Patricia Leonor Rejón Gonzáles
Expediente 1059/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1059/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Patricia Leonor Rejón Gonzáles
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
En Mérida, Yucatán, a las diez horas con treinta y un minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 1059/2023-VI, promovido por ********************, estando presente la licenciada Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, la Jueza declara abierta la audiencia y se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. El Secretario de Juzgado hace relación de la demanda, constancias de autos e informes justificados rendidos por el Director de Seguridad Pública y Tránsito de Progreso, Yucatán, los cuales obran agregados a los presentes autos. Seguidamente la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos en tiempo y forma los informe de ley de la citada autoridad para ser tomado en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la documental, la instrumental y la presuncional en su doble aspecto, legal y humano, ofrecidas por la parte quejosa; asimismo, se da cuenta con las documentales remitidas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado en relación con el escrito inicial de demanda. En mérito de lo anterior, la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas relacionadas, por lo que se tienen por desahogadas en virtud de su naturaleza jurídica y se tomarán en cuenta al resolver, con lo cual, se cierra dicha etapa. Abierto el período de alegatos, se da cuenta con el pedimento de la Agente del Ministerio Público adscrita y por otro lado, se hace constar que la parte quejosa no los formuló; por lo que, la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por formulado el pedimento de la representación social para ser tomado en cuenta como corresponda y por, perdido el derecho de la parte quejosa para formular alegatos. A continuación, no habiendo diligencias pendientes por desahogar, la Jueza declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. Visto, para resolver el presente juicio de amparo número 1059/2023-VI promovido por ******************** contra los actos que reclamó del Director de Seguridad Pública y Tránsito de Progreso, Yucatán y de otra autoridad, por considerarlos violatorios de los artículos 8 y 14 constitucionales; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. La demanda de amparo fue presentada el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito, en la que ******************** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó del Director de Seguridad Pública y Tránsito de Progreso, Yucatán y del Juez de Vialidad de dicha Secretaría. SEGUNDO. TRAMITE DEL JUICIO. En auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó dar a la representante social de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, todo lo cual se hizo en sus términos. En auto de once de agosto de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la ampliación de la demanda instada por la parte quejosa contra los nuevos actos reclamados atribuidos a las mismas autoridades responsables; por lo que se requirieron nuevamente los correspondientes informes y, previos diferimientos, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo este día, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número y jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 8/2013 del propio Pleno del Consejo citado, por reclamarse en el presente asunto un acto de una autoridad laboral que tiene ejecución en esta demarcación donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de determinar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal; acorde con la tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Por tanto, de una revisión integral de la demanda de amparo se desprende que, los actos reclamados son los siguientes: 1. La falta de respuesta a los memoriales presentados por la parte quejosa el veintidós de agosto de dos mil veintidós, doce de diciembre de dos mil veintidós y cuatro de enero de dos mil veintitrés, relativos al recurso de revisión interpuesto contra la boleta de infracción 3221, de ocho de agosto de dos mil veintidós. 2. La diligencia de notificación del oficio DSPT/JUR/268/2022, que contiene la resolución del recurso de revisión de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, emitida por el Director de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Progreso, Yucatán. 3. El oficio DSPT/JUR/268/2022, que contiene la resolución del recurso de revisión de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, emitida por el Director de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Progreso, Yucatán. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS DE UNA AUTORIDAD. La autoridad responsable denominada Juez de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Progreso, Yucatán fue omisa en rendir sus informes justificados a pesar de encontrarse debidamente notificada de los oficios 15944/2023 de veintiocho de junio de dos mil veintitrés y 19484/2023 de once de agosto de dos mil veintitrés, tal y como se aprecia de las constancias de notificación respectivas que obran en autos. Ahora bien, no obstante que el artículo 117 de la Ley de Amparo prevé que en este supuesto resulta procedente presumir la existencia de los actos reclamados, lo cierto es que de la revisión de las constancias que integran el expediente de este juicio, se advierte que, en un primer término, los escritos a que hace referencia la parte quejosa fueron presentados ante la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Progreso y que la resolución y su notificación también reclamadas fueron emitidas por el Director de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Progreso, Yucatán. Por tanto, resulta claro para esta resolutora federal que el citado Juez de Vialidad señalado como autoridad responsable no tuvo intervención alguna en el acto de omisión reclamado y en la posterior resolución y notificación ahora combatidas. De ahí que deban considerarse inexistentes los actos que se le atribuyen y, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, decretar el sobreseimiento en el juicio por lo que a dicha autoridad corresponde. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir sus informes con justificación, el Director de Seguridad Pública y Tránsito de Progreso, Yucatán aceptó la existencia de los actos reclamados que se le atribuyeron; por tanto procede tenerlos por ciertos para efectos de esta resolución. QUINTO. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo deben ser analizadas en forma previa, por tratarse de una cuestión de orden público en el juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 814, que dice: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Ahora bien, esta Juzgadora Federal advierte que, respecto del acto reclamado consistente en la falta de respuesta a los memoriales presentados por la parte quejosa el veintidós de agosto de dos mil veintidós, doce de diciembre de dos mil veintidós y cuatro de enero de dos mil veintitrés, relativos al recurso de revisión interpuesto contra la boleta de infracción 3221, de ocho de agosto de dos mil veintidós, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es preferente, la cual establece literalmente, lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Al respecto, es conveniente señalar que conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se estima que para que se actualice la citada la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, de las constancias que integran este juicio, las cuales tienen pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como ya se dijo, se advierte que la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable la falta de respuesta a los memoriales presentados por la parte quejosa el veintidós de agosto de dos mil veintidós, doce de diciembre de dos mil veintidós y cuatro de enero de dos mil veintitrés, relativos al recurso de revisión interpuesto contra la boleta de infracción 3221, de ocho de agosto de dos mil veintidós. Sin embargo del anexo que se acompañó al informe justificado respecto, se advierte que el veintiuno de julio de dos mil veintitrés, el Director de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Progreso, Yucatán emitió una resolución en la que declaró improcedente el recurso de revisión administrativo interpuesto por la parte quejosa contra la boleta de infracción 3221, de ocho de agosto de dos mil veintidós. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la misma ya se ha pronunciado sobre el fondo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa y al cual se refirieron los tres escritos cuya falta de atención dieron origen a este juicio de amparo, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Robustece lo anterior, la jurisprudencia siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. 1 En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento, fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo por lo que respecta al acto reclamado consistente en la falta de respuesta a los memoriales presentados por la parte quejosa el veintidós de agosto de dos mil veintidós, doce de diciembre de dos mil veintidós y cuatro de enero de dos mil veintitrés, relativos al recurso de revisión interpuesto contra la boleta de infracción 3221, de ocho de agosto de dos mil veintidós, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la propia legislación Ahora bien, respecto del diverso acto reclamado consistente en el acta de notificación del oficio DSPT/JUR/268/2022, que contiene la resolución del recurso de revisión de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, emitida por el Director de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Progreso, Yucatán, se advierte que respecto de dicho acto se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 77, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que se traduce en la imposibilidad de concretar los efectos del fallo protector, en mérito de las razones que se exponen a continuación. En efecto, en el caso la quejosa reclama que el Director de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Progreso, Yucatán notificó de forma ilegal el oficio DSPT/JUR/268/2022, que contiene la resolución del recurso de revisión de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, emitida por el Director de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Progreso, Yucatán, lo que genera afectación en sus derechos al producirle indefensión ante el indebido conocimiento de la resolución pronunciada. No obstante, se afirma que en la especie se surte la causa de improcedencia en estudio, toda vez que, aun cuando se estimaran vulnerados los derechos fundamentales de la quejosa con motivo del acto reclamado, no se podría restituirle en el goce de los mismos. Ello, debido a que en la especie, el efecto de una posible concesión de amparo sería para que la autoridad responsable dejara sin efecto la diligencia de notificación y ordenara que esta fuera realizada nuevamente apegándose a los lineamientos legales establecidos para ello con el objetivo de que la parte quejosa tenga un debido conocimiento de la resolución dictada y, en su caso, se encuentre en aptitud de promover lo que a su derecho corresponda en caso de que esta se oponga a sus intereses. Sin embargo, tal y como se advierte de las constancias que obran en autos, en el escrito de ampliación se señaló junto con el acto reclamado que ahora se analiza la resolución dictada por el Director de Seguridad Pública y Tránsito responsable, e incluso se tiene que la propia quejosa refirió encontrarse debidamente enterada de la aludida comunicación con base en la notificación que de ella realizó este órgano jurisdiccional. De ahí que se estime que los efectos de una posible concesión del amparo no pueda ejecutarse en sus efectos puesto que la parte quejosa, para este momento, ya se encuentra debidamente enterada de la resolución que se le pretendió comunicar al grado de que contra ella amplió su demanda inicial. Lo anterior, evidencia que en caso de analizarse en esta resolución la notificación del oficio señalado también como acto reclamado y de declarase ilegal, la sentencia ya no podría ejecutarse sus efectos, dado que para este momento la parte quejosa ya se encuentra debidamente entrada de la resolución cuya diligencia de notificación ahora combate. Por ello, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente asunto, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 77, interpretado en sentido contrario, de la propia Ley, debido a la imposibilidad de concretar los efectos del fallo protector. Resulta aplicable al caso en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número 2ª./J. 7/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, febrero de 1997, página 281, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: IMPROCEDENCIA. SE PRESENTA EN EL AMPARO CUANDO ES IMPOSIBLE RESTITUIR AL QUEJOSO EN EL GOCE DE SU GARANTÍA CONSTITUCIONAL VIOLADA. Cuando se reclame un acto de autoridad que se funde en dos ordenamientos distintos, cualquiera de los cuales puede sustentarlo por sí solo, y únicamente se impugne uno de ellos, el juicio de garantías es improcedente de conformidad con lo ordenado por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por el artículo 80 del mismo ordenamiento, toda vez que aun en el caso de que se declarara la inconstitucionalidad del ordenamiento impugnado, no sería posible restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada porque el acto reclamado seguiría subsistiendo sustentado por el diverso ordenamiento que no se combatió". En las relatadas condiciones, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo con apoyo en el artículo 63, fracción V, al actualizarse las hipótesis de improcedencia previstas en la fracción XXIII, en relación con el artículo 77, ambos de la Ley de Amparo. Se cita como apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 187, Tomo VI, Apéndice 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 197245, que señala: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. En consecuencia, al haberse concretado la causal de improcedencia invocada, lo que procede es sobreseer en el presente juicio constitucional por lo que respecta al acto reclamado consistente en la diligencia de notificación del oficio DSPT/JUR/268/2022, que contiene la resolución del recurso de revisión de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, emitida por el Director de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Progreso, Yucatán. Ahora bien, al no existir diversa causal de improcedencia alegada por alguna de las partes o advertida de manera oficiosa por esta Juzgadora, se procede al estudio de fondo del restante acto reclamado. SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. Los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa merecen el estudio siguiente: La parte quejosa refiere en sus conceptos de violación que la actuación de la autoridad responsable en el dictado del oficio DSPT/JUR/268/2022, que contiene la resolución de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, emitida por el Director de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Progreso, Yucatán respecto al recurso de revisión interpuesto contra la boleta de infracción 3221, de ocho de agosto de dos mil veintidós, es irregular, pues no obstante que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán establece un tiempo máximo para emitir una resolución, dicha autoridad únicamente actuó con motivo de la promoción del presente juicio de amparo y, además resolvió en sentido negativo a sus pretensiones, no obstante el tiempo trascurrido desde la interposición. Señala que debido a que la respuesta se emitió fuera del plazo de tres meses a que se refiere la mencionada legislación secundaria, debió emitirse una resolución que, en sentido tácito, sea favorable a sus pretensiones; sin embargo, refiere que la finalidad de que la autoridad hubiere declarado improcedente su recurso es la de desgastarlo y que se le obligue a acudir a un procedimiento administrativo con el tiempo que ello implica no obstante saber que le asiste la razón ente el recurso de revisión interpuesto en tiempo y forma. De forma que considera el actuar de la responsable torna ilusorio la finalidad del recurso de revisión contra el pago de la multa impuesta que tuvo que liquidar para poder acudir a dicho medido de defensa. Analizados los argumentos de la parte quejosa se determina que resultan infundados y por ende son insuficientes para obtener la protección constitucional solicitada. En un primer término, debe señalarse que este asunto se rige por el principio de estricto derecho, pues la parte quejosa no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de suplencia a que se refiere el artículo 79 de la Ley de Amparo, por lo que esta juzgadora se encuentra ceñida al análisis de los argumentos invocados por la parte quejosa en sus conceptos de violación. En un primer término resulta necesario establecer la naturaleza y objeto de la afirmativa y de la negativa ficta conforme a la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán, que establece en su artículo 18, que salvo disposición expresa, las autoridades administrativas deben resolver las peticiones que les sean presentadas dentro de los tres meses contados a partir del día hábil siguiente al día en que fue presentada. Y que una vez transcurrido el plazo, si la autoridad administrativa no ha emitido la resolución correspondiente operará la afirmativa o la negativa ficta. Asimismo, establece en su numeral 19 que una vez que opere la afirmativa o negativa ficta, debe notificarse de oficio a la autoridad competente o al superior jerárquico del servidor público que dio origen al silencio administrativo, la existencia de la misma para que, en su caso, se apliquen las sanciones administrativas establecidas en la Ley de Responsabilidades. Ahora bien, tanto la negativa como la afirmativa ficta, conforme a los numerales 20 y 23 de la referida legislación, operan ante el silencio de la autoridad administrativa de emitir una resolución de manera expresa, dentro de los plazos previstos por los ordenamientos jurídicos aplicables al caso concreto y, según una u otra, tal y como lo refieren sus denominaciones, se entiende que se resuelve lo solicitado por el particular en sentido positivo o contrario a sus pretensiones. En el caso de la negativa ficta, se señala que cuando esta opere por silencio de la autoridad administrativa, el interesado podrá interponer el recurso de revisión o bien, intentar el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Administrativo Estatal. Ahora, en relación con el recurso administrativo de revisión, se establece en el artículo 126 del propio cuerpo normativo, que es procedente contra los actos y resoluciones de las dependencias y entidades, que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente. Y que contra la resolución definitiva que se emita en el recurso administrativo de revisión, el afectado podrá acudir en juicio contencioso administrativo ante el Tribunal. Ahora, en el numeral 141 de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos analizada, se precisa que la parte recurrente podrá esperar la resolución expresa o impugnar en cualquier tiempo la presunta confirmación del acto impugnado. De donde se puede interpretar sin lugar a dudas que en el supuesto de que la autoridad administrativa exceda el plazo de tres meses con los que cuenta para resolver el recurso, operará una negativa ficta en cuanto a las pretensiones de la parte recurrente, quien no tendrá que esperar hasta el dictado de la resolución sino que, por economía y agilidad, puede instar el procedimiento judicial respectivo contra la presuntiva negativa derivada del retraso en el dictado de la resolución. Sentado lo anterior, se tiene que los argumentos de la parte quejosa respecto a que la autoridad responsable actuó de manera ilegal al dictar una resolución en sentido contrario a sus pretensiones a pesar de que ya había trascurrido en demasía el plazo de tres meses con los que contaba para la resolución el recurso, resultan infundados, pues, tal y como se advierte de la relación de artículos que prevén los lineamientos para la aplicación de la negativa ficta en los procedimientos administrativos del Estado de Yucatán, es evidente que la autoridad responsable no se encontraba obligada al dictado de una resolución favorable a los intereses de la parte quejosa a pesar del tiempo trascurrido. E incluso se advierte que la parte quejosa estaba en condiciones de optar por combatir el silencio de la autoridad responsable a través del procedimiento judicial respectivo desde el momento en que fenecieron los tres meses previstos en la ley para la resolución del recurso intentado pues desde ese momento se configuró la negativa ficta a que se refiere el numeral 20 de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán. De ahí que deba reducirse a una mera afirmación sin sustento el argumento relativo a que la autoridad responsable declaró infundado el recurso interpuesto con la finalidad de desgastar a la parte quejosa y dilatar injustificadamente la nulidad de la multa que le fue impuesta, pues se advierte que no existe precepto legal alguno que la hubiere constreñido a dictar una resolución favorable dado el tiempo trascurrido e incluso existía la posibilidad para la parte quejosa de acudir ante la autoridad judicial desde el día siguiente a que venció el plazo de tres meses con los que dicha autoridad contaba para resolver, a efecto de evitar una dilación indefinida en su actuar. Por lo que se considera que, al menos con la confrontación estricta entre los conceptos de violación y la resolución reclamada, no se vulneran derechos de la parte quejosa de forma alguna pues, se reitera, el Director de Seguridad Pública y Tránsito de Progreso, Yucatán no se encontraba obligado a resolver en sentido alguno sobre la pretensión de la parte quejosa al interponer el recurso administrativo de revisión. Y tampoco puede estimarse que el sentido de la presente determinación limite el derecho de la parte quejosa a un recurso sencillo tal y como lo establece el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos pues el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano, ya que la efectividad del indicado derecho no implica soslayar las reglas de procedencia de los medios de defensa. Es por todo lo anterior, que se considera que deben desestimarse los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa y negar la protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y considerado, además con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por ******************** contra los actos que reclamó del Director de Seguridad Pública y Tránsito y del Juez de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública, ambos del municipio de Progreso, Yucatán, destacados con los números 1 y 2 en el considerando segundo de la presente resolución y por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ******************** contra el acto que reclamó del Director de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Progreso, Yucatán, destacado con el número 3 en el considerando segundo de la presente resolución y por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma la licenciada Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Se tiene por hecha la certificación de cuenta de la que se advierte que del diecinueve al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, se declararon como días inhábiles con base en las circulares 28/3023 y 29/2023 firmadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en los avisos de suspensión de labores, emitidos por los Coordinadores de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, con motivo del paro y las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, toda vez que el veintitrés de octubre del año en curso, estaba señalado para que tuviera verificativo la audiencia constitucional correspondiente, sin que se haya hecho pronunciamiento alguno debido a la declaratoria de días inhábiles por los motivos mencionados; en tal virtud, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento a fin de señalar como fecha para que la celebración de la audiencia constitucional las DIEZ HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense a estos autos el informe justificado rendido por el Director de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Progreso, Yucatán, junto con el anexo que acompañó; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista con dichos documentos a las partes en este juicio y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días hábiles otorgado en proveído de once de agosto de dos mil veintitrés, a la autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Progreso, Yucatán, para que rinda su informe con justificación respecto a la ampliación de demanda, solicitado mediante oficio 19485/2023; por otra parte, en diverso oficio 22466/2023, se le remitió copia de la ampliación de demanda de amparo, y que hasta la presente fecha la citada autoridad no lo ha rendido; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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