Patricio Jose Roche Millet

Expediente 494/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
494/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
13/01/2022

Partes del expediente

  • Patricio Jose Roche Millet

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán a trece de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Magistrada Primera y Presidenta de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia Del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, mediante el cual solicita le sean devueltas las constancias que precisa en el oficio de cuenta, mismas que acompañaron su informe justificado. Ahora bien, toda vez que mediante proveído de diez de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo de este expediente como asunto definitivamente concluido en términos del artículo 214 de la ley de la materia, se advierte que no existe motivo legal alguno para que continúe al buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado, dichas constancias. En consecuencia, devuélvansele las mismas, mediante atento oficio que al efecto se libre, sin necesidad de acusar el recibo correspondiente. Cúmplase. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de noviembre del dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Magistrado Tercero y Presidente de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, así como las constancias que acompañó al mismo, del que se aprecia que en audiencia celebrada el veintinueve de junio del año en cuso, por el Juez del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, se declaró la extinción de la acción penal ejercitada en contra de Roger Antonio Roche Millet, por el delito de fraude específico, con motivo del perdón otorgado por Patricio José Roche Millet, en su propio y personal derecho y como accionista de la persona moral aquí quejosa y como consecuencia de ello, se decretó el sobreseimiento en la causa penal 289/2019; asimismo, que en la propia audiencia todas las parte intervinientes renunciaron al plazo que les concede la ley para apelar dicho sobreseimiento, por lo cual, se declaró firme, para todos los efectos legales correspondientes; lo que se corrobora con copia certificada de la documentación pertinente, misma que adjuntó la responsable a su informe de ley. Por otra parte, atendiendo a la voluminosidad de las constancias que la autoridad responsable acompañó a su oficio de cuenta, consistente en el expediente original del Toca Penal número 183/2020 del índice de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad, y la copia certificada de las constancias conducentes de la causa penal 289/2019, del registro del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con fundamento en el artículo 23 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, fórmese los anexos correspondientes con las mismas, los cuales estarán a disposición de las partes para su consulta, en la Secretaría de este Juzgado. Ahora bien, en relación con el acto reclamado consistente en la resolución de ocho de marzo de dos mil veintiuno, que revocó lo resuelto en la audiencia intermedia celebrada el nueve de noviembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal número 289/2019, en la que se excluyeron datos de pruebas, entre ellas, la declaración anual del año dos mil quince, las facturas de arrendamiento y contabilidad de la "Plaza Sunkin", relativos a los periodos de enero a diciembre del año dos mil trece y el estado de cuenta bancario número 4024876781 del Banco HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, todas a nombre de la quejosa, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En este sentido, a fin de explicar cómo opera la causa de improcedencia anunciada, es oportuno mencionar que se han realizado exhaustivos estudios por los órganos jurisdiccionales para establecer cómo se considera actualizada, tales como el del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 20/95, entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Noveno Circuito (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, octubre de 1996, páginas 31 a 71), cuyos argumentos retomó casi en su integridad la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 3387/97 (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38), que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En estas resoluciones, se partió del análisis gramatical de la causal de improcedencia referida, precisándose que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" connota lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En este orden de ideas y a mayor abundamiento es oportuno hacer notar que, la propia Sala ha definido el criterio en el sentido de que no es necesario que el acto reclamado sea dejado sin efectos por la autoridad responsable para que opere la improcedencia del juicio que se viene analizando, sino que basta con que sea substituida por otra resolución que derogue la que se impugna, al momento en que se emita la sentencia en el juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 1492, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." En esta tesitura, es evidente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77, ambos de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza por dos hipótesis, a saber: a) por revocación y b) por sustitución -como en el caso acontece-. En efecto, en el primer supuesto se presenta cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos. El segundo opera por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el que se encontraba en suspenso, cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; por ejemplo, cuando se interpone un recurso o medio de defensa contra el acto reclamado, la determinación dictada en aquél sustituye procesalmente el auto o resolución controvertido vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. Lo anterior, porque cuando el acto reclamado ya fue materia de análisis en un medio por el cual se puede lograr su revocación o modificación, y recayó una resolución, la validez o insubsistencia de aquél ya depende de lo resuelto en la nueva determinación: sustituyó procesalmente a la anterior. Entonces, será la nueva determinación, en todo caso, la que podría ser materia del juicio constitucional. En efecto, se afirma que se actualiza dicha causal de improcedencia, toda vez que de las constancias que remitió el Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, se advierte que en audiencia celebrada el veintinueve de junio del año en cuso, por el Juez del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, se declaró la extinción de la acción penal ejercitada en contra de Roger Antonio Roche Millet, por el delito de fraude específico, con motivo del perdón otorgado por Patricio José Roche Millet, en su propio y personal derecho y como accionista de la persona moral aquí quejosa y como consecuencia de ello, se decretó el sobreseimiento en la causa penal 289/2019; asimismo, que en la propia audiencia todas las parte intervinientes renunciaron al plazo que les concede la ley para apelar dicho sobreseimiento, por lo cual, se declaró firme, para todos los efectos legales correspondientes, lo cual en términos de lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, actualiza una causal de improcedencia al haber cambiado la situación jurídica del referido impetrante de amparo, para todos los efectos legales correspondientes; lo anterior, evidentemente, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que nos atañe. Por tanto, de la anterior narrativa claramente se advierte que la resolución de ocho de marzo de dos mil veintiuno, que revocó lo resuelto en la audiencia intermedia celebrada el nueve de noviembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal número 289/2019, en la que se excluyeron datos de pruebas, quedó sustituida por la diversa de veintinueve de junio del año en cuso, emitida por el Juez del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, en la que se declaró la extinción de la acción penal ejercitada en contra de Roger Antonio Roche Millet, por el delito de fraude específico, con motivo del perdón otorgado por Patricio José Roche Millet, en su propio y personal derecho y como accionista de la persona moral aquí quejosa y como consecuencia de ello, se decretó el sobreseimiento en la causa penal 289/2019. Corolario de lo antes expuesto, deviene la materialización del motivo de improcedencia en estudio, dado que, se reitera, las consecuencias jurídicas de la determinación combatida, fueron sustituidas por la resolución que declaró extinguida la acción penal ejercitada en contra Roger Antonio Roche Millet, por el delito de fraude específico, con motivo del perdón otorgado por Patricio José Roche Millet, en su propio y personal derecho y como accionista de la persona moral aquí quejosa y como consecuencia de ello, se decretó el sobreseimiento en la causa penal 289/2019; resultando por ende, inconducente el análisis del acto reclamado por la parte quejosa, al haber dejado de surtir efectos en el proceso penal de origen, En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En las relatadas condiciones, se deja sin efecto la fecha programada para que tuviese verificativo la audiencia constitucional, misma que se encontraba señalada para las diez horas con siete minutos del treinta de noviembre del año en curso. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Finalmente, téngase por señalada la dirección de correo electrónico oficial de esa Primera Sala Colegiada sala.penal.civil@tsjyuc.gob.mx, a través de los cuales se podrán entablar comunicaciones oficiales, que de ser necesario, deberán integrarse al expediente, previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    En Mérida, Yucatán, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de octubre de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida del Secretario Juan Carlos Maiza Hau, con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. La Jueza declara abierta la audiencia. El Secretario hace relación de la demanda y da lectura de las constancias existentes en autos y da cuenta con el registro de oficialía de partes 16768 correspondiente al informe previo rendido por la Magistrada Primera de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, por ausencia accidental del Titular, con sede en esta ciudad. La Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase por rendido en tiempo y forma el informe previo de la autoridad responsable con sede en esta ciudad, ordenándose agregar a los presentes autos incidentales, para ser tomado en consideración al momento de resolver el presente incidente. Por tanto, con fundamento en el artículo 141 de la Ley de Amparo, celébrese la audiencia incidental relativa. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las relacionadas por la parte quejosa en su escrito aclaratorio demanda de amparo y con las relacionadas por la autoridad responsable en su informe previo de cuenta, consistentes en un disco compacto en formato DVD, que contiene el registro de audio y video de la audiencia celebrada el veintinueve de junio del año en curso, por el Juez del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado y en un legajo certificado de copias que contienen el índice cronológico del desarrollo de la referida audiencia (acta mínima); a lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, téngase por admitida las pruebas referidas, la cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, al no existir pruebas pendientes, se cierra este período. Abierto el período de alegatos, se hace constar que las partes no ejercieron este derecho, por lo que la Jueza acuerda tener por cerrada dicha etapa. A continuación, no habiendo diligencia pendiente por desahogar, ni alegato de la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, la Jueza declara cerrada la audiencia y procede a dictar la resolución interlocutoria que sigue: VISTOS, los autos para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo I-494/2021, promovido por "Inmobiliaria Chichén", Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto del Secretario del Consejo de Administración Patricio José Roche Millet, contra el acto que reclama de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por violación a los artículos 1, 14 y 16 constitucionales; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por demanda de amparo presentada el veintitrés de marzo del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito, "Inmobiliaria Chichén", Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto del Secretario del Consejo de Administración Patricio José Roche Millet, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó dar a la Representante Social de la Federación adscrita a este Juzgado la intervención legal que le compete; se solicitó a la autoridad responsable su informe previo; todo lo cual se hizo en sus términos y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental la cual, tiene verificativo este día al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente, para conocer y decidir de la presente suspensión definitiva, conforme a los preceptos 103, fracción I, y 107, fracción X, de la Constitución Federal, 130, de la Ley de Amparo, así como el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto que la parte quejosa "Inmobiliaria Chichén", Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto del Secretario del Consejo de Administración Patricio José Roche Millet, reclamó de la autoridad señalada como responsable, y por el cual solicitó la suspensión definitiva. De manera que el acto que reclama consiste en la resolución de ocho de marzo de dos mil veintiuno, que revocó lo resuelto en la audiencia intermedia celebrada el nueve de noviembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal número 289/2019, en la que se excluyeron datos de pruebas, entre ellas, la declaración anual del año 2015, las facturas de arrendamiento y contabilidad de la "Plaza Sunkin", relativos a los periodos de enero a diciembre del año 2013 y el estado de cuenta bancario número 4024876781 del Banco HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, todas a nombre de la quejosa. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Magistrada Primera de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, por ausencia accidental del Titular, con sede en esta ciudad, al rendir su correspondiente informe previo manifestó que es cierto el acto que por esta vía se le reclama, dado que el ocho de marzo de dos mil veintiuno, ese Tribunal dictó resolución de segunda instancia en el toca penal 183/2020, en la cual, por unanimidad de votos de los Magistrado que integran esa Primera Sala se revocó la determinación recurrida de primera instancia, emitida en audiencia intermedia en fecha nueve de noviembre de dos mil veinte, por el Juez del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, en la que se decretó la exclusión de pruebas correspondientes en relación con la causa penal 289/2019; sin embargo, informa el estado procesal de la referida causa penal de origen, esto es, que en audiencia celebrada el veintinueve de junio del año en cuso, por el Juez del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, se declaró la extinción de la acción penal ejercitada en contra de Roger Antonio Roche Millet, fraude específico (2), con motivo del perdón otorgado por Patricio José Roche Millet, en su propio y personal derecho y como accionista de la persona moral aquí quejosa y como consecuencia de ello, se decretó el sobreseimiento en la causa penal 289/2019; asimismo, que en la propia audiencia todas las parte intervinientes renunciaron al plazo que les concede la ley para apelar dicho sobreseimiento, por lo cual, se declaró firme, para todos los efectos legales correspondientes; lo cual acredita con las pruebas que anexa a su informe previo. En tal virtud, toda vez que el acto reclamado ha quedado insubsistente, toda vez que ya no surten efectos, ni los surtirá dado el sobreseimiento del procedimiento de origen, y por ende, ya no vulnera la esfera jurídica del peticionario de amparo; en tal virtud, no existe materia para proveer sobre la suspensión. Por lo expuesto y considerado, con fundamento en los artículos 140 y 143 de la Ley de Amparo y el diverso 146 de la Ley de Amparo, se establecen los siguientes puntos resolutivos y esta resolutora, R E S U E L V E: ÚNICO. Se declara SIN MATERIA el presente incidente de suspensión respecto del acto reclamado a la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  4. Principal

    Téngase por recibido y agréguese el oficio 1890, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta el testimonio de la ejecutoria pronunciada en autos del toca 84/2021, relativo al recurso de queja interpuesto por la parte quejosa "Inmobiliaria Chichén", Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto del Secretario del Consejo de Administración Patricio José Roche Millet, en contra del auto de ocho de abril de dos mil veintiuno, emitido en el presente juicio de amparo 494/2021; ejecutoria de la que aparece que la citada Superioridad, en su ÚNICO punto resolutivo, declaró FUNDADO el recurso de queja interpuesto. Háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo y acúsese recibo al Tribunal revisor por medio de interconexión. En consecuencia, y en acatamiento a la ejecutoria de cuenta, se procede acordar sobre la admisión de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa por la quejosa "Inmobiliaria Chichén", Sociedad Anónima deCapital Variable, por conducto del Secretario del Consejo de Administración Patricio José Roche Millet, contra actos que reclama de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. En tal razón, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda; por tanto, dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase su informe justificado a la autoridad señalada como responsable el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual la responsable deberá exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe; apercibida que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo hagan sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contenida en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformada y adicionada??????????????? diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten; apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contenida en el artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformada y adicionada diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que obligó a restringir el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, el informe requerido podrá rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo; en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo delconocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Determinación que no depara afectación a las partes, al estar en posibilidad de presentar sus alegatos de manera escrita. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a la autoridad, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, la podrá consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circ uitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de ??????????????? los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Respecto a la agente del Ministerio Público adscrita, es un hecho notorio para esta juzgadora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la ley de Amparo, que en el expediente varios 1/2021 del índice de este juzgado, la licenciada Rossana Rosemary Rosas Ricalde, Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito, proporcionó como correo electrónico para realizarle alguna notificación el siguiente rossana.rosas@pgr.gob.mx; en tal virtud, se ordena notificar a la representante social el presente acuerdo y los subsecuentes que sean necesarios durante la contingencia sanitaria, en el correo electrónico: rossana.rosas@pgr.gob.mx. Ahora, en cuanto a Roger Antonio Roche Millet, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), se estima que le recae el carácter de tercero interesado en este juicio; por tanto, se comisiona al Actuario adscrito a éste órgano jurisdiccional a fin de que proceda a emplazarlo al presente juicio de amparo, con entrega de una copia del escrito de demanda y haciendo de su conocimiento el contenido de este acuerdo, así como informándole que puede comparecer a este juicio con dicho carácter si así conviene a su interés; asimismo, prevéngasele para que en el término de tres días señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndolo que no hacerlo, las subsecuentes notificaciones de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Tribunal. En el entendido, que la anterior notificación deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del citado Acuerdo General 21/2020 relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que establece que cuando la notificación deba practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y???????????????Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Por otro lado, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a las autoridad responsable a que, a la brevedad, proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas que la parte quejosa adjuntó a su escrito aclaratorio de su demanda, las que se admiten y desahogan en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Finalmente, con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, se ordena la apertura del incidente de suspensión solicitado, para lo cual, dese nueva cuenta con dos copias de la demanda que se recepciona. Notifíquese; y personalmente a la parte tercero interesad

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