Patricio Hernandez Duran

Expediente 378/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
378/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
19/05/2021

Partes del expediente

  • Patricio Hernandez Duran

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 378/2021-VIII. Puebla, Puebla, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Se recibe despacho diligenciado. Se agregan al expediente los oficios signados por el Juez de lo Civil y lo Penal del Distrito Judicial de Huauchinango, Estado de Puebla, por el cual devuelve diligenciado el despacho 104/2021, con número de orden 140/2021, por el cual se le encomendó que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notifique de forma personal al quejoso Patricio Hernández Durán el proveído de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo. Cabe mencionar que como se advierte de las promociones de cuenta, el aludido despacho se diligenció en similares condiciones en dos ocasiones, esto es, el veintiocho de abril de dos mil veintiuno por el fedatario * (promoción registrada bajo el folio 7209), y el cuatro de mayo de dos mil veintiuno por la diversa funcionaria Esperanza Caridad Alvarado Rubio (promoción registrada con el folio 7214), ambos diligenciarios adscritos al juzgado requerido. Por consiguiente y con el objeto de no dejar en estado de indefensión al quejoso, para efectos del cómputo del plazo relativo para declarar firme el acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, se toma en consideración aquél que mayor beneficio aporte al quejoso, esto es, la diligencia realizada el cuatro de mayo de dos mil veintiuno. En consecuencia, se ordena dar de baja la citada comunicación oficial con la hipótesis de "diligenciada", tanto en el libro de gobierno de este juzgado como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por último, se deja insubsistente el apercibimiento de multa formulado al citado Juez, en proveído de veintiuno de abril del año en curso. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la promovente del juicio no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la promovente del juicio. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la promovente inicial, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se habrá de notificar a la promovente inicial por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 378/2021-VIII. Puebla, Puebla, doce de mayo de dos mil veintiuno. Se requiere despacho Visto el estado procesal del expediente, se advierte que sigue pendiente el despacho 104/2021, con número de orden 140/2021, librado el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huauchinango, Estado de Puebla, para que notificara personalmente el acuerdo de esa misma fecha al quejoso ***, en el lugar de su reclusión. Además, el citado juez tampoco ha informado si ya lo recibió. Por tanto, se requiere al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla, con copia del despacho en mención, para que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente en que reciba el oficio de este acuerdo, devuelva a este juzgado el despacho 104/2021, con número de orden 140/2021, debidamente diligenciado o con la razón de imposibilidad. Finalmente, se informa al citado juez que sigue vigente el apercibimiento de multa formulado en proveído de veintiuno de abril de este año, y se le hará efectivo ante la falta de cumplimiento al requerimiento anterior. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 378/2021-VIII. Puebla, Puebla, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Radicación. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales (en su versión digitalizada), que se presentó físicamente, signada por el quejoso *, por derecho propio, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos de Violencia de Género ..., se exhorta al quejoso a que continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Desechamiento. El numeral 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar la demanda de protección; y si al hacerlo resaltara una causal de improcedencia manifiesta e indudable, procederá el desechamiento de plano. Se considera que esa hipótesis normativa, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia, debe imponerse a la demanda presentada por el quejoso. Esos actos permiten visualizar desde este momento, se actualiza la causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta respecto de los actos reclamados, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por cuanto hace a cada uno de los actos reclamados. Por cuanto hace al acto adjudicado al fiscal se establece como reclamo la omisión de investigar o realizar actos re investigación solicitados por la defensa del imputado (aquí quejoso) en la carpeta de investigación *, la cual tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación que debe agotar el quejoso antes de solicitar el control de legalidad extraordinario. Así se obtiene del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales,3 dispone que el impacto de omisiones o resoluciones del Ministerio Público, contra las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos (incluso imputados y su defensa), son impugnables ante un juez de control. Esa ruta ordinaria de impugnación debe agotarse previo a la instauración del juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria -el juicio de amparo-. De esa forma lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 28/2018 (10a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 943, que tiene el rubro siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO". .... Por ello se afirma que no solo las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos se encuentran obligados a agotar el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino que además se encuentran vinculados a tal obligación el imputado y su defensor, por lo que están constreñidos a acudir a la ruta ordinaria contra las omisiones del Ministerio Público, desde el inicio de la carpeta de investigación y hasta la eventual conclusión de la misma, en particular impugnarlas ante un juez de control para que este revise la legalidad de esas omisiones, entra las cuales queda comprendida la omisión de proveer respecto de la solicitud del imputado o su defensor de realizar los actos de investigación solicitados. Sobre todo porque el juez de control, en términos del precepto citado, puede ordenar que cesen las omisiones e incluso disponer la emisión de los actos que sean pertinentes a la investigación, para una eventual determinación de la acción penal. Lo cual se obtuvo de la contradicción de tesis 233/2017, que generó el criterio invocado en párrafos anteriores, pues la ejecutoria de la referida contradicción, determinó que a través del juez de control, se mantiene la vigilancia sobre la legalidad y el resguardo de los derechos no solo de las víctimas u ofendidos, sino que también de los propios imputados, por lo que se estableció una ruta ordinaria de impugnación ante cualquier omisión del Ministerio Público, contenida en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Omisiones que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, extendió a la falta de actos para integrar la carpeta de investigación. Tan es así que dentro de dicha ejecutoria la Sala del Alto Tribunal enfatizó que la figura del juez de control -en el sistema penal acusatorio-, es la encargada de supervisar los actos de investigación desplegados por el ministerio público y la de resolver sobre las impugnaciones sobre resoluciones de reserva, no ejercicio de acción penal, desistimiento y suspensión de la acción penal, ello para controlar la legalidad de los actos del ministerio público y resguardar los derechos tanto de los imputados, como de las víctimas u ofendidos4. Por consiguiente, se afirma que el reclamo planteado por el quejoso, contra la omisión de proveer respecto de la solicitud del imputado o su defensor de realizar los actos de investigación solicitados, debe llevarla primero a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el invocado artículo 258, a fin de cumplir el principio de definitividad. En efecto, el quejoso debe agotar la ruta ordinaria de impugnación, contra los actos reclamados en la demanda de amparo; y si la resolución que emitiera el juez de control al examinar las conductas de la responsable, fuera adversa o pudiera transgredir derechos fundamentales previstos en la constitución federal, surgirá la posibilidad de instaurar juicio de amparo indirecto contra esa resolución (del juez de control). Bajo este contexto, se declara que la omisión de proveer respecto de la solicitud del imputado o su defensor de realizar los actos de investigación solicitados, combatidas en la demanda de protección, encuentran una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente, que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, por lo que hace al acto reclamado al juez de control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Norte del Distrito Judicial de Huauchinango, Estado de Puebla, como lo es lo resuelto en audiencia de siete de abril de dos mil veintiuno de dar por concluido el plazo otorgado para la investigación complementaria al ministerio público, en la causa penal *, esta juzgadora federal advierte se actualiza de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Esto es así, ya que previo a la promoción de amparo, el quejoso debió interponer contra la determinación del juez de control el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales ante la inconformidad del quejoso respecto de la determinación que tuvo a bien proveer el juzgador de primera instancia. Lo anterior, dado que es patente que la determinación que tenga a bien dictar el juez con motivo de la conclusión del plazo de investigación complementaria, es una resolución de mero trámite que en primera instancia se emite sin agotar un procedimiento especial, en la que interviene la autoridad judicial y no se otorga a la parte contraria un plazo para contestar o contradecir dicha petición y, por tanto, se resuelve de plano lo conducente. Además, dicho acto reclamado no es privativo de libertad, sino de molestia, por lo que no se está ante la presencia de las excepciones previstas en los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, por lo que contra dicho acto -como se estableció previamente-, procede el recurso de revocación, en términos del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo previamente expuesto, es que se considera se actualiza de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar el acto reclamado al juez de control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Norte del Distrito Judicial de Huauchinango, Estado de Puebla. En esas condiciones, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XVIII del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó el quejoso, porque se encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable. En particular la que opera con el principio de definitividad, pues tanto al acto reclamado al fiscal consistente en la omisión de realizar los actos de investigación solicitados por la defensa, como al diverso adjudicado al juez de control de proveer sobre el cierre del plazo dado a la investigación complementaria, previo a la promoción de amparo, se debió agotar los medios de impugnación previstos en el artículo 258 y 465, previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, respectivamente. Toma de fotografías. Se autoriza desde este momento la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia, pero bajo los lineamientos para el ingreso a los órganos jurisdiccionales, que implican obtener una cita en los términos delimitados por el Consejo de la Judicatura Federal. Publicación de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa al quejoso el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Notificación por despacho al quejoso y autorizados. Del escrito de protección se desprende que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Huauchinango, Estado de Puebla, además señaló un domicilio ubicado en ese mismo municipio para oír y recibir notificaciones. En esas condiciones, en atención a los principios de impartición de justicia pronta y expedita, y evitar mayores dilaciones procesales, la notificación de este acuerdo se ordena llevar a cabo en el centro penitenciario en el que se encuentra. Pero como se dijo inicialmente, dicho centro se encuentra fuera de la residencia de éste órgano jurisdiccional y de la zona conurbada, motivo por el cual se dispone: Con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso a) y 116 de la Ley de Amparo, se ordena librar despacho al Juez Mixto del Distrito Judicial de Huauchinango, Estado de Puebla, para que en auxilio de labores de este juzgado, ordene a quien corresponda, incluso en días inhábiles, se constituya en el referido centro de reclusión para notificar al quejoso este acuerdo. Comunicación con el quejoso. Por otra parte, se tiene como medios de contacto del quejoso el número telefónico y correo electrónico señalados. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran. De modo que las notificaciones que en derecho le correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Bajo este contexto, se determina que el número telefónico y el correo electrónico indicado en el primer acápite de la demanda, habrá de utilizarse en forma exclusiva como medio de contacto, acorde a lo considerado en líneas anteriores, pues la ley de la materia no lo contempla para la práctica de notificaciones personales (el correo electrónico). Acceso al expediente electrónico. Con relación a su solicitud de únicamente dar acceso al expediente electrónico a través del usuario *** se instruye a la secretaria encargada de este juicio, para que busque el indicado usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y en caso de encontrarlo, lo habilite para la consulta den expediente electrónico a la parte quejosa. ... una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Notifíquese; en forma personal al quejoso (en el lugar de su reclusión por despacho, con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.

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