Patricia Marin Valdez

Expediente 1148/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1148/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
15/04/2019

Partes del expediente

  • Patricia Marin Valdez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el trece de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veinticinco de marzo al doce de abril de dos mil diecinueve, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el 1. Agente del Ministerio Público Investigador en funciones del titular de la mesa Única de Investigación de Delitos en General adscrita a la Unidad de Investigación Especializada de Sistema Tradicional, en apoyo a su informe justificado, devuélvase el anexo I, consistente en el duplicado de la averiguación previa 843/2016/CENTR de su índice; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable mencionada se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita.

  2. Principal

    *(PUBLICACIÓN AVISO)* SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: (...) San Andrés Cholula, Puebla, trece de marzo de dos mil diecinueve. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve (fojas 83 y 84), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en tal virtud se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, por lo que se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Para ello, en principio se indica que en la sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve (fojas 27 a 47), se sobreseyó por una parte y se concedió por la otra el amparo solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el Agente del Ministerio Público de la Mesa Única de Investigación de Delitos en General adscrita a la Unidad de Investigación Especializada del Sistema Tradicional, realizara lo siguiente: "OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo para el efecto de que una vez que adquiera firmeza esta sentencia y se le requiera el cumplimiento dentro del plazo establecido para tal efecto, la 1. Agente del Ministerio Público Investigador en funciones del titular de la Mesa Única de Investigación de Delitos en General adscrita a la Unidad de Investigación Especializada de Sistema Tradicional (en su denominación correcta); en la averiguación previa AP-843/2016/CENTR, realice lo siguiente: - Determine, de acuerdo a la naturaleza del delito denunciado, si procede o no continuar integrando la averiguación previa citada, a efecto de recabar más elementos de convicción para decidir si ejercita la acción penal correspondiente. 1. En caso de que decida continuar con la investigación deberá determinar -de forma fundada y motivada- sí, dado el tiempo transcurrido desde el inicio de la indagatoria, ha operado o no la prescripción de la acción penal respecto de Patricia Marín Valdez; además precisará qué pruebas debe recabar o resultan necesarias, debiendo ordenar su preparación y obtención; todo ello de manera pronta y expedita. En relación con lo anterior, es necesario precisar que para el caso de que la responsable considere que existen pruebas pendientes por desahogar, no se puede conceder el amparo para que las desahogue y determine la indagatoria, en virtud de que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento de origen; considerar lo contrario; podría tener consecuencias como limitar la investigación del Ministerio Público en virtud de que estaría imposibilitado para poder desahogar alguna otra prueba que posteriormente, considere necesaria para la correcta investigación de los hechos denunciados. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." 2. En el supuesto que decida, que no resulta necesario recabar más datos de prueba para continuar la integración de la averiguación previa, deberá emitir de inmediato la determinación que en derecho proceda, respecto del ejercicio o inejercicio de la acción penal, analizando desde luego la figura de la prescripción. (.)" (Fojas 45 vuelta a 46 vuelta). Resolución que, en auto de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, causó ejecutoria; por lo que, se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 56 a 58). Ahora bien, mediante oficio 464/2019-MU de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve (fojas 68 a 82), la fiscal responsable, remitió copia certificada de la determinación de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, emitida dentro de la averiguación previa AP-843/2016/CENTR de su índice, de la que se advierte que determinó el no ejercicio de la acción penal persecutoria por el delito de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción I, 377, 380, fracción XVIII, todos del Código Penal del Estado de Puebla, por atipicidad, y en consecuencia ordenó el archivo definitivo de la citada indagatoria. De igual forma, no pasa inadvertido para el suscrito, que la responsable analizó la figura jurídica de la prescripción dentro de dicha determinación, y precisó que aún no opera dicha figura, pues los hechos sucedieron el veintiocho de mayo de dos mil dieciséis, y tomando en consideración que el delito de robo agravado se persigue de oficio, conforme a lo establecido por el artículo 131 del Código Penal del Estado de Puebla, la acción persecutoria en ese tipo de ilícitos, prescriben en un plazo no menor a tres años. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, según párrafo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. (...)

  3. Principal

    *(PUBLICACIÓN CITATOIO)* SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL PROVEÍDO DE TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: (...) San Andrés Cholula, Puebla, trece de marzo de dos mil diecinueve. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve (fojas 83 y 84), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en tal virtud se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, por lo que se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Para ello, en principio se indica que en la sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve (fojas 27 a 47), se sobreseyó por una parte y se concedió por la otra el amparo solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el Agente del Ministerio Público de la Mesa Única de Investigación de Delitos en General adscrita a la Unidad de Investigación Especializada del Sistema Tradicional, realizara lo siguiente: "OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo para el efecto de que una vez que adquiera firmeza esta sentencia y se le requiera el cumplimiento dentro del plazo establecido para tal efecto, la 1. Agente del Ministerio Público Investigador en funciones del titular de la Mesa Única de Investigación de Delitos en General adscrita a la Unidad de Investigación Especializada de Sistema Tradicional (en su denominación correcta); en la averiguación previa AP-843/2016/CENTR, realice lo siguiente: - Determine, de acuerdo a la naturaleza del delito denunciado, si procede o no continuar integrando la averiguación previa citada, a efecto de recabar más elementos de convicción para decidir si ejercita la acción penal correspondiente. 1. En caso de que decida continuar con la investigación deberá determinar -de forma fundada y motivada- sí, dado el tiempo transcurrido desde el inicio de la indagatoria, ha operado o no la prescripción de la acción penal respecto de Patricia Marín Valdez; además precisará qué pruebas debe recabar o resultan necesarias, debiendo ordenar su preparación y obtención; todo ello de manera pronta y expedita. En relación con lo anterior, es necesario precisar que para el caso de que la responsable considere que existen pruebas pendientes por desahogar, no se puede conceder el amparo para que las desahogue y determine la indagatoria, en virtud de que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento de origen; considerar lo contrario; podría tener consecuencias como limitar la investigación del Ministerio Público en virtud de que estaría imposibilitado para poder desahogar alguna otra prueba que posteriormente, considere necesaria para la correcta investigación de los hechos denunciados. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." 2. En el supuesto que decida, que no resulta necesario recabar más datos de prueba para continuar la integración de la averiguación previa, deberá emitir de inmediato la determinación que en derecho proceda, respecto del ejercicio o inejercicio de la acción penal, analizando desde luego la figura de la prescripción. (.)" (Fojas 45 vuelta a 46 vuelta). Resolución que, en auto de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, causó ejecutoria; por lo que, se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 56 a 58). Ahora bien, mediante oficio 464/2019-MU de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve (fojas 68 a 82), la fiscal responsable, remitió copia certificada de la determinación de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, emitida dentro de la averiguación previa AP-843/2016/CENTR de su índice, de la que se advierte que determinó el no ejercicio de la acción penal persecutoria por el delito de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción I, 377, 380, fracción XVIII, todos del Código Penal del Estado de Puebla, por atipicidad, y en consecuencia ordenó el archivo definitivo de la citada indagatoria. De igual forma, no pasa inadvertido para el suscrito, que la responsable analizó la figura jurídica de la prescripción dentro de dicha determinación, y precisó que aún no opera dicha figura, pues los hechos sucedieron el veintiocho de mayo de dos mil dieciséis, y tomando en consideración que el delito de robo agravado se persigue de oficio, conforme a lo establecido por el artículo 131 del Código Penal del Estado de Puebla, la acción persecutoria en ese tipo de ilícitos, prescriben en un plazo no menor a tres años. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, según párrafo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. (...)

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de marzo de dos mil diecinueve. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve (fojas 83 y 84), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en tal virtud se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, por lo que se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Para ello, en principio se indica que en la sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve (fojas 27 a 47), se sobreseyó por una parte y se concedió por la otra el amparo solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el Agente del Ministerio Público de la Mesa Única de Investigación de Delitos en General adscrita a la Unidad de Investigación Especializada del Sistema Tradicional, realizara lo siguiente: "OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo para el efecto de que una vez que adquiera firmeza esta sentencia y se le requiera el cumplimiento dentro del plazo establecido para tal efecto, la 1. Agente del Ministerio Público Investigador en funciones del titular de la Mesa Única de Investigación de Delitos en General adscrita a la Unidad de Investigación Especializada de Sistema Tradicional (en su denominación correcta); en la averiguación previa AP-843/2016/CENTR, realice lo siguiente: - Determine, de acuerdo a la naturaleza del delito denunciado, si procede o no continuar integrando la averiguación previa citada, a efecto de recabar más elementos de convicción para decidir si ejercita la acción penal correspondiente. 1. En caso de que decida continuar con la investigación deberá determinar -de forma fundada y motivada- sí, dado el tiempo transcurrido desde el inicio de la indagatoria, ha operado o no la prescripción de la acción penal respecto de Patricia Marín Valdez; además precisará qué pruebas debe recabar o resultan necesarias, debiendo ordenar su preparación y obtención; todo ello de manera pronta y expedita. En relación con lo anterior, es necesario precisar que para el caso de que la responsable considere que existen pruebas pendientes por desahogar, no se puede conceder el amparo para que las desahogue y determine la indagatoria, en virtud de que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento de origen; considerar lo contrario; podría tener consecuencias como limitar la investigación del Ministerio Público en virtud de que estaría imposibilitado para poder desahogar alguna otra prueba que posteriormente, considere necesaria para la correcta investigación de los hechos denunciados. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." 2. En el supuesto que decida, que no resulta necesario recabar más datos de prueba para continuar la integración de la averiguación previa, deberá emitir de inmediato la determinación que en derecho proceda, respecto del ejercicio o inejercicio de la acción penal, analizando desde luego la figura de la prescripción. (.)" (Fojas 45 vuelta a 46 vuelta). Resolución que, en auto de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, causó ejecutoria; por lo que, se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 56 a 58). Ahora bien, mediante oficio 464/2019-MU de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve (fojas 68 a 82), la fiscal responsable, remitió copia certificada de la determinación de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, emitida dentro de la averiguación previa AP-843/2016/CENTR de su índice, de la que se advierte que determinó el no ejercicio de la acción penal persecutoria por el delito de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción I, 377, 380, fracción XVIII, todos del Código Penal del Estado de Puebla, por atipicidad, y en consecuencia ordenó el archivo definitivo de la citada indagatoria. De igual forma, no pasa inadvertido para el suscrito, que la responsable analizó la figura jurídica de la prescripción dentro de dicha determinación, y precisó que aún no opera dicha figura, pues los hechos sucedieron el veintiocho de mayo de dos mil dieciséis, y tomando en consideración que el delito de robo agravado se persigue de oficio, conforme a lo establecido por el artículo 131 del Código Penal del Estado de Puebla, la acción persecutoria en ese tipo de ilícitos, prescriben en un plazo no menor a tres años. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, según párrafo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

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