Pedro Alberto Muñoz Ochoa
Expediente 230/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 230/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, Morelia, Michoacán
- Pedro Alberto Muñoz Ochoa
Actuaciones
- Principal
POR MEDIO DE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEIDO Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, que desechó de plano la demanda de amparo promovida por Pedro Alberto Muñoz Ochoa, sin que hayan hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; por tanto, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgador este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en donde la demanda se desechó de plano y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Por otra parte, en términos del párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger los documentos originales que hubiera exhibido en el juicio; apercibida que de no hacerlo, será destruido junto con el expediente. En otro orden de ideas, hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, funge como titular de este órgano jurisdiccional el licenciado Alberto Roldán Olvera, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/304/2021, de veintidós de abril del año en curso, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar Digitalización. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; asimismo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, que desechó de plano la demanda de amparo promovida por Pedro Alberto Muñoz Ochoa, sin que hayan hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; por tanto, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgador este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en donde la demanda se desechó de plano y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Por otra parte, en términos del párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger los documentos originales que hubiera exhibido en el juicio; apercibida que de no hacerlo, será destruido junto con el expediente. En otro orden de ideas, hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, funge como titular de este órgano jurisdiccional el licenciado Alberto Roldán Olvera, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/304/2021, de veintidós de abril del año en curso, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar Digitalización. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; asimismo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. Visto el estado que guardan los autos en especial las documentales que obran en el juicio de amparo en que se actúa y en los tomos de pruebas que adjuntó el juez responsable como justificación a su informe las cuales se tienen a la vista en este momento se evidencia lo siguiente: ********************, reclaman del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, la orden de aprehensión dictada en su contra dentro del proceso penal ********************y su ejecución. Orden que fue emitida el seis de diciembre de dos mil diecinueve, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida dentro del juicio de amparo ******************** del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. En tanto que, en el juicio de amparo ******************** promovido por ******************** del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad se reclamó al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y otras autoridades la orden de aprehensión dictada en la causa penal ********************, el quince de noviembre de dos mil diecisiete. De lo antes reseñado se advierte que tanto el juicio de amparo******************** del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por ******************** y el diverso ********************, del registro del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, promovido por ********************, derivan de la misma causa penal ********************del índice de la Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Derivado de lo anterior y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, aprobado en sesión ordinaria de tres de febrero de dos mil dieciséis, se estima que el juicio de amparo en que se actúa, debe turnarse al juzgado que tuvo previo conocimiento de ello, esto es, al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. En efecto, el acuerdo referido en su artículo 46, señala lo siguiente: "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; III. Los recursos de revisión, queja y reclamación relacionados con un juicio de amparo, al que tenga el antecedente del que derivan, conocido por cualquier vía; con excepción de la queja prevista en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo XIII Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo". Por tanto, si el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, conoció previamente de un juicio de amparo que, al igual que en el que se actúa, tuvo su origen derivado de la causa penal ********************del índice de la Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, es inconcuso, que dicho órgano jurisdiccional es quien debe conocer del presente asunto. Además de que la orden materia de reclamo en este asunto fue dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el juicio de amparo mencionado ****** En tal virtud, remítase este juicio de amparo, así como los incidentes y los tomos de prueba de este asunto al Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta capital, por tratarse de asuntos relacionados entre sí, donde el acto reclamado proviene de un mismo expediente y juez responsable y del cual ya había conocido aquel juzgado, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dieciséis horas con cuarenta minutos del dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Integración del expediente electrónico Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico y a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, el siguiente acuerdo: Radicación de demanda. Con la demanda de amparo de cuenta, Pedro Alberto Muñoz Ochoa, por propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del: ? Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, del Distrito 17, en cuanto autoridad ordenadora. ? Actuario del Tribunal Unitario Agrario, del Distrito 17, en cuanto autoridad ejecutora De quien reclama el acto consistente en: ? ".el Acuerdo de fecha 11 de diciembre del año próximo pasado mismo que me fue Notificado, en el día 25 de febrero de la presente anualidad, dentro del Juicio Agrario número 708/2016." (sic) Regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número VII-230/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Consideraciones previas. Conviene destacarse que el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo1 impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta, mandará prevenir a los promoventes para que llenen los requisitos omitidos o hagan las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que puedan subsanarlas en tiempo. Así, debe decirse que la parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado el señalado con antelación. Consideraciones previas El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. De igual modo, el artículo 113 en mención señala que el desechamiento de plano de una demanda de amparo requiere, necesariamente, un motivo de improcedencia del juicio constitucional. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Apoyan lo expuesto, las jurisprudencias I.13°.A. J/6 y I.60.C. J/19, emitidas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa2 y Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil3 , ambos pertenecientes al del Primer Circuito, cuyos rubros son:"DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." y "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Análisis de demanda Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4 , cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." los cuales servirán de contexto para emitir el pronunciamiento respectivo. Antecedentes PRIMERO. El veintinueve de abril del dos mil dieciséis Celia Romero Navarro por su propio derecho, compareció ante el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, del Distrito 17, a demandar de Pedro Alberto Muñoz Ochoa, así como de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, diversas prestaciones, demanda que fue admitida a trámite en auto de veintitrés de junio del año dos mil dieciséis y se registró bajo el expediente número 708/2016. SEGUNDO. Seguido el juicio por sus trámites legales, previa declaratoria de nueve de octubre de dos mil veinte, en la que se ordenó la suspensión de plazos y términos virtud de la pandemia causada por el coronavirus Covid-19, el veinte de octubre de ese año, la responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, del Distrito 17 emitió el fallo correspondiente que dirimió la controversia sometida a su potestad, determinando en sus puntos resolutivos: "PRIMERO.- En la acción principal CELIA ROMERO NAVARRO, demostró los extremos constitutivos de las prestaciones reclamadas, en tanto que el demandado PEDRO ALBERTO MUÑOZ OCHOA, no justificó sus defensas y excepciones; conforme a los razonamientos lógico jurídicos expuestos en el último considerando de este fallo. SEGUNDO.- En consecuencia, se declara la nulidad de los contratos de compraventa atribuidos a RAMON MUÑOZ ALVAREZ también conocido corno RAMÓN MUÑOZ ALVAREZ DEL CASTILLO de fecha once de septiembre de dos mil diez, respecto de las parcelas números 637 Z-1 P1/1 y 1476 Z-1P1, con superficies de 1-96-30.50 y 1-99-76.20 hectáreas, respectivamente, en el ejido denominado "PAJACUARAN", Municipio de Pajacuaran, Estado de Michoacán de Ocampo, asimismo se declara la nulidad de los certificados números 1008464 y 1008463 expedidos por el Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, en favor de PEDRO ALBERTO MUÑOZ OCHOA, el diez de septiembre de dos mil trece, de conformidad con la ilegal enajenación de derechos parcelarios de fecha once de septiembre de dos mil once, que en copia certificada obran glosados a fojas 104 y 105 de autos, atento a los razonamientos vertidos en esta resolución. TERCERO.- En ese mismo contexto se reconoce a CELIA ROMERO NAVARRO, como legitima titular de los derechos agrarios que pertenecieron al extinto posesionario RAMON MUÑOZ ALVAREZ también conocido corno RAMÓN MUÑOZ ALVAREZ DEL CASTILLO, respecto de las parcelas números 637 Z-1 P1/1 y 1476 Z-1P1, con superficies de 1-96-30.50 y 1-99-76.20 hectáreas, respectivamente, en el ejido denominado "PAJACUARAN", Municipio de Pajacuaran, Estado de Michoacán de Ocampo; en consecuencia, se condena al demandado PEDRO ALBERTO MUÑOZ OCHOA, a la desocupación y entrega de las referidas unidades parcelarias, a favor de la accionante, debiendo retirar cualquier bien mueble, cerco y/o corral instalado en la parcela cuya superficie, medidas, colindancias y configuración perimetral quedaron ilustradas en los planos topográficos que obran en el anverso de los certificados parcelarios a fojas 8 y 9 de autos; asimismo, para que en lo futuro se abstenga de perturbar al actor en la posesión y titularidad de la parcela. CUARTO.- Mediante atento oficio remítase copia certificada de la presente resolución a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán de Ocampo para que realice su inscripción y anotaciones de ley, en términos del artículo 152 fracción I de la Ley Agraria; asimismo, para que expida de manera gratuita en términos del artículo 187 último Párrafo de la Ley Federal de Derechos, los certificados Parcelarios correspondientes a favor de la actora CELIA ROMERO NAVARRO previa cancelación de los certificados números 1008464 y 1008463, que amparan las parcelas números números 637 Z-1 P1/1 y 1476 Z-1P1, con superficies de 1-96-30.50 y 1-99-76.20 hectáreas, respectivamente, en el ejido denominado "PAJACUARAN", Municipio de Pajacuaran, Estado de Michoacán de Ocampo, expedidos por el Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, generados al demandado PEDRO ALBERTO MUÑOZ OCHOA, siguiendo los lineamientos vertidos en la parte in fine del considerando octavo del presente fallo. QUINTO.- En la acción reconvencional se declara la notoria improcedencia de las prestaciones reclamadas por PEDRO ALBERTO MUÑOZ OCHOA,- atinentes al cumplimiento de los contratos de compraventa de fecha doce de septiembre de dos mil diez y once de septiembre de dos mil once, así como la declaración del mejor derecho a poseer las parcelas números 637 Z-1 P1/1 y 1476 Z-1P1, con superficies de 1-96-30.50 y 1- 99-76.20 hectáreas, respectivamente, en el ejido denominado "PAJACUARAN", Municipio de Pajacuaran, Estado de Michoacán de Ocampo, en tanto que la reconvenida CELIA ROMERO NAVARRO, justificó sus defensas, atendiendo a los razonamientos jurídicos vertidos en el considerando octavo y noveno de la presente sentencia. SEXTO- Por tanto, con fundamento en los artículos 187 de la Ley Agraria y 350 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se absuelve de dichas pretensiones a la demandada CELIA ROMERO NAVARRO, de las prestaciones que le fueron reclamadas, de acuerdo a lo expuesto en el considerando quinto de esta sentencia. SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente a las partes y en su momento procesal oportuno y previas anotaciones en el libro de Gobierno, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido". TERCERO. Fallo notificado a la quejosa el veintisiete de octubre de dos mil veinte, y en proveído de once de diciembre siguiente, se declaró ejecutoria el mismo, constituyéndose en la verdad legal y cosa juzgada la sentencia de fecha veinte de octubre del año dos mil veinte, dictada por la citada responsable, obligando a las partes a estar a su contenido, entre ellas a la ahora quejosa, a quien ordenó requerir a fin que, voluntariamente desocupara y entregara a favor de Celia Romero Navarro, las parcelas números 637 Z-1 P111 y 1476 Z-1P1, con superficies de 1-96-30.50 y 1-99- 76.20 hectáreas, respectivamente, en el ejido denominado "PAJACUARAN", Municipio de Pajacuaran, Estado de Michoacán, determinación que fue notificada a la quejosa el veinticinco de febrero del año en curso. CUARTO. En proveído de dos del actual, la responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, del Distrito 17, ordenó la reanudación de labores de dicha institución, así como de los plazos y términos que se encontraban suspendidos, virtud del acuerdo de nueve de octubre de dos mil veinte. Siendo la determinación de once de diciembre de dos mil veinte, precisamente la que declaró ejecutoria el fallo emitido en el juicio subyacente la que constituye el acto reclamado. Fijación del acto reclamado El análisis integral de su demanda reveló que el acto reclamado se hace consistir en: ? La determinación de once de diciembre de dos mil veinte, dictada por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, del Distrito 17, en el juicio 708/2016, en la que declaró que el fallo emitido en éste había causado ejecutoria y ordenó requerir a la quejosa a fin que diera cumplimiento a éste, al caso entregando voluntariamente el predio objeto del juicio subyacente. Improcedencia del juicio de amparo Este juzgador estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. . En el caso concreto, la parte quejosa señala como acto reclamado la determinación de once de diciembre de dos mil veinte, dictada por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, del Distrito 17, en el juicio 708/2016, en la que declaró que el fallo emitido en dicho juicio había causado ejecutoria y ordenó requerir a la quejosa a fin que diera cumplimiento al mismo, al caso entregando voluntariamente el predio objeto del juicio subyacente. Quien resuelve estima que el acto por el cual se duele la parte quejosa, actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. De lo anterior, tenemos que tratándose de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el juicio de amparo biinstancial contra la última resolución dictada en ese procedimiento, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, otorgando la oportunidad a la parte quejosa de reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante esa etapa que hubieren dejado sin defensa al peticionario de amparo y trascendido al resultado de la res En esa línea de pensamiento, conviene tener en cuenta algunas premisas en torno a la procedencia de la acción constitucional indirecta, contra los actos dictados fuera de juicio o después de concluido, acorde a la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo (transcrito en líneas precedentes); asimismo, distinguir los supuestos: 1. Un supuesto general, referido a los actos realizados fuera de juicio o después de concluido; y 2. Los supuestos específicos, siguientes: a) Actos de ejecución de sentencia; y, b) Actos en la etapa de remate. Sin embargo, toda vez que el acto reclamado se ubica en etapa de ejecución de sentencia [después de concluido el juicio]5 , el cual no se emitió dentro de la etapa de remate, no goza de autonomía procesal; en el presente caso únicamente abordaremos la hipótesis plasmada en el inciso a), consistente en los actos dictados en ejecución de sentencia -debido a que la determinación que constituye el acto reclamado se emitió en dicha fase-; en esta etapa, se destacan tres situaciones que hacen procedente la acción constitucional, las cuales a continuación se enumeran: 1) La resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; 2) Aquella que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, olución. 3) La que ordena el archivo definitivo del expediente. Es decir, para los actos dictados después de concluido el juicio, pero en ejecución de la sentencia, la procedencia del amparo en su contra, se posterga hasta que se dicta la resolución final del procedimiento relativo. En consecuencia, contra las resoluciones dictadas durante el procedimiento de ejecución no procede el juicio de amparo indirecto, en términos de los artículos 61, fracción XXIII en relación con el 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, pues será hasta que se dicte la resolución terminal, con la que culmine el procedimiento de ejecución, esto es, la que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado, o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordene el archivo del expediente, el momento en el que la parte quejosa estará en condiciones de promover demanda de amparo indirecto, en la cual podrá reclamar todas las violaciones que estime se le dejaron sin defensa. Sirve de sustento a lo anterior la tesis 2a. VIII/98, de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal del país, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo VII, febrero de 1998, página 230, de rubro y texto: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución.", la cual continúa en vigor en tanto que no se opone a lo establecido en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, de conformidad con lo previsto en el artículo sexto transitorio del invocado ordenamiento legal". En el caso que nos ocupa, conviene traer nuevamente a colación nuevamente los antecedentes del acto reclamado a fin de ubicar el momento en que se emitió, siendo los siguientes: PRIMERO. El veintinueve de abril del dos mil dieciséis Celia Romero Navarro por su propio derecho, compareció ante el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, del Distrito 17, a demandar de Pedro Alberto Muñoz Ochoa, así como de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, diversas prestaciones, demanda que fue admitida a trámite en auto de veintitrés de junio del año dos mil dieciséis y se registró bajo el expediente número 708/2016. SEGUNDO. Seguido el juicio por sus trámites legales, previa declaratoria de nueve de octubre de dos mil veinte, en la que se ordenó la suspensión de plazos y términos virtud de la pandemia causada por el coronavirus Covid-19, el veinte de octubre de ese año, la responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, del Distrito 17 emitió el fallo correspondiente que dirimió la controversia sometida a su potestad, determinando en sus puntos resolutivos: "PRIMERO.- En la acción principal CELIA ROMERO NAVARRO, demostró los extremos constitutivos de las prestaciones reclamadas, en tanto que el demandado PEDRO ALBERTO MUÑOZ OCHOA, no justificó sus defensas y excepciones; conforme a los razonamientos lógico jurídicos expuestos en el último considerando de este fallo. SEGUNDO.- En consecuencia, se declara la nulidad de los contratos de compraventa atribuidos a RAMON MUÑOZ ALVAREZ también conocido corno RAMÓN MUÑOZ ALVAREZ DEL CASTILLO de fecha once de septiembre de dos mil diez, respecto de las parcelas números 637 Z-1 P1/1 y 1476 Z-1P1, con superficies de 1-96-30.50 y 1-99-76.20 hectáreas, respectivamente, en el ejido denominado "PAJACUARAN", Municipio de Pajacuaran, Estado de Michoacán de Ocampo, asimismo se declara la nulidad de los certificados números 1008464 y 1008463 expedidos por el Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, en favor de PEDRO ALBERTO MUÑOZ OCHOA, el diez de septiembre de dos mil trece, de conformidad con la ilegal enajenación de derechos parcelarios de fecha once de septiembre de dos mil once, que en copia certificada obran glosados a fojas 104 y 105 de autos, atento a los razonamientos vertidos en esta resolución. TERCERO.- En ese mismo contexto se reconoce a CELIA ROMERO NAVARRO, como legitima titular de los derechos agrarios que pertenecieron al extinto posesionario RAMON MUÑOZ ALVAREZ también conocido corno RAMÓN MUÑOZ ALVAREZ DEL CASTILLO, respecto de las parcelas números 637 Z-1 P1/1 y 1476 Z-1P1, con superficies de 1-96-30.50 y 1-99-76.20 hectáreas, respectivamente, en el ejido denominado "PAJACUARAN", Municipio de Pajacuaran, Estado de Michoacán de Ocampo; en consecuencia, se condena al demandado PEDRO ALBERTO MUÑOZ OCHOA, a la desocupación y entrega de las referidas unidades parcelarias, a favor de la accionante, debiendo retirar cualquier bien mueble, cerco y/o corral instalado en la parcela cuya superficie, medidas, colindancias y configuración perimetral quedaron ilustradas en los planos topográficos que obran en el anverso de los certificados parcelarios a fojas 8 y 9 de autos; asimismo, para que en lo futuro se abstenga de perturbar al actor en la posesión y titularidad de la parcela. CUARTO.- Mediante atento oficio remítase copia certificada de la presente resolución a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán de Ocampo para que realice su inscripción y anotaciones de ley, en términos del artículo 152 fracción I de la Ley Agraria; asimismo, para que expida de manera gratuita en términos del artículo 187 último Párrafo de la Ley Federal de Derechos, los certificados Parcelarios correspondientes a favor de la actora CELIA ROMERO NAVARRO previa cancelación de los certificados números 1008464 y 1008463, que amparan las parcelas números números 637 Z-1 P1/1 y 1476 Z-1P1, con superficies de 1-96-30.50 y 1-99-76.20 hectáreas, respectivamente, en el ejido denominado "PAJACUARAN", Municipio de Pajacuaran, Estado de Michoacán de Ocampo, expedidos por el Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, generados al demandado PEDRO ALBERTO MUÑOZ OCHOA, siguiendo los lineamientos vertidos en la parte in fine del considerando octavo del presente fallo. QUINTO.- En la acción reconvencional se declara la notoria improcedencia de las prestaciones reclamadas por PEDRO ALBERTO MUÑOZ OCHOA,- atinentes al cumplimiento de los contratos de compraventa de fecha doce de septiembre de dos mil diez y once de septiembre de dos mil once, así como la declaración del mejor derecho a poseer las parcelas números 637 Z-1 P1/1 y 1476 Z-1P1, con superficies de 1-96-30.50 y 1- 99-76.20 hectáreas, respectivamente, en el ejido denominado "PAJACUARAN", Municipio de Pajacuaran, Estado de Michoacán de Ocampo, en tanto que la reconvenida CELIA ROMERO NAVARRO, justificó sus defensas, atendiendo a los razonamientos jurídicos vertidos en el considerando octavo y noveno de la presente sentencia. SEXTO- Por tanto, con fundamento en los artículos 187 de la Ley Agraria y 350 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se absuelve de dichas pretensiones a la demandada CELIA ROMERO NAVARRO, de las prestaciones que le fueron reclamadas, de acuerdo a lo expuesto en el considerando quinto de esta sentencia. SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente a las partes y en su momento procesal oportuno y previas anotaciones en el libro de Gobierno, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido". TERCERO. Fallo notificado a la quejosa el veintisiete de octubre de dos mil veinte y en proveído de once de diciembre siguiente, se declaró ejecutoria el mismo, constituyéndose en la verdad legal y cosa juzgada la sentencia de fecha veinte de octubre del año dos mil veinte, dictada por la citada responsable, obligando a las partes a estar a su contenido, entre ellas a la ahora quejosa, a quien ordenó requerir a fin que, voluntariamente desocupara y entregara a favor de Celia Romero Navarro, las parcelas números 637 Z-1 P111 y 1476 Z-1P1, con superficies de 1-96-30.50 y 1-99- 76.20 hectáreas, respectivamente, en el ejido denominado "PAJACUARAN", Municipio de Pajacuaran, Estado de Michoacán, determinación que fue notificada a la quejosa el veinticinco de febrero del año en curso. CUARTO. En proveído de dos del actual, la responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, del Distrito 17, ordenó la reanudación de labores de dicha institución, así como de los plazos y términos que se encontraban suspendidos, virtud del acuerdo de nueve de octubre de dos mil veinte. Como se advierte de párrafos que anteceden, el quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, que el juicio agrario 708/2016, se encuentra en etapa de ejecución, es decir, se ubica en el procedimiento de ejecución. En esas condiciones, es inconcuso que lo que se reclama en esta vía, hasta el momento, sólo podrían configurar violaciones intermedias en el procedimiento de ejecución, pues el acto que se atribuye a la autoridad responsable no tiene la naturaleza de ser la última resolución que pone fin a dicho procedimiento. Lo anterior se deduce, pues la determinación de la autoridad responsable, no se trata del auto que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o, bien, la que ordene el archivo del expediente. Tampoco es un acto autónomo respecto del procedimiento de ejecución, de ahí que tenga que esperar hasta que se dicte la última resolución en dicho procedimiento. Ello es así, porque la determinación que impugna de inconstitucional tiene como único objeto iniciar con el procedimiento de ejecución de la sentencia (pues se le requiere de que cumpla voluntariamente con lo sentenciado en dicho juicio agrario), lo cual, desde luego no tiene el carácter de última resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia, al no ser la que aprueba o reconoce el total cumplimiento de dicho fallo o determina su imposibilidad de acatarlo. Así, se reitera que lo reclamado en esta instancia constitucional debe considerarse como un acto - intermedio- dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, y no como una determinación que le revista el carácter de última resolución dictada en la citada fase procesal, para que el juicio de amparo resulte procedente, conforme lo establece el artículo 107, en su fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo, en virtud de no ser aquella la última resolución dictada en ejecución de sentencia, dado que no es la que aprueba o reconoce el total cumplimiento de dicho fallo o determina su imposibilidad de acatarlo. Protesta de ley. No es inadvertido para este juzgador el hecho de que en este auto no se cuenten con los elementos suficientes y objetivos que permitan arribar a la determinación de desechar la demanda. Sin embargo, no debe soslayarse que todo lo anterior parte de la premisa de que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad todos los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la protesta de ley es un requisito que tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, tanto la narración de antecedentes que se haga bajo protesta de decir verdad crea certeza en el juez para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. Cuestión que se ve reflejada, y que por las ideas que contiene se estima aplicable, en la jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.)6 de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable" (Énfasis en lo resaltado por este juzgado). De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda, constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. Motivo por el cual se estima que, hasta este momento, tanto las pruebas que se hubiesen acompañado a la demanda -y que forman parte de ésta- , así como las narraciones vertidas en la demanda por ser la verdad de cómo han sucedido los hechos son suficientes para desechar la demanda en comento. Desechamiento Al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Pedro Alberto Muñoz Ochoa, por propio derecho. No escapa a la consideración de este juzgador que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio7 del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia J/23 8 , del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la parte promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.)9 , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente" Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.)10, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Consulta en línea del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Se exhorta a la parte quejosa, autoridades responsables y Ministerio Público intervinientes en este asunto, a que las consultas y promociones en este juicio se realicen vía electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual podrán actuar a través de la firma electrónica avanzada certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL), o por el Servicio de Administración Tributaria (e.Sat o e.Firma), que es la que se utiliza para rendir la declaración anual de impuestos y otros servicios en materia de obligaciones tributarias. En caso de no contar con ninguna de ellas, podrán tramitarla en la página www.firel.pjf.gob.mx, siguiendo los pasos que ahí se describen. Una vez obtenida cualquiera de las firmas electrónicas avanzadas, las personas (quejoso, autoridades responsables y Ministerio Público) tendrán acceso al portal de servicios en línea en donde podrán realizar un registro como "usuario", asignándole la nomenclatura que sea de su agrado, y una contraseña personalísima vinculada a la firma electrónica, con dicho usuario podrán ser habilitados por el órgano jurisdiccional para que tengan acceso al expediente electrónico correspondiente en el cual podrán: a. Consultar constancias. b.Presentar demandas, escritos, recursos, ampliación de demanda, cumplir con prevenciones y requerimientos, formular alegatos, acceder a los que formule su contraparte. c. Notificarse. d.Descargar las constancias que constituyen el expediente digital, la que tendrán el valor de copias certificadas por estar firmadas electrónicamente por los servidores públicos integrantes del órgano jurisdiccional. Al respecto, el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 señala lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra". Consulta física del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Para el caso que las partes no les sea posible acceder a las tecnologías precisadas en el punto inmediato anterior, y requieran consultar físicamente el expediente o presentar promociones físicamente, se les informa lo siguiente. Consulta física del expediente. Toda vez que para garantizar la continuidad de las medidas para evitar la concentración de personas y la propagación de virus Covid-19, subsiste la situación de emergencia sanitaria, si cualquiera de las partes considera necesario consultar físicamente el expediente, a efecto de estar en posibilidad de formular los alegatos correspondientes u ofrecer prueba, con base en el artículo 6 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del micrositio "Agenda OJ", en el entendido de que el acceso al órgano jurisdiccional y, consecuentemente al expediente respectivo, conforme a los artículos 3, 4, 6 y 7 del citado acuerdo general, se encuentra sujeto a las limitaciones siguientes: a. El acceso al órgano jurisdiccional y, por consecuencia al expediente, sólo verificará en la fecha y hora de la cita. b. Estará limitado a dos personas por cita, una de las cuales deberá ser quien agendó la cita. c. Si requiere de atención especial por padecer de alguna discapacidad, deberá informarlo al momento de agendar la cita, indicando con toda precisión qué tipo de discapacidad posee, a efecto de se realicen los ajustes necesarios para su comparecencia. d. Deberá someterse a los controles sanitarios establecidos en el inmueble del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que de no cumplir con lineamientos establecidos para tal efecto, no se permitirá el acceso. e. Deberá respetar las medidas de "sana distancia" conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Para presentar físicamente promociones. Dado que la reanudación de los plazos y términos procesales implica la de las actividades administrativas de los órganos jurisdiccionales, los escritos, promociones u oficios dirigidos a este expediente podrán presentarse en la oficialía de partes común (OPC), las cuales quedarán instaladas en los edificios sedes de los órganos jurisdiccionales a partir del día tres de agosto de dos mil veinte, y funcionará en dos turnos; a saber: (i) turno matutino prestará servicios de las nueve a las catorce horas, exclusivamente para órganos que laboren por las mañanas, y la del turno vespertino lo hará de las quince a las diecinueve, sólo para los órganos que laboren por las tardes11. Para tal efecto, indíquese a las partes que este órgano fue designado para desempeñar labores en el turno vespertino. Procedimiento ante las oficialías de partes comunes (OPC). Con base en la circular SECNO/14/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la medida de lo posible, se seguirá de acuerdo a la mecánica esencial que se detalla: (i) Toda persona justiciable debe portar cubrebocas de forma obligatoria. (ii) La persona justiciable debe ser dirigida al espacio de presentación de documentación correspondiente, dependiendo de si se pretende depositar en el buzón o presentar ante la OPC. (iii) Una vez en el espacio correspondiente a la OPC, deberá hacer fila, siempre respetando los espacios personales de sana distancia señalizados previamente. (iv) En caso de advertirse que están agotados los espacios personales, alguna o alguno de los funcionarios designados para proporcionar información o canalizar el flujo de personas les entregará comprobantes o contraseñas a las personas que acudan hasta el término del turno, con el objeto de puedan retirarse y regresar posteriormente para ser atendidas y que se reciban sus promociones, justificando su recepción fuera del horario establecido para el turno. (v) Una vez atendida, la persona justiciable debe retirarse de inmediato; en el entendido de que las citas para consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales tienen un trámite autónomo y automatizado. Comuníquese a las partes que fuera del horario establecido para la atención de las OPC, en caso de asuntos en los que se venza un término podrán presentar los escritos y oficios de los expedientes en trámite ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, o el buzón judicial Disposiciones finales en relación a la observancia de las medidas imperantes en la asistencia a las instalaciones de los tribunales federales. Para el caso de que las partes decidan continuar tramitando físicamente este expediente y en consecuencia tengan la necesidad de acudir al edificio sede de este órgano, se les hace del conocimiento que, conforme a los lineamientos trazados en el acuerdos general 21 del Consejo de la Judicatura Federal y circular SECNO/14/2020 citadas con antelación, deben acatar los lineamientos trazados en dicho cuerpo normativo, pues de lo contrario les será negado el acceso a los recintos destinados para brindarles la atención debida con la consecuente preclusión del derecho procesal correspondiente, ya que los plazos y términos no serán suspendidos de manera particular. También se les comunica que: 1. El incumplimiento de las medidas sanitarias generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. 2. El ingreso al edificio y al órgano jurisdiccional sólo se permitirá en la hora y fecha establecida en la cita, no se permitirá en hora y fecha diversa, en caso de incomparecencia deberá agendar otra cita. Señalamiento de domicilio. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en esta ciudad el que cita en su escrito inicial de demanda, así como autorizando para tal efecto a Héctor Bonilla Tena, dado que no cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integran de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno correspondiente. Digitalización de proveído. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; asimismo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
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