Patricio Barrera Cerpa
Expediente 761/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 761/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 30/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Patricio Barrera Cerpa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil dieciocho. Como de la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de fecha quince de octubre del presente año, en que se DESECHÓ DE PLANO la demanda de garantías promovida por ********************sin que hiciera uso de tal derecho, en consecuencia, HA CAUSADO ESTADO el proveído de mérito. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora, como del estado de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; toda vez que se desechó de plano la demanda de garantías. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.
- Principal
.CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA POR MEDIO DE LISTA LA PARTE QUEJOSA.. DEL AUTO DE QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:" Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por ********************mediante el cual cumplen con la prevención de cuatro de octubre del año en curso. Ahora, del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "IV.- De las responsables indicadas, reclamo lo siguiente: Providencia precautoria dentro del expediente 1161/2017, decretada por la responsable ordenadora Ciudadano Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, seguida por -, consistentes en dinero que se encuentra en cuentas bancarias de inversión, o de cheques, productos de nómina, así como las joyas, títulos de crédito y valores en general depositados en cajas de seguridad, que se encuentran contratadas con las instituciones de crédito y/o financieras y casas de bolsa, que integran el sistema financiero mexicano, hasta por la cantidad de $1,201,803.53 (UN MILLON DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS TRES MIL PESOS 53/100 MONEDA NACIONAL)" Respecto del acto de autoridad, este Órgano Jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículos 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, que lo conducente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)". Del precepto transcrito en párrafo precedente, se aprecia que el Juicio de Amparo resulta improcedente cuando la Ley que rija el acto reclamado, prevé un medio ordinario de defensa por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. Por ello, debe decirse que el juicio de amparo intentado deviene improcedente, pues a simple vista se aprecia que el quejoso no agotó el principio de definitividad que previo a instar el juicio constitucional, esto es, no hizo valer el recurso ordinario de defensa que prevé la Ley que rige el acto reclamado. Luego, el principio de definitividad en materia de amparo estudiado por la doctrina, recogido en la legislación y perfeccionado por la jurisprudencia, consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo. Así encontramos que respecto de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dicho principio se encuentra contenido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías en aquellos casos en los cuales el particular promueve el juicio constitucional impugnando un acto emanado de dichos tribunales sin haber agotado previamente el recurso ordinario que proceda. Para explicar los alcances de dicha disposición resulta aplicable en lo conducente el criterio establecido en la Jurisprudencia 2001155, de la Primera Sala libro X, publicada en la página 729, Tomo 1, julio de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indica: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL". De la lectura de la fracción en comento y del criterio jurisprudencial trascrito, se desprende que el legislador exige como requisitos para que se actualice la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia que: a) El acto reclamado sea proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el citado precepto. De lo anterior se colige, que el medio de defensa que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por virtud del cual se pueda revocar, nulificar o modificar la determinación impugnada. Expuesto lo anterior, se está en posibilidad de indicar que el acto combatido en la presente vía constitucional no tiene el carácter de definitivo para los efectos del juicio de amparo indirecto, toda vez que respecto de éste procede el recurso de apelación que dispone el artículo 1183 del Código de Comercio, mismo que establece: "Artículo 1183.- En contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos de los artículos 1339,1345, fracción IV, y 1345 bis 1 de este Código. Sin perjuicio de lo anterior, la persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria, puede en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria, solicitar al juez su modificación o revocación, cuando ocurra un hecho superveniente." De la interpretación del precepto transcrito se advierte que el Juez de origen conocerá de los recursos de apelación interpuestos por motivo de las resoluciones que decreten las providencias precautorias. Luego, si el acto reclamado, se hace consistir en las providencias precautorias emitidas dentro del expediente 1161/2017, dictadas por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, mediante las cuales ordenó la retención de bienes a nombre de los aquí impetrantes de garantías, motivo por el cual resulta evidente que en su contra era procedente el recurso de apelación establecido por el artículo 1183 del Código de Comercio, mismo que estaba obligado agotar la parte quejosa antes de instar este medio extraordinario de defensa. Es aplicable en el caso, la jurisprudencia número 37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Así como la jurisprudencia número 40/2018, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que a la letra dice: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El Código de Comercio, en sus artículos 1168 a 1193, establece un sistema completo, expreso y cerrado de medidas cautelares, que sólo comprende las denominadas "providencias precautorias", consistentes en la radicación de persona y la retención de bienes, exclusivamente bajo los supuestos fácticos y jurídicos allí establecidos, y cuya concesión puede impugnarse mediante el recurso de apelación en términos de los preceptos 1183, 1339, 1345, fracción IV, y 1345 Bis 1 de dicho código. En ese sentido, ante la falta de regulación de otro tipo de medidas cautelares distintas a las anteriores, con base en los artículos 1054 y 1063 del código aludido, puede aplicarse supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles a efecto de dictar en los juicios mercantiles las medidas de aseguramiento, para preservar una situación de hecho existente reguladas en este ordenamiento. Ahora bien, el artículo 384 de este último código prevé entre sus enunciados, que no se admitirá recurso alguno contra la resolución que decrete la medida de aseguramiento; sin embargo, esa porción normativa no cobra aplicación de manera supletoria cuando la medida se dicta en el juicio mercantil, pues si en el Código de Comercio se establece la procedencia del recurso de apelación contra las providencias precautorias que regula, ello permite sostener la existencia de un principio de impugnabilidad predicable para toda clase de medidas cautelares como especie, que pudieren dictarse en el proceso mercantil, por lo que la aplicación de la regla supletoria referida sería contraria a ese principio de recurribilidad y, por tanto, no se satisfacen plenamente los requisitos para que opere la supletoriedad de la ley, entre los cuales se contempla precisamente el relativo a que la legislación supletoria sea congruente y no contraríe los principios y bases del ordenamiento a suplir. Así, debe considerarse que contra la resolución que otorga la medida de aseguramiento en un juicio mercantil procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos del artículo 1345, fracción IV, del Código de Comercio, por lo que en observancia al principio de definitividad, ese recurso debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto." Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías formulada por ******************** contra los actos reclamados al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, por la razones que precisadas quedaron en líneas que anteceden. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aunen días y horas inhábiles. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. TRANSPARENCIA. En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. Con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se autoriza al actuario para que realice la notificación encomendada aun en días y horas inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar que se le informe y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente. ";.LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por ********************mediante el cual cumplen con la prevención de cuatro de octubre del año en curso. Ahora, del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "IV.- De las responsables indicadas, reclamo lo siguiente: Providencia precautoria dentro del expediente 1161/2017, decretada por la responsable ordenadora Ciudadano Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, seguida por -, consistentes en dinero que se encuentra en cuentas bancarias de inversión, o de cheques, productos de nómina, así como las joyas, títulos de crédito y valores en general depositados en cajas de seguridad, que se encuentran contratadas con las instituciones de crédito y/o financieras y casas de bolsa, que integran el sistema financiero mexicano, hasta por la cantidad de $1,201,803.53 (UN MILLON DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS TRES MIL PESOS 53/100 MONEDA NACIONAL)" Respecto del acto de autoridad, este Órgano Jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículos 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, que lo conducente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)". Del precepto transcrito en párrafo precedente, se aprecia que el Juicio de Amparo resulta improcedente cuando la Ley que rija el acto reclamado, prevé un medio ordinario de defensa por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. Por ello, debe decirse que el juicio de amparo intentado deviene improcedente, pues a simple vista se aprecia que el quejoso no agotó el principio de definitividad que previo a instar el juicio constitucional, esto es, no hizo valer el recurso ordinario de defensa que prevé la Ley que rige el acto reclamado. Luego, el principio de definitividad en materia de amparo estudiado por la doctrina, recogido en la legislación y perfeccionado por la jurisprudencia, consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo. Así encontramos que respecto de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dicho principio se encuentra contenido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías en aquellos casos en los cuales el particular promueve el juicio constitucional impugnando un acto emanado de dichos tribunales sin haber agotado previamente el recurso ordinario que proceda. Para explicar los alcances de dicha disposición resulta aplicable en lo conducente el criterio establecido en la Jurisprudencia 2001155, de la Primera Sala libro X, publicada en la página 729, Tomo 1, julio de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indica: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL". De la lectura de la fracción en comento y del criterio jurisprudencial trascrito, se desprende que el legislador exige como requisitos para que se actualice la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia que: a) El acto reclamado sea proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el citado precepto. De lo anterior se colige, que el medio de defensa que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por virtud del cual se pueda revocar, nulificar o modificar la determinación impugnada. Expuesto lo anterior, se está en posibilidad de indicar que el acto combatido en la presente vía constitucional no tiene el carácter de definitivo para los efectos del juicio de amparo indirecto, toda vez que respecto de éste procede el recurso de apelación que dispone el artículo 1183 del Código de Comercio, mismo que establece: "Artículo 1183.- En contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos de los artículos 1339,1345, fracción IV, y 1345 bis 1 de este Código. Sin perjuicio de lo anterior, la persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria, puede en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria, solicitar al juez su modificación o revocación, cuando ocurra un hecho superveniente." De la interpretación del precepto transcrito se advierte que el Juez de origen conocerá de los recursos de apelación interpuestos por motivo de las resoluciones que decreten las providencias precautorias. Luego, si el acto reclamado, se hace consistir en las providencias precautorias emitidas dentro del expediente 1161/2017, dictadas por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, mediante las cuales ordenó la retención de bienes a nombre de los aquí impetrantes de garantías, motivo por el cual resulta evidente que en su contra era procedente el recurso de apelación establecido por el artículo 1183 del Código de Comercio, mismo que estaba obligado agotar la parte quejosa antes de instar este medio extraordinario de defensa. Es aplicable en el caso, la jurisprudencia número 37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Así como la jurisprudencia número 40/2018, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que a la letra dice: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El Código de Comercio, en sus artículos 1168 a 1193, establece un sistema completo, expreso y cerrado de medidas cautelares, que sólo comprende las denominadas "providencias precautorias", consistentes en la radicación de persona y la retención de bienes, exclusivamente bajo los supuestos fácticos y jurídicos allí establecidos, y cuya concesión puede impugnarse mediante el recurso de apelación en términos de los preceptos 1183, 1339, 1345, fracción IV, y 1345 Bis 1 de dicho código. En ese sentido, ante la falta de regulación de otro tipo de medidas cautelares distintas a las anteriores, con base en los artículos 1054 y 1063 del código aludido, puede aplicarse supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles a efecto de dictar en los juicios mercantiles las medidas de aseguramiento, para preservar una situación de hecho existente reguladas en este ordenamiento. Ahora bien, el artículo 384 de este último código prevé entre sus enunciados, que no se admitirá recurso alguno contra la resolución que decrete la medida de aseguramiento; sin embargo, esa porción normativa no cobra aplicación de manera supletoria cuando la medida se dicta en el juicio mercantil, pues si en el Código de Comercio se establece la procedencia del recurso de apelación contra las providencias precautorias que regula, ello permite sostener la existencia de un principio de impugnabilidad predicable para toda clase de medidas cautelares como especie, que pudieren dictarse en el proceso mercantil, por lo que la aplicación de la regla supletoria referida sería contraria a ese principio de recurribilidad y, por tanto, no se satisfacen plenamente los requisitos para que opere la supletoriedad de la ley, entre los cuales se contempla precisamente el relativo a que la legislación supletoria sea congruente y no contraríe los principios y bases del ordenamiento a suplir. Así, debe considerarse que contra la resolución que otorga la medida de aseguramiento en un juicio mercantil procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos del artículo 1345, fracción IV, del Código de Comercio, por lo que en observancia al principio de definitividad, ese recurso debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto." Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías formulada por ******************** contra los actos reclamados al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, por la razones que precisadas quedaron en líneas que anteceden. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aunen días y horas inhábiles. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. TRANSPARENCIA. En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. Con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se autoriza al actuario para que realice la notificación encomendada aun en días y horas inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar que se le informe y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
.CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA POR MEDIO DE LISTA LA PARTE QUEJOSA.. DEL AUTO DE CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:" Agréguese al expediente el oficio de cuenta número 13463 signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, mediante el cual devuelve diligenciado en sus términos, el exhorto 637/2018, mismo que se le envió a fin de que se sirviera comisionar a quien corresponde, notificara personalmente el auto de once de septiembre del año en curso, a la parte quejosa -, el primero de ellos por propio derecho y en cuanto representante en común, en tanto que el segundo de ellos en cuanto administrador único de la moral -, lo que así realizó mediante lista el veinticuatro de septiembre del presente año. Acúsese recibo de estilo. Por otra parte, como del estado de los autos se aprecia que se ordenó reservar acordar en cuanto al fondo el cumplimiento de prevención realizado por la parte quejosa mediante escrito de veinticuatro de septiembre del año en curso, hasta en tanto fuera remitido el exhorto enviado a fin de notificar tal prevención, por lo que como ello a la fecha ya aconteció tal y como se aprecia del párrafo que antecede, se procede a proveer lo conducente respecto de dicho ocurso, por tanto, como del escrito en cita, se aprecia que no cumple cabalmente con el requerimiento realizado, prevéngase nuevamente a la parte promovente para que en el término otorgado, cumpla con lo siguiente: ? Deberán especificar el tipo de juicio en el cual refieren fueron dictadas las providencias precautorias a que aluden, esto es, si fueron dictadas dentro de un procedimiento en materia mercantil y/o administrativa y/o agrario, etc., virtud a que únicamente manifiestan que fueron emitidas dentro del expediente 1161/2017, lo anterior por resultar necesario para tramitar el juicio de amparo en que se actúa, y al resultarle el carácter de parte en tal juicio de origen evidentemente que está en condiciones de cumplir con tal prevención. Con el apercibimiento que, de no cumplir con las prevenciones precisadas la demanda de amparo se tendrá por no presentada, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción V del artículo 114 de la Ley de Amparo. En el entendido, que el plazo de cinco días concedido en el auto de prevención, se interrumpe, reanudándose hasta el día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique del presente proveído. Lo anterior, y por identidad de razones, tiene sustento a lo anterior, la tesis número III.2o.A.38 K, localizable en la página 1323, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA. En atención a la finalidad que anima el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, de la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 133, cuyo rubro es: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO.", que no es sino dar oportunidad al quejoso de conocer en forma oportuna y fehaciente cuáles son las deficiencias o irregularidades de su demanda, que no logró solventar mediante el escrito que hubiere presentado con esa intención, es obvio que sin dejar de observar lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, tampoco debe soslayarse lo que prevé el numeral 34, fracción II, de la citada norma, en el sentido de que las notificaciones surten sus efectos el día siguiente al en que se practican, salvo las que atañen a las autoridades responsables. Por ende, al computar el término legal a que se refiere el primero de los preceptos citados, debe estimarse que el plazo de tres días concedido al quejoso para aclarar o subsanar su demanda, se interrumpe por una sola vez, con la presentación del escrito aclaratorio, y se reanuda hasta el día siguiente al en que surte efectos la notificación que se le practique del acuerdo que a ese ocurso recaiga, pues resulta lógico que en ese lapso el interesado no esté en aptitud de hacer precisión alguna, sino que se encuentra en espera de que se le entere legalmente de las razones por las que a pesar de su intento no logró colmar lo requerido para que su demanda no se tenga por no interpuesta, según la prevención inicial." Finalmente, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad.";.LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,550 expedientes
- Patricia Rodriguez Vallejo141/2021
- Patricia Sanchez Lopez1007/2019
- Patricia Tapia Suarez34/2019
- Patricia Tapia Suarez641/2023
- Patricia Torres Lagunas520/2020
- Patricia Y/O Maria Patricia Saucedo Vega1128/2019
- Patricio Quintana Cuevas1061/2021
- Paula Alcaraz Garcia1117/2021
- Paula Bernabe Acevedo334/2018
- Paula Edith Santin Vasquez32/2023
- Paula Michelle Matuz Gutierrez110/2022
- Paulina Aguilera Mendez137/2019