Patricia Sanchez Lopez

Expediente 1007/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1007/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
17/10/2019

Partes del expediente

  • Patricia Sanchez Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Como lo pide-apoderado jurídico de la quejosa - en el escrito de cuenta y toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, hágasele entrega del documento que anexó a su escrito de demanda, previo recibo que se deje en autos, y se tiene por autorizado para tal efecto a la persona que señala. Notifíquese.

  2. Principal

    Como del estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha FENECIÓ el término de cinco días que la ley establece para que la parte interesada y facultada interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de fecha veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve en el que se DESECHÓ de plano la demanda de amparo promovida por -en cuanto apoderado jurídico de -, sin que hicieran uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, como no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita.

  3. Principal

    .CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA.DEL PROVEIDO DE VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE:" Agréguese a sus autos el escrito signado por - en cuanto apoderado jurídico de la quejosa -por sí y en representación de su menor hijo de iniciales -, mediante el cual cumple con la prevención que fue formulada en proveído de once de septiembre en curso. Del análisis integral de la demanda de garantías y escrito aclaratorio de la misma, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: ".Del Juez y del Secretario, ambos del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, el auto de fecha 21 veintiuno de agosto del año en curso, en donde se niega la admisión del recurso de apelación que en tiempo y forma fue interpuesto, en contra del auto dictado por las responsables de fecha 13 trece de agosto del año en curso, con motivo a la negativa a girar oficio al Secretario de Finanzas y Administración, con atención al Director de Recursos Humanos del Gobierno de Estado de Michoacán, para que éste, le hiciera el descuento por pago de alimentos al ciudadano - por la cantidad de $3,311.99 (tres mil trescientos once pesos 99/100 m.n.)". Acto, respecto del cual, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo aplicable, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En efecto, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, porque el juicio de garantías es improcedente cuando proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.). La fracción invocada establece en lo que aquí interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales administrativos de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente; que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. El mencionado -principio de definitividad- supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la parte agraviada en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Del dispositivo transcrito se advierte que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en comento, son los siguientes: a) El acto reclamado debe emanar de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Contra ese acto debe proceder algún medio ordinario de defensa. c) Por medio de ese medio de defensa, el acto reclamado debe ser susceptible de modificación o revocación. Del libelo constitucional, se desprende que ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, se registran las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 844/2015; que mediante auto de trece de agosto del año en curso, la responsable dictó un acuerdo que no le favoreció a la peticionaria de amparo, motivo por el cual promovió recurso de apelación en tiempo y forma; sin embargo, en proveído de trece del propio mes, el juez responsable le negó la admisión del recurso de apelación, acuerdo que ahora se tilda de inconstitucional. Reseñado lo anterior, es pertinente considerar lo que, dispone en el artículo 696, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, a dicho principio, la instancia constitucional en la vía biinstancial contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es improcedente en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. Así tenemos que dicho precepto legal 696 del Código de Procedimientos Civiles, estatuye: "Artículo 696. El recurso de queja tiene lugar: I. Contra el Juez que se niega a admitir una demanda o desconoce de oficio la personalidad o la personería de un litigante antes del emplazamiento; II. Contra la denegación de apelación; y, III. En los demás casos fijados por la ley." Lo anterior es así, ya que se establece el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, como juicio excepcional que, solo es procedente contra aquellas resoluciones que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo, sino solo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios. Así, la determinación dictada en el auto de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, en el juicio de origen, en el que se determinó no admitir el recurso de apelación, es una actuación contra la cual procede un medio ordinario de defensa, como es el recurso de queja, de conformidad con el artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, ya transcrito, medio ordinario de defensa por el cual es factible obtener la confirmación, modificación o revocación del acto atribuido a la autoridad responsable, y de ser el primero de estos supuestos, lograr la modificación o revocación de la medida decretada, y así dar cumplimiento a lo establecido por el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. En efecto, antes de acudir a esta instancia, la parte quejosa debió interponer recurso de queja, toda vez que en la especie, el juez natural dictó un auto en el que decretó la negativa a admitir dicho recurso, promovido por la aquí quejosa - conforme a lo previsto en el artículo 696 de la citada codificación. Cobra aplicación, por analogía, la tesis que se encuentra en la página 211, Tomo XII, Marzo de mil novecientos noventa y tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, Sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, del rubro: "AMPARO, ES IMPROCEDENTE, SI CONTRA EL ACTO RECLAMADO PROCEDE ALGUN RECURSO". Así, del análisis del libelo constitucional y del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se arriba a la conclusión de que en el caso, concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues de éstas se desprende que la determinación de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, fue dictada por un tribunal judicial, como lo es el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, con residencia en Zitácuaro, Michoacán. En este orden de ideas, es evidente que contra la determinación del juez responsable emitida en el ya referido auto de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, procede un medio ordinario de defensa por virtud del cual puede ser modificada o revocada, esto es, el recurso de queja, previsto en el numeral en cita, ya que puede obtenerse la modificación o revocación del mismo. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia visible a fojas 37, Volumen 12, Sexta Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO". Sin que en el caso opere excepción alguna al principio de definitividad, toda vez que el acto que se reclama en esa vía no constituye por sí, un acto privativo de la libertad, ni de los establecidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo; tampoco se trata de orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca requisitos para su disfrute, o que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, o sea una orden de arresto; y no es tercero extraño a procedimiento, pues es parte del juicio de origen; asimismo, la procedencia del recurso de queja, no está sujeta a una interpretación adicional ni el fundamento legal en que se sustenta resulta insuficiente para determinarlo. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la presente demanda de garantías, con fundamento en el artículo 113 del ordenamiento legal antes invocado. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional.";.LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.

  4. Principal

    .CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA.DEL PROVEIDO DE DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE:" Agréguese a su autos el escrito cuenta signado por la quejosa- por sí y en representación de su menor hijo -, mediante el cual realiza manifestaciones respecto al requerimiento de once de septiembre del año en curso; empero, no ha lugar a tenerla por cumpliendo con las prevenciones decretada en dicho auto, dado que se requirió a -, quien compareció en nombre y representación de la impetrante de garantías y su menor hijo antes mencionados y no exhibió documento idóneo para acreditar el carácter con que se ostentaba, lo que resulta de suma importancia para estar en condiciones de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo; consecuentemente, requiérasele nuevamente para que bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo decretado en proveído once de septiembre del presente año, hágase del conocimiento del ocursante que dicho requerimiento subsiste en los términos ahí precisados, para su cabal cumplimiento. En el entendido, que el plazo de cinco días concedido se interrumpe, reanudándose hasta el día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique del presente acuerdo. Lo anterior, y por identidad de razones, tiene sustento a lo anterior, la tesis localizable en la página 1323, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA".";.LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.

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