Patricia Torres Lagunas

Expediente 520/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
520/2020
Año
2020
Actuaciones
18
Última actuación
25/06/2021

Partes del expediente

  • Patricia Torres Lagunas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán a veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Como de la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interesadas y facultadas interpusieran el recurso de revisión, en contra del proveído que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de garantías promovido por -; sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno o manifestado a este juzgado bajo protesta de decir verdad, haberlo hecho directamente ante la Superioridad; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, ha causado estado. Hágase las anotaciones en el Libro de Gobierno. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que no se asentó el término para que las autoridades señaladas como responsables se inconformaran con dicho proveído, toda vez que, el sentido del auto que puso fin al presente juicio, en nada afecta el interés legítimo para sostener el acto reclamado por medio del recurso de revisión, que en su caso se interponga, toda vez que en el juicio se sobreseyó y únicamente afecta su sentido a la parte quejosa, de quien ya quedó asentado que no interpuso tal recurso. Sirve de apoyo a la anterior determinación la Tesis Jurisprudencial número 74, publicada en la Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 83, Noviembre de 1994, Página: 84, que a la letra dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente." Por otra parte, como del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, haciéndose la observación que el juicio en que se actúa es susceptible de destrucción, así como el duplicado de los cuadernos incidentales, mientras que el original es susceptible de depuración, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; pues se decretó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, y se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Finalmente, toda vez que resulta innecesario que obren en autos las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil número - del índice del Juzgado responsable, se ordena devolverlas, en el entendido que de no acusar recibo de las mismas, dentro del término de tres días legalmente computados, se dará por hecho que las recibió a entera satisfacción.

  2. Principal

    Como de la constancia secretarial de cuenta, se advierte que en proveído de veinte de octubre de dos mil veinte (fojas 41-42), este órgano jurisdiccional tuvo al Juez Segundo Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, y Actuario de su adscripción, por rendido su informe justificado en el que refirieron que en data cinco de octubre anterior, dentro del juicio ejecutivo mercantil número -, de donde deriva el acto reclamado, la parte actora ratificó el escrito de manifestación de pago, se dio por pagada de todas y cada una de las prestaciones reclamadas, y el Juez responsable declaró concluido dicho asunto, lo que se corrobora con las copias certificadas que adjuntó a su informe. Ahora, precisado lo anterior el suscrito estima que en el particular se actualiza la causa de improcedencia prevista y contemplada en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, para lo cual, se estima hacer las siguientes consideraciones: Del análisis de las constancias de referencia, se advierte que dentro del juicio ejecutivo mercantil número -del índice del Juez responsable, en data cinco de octubre de dos mil veinte, la parte actora ratificó el escrito de manifestación de pago y se dio por pagada de todas y cada una de las prestaciones reclamadas. Ahora bien, toda vez que el juicio que nos ocupa fue promovido contra el siguiente acto: ".ACTO RECLAMADO.- Por esta vía constitucional me permito reclamar de la autoridad señalada como responsable el auto de fecha 19 diecinueve de agosto del año 2020 dos mil veinte, dictado dentro de los autos del juicio Ejecutivo Mercantil número -, promovido por los señores -, ante el juzgado Segundo Menor Civil en esta Ciudad de Morelia, acuerdo del cual obtuve imagen tomada con teléfono celular, de la cual exhibo la impresión, acuerdo a través del cual se decreta embargo a bienes del propio -, siendo que, los bienes muebles que se encuentran al interior del domicilio de esta persona que le es arrendado por la suscrita, son de mi única y exclusiva propiedad, atento al contrato de arrendamiento respecto de la CASA HABITACIÓN AMUEBLADA QUE SE UBICA EN EL NÚMERO -, y en el contenido del contrato de arrendamiento que se agrega, se encuentra la relación de los bienes muebles que conforman el mobiliario arrendado conjuntamente con el inmueble." Sin embargo, debe decirse que en el caso ya cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la ley de amparo, por las consideraciones siguientes: El numeral en comento dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente:. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, en virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de sus derechos fundamentales. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de sus derechos fundamentales desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera de la impetrante de amparo, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica de la peticionaria es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura del anterior criterio se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y, esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos ochenta y dos, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." Hechas las consideraciones anteriores debe decirse que si de la demanda de amparo, se desprende que la quejosa reclamó al Juez Segundo Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial y Actuario de su adscripción, el auto de diecinueve de agosto dos mil veinte, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil -, en el cual se decretó el embargo a bienes de-, y su ejecución, y si de las constancias aportadas por las autoridades en mención se desprende que en data cinco de octubre de dos mil veinte, dentro del sumario de origen, de donde deriva el acto reclamado, la parte actora ratificó el escrito de manifestación de pago, se dio por pagada de todas y cada una de la prestaciones reclamadas, asimismo, se declaró concluido dicho asunto, como consta de autos; resulta incuestionable que han cesado los efectos de los actos reclamados. En ese sentido, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. -Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, programada para las diez horas con veinte minutos del siete de junio del presente año, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento, por tanto, se deja sin efectos la referida audiencia. Por esa razón, procede citar respecto a la validez de sobreseer en el juicio, previo al verificativo de la audiencia constitucional, la tesis de jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Como de la constancia secretarial de cuenta, se advierte que este órgano jurisdiccional ha girado oficios a las diferentes instituciones Vocal del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, CFE Suministrador de Servicios Básicos División Comercial Centro-Occidente, Director de Teléfonos de México, Director del Registro Público de la Propiedad Raíz del Estado, y Director del Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento, todos residentes en esta ciudad, para indagar el domicilio particular de -, en cuanto endosatario en propiedad de la moral -, y no ha sido posible localizar a la parte tercera interesada a efecto de emplazarle al presente juicio; atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, proporcione el domicilio correcto y actual del terceros en mención, para estar en condiciones de emplazarle al presente juicio. En el entendido que en su oportunidad, se le mandará emplazar mediante edictos a costa de la impetrante de amparo, en términos de lo previsto en el diverso precepto 27, fracción III, último párrafo del inciso b) de la Ley de Amparo. En torno al emplazamiento por edictos a costa de la parte la quejosa, ésta tiene expedito su derecho para manifestar la causa que, en su caso, pudiese impedir cumplir con la publicación de los mismos. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. En términos del artículo 5, fracción II, del referido Acuerdo General 21/2020, la audiencia constitucional se llevará a cabo a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, para lo cual se hace de su conocimiento que en caso de ofrecer pruebas o formular alegatos, para ser considerados en la audiencia, resulta necesario que presenten de manera física los escritos correspondiente ante la Oficialía de Partes Común hasta un día antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lo anterior tomando en consideración que ante la pandemia el personal de este Juzgado sólo puede recoger las promociones presentadas hasta el final del día, por lo que si la presentan en ese lugar el día de la audiencia sería extemporáneo porque se acordaría hasta el día siguiente cuando ya se habrá celebrado la audiencia constitucional; sin embargo, tales promociones, con la finalidad de que puedan ser consideradas en la audiencia podrán ser presentadas de manera electrónica si desean hacerlo el mismo día de la audiencia siempre y cuando sea previo a la hora señalada para su verificativo, apercibida que de no hacerlo en los términos precisados, la promoción relativa se acordará con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Como de la constancia secretarial que antecede, se aprecia que el Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, licenciado Salvador Martínez Calvillo, se encuentra de licencia de carácter personal; en consecuencia, para dar margen a que se reincorpore, SE DIFIERE la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo. En términos del artículo 5, fracción II, del referido Acuerdo General 21/2020, la audiencia constitucional se llevará a cabo a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, para lo cual se hace de su conocimiento, que en caso de ofrecer pruebas o formular alegatos, para ser considerados en la audiencia, resulta necesario que presenten de manera física los escritos correspondientes ante la Oficialía de Partes Común un día antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia, lo anterior tomando en consideración que ante la pandemia el personal de este Juzgado solo puede recoger las promociones presentadas hasta el final del día, por lo que si la presentan en ese lugar el día de la audiencia sería extemporáneo porque se acordaría hasta el día siguiente cuando ya se habrá celebrado la audiencia constitucional; sin embargo, tales promociones, con la finalidad de que puedan ser consideradas en la audiencia podrán ser presentadas de manera electrónica si desean hacerlo el mismo día de la audiencia siempre y cuando sea previo a la hora señalada para su verificativo, apercibidas que de no hacerlo en los términos precisados, la promoción relativa se acordará con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese.

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