Patricia Paniagua Ortiz
Expediente 870/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 870/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Patricia Paniagua Ortiz
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, a ocho de septiembre de dos mil veintidós. Como según constancia secretarial de cuenta, ha fenecido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintidós de agosto último, que desechó su demanda de garantías, sin que lo haya interpuesto, o manifestado bajo protesta de decir verdad, haberlo hecho directamente ante la superioridad; de tal forma, se declara que dicho auto, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos procedentes. Ahora bien, como de la misma constancia secretarial que antecede, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, haciéndose la observación de que es susceptible de destrucción, pues como ya se dijo, se desechó la demanda de amparo; lo anterior, de conformidad con los artículos 12, 14, y 21 fracción I, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del Acuerdo General en cita. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintidós de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por la parte quejosa en cita, en contra de los actos reclamados al Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; regístrese bajo el número VII-870/2022-J. Ahora, del análisis integral de la demanda se aprecia que la parte quejosa señala como autoridades y actos reclamados, los siguientes: A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN y TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACION Y PERSECUCION DE LOS DELITOS DE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS Y DESAPARICION COMETIDA POR PARTICULARES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, ambos con sede en esta ciudad. "1. El acuerdo de 15 de julio de 2022 dictado dentro de la carpeta de investigación ... notificado a la asesoría jurídica de las víctimas el 25 de julio de 2022. 2. La omisión de entregar a la asesoría jurídica, de manera pronta y expedita, 2 tantos de copias auténticas de la carpeta de investigación que ya habían sido autorizados, así como las constancias electrónicas relacionadas con la carpeta de investigación. 3. La omisión de entregar a la asesoría jurídica, de manera pronta y expedita, las constancias con las cuáles se reconoce la calidad de víctimas a las quejosas, en términos de la Ley General de Víctimas. 4. La omisión de supervisar y controlar la debida diligencia de su inferior jerárquico, la Agente del Ministerio Público ... de manera general en su actuación en la carpeta de investigación ... y, particularmente, respecto del acuerdo de 15 de julio de 2022 dictado dentro de dicha carpeta." JUEZ DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, ACUSATORIO Y ORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. ... "5. El auto de 2 de agosto de 2022 dictado dentro de la causa penal ... 6. La omisión de remitir al órgano jurisdiccional que estimara competente el escrito por el cual la asesoría jurídica solicitó audiencia de revisión de medidas cautelares. 7. Negativa de celebrar audiencia de revisión de medidas cautelares dentro de las 48 horas siguientes a partir de la presentación de la solicitud, dentro de la causa penal ... 8. La omisión de acordar de manera pronta y expedita los escritos presentados los días 15 y 16 de agosto de 2022, dentro de la causa penal ... 9. Omisión de celebrar audiencia de revisión de medidas cautelares dentro de las 48 horas siguientes a partir de la presentación de la solicitud, dentro de la causa penal ... En ese tenor, dado que los actos señalados supralíneas tienen naturaleza distinta y podrían generar implicaciones diversas para cada uno de ellos, con fundamento en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, aplicados en sentido contrario, se decreta la separación de los autos que integran este juicio de amparo, en aras de lograr con efectividad la prontitud en la impartición de la justicia constitucional, contemplada en el artículo 17 de la Constitución Federal. Es aplicable la jurisprudencia consultable en la página 354, Pleno, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro es el siguiente: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA." De igual manera, es sustentable a lo anterior la jurisprudencia 77/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS." Criterios que resultan aplicables, en virtud de que no se contraponen con la Ley de Amparo vigente, de conformidad con su artículo sexto transitorio. Por tanto, el presente expediente de amparo se resolverá únicamente respecto de los actos reclamados al Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y Titular de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, ambos con sede en esta ciudad, en virtud a que son los primeros actos que precisa la parte quejosa. Por tanto, se ordena obtener copia certificada de la demanda y de la presente determinación, a fin de que en un juicio separado se resuelva respecto de los diversos actos reclamados a los Jueces de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. En consecuencia, se ordena remitir lo anterior a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, a efecto de que registre el nuevo expediente que se formará con motivo de la presente separación de autos, y realice el turno correspondiente. En otra parte, respecto de los actos que se dijo serían materia de estudio en el presente asunto, debe decirse que en contra de ellos procede el medio de impugnación previsto en el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, antes de que el quejoso ejercite la acción de control constitucional del juicio de amparo, dado que el legislador ponderó que antes de aperturar el juicio de amparo el gobernado debe agotar todo cuanto medio de defensa ordinario tenga a su alcance a fin de privilegiar el carácter extraordinario que debe tener el juicio de amparo, lo que en la especie no ocurre, porque el acto reclamado no constituye la resolución que hubiere recaído a dicho medio de impugnación, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de ahí que se actualice la improcedencia del mismo conforme a lo establecido en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, si el accionante constitucional no agotó el medio de impugnación ordinario, en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, por lo que el promovente inobservo el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizándose la hipótesis prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es aplicable la jurisprudencia 27/2018, emitida por la Primera Sala, Libro 57, Agosto 2018, Tomo I, pagina 945, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Así como la jurisprudencia 28/2018, emitida por la Primera Sala, Libro 57, Agosto 2018, Tomo I, pagina 943, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad. No es óbice a la determinación anterior, la circunstancia de que pudiera considerarse dicho acto como de ejecución irreparable, ya que aún en contra de ese tipo de actos, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes, a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de los supuestos de excepción al principio de definitividad. Apoya lo anterior, la tesis III.2o.C.4 K (10a.), visible en la página 2113, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO ES INCOMPATIBLE CON EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS ADOPTADA EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA. El principio de definitividad que rige en el juicio de amparo previsto en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, no es incompatible con el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, previsto tanto en el artículo 17 de la Constitución Federal como en el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que el derecho constitucional y legal (derecho interno), no desatiende los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en la citada convención, por el solo hecho de regular que, previo a promover el juicio de amparo, deben agotarse los medios ordinarios que dispone la ley, al contrario, la causa de improcedencia en cita, es objetiva y razonable, dado que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe agotar o sustanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución que le cause perjuicio, por lo que no le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, sino que le permite al gobernado que antes de acudir al juicio de amparo, su impugnación sea analizada y, en su caso, resuelta por la propia autoridad responsable, pues a través de tal medio de impugnación puede modificarse, revocarse o nulificarse la resolución recurrida lo que, incluso, puede conducir a que no se promueva el juicio de amparo pues, mediante la interposición de los recursos ordinarios, se está en la posibilidad de lograr la reparación de los derechos que pudieron haberse violado. Además de que, si el recurrente pudiera acudir directamente ante el tribunal constitucional, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, al generar un retardo generalizado en la administración de justicia; por ende, la mencionada causa de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a ca balidad con el estándar internacional y que, por ende, no configura una denegación de justicia." En otra parte, como lo solicita el promovente, se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro y texto: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga". Asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, expídansele las copias en los términos que precisa para lo cual deberá generar su respectivo código QR, a fin de que se agende una hora y fecha de cita para ello, a la que deberá acudir puntualmente y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El acceso a la cita estará condicionado a que las personas que acudan se identifiquen y registren, además el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. El Código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil, o bien, de manera impresa, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos jurisdiccionales distintos a este juzgado; todo lo anterior acorde con los numerales 3 y 7, tercer párrafo, del Acuerdo General 21/2020 mencionado. Por otra parte, de conformidad con el dispositivo 4 del mismo ordenamiento, se requiere al promovente para que en caso de ser persona vulnerable frente al Covid-19 o con discapacidad, lo haga del conocimiento de este juzgado, a fin de prestarle la atención respectiva en los espacios accesibles establecidos por la administración del edificio sede en que se ubica este órgano jurisdiccional. Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías presentada, por la razones que precisadas quedaron en líneas que anteceden. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Se le tiene señalando únicamente como medio de contacto el correo electrónico ..., así como el teléfono celular .... Finalmente, se ordena a la Analista Jurídico (SISE) dar de alta al promovente con su nombre de usuario -..., en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que por este medio se le realicen las notificaciones y tenga acceso al expediente electrónico, autorizando únicamente para tal efecto a las personas que refiere, virtud a que las mismas no se encuentran dentro del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en el entendido de que el mismo es un trámite de carácter personal. Notifíquese personalmente.
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