Pascual Vázquez López
Expediente 1157/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1157/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 11/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Pascual Vázquez López
- Samuel Hugo Vera Molina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el treinta de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del siete de abril al tres de mayo de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Tres de la Unidad Centro del Sistema Tradicional (antes Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Trámite Matutina Delegación Sur), en apoyo a su informe justificado, devuélvasele el anexo I, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirvan acusar de recibo. Apercibidas que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL PROVEÍDO DE 30 DE marzo DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: " San Andrés Cholula, Puebla, treinta de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a las partes mediante proveído de nueve de marzo de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, desahogando la misma en relación a éste, únicamente la parte quejosa, tal como se advierte del escrito recibido en este juzgado el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete (fojas 256 y 257); por lo que procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis (fojas 57 a 67), se concedió el amparo solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el Agente del Ministerio Público responsable, realizara lo siguiente: "a) Tome las medidas necesarias para lograr el desahogo del informe solicitado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el tres de septiembre de dos mil quince. b) Determine qué pruebas se encuentran pendientes por desahogar y, en su caso, ordene su desahogo, lo que deberá hacer en un plazo razonable. En relación con lo anterior, es necesario precisar que para el caso de que la responsable considere que existen pruebas pendientes por desahogar, no se pude conceder el amparo para que las desahogue y determine la indagatoria, en virtud de que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro de procedimiento de origen, es decir, en el caso, la falta de determinación de la indagatoria de origen depende de la falta del desahogo de al menos el informe solicitado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el tres de septiembre de dos mil quince, por ello la concesión del amparo se debe limitar a que ésta se desahogue y no a determinar la indagatoria, pues ello corresponde a una diversa etapa procesal, en la cual aún no se encuentra la averiguación previa de origen; además que de considerar lo contrario, podría tener consecuencias como limitar la investigación del Ministerio Público en virtud de que estaría imposibilitado para poder desahogar alguna otra prueba que considere necesaria para la correcta investigación de los hechos denunciados, ya que su actuación estaría limitada a desahogar las pruebas que se encuentran pendientes y determinar la indagatoria. (.) c) En caso de que considere innecesaria la prueba que se encuentren pendientes por desahogar, determine la indagatoria de origen. Es necesario precisar que si se actualiza el inciso c), no resulta necesario imponer un plazo para ello, pues deberá ser en el término que al efecto se le requiera el cumplimiento de esta sentencia, una vez que cause ejecutoria." Resolución que el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis causó ejecutoria, por lo que se requirió el cumplimiento de la misma a la autoridad responsable (fojas 141 a 143). Ahora bien, mediante oficio sin número de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete (fojas 229 a 235), el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Tres de la Unidad Centro del Sistema Tradicional (antes Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Trámite Matutina de la Delegación Sur -foja 213-), informó a esta autoridad las gestiones que se encontraba realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al referir que el diecisiete de febrero pasado, recibió la información que solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través de la Fiscalía General Metropolitana lo que acreditó con las constancias anexas a dicho oficio. Asimismo, por diverso oficio sin número de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete (fojas 241 y 242), dicho fiscal informó a esta autoridad que al no encontrarse pruebas pendientes por desahogar dentro del triplicado abierto de la averiguación previa 4538/2014/SUR, el veinticinco de febrero de dos mil diecisiete, determinó el ejercicio de la acción penal en dicha indagatoria, por el delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 403, fracción IV y 404, fracción III, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en contra de Jorge Bravo Cortes, en agravio de Samuel Hugo Vera Molina Y, por oficio sin número de siete de marzo de dos mil dieciséis (fojas 248 a 251), el representante social responsable remitió a esta autoridad el acuse de recibo de la Oficialía Común de los Juzgados Penales de la ciudad de Puebla del oficio 175/2017/CONS, mediante el cual ejerció acción penal en la referida indagatoria 4538/2014/SUR. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Por otra parte, respecto del escrito del quejoso presentando ante esta autoridad el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete (fojas 256 y 257), mediante el cual desahoga la vista del auto de nueve de marzo del mismo año, en el sentido de que refiere que la ejecutoria de amparo no está cumplida pues el Agente del Ministerio Público investigador omitió justificar con algún medio idóneo si las pruebas documentales públicas consistentes en el informe de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, y el informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fueron innecesarios para consignar la averiguación previa. Dichas manifestaciones son infundadas, ya que como se indicó anteriormente el fiscal responsable sí se ajustó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, pues una vez que obtuvo la información solicitada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, consideró innecesario desahogar más pruebas y determinó la averiguación previa 4538/2014/SUR de su índice, que fueron los efectos de la ejecutoria de amparo. Y, respecto de la forma de valoración de las documentales a que hace referencia el quejoso, no es materia del presente sumario constitucional, sino de un nuevo acto reclamado de la autoridad responsable, por lo que la parte quejosa tiene a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía que considere pertinente. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA..."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ********************; visto su contenido, téngasele por hechas sus manifestaciones respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria del presente juicio de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de la materia, las cuales se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de marzo de dos mil diecisiete. Visto, agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Tres de Investigación de la Unidad Centro del Sistema Tradicional y, atento a su contenido, téngasele manifestando manifiesta haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo. En consecuencia, con el contenido del oficio de mérito y documental anexa, así como con el diverso recibido el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, de la misma autoridad (fojas 241 y 242), dése vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad responsable oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente cuyo rubro, texto y datos de localización en seguida se anuncian: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. (Época: Décima Época, Registro: 2007918, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 54/2014 (10a.), Página: 19).
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