Patricia Remigio Alvarado
Expediente 366/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 53 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 366/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 53
- Última actuación
- 14/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Patricia Remigio Alvarado
- Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 53.
- Principal
AUDIENCIA INCIDENTAL, En Morelia, Michoacán, a las catorce horas con cinco minutos del catorce de abril de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia relativa al INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS formulado por el tercero interesado César Cervantes Santes, el licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido del licenciado Juan Francisco Orozco Córdova, secretario de Juzgado que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental, sin la presencia de las partes, ni persona alguna que las represente. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias de autos consistentes en: escrito de demanda incidental de veintiuno de agosto de dos mil veinte, auto admisorio del incidente veinticuatro de agosto de dos mil veinte, en el cual se tuvo al tercero interesado César Cervantes Santes promoviendo INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS y ofreciendo las pruebas en que se funda su incidencia; y, constancia de notificación a la parte quejosa Patricia Remigio Alvarado. A continuación, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias lo que se tomará en cuenta al resolver esta incidencia. Enseguida, con fundamento en lo dispuesto por el precepto 208 de la Ley de Amparo se declara ABIERTO EL PERÍODO DE PRUEBAS, en el que el Secretario hace constar que únicamente las ofertó el tercero interesado César Cervantes Santes, sin que las demás partes hicieran uso de ese derecho. A lo que el Juez acuerda: Se tiene al tercero interesado ofreciendo como prueba de su parte las documentales que allegó al incidente y por perdido el derecho de las demás a ofrecerlas y se cierra esta etapa. Enseguida, con base en el precepto 208 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período de alegatos, en el que el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. A continuación, el Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes a hacerlo, se cierra este período. Acto seguido, con fundamento en el artículo 208, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, el Juez declaró vistos los autos, por lo que dispuso que cuando las labores del juzgado lo permitan, se procederá a emitir la sentencia incidental respectiva. Al no existir prueba pendiente de desahogo, ni promoción sin acordar y encontrándose debidamente integrada esta incidencia, procede dictar la resolución siguiente. VISTOS, para resolver los autos del incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía que se otorgó con motivo de la suspensión de los actos reclamados, en el juicio de amparo V-366/2019; y, RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el cuatro de abril de dos mil diecinueve, Patricia Remigio Álvarado solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez Octavo de primera Instancia en Materia civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, de quien reclamó la sentencia condenatoria pronunciada en el juicio reivindicatorio 20/2016 y su ejecución. SEGUNDO. Por acuerdo de cuatro de abril de dos mil diecinueve se admitió a trámite la demanda y se ordenó la apertura del incidente de suspensión en el cual, se concedió a la quejosa la suspensión provisional de los actos reclamados para el efecto de que sin suspender el procedimiento de ejecución dentro del juicio de donde emana el acto reclamado, no se le desposea ni se haga entrega a terceros del bien consistente en un inmueble ubicado en la calle Tuleros de Purenchecuaro 1266 de la colonia Buena Vista de la ciudad de Morelia, Michoacán; hasta en tanto las autoridades responsables sean notificadas de la suspensión definitiva que se dicte en el presente incidente. Asimismo, para garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al parte tercera interesada se estableció una garantía por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.), enseguida, se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia incidental en la que se resolvió sobre la suspensión definitiva básicamente en el mismo sentido que la provisional, empero, la garantía para que siguiera surtiendo sus efectos la suspensión definitiva, se fijó por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.), la que fue exhibida mediante billete de depósito N 703936, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito (BANSEFI). La que se tuvo por exhibida en acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve (foja 50 del expediente digital). TERCERO. Por sentencia terminada de engrosar al reanudarse la audiencia constitucional que se suspendió por virtud del incidente de objeción de documentos formulados en autos, a las diez horas con cincuenta minutos del treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve (página 73 a 101, ibídem), se pronunció la sentencia correspondientes en los términos siguientes: "PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Patricia Remigio Alvarado, contra los actos reclamados de las autoridades señaladas como responsables en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso quinto de la presente resolución". El nueve de diciembre de dos mil diecinueve, se determinó que la sentencia pronunciada en la audiencia constitucional causó ejecutoria, ordenándose el archivo del expediente como concluido y se reservó ordenar la devolución del billete de depósito N 703936 aludido, hasta que transcurrieran los seis meses a que alude el artículo 156 de la Ley de Amparo para que la parte tercera interesada estuviera en aptitud de promover el incidente de daños y perjuicios derivados de las garantías exhibidas en el juicio (página 102 expediente digital). CUARTO. Por escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil veinte (fojas 106 a 110), César Cervantes Santes, en cuanto tercero interesado, promovió el incidente que nos ocupa, se admitió el día veinticuatro siguiente, se corrió traslado al resto de las partes y, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia incidental la que se desahogó en los términos del acta que antecede por lo que, corresponde pronunciar la interlocutoria que en derecho corresponda. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para emitir esta resolución, de conformidad con los artículos 66, 67 y 156 de la Ley de Amparo; dado que se trata de una cuestión interlocutoria surgida en el presente juicio. SEGUNDO. OBJETO DEL INCIDENTE. El incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se promovió dentro del plazo previsto en el artículo 156 de la Ley de Amparo dado que, el proveído en que se decretó que la sentencia había causado ejecutoria se pronunció el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, mientras que el incidente se promovió el veintiuno de agosto de dos mil veinte; sin embargo entre la primera fecha y la segunda trascurrieron los días inhábiles siguientes: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 9/12/2019 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1/01/2020 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1/02/2020 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1/03/2020 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1/04/2020 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 mayo. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1. junio 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1. julio 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1. Ago. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Presentación 22 23 Primera suspensión de plazos AG. 4/2020 Segunda suspensión de plazos AG. 6/2020 Tercera suspensión de plazo AG. 8/2020 Cuarta suspensión de plazos AG.10/2020 Quinta suspensión de plazos AG.13/2020 Sexta suspensión de plazos AG.18/2020 Meses transcurridos 4 AG.21/2020 Por tanto, este juzgador estima que la presentación del incidente se realizó dentro del plazo de seis meses a que alude el artículo 156 de la Ley de Amparo. TERCERO. PROCEDENCIA. Es procedente pero infundado el incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía que se otorgó con motivo de la suspensión por lo siguiente. La Sección Tercera del Título Segundo de la Ley de Amparo establece las normas que deben ser observadas en la tramitación y resolución del incidente de suspensión de los actos reclamados; así, el artículo 128 señala los requisitos indispensables para el otorgamiento de la medida cautelar, el 132, por su parte, establece que en los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. De la interpretación gramatical (semántica) y funcional (teleológica) de este precepto, se advierte que la vocación de las garantías que se fijan para que surta o continúen surtiendo los efectos de la suspensión del acto reclamado, en este caso la definitiva, es asegurar el pago de los daños o perjuicios o ambos, que se ocasionen a un tercero por el hecho de haberse impedido la ejecución del acto reclamado. Por su parte, los artículos 2,108 a 2,110, del Código Civil Federal, supletorio de la Ley de Amparo por disposición del artículo 2o., establecen que por daño se entiende a la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación; en tanto que se reputa perjuicio, la privación de cualquiera ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación y que el poder de exigir el pago de uno u otro o de ambos, deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse. De tales dispositivos tenemos que el poder de exigir la reparación del daño o la indemnización por perjuicios se actualiza cuando: Exista un juicio de amparo en el que el quejoso haya solicitado y se haya concedido la suspensión del acto reclamado, ya sea de plano, provisional o definitiva. Que el quejoso haya otorgado la garantía exigida por el Juzgado de Distrito. Que el quejoso que la solicitó haya obtenido una sentencia firme desfavorable a sus intereses, esto es, que se haya negado la protección constitucional solicitada o decretado el sobreseimiento en el juicio. Que con motivo de la medida cautelar, se haya ocasionado un menoscabo patrimonial al tercero interesado o le haya privado de una ganancia lícita. Que exista una obligación jurídica, específicamente determinada o determinable (cuando se trata de pago de pesos, debe ser líquida y exigible) impuesta por una ley o por un acto materialmente jurisdiccional que asigna al deudor el deber de dar, hacer o abstenerse de hacer; en el entendido que tal obligación no podrá ser mayor a la garantía exhibida. En el caso, no se satisface el requisito establecido en el inciso d), pues si bien el trámite del incidente de suspensión del acto reclamado, es un hecho notorio para este juzgador y de dicho trámite se advierte que fue la quejosa quien expresamente solicitó la suspensión del acto reclamado; que le fue otorgada tanto la provisional como la definitiva y que cumplió con la exhibición de la garantía exigida por este órgano mediante el billete de depósito N 703936, valioso por cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.) lo cierto es que no se ofreció ninguna prueba con la que demostrara que, con motivo de la suspensión, el tercero interesado sufriera un menoscabo en su patrimonio o se le privara de alguna ganancia lícita. Efectivamente, en el escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil veinte, César Cervantes Santes, en cuanto tercero interesado señaló como fundamento de la reclamación lo siguiente: "HECHOS: 1.- Mediante escrito presentado el tres de abril de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, PATRICIA REMIGIO ALVARADO por propio derecho, solicitó el Amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán y otras autoridades; de quien reclamó: 'Del ciudadano juez octavo de primera instancia en materia civil del distrito judicial de Morelia Michoacán en su calidad de ordenadora reclamo que haya dictado sentencia condenatoria en el juicio de reivindicación número 20/2016 sin haberla demandado; Del c. actuario del juzgado octavo de primera instancia en materia civil. Que señaló como autoridad responsable en calidad de ejecutor RECLAMO que no la haya emplazado conforme a derecho; y, Al MAGISTRADO de la octava sala civil que haya confirmado la sentencia de primera instancia'. 2.- Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, la que se admitió a trámite mediante acuerdo de nueve de abril de dos mil diecinueve. 3.- Con motivo de la tramitación del amparo a que vengo haciendo referencia, la impetrante solicitó la suspensión provisional y en su momento la definitiva, medidas suspencionales que se le concedieron, la primera en fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, solicitándole para tal efecto que exhibiera deposito por la cantidad de dos mil pesos 00/100 moneda nacional, sin que la quejosa lo haya hecho. Por otro lado, en fecha seis de mayo de dos mil diecinueve se le concede la suspensión definitiva del acto reclamado y para ello se le fija como garantía la cantidad de $5,000.00 cinco mil pesos 00/100 moneda nacional, esto con la finalidad de garantizar los posibles daños y perjuicios que con esa medida se pudieran ocasionar a este suscrito, cantidad esta última que fue exhibida por la quejosa mediante billete de depósito número N 703936, expedido por BANSEFI (Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S. N. C.), valioso por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), el cual obra a foja 79 del incidente de suspensión de mérito. 4.- Con fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional emite sentencia en la cual sobresee el juicio de garantías promovido por PATRICIA REMIGIO ALVARADO, argumentando fundamentalmente que: 'Quedó desvirtuado el carácter de tercera extraña a juicio que ostentó la parte quejosa. Se desvirtúa el carácter de la quejosa quien se ostentó como persona extraña al juicio. Lo anterior derivado a que tuvo intervención en el juicio subyacente'. Resolución esta última señalada que quedó firme mediante acuerdo de fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Al respecto, debo puntualizar que la prosecución del juicio de garantías en que se gestiona así como los incidentes de suspensión, e incidente de objeción de diversos documentos existentes en los juicios de origen, trajeron como consecuencia en perjuicio del suscrito el retraso de la ejecución de la sentencia definitiva que resolvió el juicio ordinario civil que sobre acción real reivindicatoria promovió el suscrito en contra de la quejosa y otras personas, el cual se siguió en el juzgado octavo de lo civil de Morelia, Michoacán, bajo el número 20/2016. En tal escenario, si el suscrito hubiera dispuesto del inmueble desde que se ordenó la entrega de la posesión real y material de dicho bien, habría podido disponer desde esa fecha del numerario para cumplir con todas y cada una de mis obligaciones contraídas, por mencionar alguna, en razón de la suspensión solicitada, fui privado de obtener una ganancia por renta de dicho inmueble la cual ya estaba pactada con una persona interesada en dicho arrendamiento, aunado a que del incidente de objeción de documentos que promovió la quejosa el suscrito tuve que contratar un perito particular en grafoscopia a fin de que realizara los dictámenes que a esta parte correspondían, cobrándome por tal servicio la cantidad de 3,000.00 tres mil pesos 00/100 moneda nacional por el peritaje de cada documento objetado. Erogando este suscrito por tal concepto la suma de $6,000.00 seis mil pesos moneda nacional, adicionalmente lo gastos y honorarios de abogado para la prosecución del juicio de amparo en que se gestiona y una serie de daños y perjuicios ocasionados por la impetrante del amparo. Es el caso que el suscrito dejé de obtener ganancias lícitas, así mismo he dejado de pagar deudas por la falta de dinero con el que debí haber contado desde hace ya tiempo, y es por eso que a causa de amparo promovido y por lo tanto la obstaculización que se deriva de la suspensión concedida para recibir la posesión de los inmuebles de mi propiedad, he tenido que pagar honorarios por servicios de peritos, abogados, penalizaciones por no cumplir obligaciones que contraje derivado del hecho de que tendría en mi poder los inmuebles de referencia, en tal virtud, de explorado derecho resulta que el daño es una disminución en nuestro patrimonio y el perjuicio es la privación lícita que dejamos de obtener derivada de un acto o un hecho, así, la finalidad que tiene la garantía otorgada por la quejosa es REPARAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS AL TERCERO INTERESADO, en el caso que nos ocupa, y en razón de lo ya expresado, es evidente que la tramitación del amparo, el incidente de objeción de documentos, el incidente de suspensión, retrasaron la ejecución del acto reclamado y con ello me fueron causando daños y perjuicios que superan en demasía la garantía otorgada, por lo anterior, derivado de que si se causaron daños al suscrito es que la responsabilidad de la promovente se debe hacer efectiva con la garantía otorgada como medida suspencional, por lo que solicito sea otorgado a mi favor en la mayor brevedad posible el billete de depósito número 703936 y con ello resarcir en parte el detrimento que tuvo el suscrito. Sirve de sostén de este incidente lo establecido por el artículo 156 y demás aplicables de la Ley de Amparo, el cual es procedente en todas sus partes". La parte quejosa no dio contestación a la incidencia. III.1. En ese orden, es infundada la pretensión del tercero interesado porque no aportó prueba alguna con la que se justifique que, de haberse negado la suspensión de los actos reclamados, habría podido ejecutar la sentencia, obtener la posesión del bien inmueble controvertido en el juicio natural y, por consecuencia, obtener la ganancia lícita que reclama. Lo anterior se afirma así porque respecto del tópico relacionado con la ganancia lícita que asevera haber podido obtener, omitió precisar a qué personas arrendaría el inmueble en cuestión, a cuánto ascendería el pago por concepto de rentas, y en su caso si ya tenía celebrado algún pacto comisorio con determinada personas para que efectivamente el contrato de arrendamiento se pudiera llevar a efecto, lo que resultaba necesario para conocer de manera objetiva la posibilidad fáctica de poder obtener una ganancia lícita como lo refiere. Por esa misma razón en el escrito por el que se promovió el incidente respectivo, no se ofreció prueba alguna que se relacionara con tales hechos, pues las únicas ofertadas son las siguientes: "PRUEBAS: Ofrezco de mi parte las siguientes; LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en todas las actuaciones que obran en el juicio de amparo que nos ocupa, así como los cuadernillos de incidente de suspensión e incidente de objeción de documentos. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la sentencia definitiva dictada por usted en el cuaderno principal, en que se sobresee el juicio de que emana el incidente de suspensión, del que derivan los daños y perjuicios en contra del suscrito. Documental privada consistente en recibos de honorarios del abogado que me represento el en presente juicio de garantías así como recibo de honorarios por los peritajes realizados dentro del incidente de objeción de documentos. Los cuales solicito desde ahora sean tomados en cuenta para todos los efectos legales conducentes, ya que guardar relación con todos los hechos expuestos en el incidente en que se actúa". Esto es, ninguna de las pruebas se vincula con el hecho que el quejoso señala como generador del perjuicio sufrido por efecto de la suspensión definitiva otorgada en autos. III.2. En cuanto a los daños que el quejoso asevera haber sufrido por los gastos que tuvo que erogar en abogado y perito para emprender la defensa de sus intereses en este juicio, los honorarios de abogados y peritos particulares no pueden se materia de regulación en el incidente de daños y perjuicios, lo anterior porque para la promoción y tramitación del juicio de amparo no se requiere la asistencia ni de abogados ni de peritos particulares, ya que uno de los principios fundamentales del juicio de control de regularidad constitucional es la gratuidad, tanto en el trámite del juicio como en el desahogo de la prueba pericial, la cual se rige por normas especiales que imponen la obligación al juzgador de designar al perito que deba participar en el desahogo de una prueba. Lo anterior sin perjuicio de que, con base en los artículos 12 y 120 de la Ley de Amparo, las partes puedan autorizar a abogados particulares y designar peritos igualmente particulares, empero, por no ser necesaria su participación, cada parte correrá con las costas de tal decisión, sin que quien resulte vencido en el juicio deba pagar por ello. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 39/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "COSTAS EN LA TRAMITACIÓN DE LOS JUICIOS DE AMPARO. NO ES PROCEDENTE SU PAGO AUN CUANDO LAS LEGISLACIONES LOCALES LO CONTEMPLEN. Las costas constituyen una institución procesal contemplada en los procedimientos civiles del sistema jurídico mexicano, por lo que su regulación no corresponde a una materia reservada en exclusiva a la Federación, sino que se trata de una materia genérica comprendida tanto en la ley federal como en la local, pues la administración de justicia se surte en ambas esferas, que solamente se distinguen en atención al fuero en que radica la jurisdicción; asimismo, tienen su origen en la tramitación de un determinado juicio y, por ende, adquieren la naturaleza propia de la jurisdicción o fuero de la ley procesal que rija la actuación de las partes ante el órgano jurisdiccional que la aplica, y no puede regir a otro fuero o materia. En congruencia con lo anterior, y tomando en consideración que lo relativo a la normatividad del juicio de amparo, es un tema reservado al Congreso de la Unión, como órgano legislativo federal, se concluye que también lo es, en todo caso, lo que respecta a las costas en dicho juicio y, por tanto, aun cuando en las legislaciones procesales locales o en los aranceles se autorice su cobro, éste no es procedente porque, por un lado, la Ley de Amparo no contempla la condenación al pago de las mencionadas costas y, por otro, porque el juicio de garantías no es una contienda entre particulares que pudiera dar lugar a que una parte indemnice a la otra sus erogaciones con motivo de la tramitación de un juicio injustificado, por lo que no puede sostenerse que el quejoso que no obtiene la protección federal, deba pagar a su colitigante, que es la propia autoridad, o al tercero perjudicado, gasto alguno, ya que su aplicación es en toda la República, al regular el referido juicio constitucional, que es el medio de defensa por el cual los tribunales de la Federación ejercen la función de ser garantes de la Constitución, al resolver controversias suscitadas con motivo de la violación de las garantías individuales contenidas en aquélla; por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados y por actos o leyes de los Estados que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal". En virtud de lo anterior al no haberse demostrados los hechos sobre los que se funda la reclamación el incidente resulta procedente pero infundado. Al respecto cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 1a./J. 80/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. HECHOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL TERCERO PERJUDICADO PARA ACREDITARLOS CUANDO, ANTE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO PUDO DISPONER DEL INMUEBLE CONTROVERTIDO. El artículo 129 de la Ley de Amparo prevé el incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la responsabilidad derivada de las garantías que se otorguen con motivo de la suspensión concedida en el juicio de amparo biinstancial, en cuya tramitación el tercero perjudicado debe cumplir con las cargas que le impone la propia ley. En ese caso, para ver acogida su pretensión, el actor incidentista tiene la carga, primero, de manifestar en los hechos de su escrito incidental en qué consistió el daño o el perjuicio causado, así como justificar su relación directa con la suspensión del acto reclamado y, en segundo término, demostrar sus afirmaciones, pues en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo de sus excepciones. En esa narración de hechos es importante conocer si el tercero perjudicado sustenta su pretensión en la generación de daños o de perjuicios, cada uno con una naturaleza jurídica distinta, pues mientras que los primeros se refieren al menoscabo sufrido en el patrimonio del demandante (hecho cierto), los segundos corresponden a las ganancias lícitas que debieron haberse obtenido (hecho probable). Así, para demostrar los daños aducidos y que éstos son consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo, se hace necesaria la demostración del hecho, acto o situación concreta que los generó, pues sólo así el juzgador está en aptitud de constatar, en primer orden, si éstos efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe un vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida. En cuanto a la demostración de los perjuicios, no es necesario que el tercero perjudicado mencione un acto específico que se vio frustrado ante la imposibilidad de disponer del inmueble; basta con que realice una exposición razonada para explicar con hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado y aportar datos que revelen claramente la probabilidad para definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de haber tenido la disposición del inmueble se habrían generado las ganancias indicadas, esto, en el entendido de que también ha de proporcionar las bases para su cuantificación y probarlas. Entonces, en la resolución del incidente a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Amparo, el juzgador debe atender a los hechos en que se sustenta la pretensión para evaluar qué extremos debe colmar el actor incidentista". Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 66, 67 y 156 de la Ley de Amparo; se RESUELVE ÚNICO. Es procedente pero infundado el incidente de daños y perjuicios promovido por el tercero interesado Cesar Cervantes Santes, en los términos preciados en el último considerando de esta resolución.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes en proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, para que ofertaran pruebas en el incidente de daños y perjuicios interpuesto en el expediente en que se actúa. Por tanto, en términos del artículo 67, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se señalan las TRECE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos respectiva. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Incidental
Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el ocurso signado por el licenciado Raúl Garibay Tarelo, en cuanto apoderado jurídico del tercero interesado César Cervantes Santes; en atención a su contenido, se reserva de proveer la petición del promovente, relativo a fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia relativa al incidente de daños y perjuicios promovido en el presente cuaderno, ello hasta en tanto obre constancia de notificación a la quejosa Patricia Remigio Alvarado del auto de veinticuatro de agosto último. Es importante destacar, que la pandemia ocasionada por el virus SARS CoV-2 o COVI-19 ha originado condicionantes para realizar las notificaciones personales ordenadas en los diversos juicios de amparo que se encuentran en trámite en este órgano jurisdiccional, además de que el servicio se otorga a los usuarios con tal solo el treinta por ciento de la plantilla laboral, lo que implica que retraso en el trámite de los juicios de amparo y demás procesos federales del conocimiento de esta potestad federal. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Incidental
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO: CÉSAR CERVANTES SANTES, el siguiente acuerdo: Visto el escrito del tercero interesado César Cervantes Santes, tercero interesado en el juicio principal; en atención a su contenido se le tiene interponiendo incidente de daños y perjuicios, en términos del artículo 156, en relación con el numeral 66 de la Ley de Amparo; en consecuencia, córrase traslado a la parte quejosa con copia del ocurso de cuenta, a fin de que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación personal de este proveído, exponga lo que en derecho corresponda y, en términos del diverso numeral 67 de la ley en cita, ofrezca pruebas de su parte. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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