Patricio Hernandez Duran
Expediente 367/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 367/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Patricio Hernandez Duran
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 367/2021-VII. Puebla, Puebla, once de mayo de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de amparo. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 367/2021-VII. Puebla, Puebla, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Se agrega al expediente el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, al cual anexa el acuse de un escrito dirigido a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Violencia de Genero, que contiene evidencia criptográfica de * , autorizado de la parte quejosa. Sin embargo, en proveído de diecinueve de abril del año en curso, se desechó de plano la demanda de amparo promovida por *; de ahí que resulte innecesario realizar mayor pronunciamiento. Notifíquese.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 367/2021-VII. Puebla, Puebla, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de amparo, sin evidencia criptográfica, al parecer de *, por propio derecho; sin embargo de la demanda de amparo no puede advertirse, directamente, el acto reclamado ni la autoridad a la cual se le atribuye. No obstante de su lectura integral se desprende que el quejoso, al parecer, se duele de la determinación de diez de marzo de dos mil veintiuno, dictada por el Agente del Ministerio Público Titular adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Genero Contra las Mujeres, dentro de la carpeta de investigación *, a través de la cual se determina improcedente su pretensión, respecto de los actos de investigación solicitados mediante escrito de cinco de marzo de dos mil veintiuno. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. En el presente caso, se tiene una demanda de amparo presentada vía electrónica, aparentemente por el quejoso Patricio Hernández Duran, por derecho propio. Dicha modalidad (la electrónica), obliga a considerar el artículo 3 de la Ley de Amparo, el cual dispone que podrán presentarse escritos en forma electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información, es decir, utilizando la "firma electrónica" y cumpliendo los lineamientos que para su regulación emita el Consejo de la Judicatura Federal. Además, el mencionado precepto legal, señala que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como vía para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Luego, es necesario que las personas interesadas en promover por esa vía, tengan firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; máxime que el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal, y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Así, cada documento electrónico que se reciba, debe contener en la parte final, una evidencia criptográfica de la firma electrónica que, entre otros aspectos, mostrará el nombre del titular de la firma electrónica. Tales datos habrán de examinarlos tanto los juzgados de distrito como los tribunales de circuito, para acordar lo correspondiente. En esa tesitura, se colige que las personas físicas pueden instaurar el juicio de amparo vía electrónica, con el uso de su firma electrónica. Misma situación acontecería en caso de que el juicio se promoviera en representación de diversa persona, empero, previamente se debe tener reconocida capacidad procesal para tal fin, esto es, un supuesto que actualice la hipótesis jurídica de personalidad, para que el promovente pueda presentar promoción electrónica a favor de diversa persona. Sin embargo, la demanda presentada vía electrónica aparentemente por el quejoso Patricio Hernández Duran, por propio derecho, no tiene su firma electrónica; y, aunque se advierte que fue plasmada una firma autógrafa -la cual fue digitalizada con la demanda-, lo cierto es que al carecer de la evidencia criptográfica, no se tiene la certeza de que el quejoso sea quien haya instado el juicio de protección de derechos. Ello, porque el artículo 3 de la Ley de Amparo, dispone que la actuación frente a los órganos del Poder Judicial de la Federación, debe realizarse mediante el empleo de las tecnologías de la información, en este caso, a través de la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. Lo cual implica que el quejoso en mención, soslayó el principio de "instancia de parte agraviada", previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 de la Ley de Amparo. Es menester agregar, que de conformidad con los artículos 3, último párrafo, y 15 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 42 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la presentación de la demanda de amparo vía electrónica puede realizarse sin necesidad de firma electrónica, únicamente cuando se reclamen actos que: Importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Pero en el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que, al parecer, el quejoso pretendió señalar como acto reclamado la determinación de diez de marzo de dos mil veintiuno, dictada por el Agente del Ministerio Público Titular adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Genero Contra las Mujeres, dentro de la carpeta de investigación , a través de la cual se determina improcedente su pretensión, respecto de los actos de investigación solicitados mediante escrito de cinco de marzo de dos mil veintiuno. Sin embargo, ese acto reclamado -aun cuando el quejoso refiera que se encuentra privado de su libertad personal- de ninguna forma constituye un acto fuera de procedimiento y tampoco algún acto de carácter urgente, como los previstos por el artículo 15 de la ley de la materia o 22 de la constitución federal. Sobre todo porque la determinación reclamada deriva de una solicitud de actos de investigación con la finalidad de lograr la integración de la carpeta de investigación de acuerdo a la teoría del caso de la defensa, es decir, existe una investigación por parte de la representación social, motivo por el cual debe estimarse que es un acto dentro de procedimiento y que no encuadra en las hipótesis de gravedad mencionadas. Entonces, ninguna circunstancia extraordinaria se tiene para considerar el supuesto de excepción sobre la ausencia de firma electrónica, que se actualiza cuando (como se dijo) un quejoso reclama actos urgentes -de los prohibidos en el artículo 22 de la constitución federal, y previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo-. Por consiguiente, se estima que la demanda de amparo presentada vía electrónica por el quejoso en mención, no cumple el principio de "instancia de parte agraviada", lo cual obliga a desechar la solicitud recibida. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada vía electrónica, cuando no tenga la firma electrónica del quejoso. Lo anterior, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el juicio de tutela constitucional, no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención regulada en el artículo 114 de la Ley de Amparo, dado que se trata del incumplimiento a uno de los principios rectores del juicio de amparo, que no amerita prevención. Así, cada documento electrónico que se reciba, debe contener en la parte final, una evidencia criptográfica de la firma electrónica que, entre otros aspectos, mostrará el nombre del titular de la firma electrónica. Por tanto, con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 3, 6, 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por el quejoso * .., se exhorta al quejoso a que continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Toma de fotografías. Se autoriza desde este momento la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Domicilio procesal. No es procedente tener como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda de amparo -pues se encuentra fuera de esta ciudad o en su zona conurbada (San Andrés Cholula, San Pedro Cholula o Cuautlancingo)-; por tanto, se ordena notificar personalmente por lista a la parte quejosa las notificaciones de carácter personal; lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Se tienen como autorizado, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Ramón Sanabria Sánchez y Nelly Fernández Sánchez; ello, porque sus cedulas profesionales se encuentran registradas en el Registro Único de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a los profesionistas que refiere; pues, en esos términos fue solicitado por el impetrante de amparo. Sin que resulte procedente tener como medio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico que proporciona, pues el artículo 26 de la Ley de Amparo, no lo contempla las notificaciones vía correo electrónico; pues, únicamente prevé la notificación electrónica cuando las partes que expresamente así lo soliciten hayan tramitado de manera previa la Firma Electrónica Comunicación con la quejosa. Con independencia de lo acordado en el apartado precedente, se dispone lo siguiente: A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, se requiere al quejoso que en el plazo de tres días, proporcione un número de teléfono por medio del cual pueda ser contactado. Se hace la precisión que el referido medio electrónico de comunicación, sólo será para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran. De modo que las notificaciones que en derecho le correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Notificación al quejoso por despacho Ahora, en la demanda de cuenta se advierte que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Huauchinango, Puebla. Por tanto, con fundamento en los artículos 297, 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 116 de la Ley de Amparo, se ordena girar despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla, para que en auxilio de las labores de este juzgado federal, ordene a quien corresponda, incluso en días y horas inhábiles, llevar a cabo la notificación en forma personal al quejoso en el Centro de Reinserción Social de Huauchinango, Puebla, el presente proveído, y le requiera, para que en el plazo de tres días siguientes a que surta la presente notificación, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Puebla o en su zona conurbada (San Pedro Cholula, San Andrés Cholula o Cuautlancingo); así como la aperciba para que en caso de omitir hacerlo en el plazo otorgado, sin ulterior acuerdo las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en este juzgado; ello, con apoyo en los artículos 27, fracción II, primer párrafo, en relación a los diversos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Se faculta al juez para que dicte las resoluciones que sean necesarias para el cumplimiento de lo solicitado; incluida la facultad para habilitar desde este momento días y horas inhábiles, lo anterior de conformidad con los dispositivos 282, párrafo primero y 298, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, así como lo previsto en el artículo 21, último párrafo, de la ley de la materia. Se requiere al juez de referencia, Notifíquese; en forma personal al quejoso (por medio de despacho); y cúmplase.
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