Patricio Ek Canul
Expediente 1446/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1446/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Patricio Ek Canul
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. De igual forma, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Finalmente, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Notifíquese por lista.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por xxxxxxxxxxx, por su propio derecho, contra un acto que reclama del Actuario adscrito a la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Al respecto, fórmese expediente; y, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado como juicio de amparo 1446/2021-VII. Sentado lo anterior, en el caso, se aprecia un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo cual se estima procedente desechar de plano la demanda de mérito, por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte la existencia de una causal de improcedencia, cuyo estudio es previo y preferente, en observancia a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, este interpretado en sentido contrario, y 217, todos de la Ley de Amparo, respecto del acto que se reclama, consistente en la falta de desahogo de la diligencia fijada para el catorce de julio pasado, relativa al requerimiento a la parte demandada, de las cantidades laudadas en el controvertido 921/2018. En ese sentido tiene exacta aplicación la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, intitulada: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Cabe señalar que, de acuerdo al aludido artículo 113 de la Ley de Amparo, esta Juzgadora Federal debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En efecto, el artículo anteriormente citado impone la obligación al órgano jurisdiccional de examinar, con todo detenimiento, el escrito de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal, que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17 de la Carta Magna, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el caso, en la demanda de amparo que se analiza, se advierte que la parte quejosa reclama del Actuario adscrito a la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la omisión de llevar a cabo la diligencia fijada para el catorce de julio pasado, relativa al requerimiento a la parte demandada, de las cantidades laudadas en el controvertido 921/2018. Sentado lo anterior, se estima que en el caso particular, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, este interpretado en sentido contrario, y 217, todos de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia 1a./J.8/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 478, libro 17, correspondiente al mes de abril de dos mil quince, visible en el Tomo I, Materia Administrativa, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y con registro digital 2008883, atiene exacta aplicación la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, intitulada: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. En ese sentido, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Federal. Por su parte, el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, señala: Artículo 107. El amparo indirecto procede: .IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Del citado precepto legal, se advierte que el juicio de amparo procede, contra actos de tribunales ya sea judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, fuera de juicio o después de concluido, si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Ahora bien, en el caso, el acto que se reclama es la omisión del Actuario responsable, de llevar a cabo la diligencia fijada para el catorce de julio pasado, relativa al requerimiento a la parte demandada, de las cantidades laudadas en el controvertido 921/2018. Pues bien, quien resuelve estima que la omisión de la que se duele la parte quejosa, no es un acto que tenga el carácter de irreparable, pues solo ocasiona una dilación en el procedimiento de origen; la cual se justifica por la pandemia que aqueja al país, con motivo del virus SARS-COVID19, por la que las Juntas Laborales de la entidad, han realizado diversas acciones partiendo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de las autoridades sanitarias, adoptando diversas medidas de prevención, siempre en salvaguarda del derecho a la salud de los usuarios y empleados de las mismas. Siendo que con motivo de lo anterior, los plazos jurisdiccionales y administrativos se han suspendido en varias ocasiones, no sólo por el virtud COVID-19, sino por los días inhábiles o decretados como no laborables en la legislación laboral relativa, aunado a que con motivo de la pandemia, y como medida de cuidado para la salud de los justiciables, se ha restringido la entrada del personal de los órganos laborales, que obliga a trabajar con poco personal, por lo que no puede estimarse una abierta dilación, como para obligar a la autoridad a realizar de inmediato la aludida diligencia. Máxime, que resulta un hecho notorio para esta Juzgadora Federal, que la Junta a la que se encuentra adscrito el fedatario responsable, gozó de su período vacacional del dieciséis al treinta de julio de dos mil veintiuno, por lo que es evidente que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que nos atañe, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, únicamente habían transcurrido doce días hábiles desde la data en que la diligencia en cuestión debió llevarse a cabo, lo que en modo alguno constituye una abierta dilación del procedimiento de ejecución respectivo. E incluso, la parte quejosa se encuentra en aptitud de acudir a las instalaciones que ocupan la Junta de origen, a efecto de agendar una nueva fecha para el desahogo de la diligencia en cuestión. En ese orden, es incuestionable que el acto reclamado no tiene el carácter de irreparable, pues se está ante un retraso y no una abierta y evidente dilación, que constriña a esta Juzgadora Federal a obligar a la responsable a dar contestación al memorial de mérito. En mérito de lo anterior, se concluye que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el precitado artículo 61, fracción XXIII, en relación al 107 fracción IV, en concordancia con el 217, todos de la Ley de Amparo, lo que obliga a desechar la demanda por notoriamente improcedente, con apoyo en el trascrito numeral 113 de la propia ley. Similar criterio fue sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativo del Decimocuarto Circuito, en la ejecutoria pronunciada en el toca 64/2021 de su índice, emitida al resolver el recurso de queja promovido por el promovente del expediente 235/2021, del índice de este órgano judicial. Por otra parte, como lo señala la parte quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda; y como sus autorizadas, a las personas expresamente designadas, con las facultades conferidas. Asimismo, aun y cuando la Ley de Amparo no prevé la notificación a través de correo electrónico; empero, tomando en cuenta las medidas que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia causada por el coronavirus (COVID-19), se ordena notificar a la parte quejosa el presente acuerdo y las subsecuentes que sean necesarios durante la contingencia sanitaria, mediante el correo electrónico que proporcionó la parte quejosa en su demanda de amparo, como de su parte, a fin de evitar poner en riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y del propio promovente, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía. Finalmente, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese personalmente.
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