Patricio Ek Canul

Expediente 1539/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1539/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
21/10/2021

Partes del expediente

  • Patricio Ek Canul

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio, el veintisiete de septiembre del año en curso; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos, fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el alegato ministerial signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en el que, por los motivos que expone, solicita por una parte se sobresea en el presente juicio de amparo y por otra, se niegue el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; lo anterior, sin que sea necesario dictar mayor providencia al respecto toda vez que el veintisiete de los cursantes, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Como lo solicita la Fiscal Federal adscrita, con fundamento en el artículo 3 de la citada Ley de Amparo, entréguesele copia certificada de la resolución antes señalada. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, así como las constancias que acompañó al mismo, de las que se advierte que el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, acordó lo conducente respecto al requerimiento de pago y embargo solicitado por la parte quejosa, mediante escrito promovido el tres de marzo de dos mil veintiuno, en autos del juicio laboral de origen 921/2018, de su índice. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda y de las constancias que obran en autos, se advierte que la parte quejosa reclamó medularmente de la Junta responsable, la omisión de acordar su escrito promovido el tres de marzo de dos mil veinte, a través del cual, solicita requerir a la demandada el pago de las cantidades condenadas en el laudo de fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve, o en su caso, proceder a realizar el embargo para tal efecto; lo anterior, en autos del juicio laboral de origen 921/2018, del índice de la responsable. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclamó de la Junta responsable, la omisión de acordar el escrito de la parte quejosa, promovido el tres de marzo de dos mil veinte, a través del cual, solicita requerir a la demandada el pago de las cantidades condenadas en el laudo de fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve, o en su caso, proceder a realizar el embargo para tal efecto; lo anterior, en autos del juicio laboral de origen 921/2018, de su índice. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, adjuntó a su informe justificado, se desprende que el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, acordó lo conducente respecto al requerimiento de pago y embargo solicitado por la parte quejosa, mediante escrito promovido el tres de marzo de dos mil veinte, en autos del juicio laboral de origen 921/2018, de su índice; acuerdo que fue pronunciado con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, que lo fue el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos del proveído atribuido a la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, pues acordó lo conducente respecto al requerimiento de pago y embargo solicitado por la parte quejosa, mediante escrito promovido el tres de marzo de dos mil veinte, en autos del juicio laboral de origen 921/2018, de su índice; acuerdo que fue pronunciado con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, que lo fue el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable, al no acordar su escrito promovido el tres de marzo de dos mil veinte, a través del cual, solicitó requerir a la demandada el pago de las cantidades condenadas en el laudo de fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve, o en su caso, proceder a realizar el embargo para tal efecto; lo anterior, en autos del juicio laboral de origen 921/2018, del índice de la responsable, lo que en el caso se subsana con lo acordado en proveído de veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por otra parte, agréguese únicamente para obre como corresponda el oficio correspondiente al alegato ministerial número 451/2021, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, en el que, por los motivos que expone, solicita se sobresea en el presente juicio de amparo y se niegue el amparo y protección de la justicia a la parte quejosa, dado que en esta propia fecha se está sobreseyendo fuera de audiencia, acorde a los razonamiento expuestos en párrafos precedentes. Finalmente, como lo solicita la Fiscal Federal adscrita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, entréguesele copia certificada de la presente determinación. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, así como las constancias que acompañó al mismo, de las que se advierte que el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, acordó lo conducente respecto al requerimiento de pago y embargo solicitado por la parte quejosa, mediante escrito promovido el tres de marzo de dos mil veintiuno, en autos del juicio laboral de origen 921/2018, de su índice. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda y de las constancias que obran en autos, se advierte que la parte quejosa reclamó medularmente de la Junta responsable, la omisión de acordar su escrito promovido el tres de marzo de dos mil veinte, a través del cual, solicita requerir a la demandada el pago de las cantidades condenadas en el laudo de fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve, o en su caso, proceder a realizar el embargo para tal efecto; lo anterior, en autos del juicio laboral de origen 921/2018, del índice de la responsable. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclamó de la Junta responsable, la omisión de acordar el escrito de la parte quejosa, promovido el tres de marzo de dos mil veinte, a través del cual, solicita requerir a la demandada el pago de las cantidades condenadas en el laudo de fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve, o en su caso, proceder a realizar el embargo para tal efecto; lo anterior, en autos del juicio laboral de origen 921/2018, de su índice. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, adjuntó a su informe justificado, se desprende que el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, acordó lo conducente respecto al requerimiento de pago y embargo solicitado por la parte quejosa, mediante escrito promovido el tres de marzo de dos mil veinte, en autos del juicio laboral de origen 921/2018, de su índice; acuerdo que fue pronunciado con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, que lo fue el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos del proveído atribuido a la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, pues acordó lo conducente respecto al requerimiento de pago y embargo solicitado por la parte quejosa, mediante escrito promovido el tres de marzo de dos mil veinte, en autos del juicio laboral de origen 921/2018, de su índice; acuerdo que fue pronunciado con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, que lo fue el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable, al no acordar su escrito promovido el tres de marzo de dos mil veinte, a través del cual, solicitó requerir a la demandada el pago de las cantidades condenadas en el laudo de fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve, o en su caso, proceder a realizar el embargo para tal efecto; lo anterior, en autos del juicio laboral de origen 921/2018, del índice de la responsable, lo que en el caso se subsana con lo acordado en proveído de veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por otra parte, agréguese únicamente para obre como corresponda el oficio correspondiente al alegato ministerial número 451/2021, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, en el que, por los motivos que expone, solicita se sobresea en el presente juicio de amparo y se niegue el amparo y protección de la justicia a la parte quejosa, dado que en esta propia fecha se está sobreseyendo fuera de audiencia, acorde a los razonamiento expuestos en párrafos precedentes. Finalmente, como lo solicita la Fiscal Federal adscrita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, entréguesele copia certificada de la presente determinación. Notifíquese personalmente.

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