Patrick Lira Vaylon
Expediente 1244/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1244/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Patrick Lira Vaylon
Actuaciones
- Incidental
Se agrega al incidente la razón asentada por la actuaria judicial adscrita, de la que se advierte la imposibilidad para notificar el oficio 44852/2019, dirigido al "Agente del Ministerio Público de la Unidad de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata, Central, en la ciudad de Puebla de la Fiscalía General del Estado de Puebla", porque un auxiliar de Agente del Ministerio Público le informó que existen cinco Agentes del Ministerio Público en esa unidad y el oficio no precisa a cuál de ellos va dirigido. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere al quejoso para que en el plazo de tres días, contados a partir de que le surta efectos la notificación del presente proveído, proporcione la denominación completa y actual del Ministerio Público que señaló en la demanda como responsable ordenadora. Se le apercibe que de no dar cumplimiento a lo anterior, se tendrá como inexistente a dicha autoridad y se suspenderá toda comunicación con ésta. Asimismo, se agregan al incidente los oficios signados por la Directora de Mandamientos Judiciales en representación del Fiscal de Investigación Metropolitana Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y Agente del Ministerio Público en representación del Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, por medio de los cuales rinden el informe previo requerido a estos. Por tanto, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tienen recibidos dichos informes, los cuales serán relacionados con el valor que la ley les concede al momento de resolver sobre la suspensión definitiva.
- Principal
Se agrega al expediente la razón asentada por la actuaria judicial adscrita, de la que se advierte la imposibilidad para notificar el oficio 44849/2019, dirigido al "Agente del Ministerio Público de la Unidad de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata, Central, en la ciudad de Puebla de la Fiscalía General del Estado de Puebla", porque un auxiliar de Agente del Ministerio Público le informó que existen cinco Agentes del Ministerio Público en esa unidad y el oficio no precisa a cuál de ellos va dirigido. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere al quejoso para que en el plazo de tres días, contados a partir de que le surta efectos la notificación del presente proveído, proporcione la denominación completa y actual del Ministerio Público que señaló en la demanda como responsable ordenadora. Se le apercibe que de no dar cumplimiento a lo anterior, se tendrá como inexistente a dicha autoridad y se suspenderá toda comunicación con ésta. Asimismo, se agregan al expediente los oficios signados por la Directora de Mandamientos Judiciales en representación del Fiscal de Investigación Metropolitana Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y Agente del Ministerio Público en representación del Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, por medio de los cuales rinden el informe justificado que les corresponde. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se dan a conocer esos informes a las partes, por el plazo de ocho días contados a partir de la notificación de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga, y serán relacionados al celebrarse la audiencia constitucional.
- Principal
Se recibe la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata, Central, en la ciudad de Puebla, de la fiscalía General del Estado de Puebla y otras autoridades. Por tanto, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, y debido a que la demanda de protección cumple los requisitos legales establecidos, se admite a trámite. En consecuencia, fórmese el expediente constitucional, regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectúense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Precisión de las autoridades responsables. De la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como únicas autoridades responsables ejecutoras, al Fiscal General del Estado de Puebla y al "Director de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado". Sin embargo, es un hecho conocido para esta autoridad que debido a los múltiples cambios aplicados con motivo de la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio Adversarial, la denominación actual y correcta de dicha autoridad es: Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Precisión que se realiza a fin de agilizar la notificación de la citada autoridad responsable y así lograr la pronta integración del expediente, en atención al derecho fundamental de impartición de justicia pronta contenido en el artículo 17 de la constitución. En consecuencia, se instruye a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, registre a las autoridades responsables de mérito, con las denominaciones correctas. Apertura del incidente de suspensión. Ante la solicitud de la parte quejosa, con copia simple de la demanda y autorizada del presente acuerdo, tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo a este juicio; constancias conforme a las cuales habrá de resolverse lo relativo a dicha medida cautelar. Notificación del fiscal adscrito. Notifíquese en forma personal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado de distrito, para que intervenga en términos del artículo 5; fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo que se le deberá entregar copia autorizada de este proveído y copia de la demanda de protección de derechos. A fin de justificar el cumplimiento de lo anterior, se ordena al actuario correspondiente deje constancia legal en el expediente. Solicitud de informe justificado. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables su informe justificado, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de su legal notificación . En este, deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad de los actos reclamados. Se prescinde remitir copia de la demanda, pues la misma será anexada al oficio por el cual se les requiera el informe previo. También, deberán remitir copia certificada completa, legible y ordenada de las constancias y actuaciones que sean necesarias para apoyar el informe de contestación. Se le apercibe a las responsables, que de no rendir el informe justificado o de presentarlo sin acompañar las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá, a la omisa, una multa de entre cien a mil unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Requerimiento de antecedentes. Se requiere a las autoridades responsables informen si en el procedimiento de donde emana el acto reclamado, se ha tramitado diverso juicio de protección y de ser así, señalen ante cuál autoridad federal se radicó el mismo. Lo anterior bajo el apercibimiento que, en caso de desatender dicho requerimiento, se le impondrá, a la omisa, una multa de cincuenta a mil unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo. Requerimiento sobre terceros interesados. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se requiere a las autoridades responsables para que en el plazo de cinco días , contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionen el nombre y domicilio de las personas que en su caso pudieran tener el carácter de terceros interesados en este juicio (agraviados, ofendidos o víctimas en la carpeta de investigación o averiguación previa), para ello deberán remitir las constancias de donde se desprenda tal información. Conforme a los artículos 260, fracción IV y 244, ambos con relación al diverso 238, todos de la Ley de Amparo, se apercibe a las responsables que si no cumplen lo ordenado en párrafos anteriores en el plazo señalado, sin causa justificada, se les impondrá a cada una, multa de cien a mil unidades de medida y actualización a razón de su valor diario. Notificación de las autoridades responsables. Con fundamento en los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, se hace saber a las responsables, que en el presente juicio solo les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial) y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fije en este juzgado de distrito . Además, de negarse a recibir alguna notificación ordenada en este juicio, sin demostrar con ordenamientos jurídicos o documentos oficiales la causa razonable que impida la recepción del oficio, con fundamento en el artículo 28 fracción I párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el actuario de este juzgado procederá a levantar una razón donde establezca la negativa injustificada y tendrá hecha la notificación. Asimismo, como lo ordena el artículo 245 de la Ley de Amparo, se les impondrá, una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Audiencia constitucional. Por otra parte, de conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las diez horas con cuatro minutos del veintitrés de enero de dos mil veinte, para que sea celebrada la audiencia constitucional de este juicio. Requerimiento sobre causas de sobreseimiento. Se informa a las partes que de conocer alguna causa de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la citada legislación; y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten. No cumplir con lo anterior implica, como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo, la imposición de una multa por el importe de treinta unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Téngase como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones a su nombre, el señalado en la demanda de amparo (ubicado en la ciudad de Puebla), Asimismo, quedan autorizados en términos amplios los profesionistas ****, pues el quejoso así lo solicitó, y se encontró el registro de las cédulas profesionales de aquellos. Autorización para toma de fotografías. Hágase saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse las partes al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de quienes comparezcan a este juzgado, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información susceptible de protección . Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal , en específico en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se ordena al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que se omita el libramiento de algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita).
- Incidental
Como se ordenó en esta fecha en el expediente principal y con copia de la demanda de protección, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1244/2019-IV, promovido por *****, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata, Central, en la ciudad de Puebla, de la Fiscalía General del Estado de Puebla y otras autoridades. Informe previo. En términos de los artículos 128, 130, 136, 138, 140, 142 y 143 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables presenten su informe previo, el cual deberá cumplir los requisitos legales establecidos, y será rendido por duplicado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente acuerdo. Por tanto, envíese a las responsables copia de la demanda, adjunta al oficio que contiene esta determinación. Con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se les apercibe que de no rendir su informe previo en el plazo señalado, les será impuesta una multa de entre cien a mil Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario). Requerimiento a las responsables. De resultar cierto los actos reclamados, en términos del artículo 168, fracción I, de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables informen La naturaleza, modalidades y características del delito o delitos imputados al quejoso, y si fuere de carácter patrimonial, deberán informar el monto del daño causado y si este ya fue cubierto a la parte agraviada. Si el delito imputado es de aquéllos considerados como de prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 19 constitucional. Audiencia incidental. Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la citada legislación, se señalan las nueve horas con cuatro minutos del treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, para celebrar la audiencia incidental. Concesión de la suspensión provisional. El quejoso reclama una orden de detención o presentación librada en su contra, y la materialización de la misma (ejecución). Por tanto, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional en los siguientes términos: Si alguna orden ya fue ejecutada contra el quejoso, por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público debido a la comisión de algún delito, la suspensión provisional obliga a que cese la detención administrativa y el quejoso sea puesto a disposición del fiscal correspondiente, para que este determine sobre su libertad o retención dentro del plazo y en los términos permitidos y previstos por el artículo 16 de la constitución. Si la orden ejecutada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, no lograra respaldarse en la comisión de un delito, la suspensión tendrá el efecto de que aquél sea puesto en libertad. Si el quejoso hubiera sido presentado al Ministerio Público, la suspensión provisional obliga a que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, si se trata de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en inmediata libertad o consignado ante el juez penal correspondiente. En el entendido de que si aquél está a disposición de algún Ministerio Público por haber sido detenido en flagrancia o urgencia, el plazo se contará a partir de que sea puesto a su disposición. Pero si la presentación del quejoso ante el Ministerio Público, no logra respaldarse en flagrancia o en caso urgente en términos del artículo 16 de la constitución, la suspensión provisional tendrá el efecto de que sea puesto en inmediata libertad. Sirve de apoyo en su parte conducente y por los razonamientos que la sustentan, la jurisprudencia 1ª./J. 86/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE COMPARECENCIA O PRESENTACIÓN PARA QUE EL INDICIADO DESAHOGUE DILIGENCIAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA" ; así como en su parte conducente la diversa tesis de epígrafe: "SUSPENSIÓN. PROCEDE SI EL ACTO RECLAMADO LO ES LA ORDEN DE PRESENTACIÓN DICTADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO, POR TRATARSE DE UN ACTO DE POSIBLE RESTRICCIÓN DE LA LIBERTAD" . Medidas de aseguramiento. Exhibición de garantía: A fin de evitar la evasión de la acción de la justicia por parte del quejoso, en caso de negarle la protección constitucional, deberá presentar escrito en el plazo de tres días donde acredite con documental idónea y eficaz su domicilio particular, ocupación e ingreso o salario percibido. Con fundamento en el artículo 136, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, la suspensión concedida surtirá efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si el quejoso, en el plazo de tres días contados a partir de la notificación de este auto, no exhibe una garantía por la cantidad de dos mil quinientos pesos moneda nacional ($2,500.00) en cualquiera de las formas establecidas por la ley. La garantía anterior se fija de manera discrecional y proporcional entre la posibilidad de acceder a la medida cautelar y a la vez garantizar que el quejoso no pretenda evadir la acción de la justicia; además, se considera asequible para el mismo. Dicha discrecionalidad obedece al desconocimiento de la naturaleza y modalidades del delito atribuido, así como la situación económica del quejoso. Por tanto, dicha garantía deberá ser exhibida a satisfacción del juzgado federal, en cualquiera de las formas establecidas por la ley. Solo resta decir que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, estableció que la garantía deberá estimarse en forma discrecional y proporcional entre la posibilidad de acceder a la medida cautelar y a la vez garantizar que el quejoso no pretenda evadir la acción de la justicia, como se desprende de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 24/2017, del citado tribunal. Comparecencia ante la responsable: Por otro lado, de resultar cierta la orden de detención o presentación, el quejoso deberá acudir física y personalmente dentro del plazo de tres días, contados a partir de la recepción del informe de la autoridad emisora, a rendir declaración en la indagatoria instruida en su contra, o en su caso, para intervenir en las diligencias correspondientes. Lo cual también deberá acreditar por escrito presentado a este juzgado, en el referido lapso de tres días, en el que deberá demostrar con el medio de prueba idóneo su comparecencia personal ante dicha autoridad. Se informa al peticionario del amparo que la obligación descrita en el párrafo precedente, será exigible hasta que tenga la certeza respecto de la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis jurisprudencial 149/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ". Apercibimiento al quejoso. En caso de que no exhiba la garantía en mención dentro del plazo citado o no comparezca ante la autoridad que lo requiera, la suspensión provisional dejará de surtir efectos y esto habrá de informarse a las autoridades responsables. Lo mismo sucederá si se le sorprende en la comisión de flagrante delito. Expedición de copia. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase al quejoso por un tanto copia certificada de la presente determinación y en su momento de la suspensión definitiva.
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