Pedro Ángel Cortés Cervantes
Expediente 340/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 340/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Pedro Ángel Cortés Cervantes
- Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán
Actuaciones
- Principal
CUENTA. En veintisiete de octubre de dos mil veintidós, el secretario da cuenta a la Juez, con el estado que guardan los autos, así como con la certificación secretarial que antecede, dentro del juicio de amparo 340/2022. Conste.Morelia, Michoacán, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado el dieciocho de abril de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda que dio origen al presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se desechó la demanda de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Cuarto de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Démian Gibrán González Ramírez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Desahogo de prevención. Visto el escrito de cuenta, se tiene por recibido el escrito presentado en línea por Jorge Viveros Cincire y firmado electrónicamente, quien se ostenta como apoderado de Pedro Ángel Cortés Cervantes; en atención a su contenido, se le tiene desahogando cabalmente la prevención formulada, respecto del carácter que ostenta. 2. Actualización de causa de improcedencia. En principio, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Tal dispositivo señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión sea operante en el caso concreto. Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Cabe destacar que el estudio que se realiza de la demanda se efectúa en términos de la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del estudio integral de la demanda, se desprende que el acto reclamado se hace consistir en el auto de once de marzo de dos mil veintidós, emitido en el juicio sumario civil 652/2021, en el cual la autoridad responsable, determinó no admitir el recurso revocación interpuesto por la parte actora, contra el proveído de cuatro marzo de la anualidad en curso -en el cual se admitieron las pruebas ofertadas, sin que al efecto se señalara fecha para su desahogo-; por haberse promovido de manera extemporánea; por tanto, no constituye un acto de imposible reparación dictado en el proceso que afecte materialmente derechos sustantivos; pues únicamente tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" En ese contexto, los actos de ejecución irreparables únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por ende, ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Por tanto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la constitución y los Tratados Internacionales. En esa secuencia, es inconcuso que respecto al acto reclamado consistente en el auto de once de marzo de dos mil veintidós, en el cual la autoridad responsable, determinó no admitir el recurso revocación interpuesto por la parte actora, contra el proveído de cuatro marzo de la anualidad en curso -en el cual se admitieron las pruebas ofertadas, sin que al efecto se señalara fecha para su desahogo-; por haberse promovido de manera extemporánea; se actualiza la hipótesis de improcedencia establecida en el artículo artículos 61, fracción XXIII, 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, pues aun cuando se considerara ilegal dicha determinación, se trata de una violación intraprocesal, la cual, en este momento, no afecta algún derecho sustantivo en perjuicio de la parte quejosa. En efecto, la resolución reclamada de ninguna manera afecta derechos sustantivos, pues se trata de una determinación que declaró no admitir el recurso de revocación hecho valer contra el auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós, en el que se admitieron pruebas y no se señaló fecha para su desahogo. De tal modo, aun cuando se considerara ilegal, es obvio que no se trata de una decisión de imposible reparación, pues la impetrante dentro de la secuela del procedimiento ordinario, puede solicitar se señale fecha para el desahogó y demostrar la procedencia de la acción intentada y obtener una resolución favorable a sus pretensiones, con lo que desaparecerían fácticamente los efectos de la posible violación procesal que reclama, dejando intacta la esfera jurídica del promovente, al no alterarse ningún derecho sustantivo. En tal virtud, es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, este último aplicado sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo en cuestión. Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido y alcance, la tesis 1a. CCLXXV/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 525, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 212, Décima Época, que dice: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." Así mismo, la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 530, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2012, Décima Época, que reza: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." También es aplicable la tesis 2a. LXXXII/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del más alto Tribunal del País, visible a página 1587, Libro XIV, noviembre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Constitucional, Décima Época, que literalmente establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Visto el escrito de cuenta, se tiene por recibido el escrito presentado en línea por Jorge Viveros Cincire y firmado electrónicamente, quien se ostenta como apoderado de Pedro Ángel Cortés Cervantes, mediante el cual pretende desahogar la prevención formulada en auto de treinta de marzo del presente año, para tal efecto manifiesta bajo protesta de decir verdad que el poder general para pleitos y cobranzas que anexo al escrito inicial de demanda, otorgado a su favor y diversa profesionista, es fiel copia e inalterada del documento impreso. Sin embargo, omitió señalar la calidad del documento, es decir, si el documento que escaneo se trata de original, copia certificada o simple; por tanto, no ha lugar a tener por desahogada dicha prevención; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, sigue vigente la prevención formulada en el citado proveído y continúa transcurriendo el término ahí otorgado para que se cumpla cabalmente con la solemnidad descrita; al respecto, se hace de su conocimiento que cuenta con un día a efecto de que de cumplimiento a la prevención ahí establecida. En mérito de lo expuesto en el presente proveído, se reitera al promovente la prevención formulada en proveído de treinta de marzo de los actuales, es a fin de que realice lo siguiente: Señale la calidad del documento, es decir, si el documento que escaneo se trata de original, copia certificada o simple. Aclaración que debe ser realizada por escrito, debiendo acompañar al documento aclaratorio tres copias de éste, para estar en oportunidad de vincular a la totalidad de las partes, en términos del numeral 110 de la Ley de Amparo. Asimismo, se le reitera que sigue vigente, el apercibimiento contenido en el auto de treinta de marzo del año en curso.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Informa acciones. Téngase por recibido el oficio remitido por las autoridades del Sector Salud del Estado; atento a su contenido, téngasele informando las acciones que realiza para cumplir con la ejecutoria de amparo, y para tal efecto, remite copia del Acuerdo Administrativo de trece de enero pasado. 2. Antecedentes del cumplimiento. No obstante lo anterior, cabe destacar que en auto de veintisiete de enero pasado, se tuvo por recibido dicho anexo, ordenando dar vista a las partes con su contenido a fin de que manifestaran o no lo conducente, bajo apercibimiento que de no hacerlo se realizaría el pronunciamiento respecto al cumplimiento del fallo protector. Luego, por auto de quince de marzo de dos mil veintidós, se realizó el pronunciamiento respectivo, determinando que con lo anterior, no se tenía por cumplida la ejecutoria de amparo, pues las autoridades responsables habían omitido remitir las constancias que acreditarán que el quejoso había estado recibiendo sesiones de diálisis para tratar su enfermedad de insuficiencia renal crónica, hipertensión arterial y problemas de la vista. Atendiendo a ello, en el mismo auto, se requirió a la Secretaría de Salud, Director General del Organismo Servicios de Salud y Hospital General "Dr. Miguel Silva", todos con residencia en esta ciudad, a fin de que remitieran en copia certificada, completa y legible las constancias que acreditaran lo precisado en el referido auto. Por tanto, al haber remitido la autoridad responsable el mismo acuerdo administrativo anexado al diverso oficio acordado en auto de veintisiete de enero de dos mil veintidós, resulta indudable que únicamente con dicha constancia no se acredita el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. 3. Requerimiento. Por tanto, requiérase a las autoridades responsables, para que en el término de tres días computados legalmente, de cabal cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de quince de marzo de dos mil veintidós, consistente en que remitan copia certificada, completa y legible de las constancias que acrediten lo siguiente: Otorgaron al quejoso las citas médicas y medicamentos para atender sus padecimientos de insuficiencia renal crónica, hipertensión arterial y problemas de la vista, en caso contrario, fijar fechas para tal efecto e informarlo a este órgano judicial con la anticipación debida, para requerir al impetrante. Se han estado proporcionando sesiones de hemodiálisis al quejoso, en los días y horas que refiere; así como la que acredite que se le continuará proporcionando por lo menos en los tres meses siguientes dichas terapias. En el entendido que subiste el apercibimiento decretado en auto de quince de marzo de dos mil veintidós.
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