Paul Yamil José Aguilar
Expediente 1032/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1032/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Paul Yamil José Aguilar
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1032/2021-II. Puebla, Puebla, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de trece de octubre de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se 1 Plazo del cual deben descontarse los días dieciséis y diecisiete de octubre de dos mil veintiuno por sr inhábiles. declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A, que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (Archivo físico). Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General antes referido, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se les habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1032/2021-II. Puebla, Puebla, trece de octubre de dos mil veintiuno. Radicación. , se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", ... se examinó en su integridad la demanda de amparo y se encontró que el acto que en realidad le causa agravio y del que se duele el quejoso, es el siguiente: ? El acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, emitido por el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en el expediente de impugnación , que recayó a su escrito presentado el veinte de agosto previo. Dicho acto permite visualizar desde este momento, una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que el quejoso no observó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Para analizar la actualización de dicha causa, es conveniente citar el contenido textual de dicho dispositivo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." La fracción XVIII del mencionado artículo contiene la causa de improcedencia que descansa ante la falta del quejoso de agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual consiste en que previo a la promoción de amparo, es necesario agotar el recurso o medio de defensa ordinario que por el cual el acto combatido de origen, pueda ser modificado, revocado o nulificado. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 1100, Tomo VII, Octubre de 1998, Novena Época, de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL" En ese tenor, de los antecedentes expuestos por el quejoso en la demanda -bajo protesta de decir verdad- se advierte que no combatió el acto reclamado a través del medio ordinario de defensa previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." Ese recurso fue dispuesto por el legislador, contra las resoluciones de mero trámite que emita la autoridad judicial, en cualquiera de las etapas del procedimiento penal, con el propósito de que el propio juzgador analice de nueva cuenta su determinación y con base en ello, resuelva confirmarla, modificarla o revocarla. La única salvedad que se introdujo para la procedencia de ese recurso, quedó circunscrita a las resoluciones emitidas sin sustanciación, esto es, que hubieran sido pronunciadas por la autoridad judicial durante una audiencia o en un proveído escrito, sin haber seguido un procedimiento específico en el cual se hubiera emplazado a las partes para debatir y otorgado plazos. Hechos: Los órganos colegiados contendientes sostuvieron posturas encontradas respecto a qué debe entenderse por el referido requisito de procedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que las resoluciones "sin sustanciación" son aquellas emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial. Justificación: El citado artículo establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan "sin sustanciación". Ahora bien, a partir de una interpretación teleológica, es dable otorgar significado a dicha expresión para entender que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. De ahí que, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico.". Esa interpretación orienta a subsumir el proveído reclamado en la hipótesis de "resoluciones de mero trámite", pues el administrador del centro de justicia penal federal acordó el escrito del aquí quejoso presentado el veinte de agosto de dos mil veintiuno -en el que, entre otras cuestiones, solicitó le fuera informado si había sido promovido algún juicio de amparo u otro medio de defensa contra la resolución emitida en la audiencia de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, así como que dicha decisión se emitiera por escrito-, sin haber seguido un procedimiento específico en el cual hubiera emplazado a las partes y otorgado plazos. Sin embargo, el quejoso omitió interponer la revocación contra el proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, aunque éste le fue notificado formalmente (vía correo electrónico el veinte del mismo mes y año). En efecto, decidió promover el juicio de amparo indirecto aun cuando tuvo la posibilidad de que el administrador responsable efectuara un nuevo análisis de su petición. Dicho de otro modo, promovió este juicio de amparo indirecto sin agotar el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a pesar de que tuvo a su alcance ese medio ordinario de impugnación. Por consiguiente, debe operar la improcedencia en este juicio por la desatención al principio de definitividad, consagrado en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable en lo conducente y por las razones que la integran, el criterio emitido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, contenido en la jurisprudencia I.6o.C. J/37 de rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Además, la omisión de impugnar ese proveído no encuentra alguna circunstancia extraordinaria para justificarla y conducir a la procedencia del sumario constitucional. Todo lo cual robustece la aplicación de la causa de improcedencia relativa al principio de definitividad, respecto del acto reclamado, pues el quejoso debió agotar el recurso ordinario antes de acudir a este juicio constitucional, porque los lineamientos actuales del bloque de constitucionalidad, permiten imponer los requisitos de procedencia al extremo de sostener la obligación de que las personas agoten los medios de defensa existentes, en los procedimientos de instancia donde intervengan como partes. Ello de conformidad con la tesis jurisprudencial 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, titulada: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XVIII del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó Paul Yamil José Aguilar, porque se encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. , se tiene como vía para recibir notificaciones el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario " " (por ser el primero señalado). Por otra parte, quedan autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo José Luis Calzada Ruisánchez, José Luis Izunza Espinosa, Antonio Maluf Maloff, Miguel Ángel Jiménez Santos, Juan Rodrigo Franco Anzures y Mario Campero Reséndiz, porque el promovente les otorgó esas facultades y se encontró registro de sus cédulas profesionales en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Por su parte, Omar Villaseñor Talavera y Eduardo Estrada Hernández quedan autorizados sólo para oír y recibir notificaciones, por no encontrarse registrados en el referido sistema. Asimismo, se tiene como autorizados solo para oír y recibir notificaciones a las personas que señala en su escrito de demanda, porque así lo solicita la parte promovente. Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa -vía electrónica-; y cúmplase
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