Patricia Palacios Tepate

Expediente 2458/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2458/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
07/01/2022

Partes del expediente

  • Presidente de la Junta Especial Numero Tres de la Local de Conciliacion Y Arbitraje del Estado de Yucatan
  • Patricia Palacios Tepate

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que ya obra glosado el oficio remitido por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (COFEPRIS), y anexo que acompañó, con los que informó lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria concesoria de amparo; y dado que mediante proveído de quince de diciembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con dicha documentación, para que en el término de tres días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado Federal, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obraran en este expediente y de los datos aportados por la responsable, sin que a la presente fecha hubiere hecho manifestación al respecto; consecuentemente, se procede a resolver si, de acuerdo con las constancias de autos, la invocada sentencia concesoria ha sido cumplida, o no; lo antes expuesto encuentra apoyo en lo establecido en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En este sentido, es importante asentar que por sentencia definitiva dictada el once de febrero de dos mil veinte, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión al quejoso Alejandro Ernesto Pulido Puerto. Asimismo, por auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la ejecutoria del Tribunal Colegido en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en la que confirmó la sentencia dictada por este órgano de control constitucional, motivo por el que se requirió a la autoridad responsable que diera cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. De manera que la autoridad responsable estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: ".deberá dejar insubsistente el oficio 193301EL350737, de veintiuno de junio de dos mil diecinueve y, en su lugar, de no advertir alguna irregularidad o causa diversa de improcedencia en cuanto a los requisitos de la solicitud del quejoso, deberá emitir uno nuevo en el que se otorgue la autorización sanitaria para el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (Tetrahidrocannabinol), en conjunto conocido como marihuana, así como las actividades relacionadas como adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar, para su uso y autoconsumo personal del citado estupefaciente." Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que la autoridad responsable, por oficio CAS/DEREPSQ/5435/2020, otorgó al quejoso la autorización correspondiente para realizar las siguientes actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" y del psicotrópico "THC": sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar, así como adquirir legalmente las semillas correspondientes. De ahí que la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, ha dado cabal cumplimiento al fallo protector, cuenta habida que emitió a favor del quejoso, la autorización relacionada con las actividades lúdicas y recreativas relativas a los estupefaciente y psicotrópico antes aludidos. Por tanto, se determina que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el escrito aclaratorio signado por la parte quejosa PATRICIA PALACIOS TEPATE, con el que cumple la prevención realizada en acuerdo de quince de diciembre del año en curso. En consecuencia, vista nuevamente la demanda promovida por la citada parte quejosa, contra actos del PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE YUCATAN, con sede en esta ciudad y otra autoridad, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se aprecia que Patricia Palacios Tepate, acude a esta instancia constitucional a reclamar la falta de emplazamiento al juicio laboral 180/2016, de su esposo que en vida respondió al nombre de Baltazar Elías Castillo Franco, así como sus consecuencias legales, que se traducen en el posible remate del predio quinientos cinco, de la calle trece letra "A" de la Colonia Amalia Solórzano de esta ciudad; lo que reclama en su carácter de albacea de la sucesión del citado Castillo Franco, pero sin que a la fecha se le hubiere conferido tal cargo, ya que bajo protesta de decir verdad manifestó que no obstante promovió el juicio de sucesión intestada, aún no se ha celebrado la audiencia respectiva y por ende, no se le ha designado el cargo de albacea de la sucesión de su extinto esposo. En virtud de lo anterior, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De lo transcrito, se colige que el artículo 5, fracción I, de la ley de la materia, antes transcrito, establece que el juicio de amparo puede ser promovido por quien aduce ser el titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo. Asimismo el diverso artículo 6º, de la Ley de Amparo dispone que el juicio constitucional puede ser promovido por la persona física o moral que sea afectada en su esfera jurídica por el acto reclamado o la norma general, ya sea por sí o por conducto de su representante legal o por su apoderado. Por su parte, el diverso artículo 61, fracción XXIII, del citado ordenamiento legal, establece que como causa de improcedencia, aquellas que resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. De lo hasta aquí expuesto, resulta evidente que, en la especie, Patricia Palacios Tepate carece de legitimación procesal activa para promover el presente juicio de amparo; entendiendo por legitimación procesal activa la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie un juicio y el derecho que se cuestiona se ejercita por quien tiene aptitud de hacerlo. En efecto, de acuerdo con el sistema consagrado en el artículo 107 constitucional y 61, fracción XII, en relación con el 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto jurisdiccional o la ley que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, configurando el interés jurídico que la Ley de Amparo establece para la procedencia del juicio constitucional. Y que a su vez, el amparo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña, pero únicamente en los casos que la ley lo permite expresamente; lo cual refleja que la persona que ocurre al amparo, debe tener legitimación para ello. En la especie, como se precisó, la parte quejosa reclama la falta de emplazamiento de su fallecido esposo Baltazar Elías Castillo Franco, al juicio laboral de origen 180/2016, así como sus consecuencias legales; lo que reclama en su carácter de albacea de la sucesión del citado Castillo Franco, pero sin que haya acreditado tal carácter. Sin embargo, atento a lo aquí analizado en relación con lo que comprende el principio de instancia de parte agraviada, este órgano jurisdiccional concluye que la demanda que se provee no cumple con el mismo, en virtud de haber sido promovida por una persona diversa al titular del derecho subjetivo, que en la especie, al tratarse de una persona fallecida, recaería en quien represente su sucesión. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 36/2005 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Mayo de 2005, página 217, que establece: HEREDEROS PRESUNTOS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, éste sólo puede promoverse por la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y cierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien en sus propiedades o posesiones. En ese tenor, y en atención a que el artículo 24 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco faculta a los herederos a ejercer las acciones, defensas y recursos que correspondan a la masa de la herencia, si no está en funciones el interventor o el albacea de la sucesión, se concluye que quien no sea heredero declarado por la autoridad correspondiente o no esté reconocido como tal y solamente tenga la calidad de presunto heredero carece de legitimación para promover el juicio de garantías en defensa de la masa hereditaria, pues si aún no se le ha reconocido ni declarado el carácter de heredero, ni se le han adjudicado los bienes, no existe la certeza de que ello ocurrirá y tampoco de que de llegar a tener esa calidad, no cederá sus derechos hereditarios a otra persona, antes de la adjudicación o de la división de los bienes; de ahí que en ese supuesto, al ser futuro e incierto, el presunto heredero no podría sufrir un perjuicio de manera concreta, actual, personal, directa e inmediata, en tanto que todavía no es titular de un derecho legítimamente tutelado. Sin que con lo anterior se deje en estado de indefensión a la sucesión de los derechos hereditarios de Baltazar Elías Castillo Franco, en virtud de que a la fecha no se ha designado quien los represente; toda vez que a partir del momento en que se nombre a su representante estará en aptitud de acudir a esta instancia en defensa de sus intereses sin que para ello sea obstáculo la presentación de la demanda que motiva el presente o que Patricia Palacios Tepate haya tenido conocimiento del acto reclamado con anterioridad, pues será hasta que la sucesión tenga legítimo representante que esté en aptitud legar de acudir al amparo. Es de atenderse la tesis VII.2o.C.43 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, página 1904, que señala: DEMANDA DE AMPARO. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA INTERPONERLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL ALBACEA ACEPTÓ EL CARGO, SI CON ANTERIORIDAD A ELLO SABÍA COMO PERSONA FÍSICA DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). De los artículos 1628, 1633 y 1639, fracción VIII, del Código Civil para el Estado, se concluye que si bien es cierto que el albaceazgo es un cargo voluntario, también lo es que, una vez aceptado, se constituye en deber legal su desempeño, por lo que se tiene la obligación genérica de defender y representar el caudal hereditario, quedando sujeto en este aspecto, de ser necesario, a la promoción de juicios para no disminuir la masa hereditaria, a la defensa en juicio de ésta, y a la comparecencia en aquellos procesos iniciados con anterioridad al fallecimiento del autor de la sucesión o la aceptación del cargo de albacea, sin que para esto último sea necesario iniciar un nuevo procedimiento pues, en virtud del albaceazgo, existe entre el autor de la sucesión y éste, una causahabiencia. Ahora bien, dada la obligación de desempeñar el cargo de albacea, desde que tiene conocimiento de la existencia de un procedimiento que involucre a la masa hereditaria, el albacea se encuentra constreñido a comparecer a aquél con dicha calidad motu proprio, so pena de preclusión de los derechos que le permitan una adecuada defensa. En esas condiciones, el cómputo del plazo para promover el juicio de amparo inicia a partir del día siguiente al en que el albacea aceptó el cargo, si con anterioridad a ello sabía como persona física de la existencia del acto reclamado, pues a partir de esa fecha, se cuenta con la legitimación necesaria para ocurrir al juicio constitucional. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso artículo 5°, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso numeral 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de esta Juzgadora, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán; quince de diciembre de dos mil veintiuno Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que la expresada resolución que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el citado inciso y numeral ya citados, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados a las responsables; se determina que el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, son SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo, además de que se tomaron en consideración los lineamientos expuestos por la Dirección General de Archivos. Asimismo, en cuanto al valor jurídico no lo tiene el presente juicio de amparo, ni el incidente de suspensión derivado del presente asunto. Notifíquese.

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