que admitió el juicio ordinario familiar 469/2019, de su estadística ante el Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio, respecto al bien inmueble del cual se ostenta propietaria la quejosa Paulina Francisca Mendoza Saavedra, a saber, lote número 17, manzana 45, con casa habitación ahí construida, marcada con el número 63, ubicada en la Avenida Cuautitlán, colonia Guadalupe, del municipio y distrito de esta ciudad, inscrito bajo el tomo 00013810, registro número 00000015, del libro de propiedad de Morelia, Michoacán. Asimismo, mediante proveído de diecinueve de julio del año actual, la Juez responsable sancionó el convenio ratificado el tres de los actuales, motivo por el cual lo elevó a cosa juzgada, motivo por el cual, ordenó girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio en el Estado, a fin de que dejara sin efectos la medida provisional consistente en la inscripción de la demanda y auto que la admite, lo cual realizó la autoridad registral el treinta y uno de los actuales, tal como se advierte de las constancias de cuenta. Ahora, de la demanda de amparo se aprecia que el único tema de debate es lo atinente a la inscripción o anotación marginal en el libro correspondiente a un bien inmueble del cual se ostenta propietaria la parte quejosa, toda vez que así se desprende de los motivos de inconformidad vertidos, así como de las constancias anexas a su demanda de amparo; además de haber manifestado la solicitante de este medio de control constitucional que el acto reclamado se hacía consistir en: "La inscripción o anotación registral de la demanda familiar de terminación de concubinato y del auto que la admite, respecto de un inmueble propiedad de la quejosa, el cual salió del patrimonio del presunto obligado en materia familiar, ordenado por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, en cuanto autoridad ordenadora, y ejecutado por el Registro Público de la Propiedad, en cuanto autoridad ejecutora, derivada del expediente número 469/2019 relativo al juicio ordinario familiar oral sobre terminación de concubinato y otras prestaciones entablado entre los terceros perjudicados". En esas condiciones, como se adelantó, si mediante proveído de diecinueve de julio del año actual, la Juez responsable sancionó el convenio ratificado por las partes el tres de ese mes y año, dentro del juicio subyacente, lo elevó a cosa juzgada y ordenó girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio en el Estado, a fin de que dejara sin efectos la medida provisional de inscripción de la demanda y auto que la emite, lo cual realizó la autoridad registral el treinta y uno de los actuales; entonces, es inconcuso que el acto reclamado cesó en sus efectos. Además, se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, porque la pretensión de la parte quejosa con la promoción del presente juicio constitucional se satisfizo, a saber, se canceló la inscripción de la demanda y auto que la emite referente al registro número 20, del tomo 295, del libro de sentencias correspondiente al distrito de Morelia, Michoacán, es decir, se procedió como si se hubiese concedido el amparo, o como si el acto nunca invadiera la esfera jurídica del particular. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este juicio promovido por Paulina Francisca Mendoza Saavedra; por ello, se dejan sin efectos las providencias decretadas, así como la citación para la audiencia constitucional, señalada para las once horas con cuarenta minutos del cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Hágase del conocimiento lo anterior a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, realícense las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Visto el comunicado del Jefe del Departamento de Anotaciones y Trámites Procesales del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio, con residencia en esta ciudad, por el cual, da cumplimiento a lo ordenado en proveído de catorce de octubre de dos mil diecinueve, pues informa que en las oficinas que ocupa la institución a su cargo, no se recibió el comunicado 2523/2018 girado dentro del juicio ordinario oral familiar 469/2019, del índice del Juzgado Cuarto en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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