Patricio Noe Romero Ramirez
Expediente 366/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 366/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 05/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Patricio Noe Romero Ramirez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el escrito suscrito por NANCY EUGENIA MIJANGOS MENDEZ, tercera interesada en el presente juicio de amparo, mediante el cual hace diversas manifestaciones, sin necesidad de hacer pronunciamiento alguno respecto de su contenido en virtud, de que el presente expediente causo ejecutoria el cuatro de agosto de dos mil veintidós, ordenándose el archivo correspondiente del mismo. Por otra parte, en relación a la solicitud de que se tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones en este asunto y por autorizado a la persona que señala, dígasele que se esté a lo ordenado en auto de veinticuatro de mayo pasado. Finalmente, lo anterior se comunica para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que la expresada resolución que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente, es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se sobreseyó en el presente juicio. Asimismo, se hace constar que no obra en autos documento original susceptible de devolución a las partes. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión provisional y la suspensión definitiva del acto reclamado a la responsable, provéase respecto de la destrucción de ambos incidentes; en tal virtud, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 20 del capítulo Octavo del acuerdo antes citado, se determina que el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, son DESTRUIBLES, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario Juan Carlos Maiza Hau, con quien actúa y da fe.
- Principal
Visto, para resolver el juicio de amparo 366/2022-I, promovido por Patricio Noé Romero Ramírez, contra el acto que reclama del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, turno vespertino, con sede en esta ciudad. A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Presentación de la demanda. Por demanda presentada el nueve de febrero de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, turnada el día hábil siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito, Patricio Noé Romero Ramírez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, turno vespertino y Fiscal General del Estado, ambos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Desechamiento de la demanda. Mediante acuerdo de diez de febrero de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo, por advertirse un motivo manifiesto e indudable de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XII, de la Ley de Amparo, y el último en relación con el diverso 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado a contrario sensu; la cual quedó registrada en el Libro de Gobierno bajo el número 366/2022-I. TERCERO. Recurso de queja. Por escrito recibido el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, Patricio Noé Romero Ramírez interpuso recurso de queja en contra del proveído de diez de febrero pasado, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo; el cual fue admitido a trámite por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito y registrado bajo el número de toca 54/2022. CUARTO. Recepción del testimonio de resolución emitido por la Superioridad, separación de juicios y admisión de la demanda. En proveído de tres de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio 2658 del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, por el cual remitió el testimonio de resolución de veintisiete de abril del año en curso dictada en autos del toca de queja 54/2022 de su índice; cuyos resolutivos fueron los siguientes: "PRIMERO.- Se declara fundado el recurso de queja interpuesto por Patricio Noé Romero Ramírez. SEGUNDO.- Se revoca el auto recurrido. TERCERO.- Se ordena a la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán proveer sobre la admisión de la demanda, por cuanto al acto reclamado consistente en el auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno y su ejecución en los términos precisados en la presente ejecutoria. CUARTO.- Se ordena la separación de juicios o acciones de amparo, por cuanto al diverso acto reclamado al Fiscal General del Estado consistente en la integración de una carpeta de investigación formada en contra del quejoso por el delito de desobediencia a un mandato judicial, por lo que se ordena la expedición de copia certificada de la demanda de amparo y su remisión al juzgado de distrito, en turno, a través de la oficina de correspondencia común, para su trámite, en los términos precisados en último considerando de la presente ejecutoria." Por lo que, en atención a lo resuelto por la Superioridad, se decretó la separación de juicios en relación con el acto reclamado del Fiscal General del Estado de Yucatán y se ordenó remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, copia certificada de la demanda de amparo y boleta de turno, a fin de que se procediera a su registro, y hecho lo anterior, se sirviera remitirla al órgano jurisdiccional que legalmente correspondiera, para su trámite y resolución. Asimismo, por cuanto hace al acto reclamado del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, turno vespertino, con sede en esta ciudad, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le competía; y se ordenó emplazar a juicio a la tercera interesada Nancy Eugenia Mijangos Méndez, lo que se realizó en sus términos. QUINTO. Celebración de la audiencia. Seguido el juicio por su secuela procedimental, el uno de julio de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional en este asunto. C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERO. Competencia. Esta Juzgadora Federal es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo conforme a los preceptos 103, fracción l y 107 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, y 37, último párrafo de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que el acuerdo reclamado fue dictado por una autoridad con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, y tiene ejecución en esta capital; donde tiene jurisdicción territorial este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a fin de cumplir con lo establecido en la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda de amparo y no sólo del capítulo que lo refiere; a fin de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con la tesis de rubro' "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que Patricio Noé Romero Ramírez reclama: El acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintiuno dictado en autos de las diligencias de jurisdicción voluntaria 53/2017 de su índice. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, turno vespertino, con sede en esta ciudad, ya que así lo reconoció al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las copias certificadas de las diligencias de jurisdicción voluntaria 53/2017, que la nombrada autoridad responsable remitió como justificación de su informe y oficio 2152/2022, mismas que obran glosadas en autos; las que tienen valor probatorio pleno por ser documentos públicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo; aunado a que no fueron objetadas por las partes. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." CUARTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio de fondo, deben analizarse las causales de improcedencia que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que su estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Debe citarse al respecto la jurisprudencia 814, visible en la página 553, del Tomo VI, relativo a materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra es como sigue: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, la tercera interesada Nancy Eugenia Mijangos Méndez, en su escrito registrado con el número de promoción 11632, señaló que se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción IV, segundo párrafo, del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, ya que el acuerdo impugnado fue dictado en la etapa de ejecución del convenio de pago de alimentos, el cual fue aprobado y elevado a categoría de cosa juzgada en sentencia definitiva. Al respecto, se trae a colación que Patricio Noé Romero Ramírez reclamó en su demanda de amparo el acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintiuno dictado por el Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, turno vespertino, en autos de las diligencias de jurisdicción voluntaria 53/2017 de su índice, mediante el cual hizo efectivo el apercibimiento decretado por auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno y, por ende, consignó el hecho relativo al delito de desobediencia a una autoridad judicial a la Fiscalía General del Estado para que procediera conforme a sus funciones e inscribiera al aquí quejoso en el registro de deudores alimentarios morosos de Yucatán. Asimismo, requirió nuevamente a Patricio Noé Romero Ramírez para que depositara la cantidad de $197,047.09 (ciento noventa y siete mil cuarenta y siete pesos con nueve centavos, moneda nacional) al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado correspondiente al monto del pago de alimentos adeudados y previno a Nancy Eugenia Mijangos Méndez, a fin de que señalara perito para el avalúo del bien embargado. Ahora bien, en el caso a estudio se tiene que el acto acabado de precisar deriva de la ejecución de la sentencia de cinco de abril de dos mil diecisiete dictada en autos del expediente 53/2017, con la cual se aprobó el convenio de guarda y custodia, régimen de convivencia y alimentos suscrito por Patricio Noé Romero Ramírez y Nancy Eugenia Mijangos Méndez, y, en atención a la anuencia de las partes con la citada determinación, con fundamento en los artículos 398 y 400, fracción I, del Código de Procedimientos Familiares para el Estado, declaró que la misma había causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Por consiguiente, al ser una sentencia consentida expresamente por las partes, ésta tiene la misma eficacia y autoridad de la cosa juzgada y, por lo tanto, las partes están obligadas a lo expresamente resuelto y a todas las consecuencias que según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso o a la ley, y su validez y cumplimiento no pueden dejarse al arbitrio de las partes. Precisado lo anterior, se advierte que en el presente caso se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, lo que obliga a sobreseer en el presente juicio de amparo. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado no se encuentra dentro de los actos que son susceptibles de examen en el juicio constitucional, porque no se trata de la última resolución dictada en un procedimiento de ejecución de la sentencia ejecutoriada, pues se trata de un acto dictado fuera de juicio, concretamente en su etapa de ejecución, por lo que el amparo indirecto sólo puede promoverse contra la última resolución dictada en dicho procedimiento. En efecto, los invocados numerales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." En la especie, como se ha dicho, el acto materia del reclamo constitucional, lo constituye el auto en donde se le hizo efectivo el apercibimiento de ocho de noviembre de dos mil veintiuno y se le requirió nuevamente el cumplimiento del pago de los alimentos vencidos, así como el señalamiento de un perito para el avalúo del bien embargado; por lo que, constituye un acto intermedio en el procedimiento de ejecución. De lo anterior, se aprecia que el acto reclamado, no constituye la última resolución dictada en el aludido procedimiento de ejecución de la sentencia ejecutoriada, habida cuenta que de la lectura integral de la fracción IV, del numeral 107 transcrito, se puede advertir una clase específica de procedencia del amparo indirecto, que opera sólo en contra de la "última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución de una resolución definitiva, pudiendo reclamarse en la demanda todas las violaciones cometidas en el propio procedimiento. Circunstancia que presupone normativamente la existencia de una determinación que goza ya del carácter de cosa juzgada, la que por ser de orden público debe cumplirse en forma efectiva. Es por ello que la "última resolución" contra la cual procede el juicio de amparo biinstancial, en términos del numeral de mérito, es aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de dicha resolución definitiva, o bien, la que declara la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento; la que sin duda no la constituye el acuerdo que ahora se reclama, pues ésta no constituye la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Novena Época, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, abril de dos mil uno, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Así, de la exégesis de los anteriores preceptos transcritos, debe interpretarse que para la impugnación de actos dictados en ejecución de una sentencia, es necesario que se reclame "la última resolución", como presupuesto de procedencia de la vía indirecta. Esto es así, porque la intención del legislador al establecer que las violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, sólo pueden ser impugnadas cuando se reclame la última resolución que se dicte, en la fase ejecutiva, es la de evitar los abusos del juicio constitucional, es decir, que las sentencias firmes sean cumplidas, sin que múltiples amparos obstaculicen la ejecución de lo ya resuelto por un órgano materialmente jurisdiccional, por lo que se refleja la importancia de precisar qué se debe entender por "última resolución". En consecuencia, los lineamientos precisados en la legislación adjetiva, así como en la Ley de Amparo permiten concluir que por "última resolución" ha de entenderse aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o bien, en la que se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a dicho fallo. Esa será, entonces, la resolución impugnable en amparo, y no las que la preceden, tendientes a hacer efectiva una sentencia que ya causó ejecutoria; además que el cumplimiento de las sentencias con rango de cosa juzgada, no deben obstaculizarse por ser de interés público. Por tanto, la reparación de los posibles agravios que se le pudieran cometer al sentenciado con la ejecución del fallo, se debe reservar hasta que se clausure ese período de ejecución, es decir, la autoridad del conocimiento tiene que constatar el cumplimiento de lo juzgado, en definitiva, o bien, destacar la imposibilidad material y jurídica de cumplirlo, pudiendo reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas que la hubieren dejado sin defensa. Por lo antes expresado, resulta evidente que en la especie se actualiza la causa de improcedencia citada, porque su esencia consiste en evitar el abuso del juicio de amparo, lo que se evita si no se declara procedente el juicio de amparo contra los diversos autos dictados en el procedimiento de ejecución, sino únicamente contra aquél que determina que se cumplió con la sentencia definitiva, como es el caso, o que no pudo lograrse su cumplimiento por alguna circunstancia. De acuerdo con lo expuesto, podemos concluir que por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente, y que en tratándose de violaciones procesales, esto es, una violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, se podrán reclamar junto con la última resolución antes precisada, puesto que conllevaría perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Así las cosas, en concepto de este Juzgado, el acto reclamado por el promovente no constituye el último acto dictado en la ejecución de la sentencia de referencia, ni tampoco se ubica en alguna de las excepciones para que sea procedente el juicio de amparo de que se trata. Esto se afirma, pues el acto reclamado, por sí mismo, no implica violación a derecho sustantivo alguno, ya que no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento o algún otro con efectos de imposible reparación, el cual, en principio, es un concepto que rige para los actos dentro de juicio y que si bien admite excepción en los procedimientos de ejecución, cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos, esto es siempre y cuando se trate de aquellos que sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Circunstancia en la que no encuadra el acto reclamado, pues no debe pasarse por alto que dicho acuerdo de ejecución no es ajeno a la cosa juzgada y tampoco constituye la última resolución del procedimiento en comento, entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, e incluso la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, lo que en el caso no se acredita que haya ocurrido, mucho menos tiene por finalidad detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como podría ser la excepción de pago de lo sentenciado o de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio celebrado entre las partes. Cabe precisar que las diligencias de jurisdicción voluntaria constituyen actos fuera de juicio, sin embargo, en la especie dentro de dichas diligencias se celebró un convenio que fue aprobado y homologado a la categoría de cosa juzgada, por tanto, el amparo promovido contra actos tendientes a su cumplimiento es improcedente por no tratarse de la última resolución dictada en cumplimiento de dicho convenio, aplicando para ello de manera sistemática tanto el párrafo primero como el segundo de la fracción IV del artículo 107 de la ley de Amparo, interpretado a contrario sensu. Es aplicable al caso, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito al resolver la queja 9/2022 en sesión de treinta de marzo de dos mil veintidós, en un caso análogo al presente e incluso derivado del mismo procedimiento de origen. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV, segundo párrafo, del artículo 107, del propio ordenamiento legal, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley; lo cual impide a esta Juzgadora a realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Patricio Noé Romero Ramírez, contra el acto que reclamó del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, turno vespertino, con sede en esta ciudad, consistente en el acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintiuno; por las razones expuestas en el considerando cuarto| de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Ilse Alpuche Aguilar, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, hasta hoy, trece de julio de dos mil veintidós, fecha en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
- Principal
AVISO DE NOTIFICACIÓN. Visto, para resolver el juicio de amparo 366/2022-I, promovido por Patricio Noé Romero Ramírez, contra el acto que reclama del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, turno vespertino, con sede en esta ciudad. A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Presentación de la demanda. Por demanda presentada el nueve de febrero de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, turnada el día hábil siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito, Patricio Noé Romero Ramírez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, turno vespertino y Fiscal General del Estado, ambos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Desechamiento de la demanda. Mediante acuerdo de diez de febrero de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo, por advertirse un motivo manifiesto e indudable de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XII, de la Ley de Amparo, y el último en relación con el diverso 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado a contrario sensu; la cual quedó registrada en el Libro de Gobierno bajo el número 366/2022-I. TERCERO. Recurso de queja. Por escrito recibido el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, Patricio Noé Romero Ramírez interpuso recurso de queja en contra del proveído de diez de febrero pasado, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo; el cual fue admitido a trámite por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito y registrado bajo el número de toca 54/2022. CUARTO. Recepción del testimonio de resolución emitido por la Superioridad, separación de juicios y admisión de la demanda. En proveído de tres de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio 2658 del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, por el cual remitió el testimonio de resolución de veintisiete de abril del año en curso dictada en autos del toca de queja 54/2022 de su índice; cuyos resolutivos fueron los siguientes: "PRIMERO.- Se declara fundado el recurso de queja interpuesto por Patricio Noé Romero Ramírez. SEGUNDO.- Se revoca el auto recurrido. TERCERO.- Se ordena a la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán proveer sobre la admisión de la demanda, por cuanto al acto reclamado consistente en el auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno y su ejecución en los términos precisados en la presente ejecutoria. CUARTO.- Se ordena la separación de juicios o acciones de amparo, por cuanto al diverso acto reclamado al Fiscal General del Estado consistente en la integración de una carpeta de investigación formada en contra del quejoso por el delito de desobediencia a un mandato judicial, por lo que se ordena la expedición de copia certificada de la demanda de amparo y su remisión al juzgado de distrito, en turno, a través de la oficina de correspondencia común, para su trámite, en los términos precisados en último considerando de la presente ejecutoria." Por lo que, en atención a lo resuelto por la Superioridad, se decretó la separación de juicios en relación con el acto reclamado del Fiscal General del Estado de Yucatán y se ordenó remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, copia certificada de la demanda de amparo y boleta de turno, a fin de que se procediera a su registro, y hecho lo anterior, se sirviera remitirla al órgano jurisdiccional que legalmente correspondiera, para su trámite y resolución. Asimismo, por cuanto hace al acto reclamado del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, turno vespertino, con sede en esta ciudad, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le competía; y se ordenó emplazar a juicio a la tercera interesada Nancy Eugenia Mijangos Méndez, lo que se realizó en sus términos. QUINTO. Celebración de la audiencia. Seguido el juicio por su secuela procedimental, el uno de julio de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional en este asunto. C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERO. Competencia. Esta Juzgadora Federal es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo conforme a los preceptos 103, fracción l y 107 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, y 37, último párrafo de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que el acuerdo reclamado fue dictado por una autoridad con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, y tiene ejecución en esta capital; donde tiene jurisdicción territorial este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a fin de cumplir con lo establecido en la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda de amparo y no sólo del capítulo que lo refiere; a fin de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con la tesis de rubro' "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que Patricio Noé Romero Ramírez reclama: El acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintiuno dictado en autos de las diligencias de jurisdicción voluntaria 53/2017 de su índice. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, turno vespertino, con sede en esta ciudad, ya que así lo reconoció al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las copias certificadas de las diligencias de jurisdicción voluntaria 53/2017, que la nombrada autoridad responsable remitió como justificación de su informe y oficio 2152/2022, mismas que obran glosadas en autos; las que tienen valor probatorio pleno por ser documentos públicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo; aunado a que no fueron objetadas por las partes. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." CUARTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio de fondo, deben analizarse las causales de improcedencia que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que su estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Debe citarse al respecto la jurisprudencia 814, visible en la página 553, del Tomo VI, relativo a materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra es como sigue: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, la tercera interesada Nancy Eugenia Mijangos Méndez, en su escrito registrado con el número de promoción 11632, señaló que se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción IV, segundo párrafo, del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, ya que el acuerdo impugnado fue dictado en la etapa de ejecución del convenio de pago de alimentos, el cual fue aprobado y elevado a categoría de cosa juzgada en sentencia definitiva. Al respecto, se trae a colación que Patricio Noé Romero Ramírez reclamó en su demanda de amparo el acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintiuno dictado por el Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, turno vespertino, en autos de las diligencias de jurisdicción voluntaria 53/2017 de su índice, mediante el cual hizo efectivo el apercibimiento decretado por auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno y, por ende, consignó el hecho relativo al delito de desobediencia a una autoridad judicial a la Fiscalía General del Estado para que procediera conforme a sus funciones e inscribiera al aquí quejoso en el registro de deudores alimentarios morosos de Yucatán. Asimismo, requirió nuevamente a Patricio Noé Romero Ramírez para que depositara la cantidad de $197,047.09 (ciento noventa y siete mil cuarenta y siete pesos con nueve centavos, moneda nacional) al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado correspondiente al monto del pago de alimentos adeudados y previno a Nancy Eugenia Mijangos Méndez, a fin de que señalara perito para el avalúo del bien embargado. Ahora bien, en el caso a estudio se tiene que el acto acabado de precisar deriva de la ejecución de la sentencia de cinco de abril de dos mil diecisiete dictada en autos del expediente 53/2017, con la cual se aprobó el convenio de guarda y custodia, régimen de convivencia y alimentos suscrito por Patricio Noé Romero Ramírez y Nancy Eugenia Mijangos Méndez, y, en atención a la anuencia de las partes con la citada determinación, con fundamento en los artículos 398 y 400, fracción I, del Código de Procedimientos Familiares para el Estado, declaró que la misma había causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Por consiguiente, al ser una sentencia consentida expresamente por las partes, ésta tiene la misma eficacia y autoridad de la cosa juzgada y, por lo tanto, las partes están obligadas a lo expresamente resuelto y a todas las consecuencias que según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso o a la ley, y su validez y cumplimiento no pueden dejarse al arbitrio de las partes. Precisado lo anterior, se advierte que en el presente caso se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, lo que obliga a sobreseer en el presente juicio de amparo. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado no se encuentra dentro de los actos que son susceptibles de examen en el juicio constitucional, porque no se trata de la última resolución dictada en un procedimiento de ejecución de la sentencia ejecutoriada, pues se trata de un acto dictado fuera de juicio, concretamente en su etapa de ejecución, por lo que el amparo indirecto sólo puede promoverse contra la última resolución dictada en dicho procedimiento. En efecto, los invocados numerales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." En la especie, como se ha dicho, el acto materia del reclamo constitucional, lo constituye el auto en donde se le hizo efectivo el apercibimiento de ocho de noviembre de dos mil veintiuno y se le requirió nuevamente el cumplimiento del pago de los alimentos vencidos, así como el señalamiento de un perito para el avalúo del bien embargado; por lo que, constituye un acto intermedio en el procedimiento de ejecución. De lo anterior, se aprecia que el acto reclamado, no constituye la última resolución dictada en el aludido procedimiento de ejecución de la sentencia ejecutoriada, habida cuenta que de la lectura integral de la fracción IV, del numeral 107 transcrito, se puede advertir una clase específica de procedencia del amparo indirecto, que opera sólo en contra de la "última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución de una resolución definitiva, pudiendo reclamarse en la demanda todas las violaciones cometidas en el propio procedimiento. Circunstancia que presupone normativamente la existencia de una determinación que goza ya del carácter de cosa juzgada, la que por ser de orden público debe cumplirse en forma efectiva. Es por ello que la "última resolución" contra la cual procede el juicio de amparo biinstancial, en términos del numeral de mérito, es aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de dicha resolución definitiva, o bien, la que declara la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento; la que sin duda no la constituye el acuerdo que ahora se reclama, pues ésta no constituye la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Novena Época, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, abril de dos mil uno, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Así, de la exégesis de los anteriores preceptos transcritos, debe interpretarse que para la impugnación de actos dictados en ejecución de una sentencia, es necesario que se reclame "la última resolución", como presupuesto de procedencia de la vía indirecta. Esto es así, porque la intención del legislador al establecer que las violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, sólo pueden ser impugnadas cuando se reclame la última resolución que se dicte, en la fase ejecutiva, es la de evitar los abusos del juicio constitucional, es decir, que las sentencias firmes sean cumplidas, sin que múltiples amparos obstaculicen la ejecución de lo ya resuelto por un órgano materialmente jurisdiccional, por lo que se refleja la importancia de precisar qué se debe entender por "última resolución". En consecuencia, los lineamientos precisados en la legislación adjetiva, así como en la Ley de Amparo permiten concluir que por "última resolución" ha de entenderse aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o bien, en la que se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a dicho fallo. Esa será, entonces, la resolución impugnable en amparo, y no las que la preceden, tendientes a hacer efectiva una sentencia que ya causó ejecutoria; además que el cumplimiento de las sentencias con rango de cosa juzgada, no deben obstaculizarse por ser de interés público. Por tanto, la reparación de los posibles agravios que se le pudieran cometer al sentenciado con la ejecución del fallo, se debe reservar hasta que se clausure ese período de ejecución, es decir, la autoridad del conocimiento tiene que constatar el cumplimiento de lo juzgado, en definitiva, o bien, destacar la imposibilidad material y jurídica de cumplirlo, pudiendo reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas que la hubieren dejado sin defensa. Por lo antes expresado, resulta evidente que en la especie se actualiza la causa de improcedencia citada, porque su esencia consiste en evitar el abuso del juicio de amparo, lo que se evita si no se declara procedente el juicio de amparo contra los diversos autos dictados en el procedimiento de ejecución, sino únicamente contra aquél que determina que se cumplió con la sentencia definitiva, como es el caso, o que no pudo lograrse su cumplimiento por alguna circunstancia. De acuerdo con lo expuesto, podemos concluir que por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente, y que en tratándose de violaciones procesales, esto es, una violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, se podrán reclamar junto con la última resolución antes precisada, puesto que conllevaría perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Así las cosas, en concepto de este Juzgado, el acto reclamado por el promovente no constituye el último acto dictado en la ejecución de la sentencia de referencia, ni tampoco se ubica en alguna de las excepciones para que sea procedente el juicio de amparo de que se trata. Esto se afirma, pues el acto reclamado, por sí mismo, no implica violación a derecho sustantivo alguno, ya que no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento o algún otro con efectos de imposible reparación, el cual, en principio, es un concepto que rige para los actos dentro de juicio y que si bien admite excepción en los procedimientos de ejecución, cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos, esto es siempre y cuando se trate de aquellos que sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Circunstancia en la que no encuadra el acto reclamado, pues no debe pasarse por alto que dicho acuerdo de ejecución no es ajeno a la cosa juzgada y tampoco constituye la última resolución del procedimiento en comento, entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, e incluso la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, lo que en el caso no se acredita que haya ocurrido, mucho menos tiene por finalidad detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como podría ser la excepción de pago de lo sentenciado o de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio celebrado entre las partes. Cabe precisar que las diligencias de jurisdicción voluntaria constituyen actos fuera de juicio, sin embargo, en la especie dentro de dichas diligencias se celebró un convenio que fue aprobado y homologado a la categoría de cosa juzgada, por tanto, el amparo promovido contra actos tendientes a su cumplimiento es improcedente por no tratarse de la última resolución dictada en cumplimiento de dicho convenio, aplicando para ello de manera sistemática tanto el párrafo primero como el segundo de la fracción IV del artículo 107 de la ley de Amparo, interpretado a contrario sensu. Es aplicable al caso, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito al resolver la queja 9/2022 en sesión de treinta de marzo de dos mil veintidós, en un caso análogo al presente e incluso derivado del mismo procedimiento de origen. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV, segundo párrafo, del artículo 107, del propio ordenamiento legal, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley; lo cual impide a esta Juzgadora a realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Patricio Noé Romero Ramírez, contra el acto que reclamó del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, turno vespertino, con sede en esta ciudad, consistente en el acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintiuno; por las razones expuestas en el considerando cuarto| de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Ilse Alpuche Aguilar, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, hasta hoy, trece de julio de dos mil veintidós, fecha en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
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